Este año 2005, fue escenario de diversos eventos donde los procesos e iniciativas de participación ciudadana fueron puestos a prueba. Así en el ámbito legislativo, en el contexto electoral o en los niveles de gobierno regional, estadual o local, la inclusión ciudadana en los asuntos públicos tuvo una serie de sucesos que vale la pena considerar como balance del 2005 y preludio al año 2006. Y es que, el tema participativo a pesar de sus detractores llegó para formar parte de las nuevas condiciones del sistema político venezolano.
En materia legislativa, la participación ciudadana disfrutó de un fuerte impulso con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, (en Junio de 2005). La ley contiene unos 130 artículos que determinan la participación ciudadana en la gestión pública local en asuntos; tales como: el presupuesto participativo, las asambleas de ciudadanos y la contraloría social; entre otros. La nueva LOPPM representa un avance significativo en relación a anterior Ley Orgánica de Régimen Municipal y constituye además una seria exigencia de modernización de las Juntas Parroquiales, los Consejos Municipales y las Alcaldías. Otro avance en materia legislativa lo constituyó la aprobación de la Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior. Esta ley prescribe la participación del estudiantado de ese sector, en proyectos de desarrollo comunitario; como parte de su proceso de aprendizaje y formación.
En otros aspectos; sin embargo, la Asamblea Nacional quedó en una mora inaceptable. En mora quedó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, destinada a reglamentar los distintos procesos de consulta popular y de elección de ciertas instancias participación ciudadana. Otro tanto ocurrió con la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal que fuera devuelta a la Asamblea Nacional por el Ejecutivo Nacional. La Ley del Consejo Federal de Gobierno corrió con la misma suerte. Otras leyes referidas a importantes herramientas participativas como la contraloría social o la organización vecinal también quedaron pendientes. Estos hechos consiguieron retrasar y posponer la aplicación de algunos mandatos constitucionales orientados a estructurar un Estado federal y descentralizado, y por ende, más democrático y más cercano a la población.
La red nacional de instancias de participación (Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; así como los Consejos Locales de Planificación), continuó sufriendo dificultades en su implementación. Los Consejos Estadales no funcionaron de manera adecuada, en detrimento de sus amplias potencialidades como instrumentos de consenso y del establecimiento concertado de prioridades. Puede afirmarse que, durante 2005 ninguna entidad federal elaboró un Plan Estadal de Desarrollo, de acuerdo a la Ley.
En cuanto a los Consejos Locales de Planificación (con alguna excepción), su desempeño no fue mejor, ni más afortunado. En realidad, sigue habiendo una gran resistencia a su implementación y operatividad. Hay sectores políticos (del oficialismo y de la oposición) opuestos decididamente a la operatividad de estas figuras de participación y co-gobierno ciudadano. Esa “resistencia al cambio”, a los CLPP, se origina en la baja calidad de los gobiernos municipales, que obstruye cualquier innovación que pueda “perturbar” su dinámica burocrática tradicional. En el ámbito metropolitano sucedió algo similar. El Consejo Metropolitano de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas no actuó de una manera eficiente ni cumplió con sus objetivos institucionales. Otra iniciativa en este ámbito gubernamental, que resultó fallida, fue la denominada “Estatuyente Metropolitana”. Esta interesante propuesta consultiva y deliberante sobre el posible futuro del Área Metropolitana de Caracas, logró unificar la atención de alcaldes tan diferentes ideológicamente como Juan Barreto, Leopoldo López y Henrique Capriles. Sin embargo, al final no pasó nada.
Además de los Consejos Estadales y Locales durante este año se continuaron impulsando otras instancias para la participación ciudadana de carácter más específico y operativo. Así encontramos a los Comités de Tierras Urbanas (existen 6 mil en todo el país), vinculados a la problemática de la vivienda. Las Mesas Técnicas y Comités Comunitarios de Agua, relacionados a ese tema concreto y los Comités de Salud (unos 8 mil a nivel nacional), propios del Programa “Misión: Barrio Adentro”. Con cada una de esas modalidades organizativas, el gobierno de turno intentó involucrar al voluntariado de las comunidades populares en labores de ejecución y apoyo a sus programas públicos respectivos. Sin lugar a dudas, estas experiencias tuvieron éxito. Un éxito relativo y variable, dentro del cual hay que destacar el decisivo papel relevante de la mujer venezolana como el verdadero sujeto promotor de la organización ciudadana.
Pero aún hay más. Porque cada ley aprobada por la Asamblea Nacional puede incluir la creación de mecanismos y espacios para el ejercicio de la participación ciudadana. Veamos dos casos recientes. La Ley de Servicios Sociales al Adulto Mayor (G.O. N° 38.270 del 12-09-2005), estableció la creación del Consejo Nacional de Servicios Sociales para el Adulto Mayor, el cual contará con representantes de entidades vinculadas a los derechos humanos, a los adultos mayores, a las amas de casa, a las personas con discapacidad y a los pueblos indígenas; por ejemplo. La misma determina la creación de las Asambleas de los Comités Comunitarios de Servicios Sociales y de los propios Comités Comunitarios de Servicios Sociales, al nivel más local.
El otro caso, lo encontramos en la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio (G.O. N° 38.279 del 23-09-2005), la cual incorpora importantes elementos para la participación de los ciudadanos y las comunidades organizadas en su ámbito de aplicación. Uno de esos elementos lo constituye la figura del “Representante Comunitario” para asistir a las asociaciones comunitarias en aspectos cruciales; tales como: su participación en la elaboración de los planes para la ordenación del territorio municipal y, en el procesamiento de sus quejas, denuncias y reclamos en materia de ordenación urbanística; entre otros aspectos. De esta manera, la oferta participativa desde el Estado hacia la sociedad civil siguió incrementándose.
La creación del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social fue otro evento que vino a recomponer el “cuadro institucional” de la participación ciudadana desde la óptica del gobierno. Sin un propósito claro aún, este Ministerio pareciera encaminarse hacia la ejecución de programas sociales específicos (ahora se menciona la Misión “Negra Hipólita”, dirigido hacia la población más vulnerable). Es fácil diagnosticar que su gestión operativa tendrá dificultades ante las distintas políticas y propuestas que, en materia de organización popular ya avanzan otras agencias estatales ministeriales. Del mismo modo, el Ministerio tiene que aprender a coexistir con otros entes promotores de la participación ciudadana que pertenecen a las entidades federales menores, como son los Consejos Estadales de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas y los Consejos Locales de Planificación Pública.
Un comentario adicional merece la muy reciente propuesta de crear unos “Consejos Populares de Gobierno”, conformados por diputados de la Asamblea Nacional y otros representantes oficiales y privados (de la Sociedad) con el objeto de discutir y consultar proyectos legislativos. En realidad, tales instancias -hasta el momento- carecen de una base legal o de un propósito claro, salvo el de carácter clientelar e ideológico.
En medio de todo esto, la población aún no se encuentra familiarizada con muchos de estos espacios de protagonismo ciudadano. Incluso su existencia es casi desconocida para gran parte de la sociedad organizada o no. Lo que ocurre con ellos, es que además de su novedad, en muchos casos han sido secuestrados por las organizaciones partidistas es desmedro de la participación de los propios ciudadanos. Además, la polarización política y visceral que ha venido predominado durante los últimos años en el país, también ha afectado su desempeño, su utilidad y su proyección comunitaria. Sin embargo, hay que reconocer que la propia sociedad organizada ha emprendido notables iniciativas de formación y difusión sobre los derechos ciudadanos para rescatar sus propios espacios de participación. Así encontramos a organizaciones civiles como “Sinergia” o “Queremos Elegir” y portales como consejoslocales.org y apalancar.org (entre otros), que han convertido en verdaderos pivotes en la lucha por abrir espacios hacia una nueva cultura cívica participativa basada en los valores de inclusión, tolerancia y democracia.
El ámbito electoral fue el más fue afectado. Durante el 2005, hubo dos procesos electorales de carácter legislativo (municipal y nacional) caracterizados por el debate sobre la idoneidad y transparencia del Consejo Nacional Electoral. Los resultados de ambos eventos comiciales favorecieron al oficialismo: en el evento municipal ganó la mayoría en los Concejos Municipales y Juntas Parroquiales; y en cuanto a la Asamblea Nacional obtuvo la totalidad de los 167 diputados a ser electos. De esta forma, la democracia venezolana entró en una “nueva etapa” signada por la presencia hegemónica de un solo factor ideológico en las instancias formales de representación política vigentes. Pero quizás los más lamentable, es el daño causado al ejercicio del sufragio como mecanismo de resolución de conflictos en un sistema democrático. De una parte, la incapacidad manifiesta del CNE por infundir la confianza necesaria en el electorado y, de otra, el avance de propuestas abstencionistas como medios de participación y de presunta deslegitimación gubernamental, sólo contribuyen a profundizar el desentendimiento y la diatriba inútil que predomina en el escenario político venezolano.
Los partidos como canales naturales de participación política y debate ideológico democrático siguieron sin poder recuperar su espacio en la sociedad venezolana. Desde nuestro punto de vista, en Venezuela, se ha venido consolidando una visón inadecuada del “hecho político” que lo reduce a una simple manipulación clientelar maniquea. Los argumentos fueron sustituidos por los insultos, los acuerdos han sido suplantados por las componendas, la disidencia y la crítica se persiguen y se castigan (en el oficialismo y en la oposición). Por otra parte, al esfuerzo político sostenido, tesonero y con visón estratégica, algunos pretenden sobreponerle una la salida fácil, milagrosa, mesiánica y por lo tanto, antidemocrática. Las organizaciones partidistas y la sociedad organizada venezolana deben ir al reencuentro mutuo (lo escribiré de nuevo: el reencuentro es mutuo, entro dos factores). Ambas fuerzas deben reconocerse entre sí, respetando la diversidad, propiciando la pluralidad y la inclusión. Durante el 2005, los partidos continuaron privilegiando las formas autoritativas de organización interna. Cabe agregar que sus procesos de renovación de autoridades fueron pospuestos. No hay duda, que conceptos como renovación y democratización causaron escozor en estas instituciones sociales.
Por último, también durante 2005 la realización de consultas públicas sobre leyes, ordenanzas y reglamentos no fueron hechas de manera sistemática ni oportuna. Igual ocurrió con otros medios de participación ciudadana como el presupuesto participativo, el presupuesto de inversión municipal o los mecanismos de acceso al financiamiento de proyectos comunitarios; por parte del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) o la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE). Sobre este particular, debe agregarse que los procedimientos para la presentación de proyectos por parte de las comunidades son engorrosos e inequitativos, propiciando el desaliento entre la población supuestamente beneficiaria.
El desarrollo de los derechos a la participación ciudadana siguió su avance, lento pero seguro, generando dudas, propiciando problemas y desconciertos; pero también significando una oportunidad formidable para construcción de una plataforma social que sirva de contrapeso a las tendencias autoritarias y que a su vez promueva una cultura de inclusión y de lucha por una Venezuela democrática, moderna y próspera. El camino es largo, pero es el camino.
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