La recomposición de la democracia venezolana pasa inevitablemente por un nuevo modo de relación entre el Estado y la sociedad civil, basado en la corresponsabilidad, la inclusión y la libertad; es decir, sustentado en la propuesta ideológica de la democracia social.
En ese contexto, la noción de participación ciudadana y de participación del pueblo como sujeto de la gestión de gobierno, deben ser principios ineludibles de todo activista, militante o dirigente social, comunitario o político vinculado a la democracia social.
Para la democracia social, la organización y la participación debe constituir indefectiblemente la apertura a toda la ciudadanía, a todas las comunidades y a la sociedad en general, de ámbitos de gestión y de decisión de carácter político, económico y social; que se han secuestrado bajo el monopolio del Estado y, de la exclusión de un esquema de gobierno que pretende ser hegemónico.
Para la democracia social, la organización y participación popular debe estar orientada hacia un mayor acercamiento entre el Estado y la población; propiciando de esta manera un mayor control ciudadano en las ejecutorias gubernamentales, y por lo tanto, una mayor legitimidad en las decisiones adoptadas por los funcionarios públicos.
Lamentablemente bajo la actual gestión gubernamental los mecanismos de participación popular, contemplados en el marco jurídico vigente, en instancias clientelistas y sin ninguna legitimidad se convirtieron.
Al mismo tiempo, la inadecuada atención técnica oficial a las múltiples manifestaciones de participación popular se convirtió en un argumento disuasivo y desalentador a distintas comunidades que inicialmente atendieron el llamado de la “democracia participativa y protagónica”.
Otra notable desviación fue la ideologización y partidización de los medios de instancias de participación e incidencia ciudadana de ámbitos sectoriales. Las redes de Contralorías Sociales por ejemplo terminaron convirtiéndose en instancias persecutorias de aquellas que no eran afectos al régimen.
En otros casos, hubo una clara manipulación de las instancias de participación comunitaria. Así desde algunas instancias estatales se trató de cooptar a los consejos comunales; favoreciendo a aquellos cercanos a la gestión oficialista e imponiéndoles trabas y dificultades burocráticas a los consejos comunales “considerados como escuálidos”.
Es así, que como ciudadanos, hemos sido testigos de los múltiples intentos del gobierno nacional por manipular la participación ciudadana y reducirla a un mecanismo clientelar y de cooptación ideológica. Y esa manipulación ideológica-partidista de la organización y de la participación popular sólo conduce en última instancia hacia la desmovilización de lo ciudadanos y a la destrucción de su tejido social.
Es por ello que, un reto fundamental para el rescate y relanzamiento de la democracia venezolana es impostergable revalorizar el tema de la participación ciudadana como un elemento inherente a una nueva gestión de gobierno; y, como un valor doctrinario estratégico de la democracia social.
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