viernes, agosto 29, 2008

COMPARTIENDO UN RATO CON EL ROTARY DE PRADOS DEL ESTE



El pasado miércoles 27 de agosto, atendiendo una cordial invitación de Manfredo González, miembro de la Asociación Civil “Comunidanas” y del Rotary Club de Prados del Este, brindamos una charla sobre el tema “Planificación y Desarrollo y Leyes Habilitantes".

Desde este espacio deseo agradecer a todo el Rotary de Prados del Este, por la confianza y la deferencia que depositaron en mi, para realizar esta charla. De la misma forma resulta muy grato expresar mis sentimientos de reconocimiento y respeto por la amplia, destacada e importante labor social que realiza el Rotary Club de Prados del Este en beneficio de toda la sociedad venezolana.

¡Gracias, amigas y amigos rotarios!

martes, agosto 26, 2008

ELECCIONES REGIONALES: DOS VISIONES SOBRE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

Las elecciones regionales del próximo mes de Noviembre confrontarán dos visiones de la gestión gubernamental. Una visión -la revolucionaria-, que privilegia el intervencionismo estatal y la concentración de la toma de decisiones sobre los asuntos de interés colectivo. La otra visión de gobierno –la democrática- que se fundamentaría en la corresponsabilidad del binomio Estado-sociedad y en la participación ciudadana en la formación, gestión y control de los temas públicos.

La visión revolucionaria y socialista, que promociona el bloque oficialista, es de corte intervencionista porque concibe al Estado como una entidad hegemónica frente al resto de la sociedad y le otorga además el principal protagonismo como motor del desarrollo económico-social, por encima de la iniciativa privada y comunitaria.

La propuesta oficialista propone la concentración de atribuciones y de potestades decisorias en la cúpula del Ejecutivo Nacional, por lo que propende cada vez más hacia la instalación de un modelo de gestión centralista con desapego a los mandatos constitucionales –reafirmados por la mayoría de la población venezolana el pasado 2 de Diciembre-, que prescriben un modelo de gobierno federal y descentralizado. Es decir, según esta concepción del país, bastaría con imponer las políticas públicas “de arriba hacia abajo”; desde el poder central hacia las regiones para alcanzar el desarrollo.

El enfoque alternativo que concurre a las elecciones regionales, se fundamentaría en una visión compartida e incluyente de las políticas, programas y proyectos para impulsar el desarrollo del país y de cada una de las entidades federales que conforman la República Bolivariana de Venezuela. En este caso, el binomio Estado-sociedad tendría que actuar de manera coordinada y cooperante dentro de un marco regulatorio en el que tanto las autoridades públicas como las expresiones asociativas privadas desempeñen su papel con trasparencia y corresponsabilidad.

Por otra parte, esta misma percepción del desarrollo del país valora la gestión descentralizada en tres momentos diferentes, a saber: desde el poder nacional hacia los estados y municipios; desde las entidades federales hacia los municipios y, por último desde los estados y municipios hacia nuevos sujetos de descentralización como las organizaciones no gubernamentales o las comunidades organizadas. Resulta obvio que, esta versión de gobierno descentralizado aparenta ser más complicada que aquella del centralismo simplista y ramplón. Empero, la descentralización de la gestión pública supone una profundización de las actividades públicas, con la promoción de la participación popular, la transparencia y una mayor cercanía entre las autoridades públicas y la ciudadanía.

No deja ser pintoresco y lamentable observar que, el substrato fundamental de la campaña oficialista será la promoción de los logros de una revolución que vive en el imaginario de la alta burocracia pública nacional, en desmedro de las auténticas necesidades de los estados y los municipios. A esa campaña y a los candidatos oficialistas, tendrán que enfrentarse de manera cívica, constructiva y propositiva, todos aquellos aspirantes tanto a gobernaciones como a alcaldías que de verdad aspiren a restablecer el equilibrio democrático en el país, rescatando para los electores de sus regiones y localidades, las instituciones gubernamentales que quieren ser secuestradas por una propuesta centralista contraria a la Constitución vigente.

viernes, agosto 15, 2008

PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA Y AUTORIDADES REGIONALES

Hay una gran movilización de opinión en el país –plenamente justificada-, por la última emisión de veintiséis leyes producidas por el Ejecutivo Nacional; a través del proceso (o motor) habilitante. Y es que, en una sociedad altamente polarizada como la nuestra el conjunto de leyes aprobadas no deja de ser una provocación y con mucha más razón, después del rechazo mayoritario que recibió la propuesta de reforma constitucional presentada por el oficialismo el pasado año.

Acciones como la promulgación habilitante de las 26 leyes, sólo vienen a consolidar la brecha entre los objetivos gubernamentales y las aspiraciones de una gran parte de la población del país. Y en realidad, lo que pasa en Venezuela no dejar ser pintoresco: el gobierno desea imponer -a como de lugar- un “modelo socialista”, que la amplia mayoría del país no acepta.

Ocurre sin embargo que, la oposición democrática; así como los factores alternativos al bloque oficialista deben proceder con mayor asertividad frente a las leyes emitidas por el gobierno. Se trata de asumir una posición orientadora, verdaderamente de vanguardia y de liderazgo colectivo. Habría que evitar la “descalificación fácil” al mejor estilo gubernamental y, dejar de lado el “tremendismo oposicionista” para proceder a analizar con rigurosidad cada una de las leyes promulgadas, para así emprender acciones con verdadera eficacia política.

En este contexto, una de las leyes que leímos primero fue la nueva Ley Orgánica de Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 5.890 Extraordinario. Y leímos la nueva LOAP, porque justamente se refiere al instrumento de gobierno por excelencia que es la administración pública. Además nuestra atención fue tocada por las autoridades regionales (LOAP, artículos 44 y 70) porque para muchos expertos y opinadores son la concreción de aquellas vicepresidencias territoriales, que venían contenidas en la propuesta de reforma constitucional.

Sin embargo, al revisar la nueva LOAP no son esas autoridades regionales, el tema que finalmente nos llamó la atención; sino otra figura administrativa, incluida en esa misma ley. Me refiero específicamente a la Comisión Central de Planificación. La mencionada instancia fue incluida en la LOAP como un “órgano superior” del nivel central de la administración pública nacional, responsabilizada de la coordinación y control de la planificación centralizada (LOAP, artículo 44). Por otra parte, con la Comisión Central de Planificación se incorpora una nueva expresión en el cuerpo de la LOAP: la planificación centralizada. Es decir, el gobierno oficializa de esta forma su método (o enfoque) para la formulación y control de las políticas públicas, al menos en el ámbito de la administración estatal central.

En realidad, la Constitución Bolivariana de Venezuela contempla que el régimen económico-social de la República se fundamentaría en una planificación estratégica de carácter democrático, participativo y de consulta abierta (CRBV, artículo 299). Además, todos los gobiernos democráticos anteriores al régimen actual fundamentaron su gestión en la planificación quinquenal –como orientación para alcanzar el desarrollo-, aunque con resultados muy opinables. Y es que, la planificación no tiene que ser una perversión. Por el contrario, una gestión pública planificada coadyuva por lo menos a su seguimiento, evaluación y control.

Entonces ¿por qué destaco la creación de una comisión central de planificación y su consecuente planificación centralizada? Sencillo. Hay varias razones para hacerlo. En primer lugar, por el carácter federal del Estado venezolano que obligaría a una formulación de las políticas públicas atendiendo a las necesidades de entidades federales y, no a una visión establecida desde la administración central del gobierno.

En segundo lugar, porque la planificación centralizada se opone a la descentralización administrativa que también encierra la propuesta federal y, que de igual manera, consagra la Constitución. Y en efecto, la descentralización es considerada como una política nacional destinada a acercar la gestión de gobierno a los ciudadanos para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales (CRBV, artículo 158). Por otra parte, la planificación centralizada es de carácter cupular, cerrado, lejano al ciudadano; que no favorecería la incidencia popular en el diseño y formulación de políticas y programas públicos.

Por supuesto que, el Ejecutivo Nacional –como actor político de primer orden-, se encuentra en su derecho de crear e incluir en el marco legal de la administración pública nacional una instancia con las características de la Comisión Central de Planificación. Y esa propuesta resulta “lógica” dentro la visión centralista y hegemónica que privilegia el gobierno para el manejo de los asuntos públicos. Sin embargo, otra cosa es su pertinencia y apego a los parámetros establecidos en el marco legal venezolano. Por ejemplo, el régimen pudo aprovechar el proceso habilitante para promulgar leyes como la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal o la Ley del Consejo Federal de Gobierno. ¿Por qué no lo hizo? Sencillo. El oficialismo legisló con un criterio estrecho. No legisló para el país; sino para sus intereses particulares y clientelares como bloque ideológico-político.

En ese contexto de una visión centralista y concentradora del poder, se enmarca la creación de las Autoridades Regionales. Éstas tendrían por función “la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio aprobadas conformes a la planificación centralizada…” (LOAP, artículo 70). Editores, analistas y expertos administrativistas han emitido opinión temprana sobre la creación de las autoridades regionales. Para ellos, estas figuras constituirían la encarnación de las Vicepresidencias Territoriales. En mi opinión, no lo son y están lejos de serlo. Veamos.

Primero, constitucionalmente existe un solo cargo de Vicepresidente Ejecutivo en Venezuela. Por lo tanto, no hay posibilidades legales de nombrar a otros funcionarios con similitud de rango e iguales funciones. Segundo, tales autoridades regionales resultan cargos de relativa jerarquía; es decir, las autoridades regionales no son ministros, ni ministros de Estado e incluso ni siquiera alcanzan el rango de vice-ministros. Tercero, las autoridades regionales a lo que sí se asemejarían en su descripción funcional es a otras autoridades subalternas, como lo son las autoridades únicas de área (LOAP, artículo 93). Ergo, las autoridades regionales pudieran resultar un tigre de papel. Nada más.

Al margen, de esas consideraciones teórico-formales y, entrando en el terreno estrictamente político y cotidiano; resulta difícil imaginar que un gobernador electo y legitimado por el sufragio directo, universal y secreto de los electores de su región, termine dejándose sabanear por un funcionario de designación digital y burocrática. Por supuesto, que no hay que confiarse, en un país insólito como el nuestro. Pero todo aquel líder o dirigente político que pretenda gobernar democráticamente, además de su apego ético al marco constitucional tiene que atrincherarse con su pueblo a defender la autonomía y la calidad de vida en su entidad federal. Y ese el verdadero desafío para aquellos líderes políticos que pretendan convertirse en alternativa al oficialismo.

En fin, en este proceso electoral de Noviembre batallarán las viejas prácticas del centralismo estatista contra las posibilidades de restituir el equilibrio perdido en el país. La defensa y la recuperación de espacios de gobierno a nivel estadal y municipal locales; por parte de aquellos factores comprometidos con la autonomía, la democracia y la descentralización será determinante para frenar las pretensiones centralistas y hegemónicas de un gobierno que sólo busca satisfacer sus intereses clientelares. Esa es la única salida.

jueves, agosto 07, 2008

OFENSIVA REVOLUCIONARIA

El bloque oficialista ha emprendido su ofensiva en todos los frentes de actividad pública y, sin escatimar recursos de ningún tipo. La razón es muy sencilla: se trata de “salvar la revolución”, herida de muerta después del resultado del referendo de Diciembre de 2007. No cabe duda que, el bloque gubernamental busca aminorar los efectos devastadores de su muy probable derrota en las elecciones de Noviembre, en las principales gobernaciones, alcaldías metropolitanas y municipales del país. Unos resultados electorales que expresen la recuperación de espacios institucionales por las fuerzas democráticas comprometerían; aún más, la viabilidad del socialismo bolivariano en Venezuela.

El bloque oficialista, emprendió su ofensiva mediante la articulación de un conjunto de acciones organizativas y políticas tendentes a su relanzamiento en el escenario político nacional, luego de la derrota del 2-D. La estructuración del partido único fue una de esas medidas; al igual que la selección de sus candidatos socialistas a gobernaciones y alcaldías; mediante unas “primarias”; es decir, con ello se trató de otorgar un soporte organizativo a la participación oficial en las elecciones regionales. Las inhabilitaciones inconstitucionales de ciertas candidaturas opositoras, con grandes perspectivas de triunfo como la de Leopoldo López en el Distrito Metropolitano de Caracas o la de William Méndez en el estado Táchira; así como también la de Enrique Mendoza, en el estado Miranda, representan una medida con la cual régimen trata de favorecer a sus candidatos en circunscripciones claves. El control de más del cincuenta por ciento de las mesas electorales del país; por parte del Partico Unido Socialista de Venezuela (PSUV); como parte de esta ofensiva, trata de otorgar un nuevo sesgo ventajista para los intereses del gobierno.

La estrategia revolucionaria también contó con un componente internacional. La tregua impulsada con el gobierno del Presidente de Colombia Álvaro Uribe y las visitas presidenciales realizadas a España y Portugal guardan estrecha relación con la necesidad de “bajar tensiones” a los numerosos electores que residen en Venezuela. Además, la política internacional de la revolución ha venido perdiendo fuerza y relevancia pese a la inmensa masa de recursos financieros que se invierten en la promoción del gobierno. Por otra parte, el gobierno, requiere para su discurso electoral interno mantener una imagen de “liderazgo internacional” indiscutido.

El paquetón de veintiséis leyes -decretado vía habilitante-, viene a ser otro elemento de la ofensiva revolucionaria. Su propósito es muy simple: abrir posibilidades legales para el avance del modelo autoritario, centralista y concentrador de poder que se impulsa desde el gobierno nacional. Nada más. Sin embargo, la eficacia política de esta nueva ofensiva revolucionaria emprendida en el marco de las “tres erres” anunciadas por el Presidente de la República a principios del año en curso; aún está por verse. Y es que en ocasiones, los líderes políticos, inmersos en su protagonismo mesiánico, olvidan que los pueblos no son pasivos; sino que también llevan su propia cuenta y así como otorgan popularidad y poder; también pueden quitarlo como parte de una contraofensiva democrática, constitucional y electoral.

martes, agosto 05, 2008

PRIMERA COHORTE DEL DIMPLOMA EN "PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA LOCAL"



En la foto un grupo de los egresados y egresadas de la primera cohorte 2007-2008, del Diploma de Estudios Universitarios Superiores en “Participación en la Gestión Pública Local”, avalado por el Centro de Estudios Avanzados (CEP) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Estos jóvenes egresados forman parte de instituciones públicas como MERCAL y el Banco del Pueblo. Además participaron jóvenes funcionarios del Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia; y, dirigentes comunitarios del área metropolitana de Caracas.

El DEUS en “Participación en la Gestión Pública Local” se ajusta al proceso de redefinición y transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil que se adelanta en nuestro país. Cada día, las posibilidades y exigencias de una mayor cercanía entre la ciudadanía y las instituciones de gobierno local cobran mayor relevancia; con lo cual su estudio y sistematización constituyen un requisito fundamental para su adecuada comprensión y tratamiento.

El contenido académico del DEUS en “Participación en la Gestión Pública Local” trata con pertinencia entre otros temas: el Marco Institucional para la Participación Ciudadana; el Diagnóstico Comunitario, la Formulación y Evaluación de Proyectos Comunitarios; la Contraloría Social; la Economía Social Alternativa; el Análisis y la Construcción de Redes Sociales; y la Construcción de Indicadores de Desarrollo Comunitario.

Este programa está dirigido a funcionarios públicos nacionales, regionales y locales a representantes ciudadanos en instancias de participación; y, muy especialmente a líderes y activistas sociales y comunitarios. El DEUS en “Participación en la Gestión Pública Local” fue diseñado y coordinado académicamente por Miguel González Marregot.

viernes, agosto 01, 2008

VENEZUELA: SIETE MESES DE PRE-CAMPAÑA ELECTORAL

El proceso previo a las elecciones de Noviembre comienza a resultar agotador. Tanto la revolución como la oposición democrática, han utilizado estos primeros siete meses del año; intentando articular sus respectivas plataformas electorales, con más insatisfacciones e incertidumbres que logros reales.

En el oficialismo, se delegó en la figura del Presidente Chávez; tanto la decisión última sobre sus candidatos como su promoción. En ese bando, pese a un enorme esfuerzo político, organizativo y financiero; aún no se logra consolidar una verdadera alianza con cara ganadora en el venidero proceso electoral. De todas formas; a partir de Septiembre, la campaña de los socialistas disfrutará de “ciertas ventajas” como: la segura superioridad financiera, la utilización discrecional de la institucionalidad pública, la eventual inhabilitación de rivales políticos y el cobijo propagandístico del comandante presidente. Por supuesto que, ese tipo de campaña tiene un alto costo político, para los aspirantes revolucionarios al convertirse ante la opinión del público, en meros agentes dependientes del centralismo y de la concentración de poder.

La oposición democrática también tiene su propio viacrucis. La articulación de una plataforma unitaria; mediante el consenso y las encuestas de opinión se ha convertido en verdadero entuerto para la dirigencia opositora. En ello, influyen tres factores; a saber: la debilidad de las organizaciones partidistas frente al peso político de ciertos líderes individuales, la baja capacidad de coordinación de su amplia gama de actores ideológicos y, el predominio del corto plazo sobre una visión verdaderamente estratégica del país. Sin embargo, entre trompicones, el bloque opositor viene construyendo trabajosamente una alianza electoral que seguramente será más difícil donde –paradójicamente- haya más opciones de triunfo. Lo más grave de la situación de la oposición son las fracturas que pueden producirse como secuela, en esa lucha por la unidad.

Después de siete meses de pre-campaña, nos vienen unos cuatro más de la verdadera campaña, tiempo en el que el gobierno y la oposición intentarán redefinir el mapa político nacional; pese a sus fracturas y debilidades.