Uno de los problemas centrales que atraviesa nuestro país en la actualidad es la creciente ola de intolerancia que se ha venido impulsando desde el gobierno por el bloque oficialista. Lamentablemente, hoy en día en Venezuela, las libertades democráticas y los derechos humanos se encuentran comprometidos y en situación de riesgo.
Los reprochables sucesos de violencia (que rayan en el terrorismo político) realizados en contra de autoridades independientes legítimamente electas por el voto popular en las elecciones del pasado 23 de noviembre; y, el atroz atentado perpetrado en contra de la Sinagoga judía ubicada en la ciudad de Caracas, son un claro indicativo de la consolidación de un clima político totalitario que no acepta los principios más elementales de la convivencia democrática.
Afortunadamente, existen organizaciones sociales privadas, que de manera tesonera continuan su labor de difusión y de educación en materia de derechos humanos, en muchas comunidades del país. Y esa labor voluntaria y contributiva de la sociedad civil venezolana sin duda siembra, renueva y fortalece nichos de esperanza alrededor de una cultura ciudadana fundamentada en valores democráticos y en la vigencia de los derechos humanos como vínculo de igualdad y de equidad social y como auténtica expresión suprema de paz y libertad.
Así como reconocemos la labor de las entidades voluntarias en su recorrido y peregrinar defendiendo la vigencia y la necesidad de los derechos humanos en nuestro país, reclamamos al gobierno nacional su obligación de RECONOCER, RESPETAR, PROTEGER, PROMOVER Y CUMPLIR con los derechos humanos fundamentales contemplados en los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país y, recogidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
¡ALTO A LA VIOLENCIA POLÍTICA! ¡NO A LA INTOLERANCIA!
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