lunes, octubre 18, 2010

VENEZUELA: PROHIBIDO OLVIDAR A LOS MUNICIPIOS

Los municipios son parte una sustantiva del modelo federal, democrático, descentralizado y participativo que determina la Constitución Nacional vigente. También nuestra Carta Magna, considera a los municipios como unidades primarias de la organización del territorio nacional, con pleno gozo de autonomía y personalidad jurídica (artículo 168). Los municipios son la unidad política primaria de la República y, pueden contener otras entidades locales como las parroquias (en Venezuela hay 1.135 parroquias) e incluso otras menores como las urbanizaciones, los barrios, las aldeas y los caseríos. Pueden conformarse municipios indígenas. Los municipios están facultados para conformar mancomunidades o distritos metropolitanos.

En el texto de la Carta Magna se establece que, el gobierno y la administración municipal corresponden al Alcalde o Alcaldesa, quien es la primera autoridad civil (Art. 174); la función legislativa corresponde al Concejo Municipal (Art. 176); la función de control a la Contraloría Municipal (Art.176); y se crea el Consejo Local de Planificación Pública (Art. 182) para el ejercicio corresponsable con los ciudadanos de su planificación. Por otra parte, se consagra que la ley creará mecanismos flexibles para que estados y municipios descentralicen y transfieran a comunidades y grupos vecinales organizados, servicios que puedan gestionar; previa demostración de su capacidad (Art. 184).

En el municipio se concretan los derechos y medios dispuestos en el texto constitucional para el pleno ejercicio de la participación ciudadana, tales como: i) la elección directa, universal y secreta de las autoridades gubernamentales en los Poderes Ejecutivos y Legislativos (Alcalde, Concejales y Miembros de Juntas Parroquiales); ii) La elección de los Jueces de Paz, como mecanismo de resolución de conflictos a nivel comunitario y en el que las alcaldías desempeñan un papel fundamental en el soporte institucional de estas figuras; iii) La participación social y comunitaria en el diseño, coordinación y gestión de políticas públicas; iv) La participación social y comunitaria en los procesos de formación de leyes y de ordenanzas; y, v) la cogestión ciudadana en los procesos electorales.

Desde hace un tiempo, el bloque oficialista ha venido pregonando la necesidad de “desmontar”; tanto a gobernaciones como a los municipios para sustituirlos, primero por los consejos comunales y, más recientemente por las denominadas comunas; ambas entidades concebidas bajo un enfoque ideológico y segregacionista; es decir, para construir el socialismo. Esta amenaza se ha venido realizando con la aprobación de la Ley del Consejo Federal de Gobierno y la promulgación de su Reglamento; mediante la centralización y obstrucción de los mecanismos de financiamiento (eliminación del FIDES y la reforma de la LAEE); por medio del inadecuado cálculo de los recursos del Situado Constitucional y también con la posposición indebida de las elecciones que permitan la renovación de los concejos municipales y juntas parroquiales, que desde hace año y medio aproximadamente se encuentran con sus períodos de gestión vencidos.

Los ciudadanos, las comunidades organizadas, los movimientos sociales, al lado de todos aquellos miembros electos de los poderes públicos -con verdadera vocación democrática- tenemos que emprender una gran alianza nacional en la defensa activa de los municipios y de sus legítimos mecanismos de gobierno popular (alcaldía, concejo municipal, junta parroquial y el consejo local de planificación pública). Los municipios son una pieza estratégica en la defensa de la Constitución Bolivariana y de la auténtica institucionalidad republicana democrática. Esto no podemos olvidarlo.

domingo, octubre 03, 2010

VENEZUELA: SOBRE LAS ELECCIONES DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Los resultados electorales son innegables: 5.451.778 votos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y otros factores de la oposición y, 5.268.939 de votos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); considerando la votación nacional al Parlamento Latinoamericano. En tal sentido, una nueva mayoría se erigió en el país; aunque por escaso margen. Esa nueva mayoría electoral, no tradujo su votación en un “representativo” número de diputados, debido a las reglas impuestas por la “institucionalidad electoral socialista” que menoscabó el valor del voto y la representación proporcional. Pese a todo, quedó comprobado que en Venezuela existe una correlación de fuerzas políticas que no va a aceptar la imposición de una visión hegemónica de la vida social y del ejercicio de gobierno.

El proceso electoral nos mostró la alegría y civilidad democrática de la amplísima mayoría del pueblo venezolano, adultos mayores, personas con necesidades especiales y jóvenes acudieron a votar; soportando la lentitud del proceso. Pero además adolescentes, niños y niñas acompañaron a sus padres al momento de votar añadiéndole así, un toque festivo al evento. Pero también, el proceso mostró debilidades y opacidades de un “sistema electoral” con deficiencias en su conceptualización e implementación.

Para comenzar -en numerosos centros electorales-, los miembros de mesa designados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no acudieron a cumplir con sus funciones, ocasionando retrasos; tanto en la instalación de las mesas el día Viernes 24 de Septiembre, como en la apertura del proceso de votación el propio día Domingo 26. En segundo lugar, las máquinas “capta-huellas” de nuevo retardaron el proceso electoral, al convertirse en una “alcabala” previa, a cada mesa de votación. En tercer lugar, y más delicado aún, resultó la inadecuada y complicada presentación de las opciones electorales en el tarjetón –membrana de la máquina-; por su reducido tamaño y distribución excesivamente concentrada. Esta característica trajo como consecuencia, serias dificultades a electores al momento de presionar los óvalos de su preferencia. En atención a esto, muchos electores tuvieron que recibir asistencia al momento de votar; pudiendo quedar comprometido el secreto de su voto.

En general, el proceso de votación se hizo lento y hasta fatigoso debiéndose resaltar la actitud positiva; tanto de los electores como de los miembros de mesa –muchos de ellos accidentales-, que cumplieron con su deber ciudadano. El Plan República estuvo mejor esta vez; al menos su incidencia en los centros urbanos estuvo apegada a la normativa. Lo peor fue la larga espera para obtener los resultados, que fueron informados a las 2:00 am del día Lunes 27-S. Todo un trauma.

Las elecciones del pasado 26-S contaron además, con la amplia participación y movilización de las organizaciones de la sociedad civil especializadas; tanto en el tema electoral como en la participación ciudadana. Así, tanto a nivel nacional como en ámbitos regionales y locales hubo emprendimientos dirigidos a fortalecer la transparencia y acercamiento de la ciudadanía en el evento electoral y con sus candidatos. “El Buzón Ciudadano” impulsado por CESAP; la iniciativa de “Dale Poder a Tu Voto” apoyada desde SINERGIA y la guía “Ciudadanos, Comunidades Organizadas y Asamblea Nacional” presentada por Unión Vecinal para la Participación Ciudadana son claras demostraciones del esfuerzo societario –aunque de manera puntual-, para garantizar un mejor proceso electoral. De igual manera, las organizaciones no estatales y sin fines de lucro, como “Ojo Electoral” y la Asamblea Nacional de Educación contribuyeron de manera determinante en el impulso de una observación más imparcial de las elecciones parlamentarias. Quedó claro, que las expresiones asociativas de la sociedad civil contribuyeron de manera fundamental a la incorporación ciudadana a este crucial evento.

La campaña electoral tuvo sus rasgos pintorescos. En realidad y, en algunos circuitos electorales del país la entrega de línea blanco o marrón, de bolsas de comida, de transformadores de electricidad, de tuberías y de tanques de agua se convirtieron en un argumento para captar votos. En otras ocasiones, candidatos parecían más bien aspirar a alcaldías y gobernaciones que a la misma Asamblea Nacional. Incluso, algún candidato “avispado” y en clara posición de “off side” prometía una reunión con el mismo Presidente de la República para tratar una agenda de legislativa (¿más de lo mismo?). Pero, sin lugar a dudas, peor estuvieron aquellos candidatos del bloque oficialista que concentraron su campaña en el odio de clases, la persecución y la amenaza de su electorado. A todas luces, lamentable.

Al margen de su nueva composición numérica (98 Oficialismo / 67 Oposición), la nueva Asamblea Nacional supone un reto cualitativo indefectible par cada unos de sus diputados; pues luego de cinco años de relativa “calma parlamentaria”; sólo quebrantada por la migración del partido PODEMOS, algunos sectores individuales del bloque oficialista y últimamente de la organización Patria para Todos (PPT), nuevos actores políticos emergen con la suficiente legitimidad para desarrollar los debates y proponer soluciones desde una óptica mucho más democrática, responsable e incluyente. Pareciera que, las “frases hechas” y los discursos efectistas serán superados por la calidad de los nuevos diputados. El nivel del contenido de las discusiones en la Asamblea Nacional debería subir.

Por otra parte, para el oficialismo resultaría muy costoso política y moralmente tratar de impedir y sabotear la instalación de la Asamblea Nacional con los nuevos representantes. De asumir ese sendero, simplemente ratificarían su pobre desempeño y su baja convicción democrática. El bloque oficial está condenado a recibir –pese a su particular visión de la política-, de la forma institucional adecuada a los nuevos parlamentarios. Y no se trata de reconciliar “posiciones contrapuestas”, se trata de algo más importante como es el reconocimiento de la realidad política y social del país. Las fuerzas opositoras tendrán que afinar sus estrategias y comportamiento; tanto dentro del hemiciclo como afuera de él. Si bien acuden con una visión estratégica del país (con las “100 Soluciones para la Gente” y la “Agenda Parlamentaria), la práctica política cotidiana puede demandar mucho más que eso. De la misma manera, en el bloque MUD se tendrán que establecer firmes canales de jefatura y coordinación parlamentaria, para evitar los “divismos” y las salidas unilaterales e inconsultas.

Los ciudadanos y ciudadanas, los comunidades organizadas y los movimientos sociales también tienen una suprema responsabilidad en esta nueva etapa del desarrollo político de nuestra nación. Ahora no sólo se trata de controlar la gestión de la Asamblea Nacional y de los representantes de nuestra preferencia; sino que además se trata de interactuar con ellos en los espacios correspondientes y, en los momentos requeridos. Grandes debates y movilizaciones se ciernen sobre nuestra Venezuela en el futuro cercano y allí los ciudadanos (as) debemos estar activos y presentes es el sino de este tiempo; y está prohibido olvidarlo.!