sábado, diciembre 31, 2011

La Unidad Nacional tiene su plan: La base del plan es la Constitución de 1999 y reivindicará el Consejo Federal.

ELVIA GÓMEZ | EL UNIVERSAL
sábado 31 de diciembre de 2011 12:00 AM

El próximo 23 de enero, cuando el país conmemorará los 54 años de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, la Mesa de la Unidad Democrática presentará al país los "Lineamientos del Programa de Gobierno de

Unidad Nacional (2013-2019)", que complementa la suscripción -el 26 de septiembre de 2011- del Compromiso por la Unidad Nacional, firmado por todos los precandidatos.

A lo largo de 2011, la Comisión de Políticas Públicas de la MUD, que coordina Pedro Benítez, presentó en sucesivas ruedas de prensa el diagnóstico para una decena de áreas y los planes correctivos a ser aplicados a partir de 2013. En notas anexas presentamos un resumen de esos temas.

La Comisión de Políticas Públicas de la Unidad Democrática se creó en 2009. Para las elecciones de 2010, este equipo presentó el programa "100 Soluciones para la Gente". Con este bagaje y tras una reestructuración de las comisiones de trabajo, se concluye el documento próximo a ser suscrito.

En definitiva son 31 grupos de especialistas que han dado cuerpo a un documento que ronda las 170 cuartillas y que contienen más de 1.200 acciones detalladas. La base fundamental del Gobierno de Unidad Nacional es la Constitución de 1999, que consideran es "democrática, respetuosa del Estado de Derecho y de los derechos humanos". Proponen un Gobierno "profundamente federal y descentralizado".

Asimismo, persigue el plan "elaborar de manera participativa y plural el Plan de Desarrollo Económico y Social".

El programa que propone la Mesa a quien resulte electo candidato presidencial unitario, es que "una administración pública centrada en la gente", que reivindique al Consejo Federal de Gobierno "como instancia fundamental para la gobernabilidad" así como preservar a los consejos comunales como instancias de participación, perfilados según el Artículo 70 de la Constitución.

domingo, diciembre 25, 2011

NAVIDAD EN PRE-PRIMARIAS

En estos días navideños, una sensación de que las tendencias electorales para las primarias lucen consolidadas a favor Henrique Capriles y Pablo Pérez se respira en la opinión del público. Este hecho; sin embargo, no desmerita el noble, notable y legítimo esfuerzo democrático realizado por cada uno de los candidatos participantes en el evento organizado por la Mesa de Unidad Democrática (MUD). En este momento, la realización de las primarias de la oposición luce como el evento crucial; previo a las elecciones presidenciales del mes de Octubre del año próximo. A partir de Enero, los candidatos tendrán que “echar el resto”.

Leopoldo López ha focalizado su campaña en el tema de la seguridad, como una concreción de su propuesta general “La Mejor Venezuela”. En realidad, el trabajo político-organizativo desplegado por López ha sido titánico y formidable; recorriendo el país para construir su plataforma y padeciendo múltiples presiones jurídico-administrativas impulsadas desde diferentes instancias gubernamentales. Leopoldo, además de su recién creada organización “Voluntad Popular” cuenta con el importante respaldo de “Proyecto Venezuela” de fuerte influencia en el estado Carabobo. De cara a las primarias, su mayor debilidad ha sido “la creencia popular” de que se encuentra inhabilitado para gobernar. Con independencia de los resultados de las primarias del 12-F, Leopoldo López se ha consolidado como una figura garante de las luchas democráticas en nuestro país.

María Corina Machado ha venido revalorizando su posición y discurso electoral. María Corina ha evolucionado del “allí viene María”, pasando por su propuesta de “el capitalismo popular” para ubicarse finalmente como “la mejor opción para ganarle a Chávez”. Al margen del chance de ganar las primarias que pueda tener, ha construido una organización política a nivel nacional o al menos, en los centros urbanos donde su candidatura ha tenido mayor receptividad. Desde nuestra perspectiva, María Corina Machado está llamada a convertirse en la líder que requieren los sectores de la oposición en la Asamblea Nacional; bien sea bajo un nuevo gobierno a partir de 2012 o para conducir desde allá, la resistencia democrática.

Diego Arría y Pablo Medina han cumplido una función política destacada en el ya largo proceso de primarias de los sectores democráticos. Ambos precandidatos –con sus diferencias naturales- representan las posiciones más “extremas” frente a la gestión del actual gobierno. Ambos precandidatos, de dilatada trayectoria social y política y con reconocimiento internacional, carecen de una plataforma adecuada que les permita competir con mayor eficacia electoral.

Desde mi punto de vista (y pudiendo estar equivocado), las dos principales opciones de la oposición venezolana en el marco de las primarias la constituyen los candidatos Henrique Capriles y Pablo Pérez. En primer lugar, ambos precandidatos poseen maquinarias organizativas de carácter nacional para apuntalar su participación en los comicios de 12-F de 2012. Por otra parte, los dos candidatos han logrado establecer una red de alianzas con liderazgos regionales que les permite consolidar ventajas sobre el resto de los precandidatos participantes. Así, Capriles Radonski suma los importantes apoyos de Liborio Guarulla (Amazonas), Ismael García (Aragua) Andrés Velásquez (Bolívar), Alberto Galíndez (Cojedes), Henri Falcón (Lara) y Lester Rodríguez (Mérida). Por su parte, Pablo Pérez cuenta con el apoyo de Julio César Reyes (Barinas) Enrique Mendoza (Miranda), César Pérez Vivas (Táchira) y Biagio Pilieri (Yaracuy). En el duelo territorial que mantienen Capriles y Pérez, el Distrito Metropolitano de Caracas será determinante. Si bien Henrique Capriles, luce con ventaja inicial en el municipio Libertador, en los municipios Baruta y Sucre (propios de Miranda) el impacto de las candidaturas locales de Gerardo Blyde y William Ojeda (ambos de UNT) pudiera ser definitivo para un eventual triunfo de Pablo Pérez.

La campaña de Henrique Capriles se ha centrado la educación como tema principal; combinando ese planteamiento con los logros de su gestión como gobernador en el estado Miranda. Por su parte, Pablo Pérez aunque con un discurso más difuso se ha convertido en el precandidato con menos rechazo en los estudios de opinión y con un sostenido crecimiento. En los estudios de opinión, Capriles ha venido dominando -hasta ahora- en la intención de voto; sin embargo, la penetración en los sectores populares de la candidatura de Pérez es muy sólida; lo cual es un capital político estratégico por su capacidad de movilización.

La unidad de los factores democráticos y las primarias son una preocupación notable para el “bloque oficialista” por su impacto y posterior trascendencia. En el gobierno se sabe que, el candidato o candidata que obtenga la victoria allí, tendrá el aval de millones de electores; además que permitiría un reagrupamiento estratégico de los sectores democráticos para enfrentar el proceso presidencial y los sucesos posteriores; bajo cualquiera de los escenarios políticos-electorales posibles a futuro.

@migonzalezm

sábado, diciembre 24, 2011

FELICES FIESTAS..!



¡Que el nacimiento del Niño Jesús permanezca siempre en nuestros corazones dándonos armonía, paz y amor y fortaleciendo nuestra solidaridad..!

A cada uno de los seguidores de ciudadanolibre les deseo una muy Feliz Navidad..!

lunes, diciembre 05, 2011

LOS DEBATES Y LAS PRIMARIAS

Lo primero que deben tener claro los distintos factores de oposición es que, uno de los pre-candidatos de los que debatieron el pasado Domingo 4-D será su abanderado presidencial; luego de las primarias del 12 de Febrero de 2012. Otra cosa es que, en ese tipo de eventos no necesariamente se expresan los lineamientos finales de gobierno; pues estos están siendo elaborados por los equipos técnicos de la Mesa de la Unidad Democrática. Un elemento importante es que, los debates sí nos muestran la formación ideológica y la capacidad de respuesta de cada precandidato; así como sus potencialidades de liderazgo. Cabe agregar que, todos los precandidatos tienen una excelente calidad profesional y, trayectoria política y social.

Hasta el presente, se han realizado dos debates. Uno liderado por voceros estudiantiles de las distintas universidades del país y, otro realizado en una planta televisiva privada en la que las preguntas fueron formuladas y expresadas sólo por periodistas. Ojalá que, si acaso llega a efectuarse un tercer debate entre los candidatos, las preguntas puedan ser preparadas y comunicadas pos voceros de gremios, movimientos sociales, comunidades organizadas o por consultores especializados para elevar el nivel de las preguntas y las exigencias a cada precandidato. Esto permitiría también dar mayor participación e inclusión a las fuerzas vivas del país, en un debate que les incumbe.

Lo que sí ha quedado perfectamente establecido es que existe en Venezuela un sector ideológico comprometido con métodos democráticos y, respetuoso de la diversidad política existente, que se está organizando de manera firme y progresiva para enfrentar exitosamente las elecciones del próximo año. En este sentido, el trabajo realizado en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD); bajo la coordinación de Ramón Guillermo Aveledo ha sido impecable y determinante en la construcción de la plataforma de la alternativa democrática. La unidad de los factores democráticos constituye hoy, una realidad política con posibilidades de acceder al gobierno en Venezuela, en el corto plazo.

De los debates, he podido identificar dos bloques de candidatos. Uno, cuyo discurso contiene una visión mucho más amplia y con sentido de “gobierno real” y otro, dependiente y en busca del “antichavismo”, como piso electoral para las primarias. En el primer bloque, ubicaría fundamentalmente a Henrique Capriles y a Pablo Pérez y en menor grado a Leopoldo López; mientras que en el segundo bloque, estarían en grado de “progresivo radicalismo”: María Corina Machado, Diego Arria y Pablo Medina. Las primarias marcarán la percepción del electorado nacional sobre los precandidatos; es decir, cada precandidato será marcado para el futuro por su mensaje.

Hasta ahora, -y esa pareciera ser la tendencia de la opinión del público-, Pablo Pérez y Henrique Capriles son quienes han venido consolidando sus simpatías electorales; tanto por su experiencia como por su liderazgo, pero sobre todo porque han sabido transmitir cercanía, confianza y seguridad en sus intervenciones. Eso es clave. Además, poseen maquinarias y alianzas con liderazgos regionales importantes que serán decisivos y determinantes en la movilización del 12 de Febrero de 2012, que debería estar sobre los 2.5 millones de electores; aproximadamente.

Lo más importante de todo este proceso es la lección democrática que los seis aspirantes siguen dando. Por supuesto, sabemos que hay dificultades de diversa índole (eso es totalmente cierto); pero también sabemos que ahora existe una plataforma unitaria que incentiva a soñar con una Venezuela democrática, libre y socialmente responsable.

@migonzalezm
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martes, noviembre 29, 2011

PONENCIA: Participación, Planificación y Contraloría Social

FORO: CONSEJOS COMUNALES Y MUNICIPIOS
EN EL MARCO DE LAS LEYES DEL PODER POPULAR

Ponencia: Participación, Planificación y Contraloría Social como expresiones de poder popular


Miguel González Marregot


Nociones generales

La participación ciudadana supone un nuevo paradigma para el funcionamiento de la gestión democrática del gobierno. En ese esquema, la participación del individuo, del pueblo, de las comunidades organizadas y también de sus entidades asociativas persigue otorgar, al menos protagonismo y corresponsabilidad en los procesos de gobierno. La participación ciudadana es un proceso social y político autónomo, crítico y dinámico que se propone la democratización de las relaciones de poder en una sociedad. La participación ciudadana está motivada por intereses y valores que se pueden desarrollar individual y colectivamente, en relación a la sociedad y con respecto al Estado, dentro de unas condiciones históricas concretas y, bajo un contexto favorable o no, establecido de manera formal (en el marco jurídico) o de manera informal derivado de la dinámica impuesta por los actores de la propia sociedad (González Marregot, 2005).

Según Cunill (1991), la participación popular puede ser clasificada en tres tipos básicos: la participación política, la participación comunitaria y la participación social. En términos muy sencillos, la participación política es aquella intervención de los ciudadanos; a través de los partidos políticos, en órganos de representación como parlamentos, concejos municipales y cualquier otro que represente los intereses globales de una comunidad política. La participación comunitaria estaría constituida por iniciativas ciudadanas con el propósito de recibir asistencia estatal (pública) para atender asuntos inmediatos de interés colectivo. La participación social está referida a los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones al nivel de la sociedad civil para la defensa de intereses sociales.

La participación ciudadana es una práctica cada vez más extendida en nuestro continente como un medio de inclusión del pueblo en los procesos técnicos y políticos referidos a la gestión de gobierno. En toda América Latina, han emergido y se han consolidado experiencias exitosas de participación ciudadana; entre otros casos resaltantes, podemos citar: el Presupuesto Participativo de Porto Alegre y Curitiba en Brasil; la organización de los Consejos Comunales en las comunas (equivalentes a los municipios venezolanos) de Chile; los Gabinetes Comunitarios implementados en Colombia o los más recientes Consejos de Participación Ciudadana de Nicaragua, representan referencias específicas del avance sostenido de esta práctica de inclusión popular en la esfera de los asuntos públicos.

El desarrollo de la participación ciudadana se ubica preferiblemente en ámbitos político-territoriales sub-nacionales, como estados, provincias, condados, ayuntamientos, municipios o alcaldías; sin que esto implique que su práctica no involucre a las agencias del gobierno central. En todo caso, la participación ciudadana supone una mejor práctica; mediante medios de gestión pública descentralizada y desconcentrada.

El ejercicio de la participación ciudadana puede abarcar funciones ejecutivas, deliberantes, contraloras y de justicia. La función ejecutiva está referida a la co-gestión de programas sociales o servicios públicos; mediante acuerdos entre el Estado (nacional estadal o municipal) y las entidades asociativas civiles y, por supuesto, con las comunidades. La función legislativa comprende la posibilidad que tienen individuos, colectivos sociales y comunidades de emprender consultas públicas e iniciativas legislativas sobre temas específicos. La función contralora implica la posibilidad real de que los ciudadanos, colectivos sociales y comunidades organizadas ejerzan el control sobre la gestión gubernamental y, la participación ciudadana relacionada con la justicia, se basa en la posibilidad de impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos en ámbitos locales y comunitarios. Un último comentario preliminar es que la participación popular es promovida con mucha frecuencia y preferencia en procesos de planificación local y de gestión de programas sociales.

Municipio y participación

El municipio constituye la unidad política primaria de la organización nacional de la República Bolivariana de Venezuela, goza de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución Nacional y de las leyes. La autonomía municipal comprende la elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. (CRBV, artículo 168)

En tal sentido, el municipio es la instancia más específica dentro de la actuación y distribución espacial del Estado. El municipio constituye una unidad de territorio que muestra características históricas, sociales y culturales particulares con una población relativamente próxima y determinada y, en el que existe una mayor cercanía entre las comunidades y las instituciones públicas. La cercanía entre el municipio (como representación estatal más próxima a los ciudadanos) y la población permitiría aprovechar sus características y potencialidades para impulsar de una manera sostenible y sustentable el desarrollo local y la calidad de vida. Las competencias municipales están consagradas de manera clara y precisa en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Según nuestra Carta Magna, las competencias del municipio deben desarrollarse en el marco de la participación ciudadana.

Según la Ley del Poder Público Municipal (artículo 75), el poder público municipal se ejerce; a través de cuatro funciones: la función ejecutiva, desarrollada por el alcalde o alcaldesa a quien corresponde el gobierno y administración; la función deliberante que corresponde al concejo municipal, integrado por los concejales y concejalas. La función de control fiscal corresponderá a la Contraloría Municipal en los términos establecidos en la ley y la ordenanza. Y la función de planificación que será ejercida en corresponsabilidad con el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP). Ese mismo artículo 75 también establece que, los órganos del poder público municipal, en el ejercicio de sus funciones incorporarán la participación ciudadana en el proceso de definición y ejecución de la gestión pública y, en el control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna; para lo cual deberán crear los mecanismos que lo garanticen.

La función de planificación es una de las más interesantes dentro del poder público municipal en atención a que, por mandato expreso de la CRBV y la propia Ley del Poder Público Municipal su gestión debe realizarse de manera corresponsable y compartida con las comunidades organizadas por medio de la gestión del Consejo Local de Planificación Pública (CLPP). En otras palabras, la planificación municipal puede convertirse en un instrumento de empoderamiento ciudadano de notable eficacia política e institucional. Uno de los propósitos centrales de las alcaldías es el desarrollo sostenible y sustentable para cada uno de sus ámbitos territoriales; contribuyendo de esta forma a elevar el nivel de vida de sus habitantes.

En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) con un horizonte de cuatro años, el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) y el Presupuesto Participativo son los instrumentos por excelencia, para ordenar los proyectos que conduzcan la actividad pública de cada municipio, hacia niveles superiores de desarrollo.

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) servirían como instrumentos eficaces para la creación de consensos en el campo de las políticas públicas municipales. Con el presupuesto participativo se haría especial énfasis en proporcionar información de calidad a las comunidades y, en ofrecer la debida asesoría y asistencia técnica a los vecinos, con el objeto de que puedan obtener el mayor provecho posible de este importante mecanismo de participación popular.

Por último, las Juntas Parroquiales son las entidades político-administrativas de las parroquias que representan demarcaciones creadas en el ámbito del municipio con el objeto de desconcentrar la gestión municipal, promover la participación ciudadana y una mejor prestación de los servicios públicos. Las Juntas Parroquiales tendrían que jugar un papel fundamental en la construcción de “tejido comunitario” y de canales de comunicación y cooperación, para el ejercicio eficaz de las funciones de planificación en el entorno municipal.

El municipio cuenta con un conjunto de mecanismos de participación que, a los efectos de las posibilidades de empoderamiento ciudadano en la gestión pública local se hace necesario destacar y mencionar. Los principales medios de participación ciudadana son:

Cabildos Abiertos (LOPPM, artículos 260, 261): constituyen una sesión abierta de la Cámara Municipal organizada con el propósito de buscar soluciones a problemas que afecten a una comunidad determinada.

Asambleas Ciudadanas (LOPPM artículos 262, 263): son un medio de participación en el ámbito local de carácter deliberativo en el que pueden participar todos los ciudadanos vinculados a la comunidad o al tema específico considerado. Sus decisiones son de carácter vinculante.

Referendos (CRVB artículo 70 y LOPPM artículo 273): los referendos consultivos de carácter revocatorio, abrogatorio o aprobatorio deberán cumplir con los requisitos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Las convocatorias a referendos sobre una ordenanza o tema específico sólo podrá realizarse una vez, durante un período constitucional.

Consultas Públicas (LOPPM artículos 265, 266): las consultas públicas son el medio de participación ciudadana; mediante las cualesl los ciudadanos, comunidades organizadas y los colectivos sociales tienen derecho a formular observaciones y propuestas a los proyectos de ordenanzas en discusión; en especial a aquellos referidos el desarrollo urbano y la conservación ambiental.

Iniciativa Popular (CRBV, artículo 70): constituye un medio de participación ciudadana por medio del cual las comunidades organizadas y los colectivos sociales emprenden de manera autónoma, decisiones para alcanzar ciertos objetivos en función de mejorar su calidad de vida.

Iniciativa Legislativa (LOPPM, artículo 274): la iniciativa es un medio de participación ciudadana; a través de la cual los habitantes de un municipio en un porcentaje no menor del 0,1 pueden presentar de sus electores proyectos de ordenanzas o modificaciones a las vigentes para la consideración del respectivo concejo municipal.

Medios de Comunicación Alternativos (CRBV, artículo 70): son medios de participación popular; mediante los que los vecinos, las comunidades organizadas y los colectivos sociales desarrollan medios comunitarios o sectoriales independientes y sin fines de lucro, con el propósito de generar espacios para el fortalecimiento de la confianza, la solidaridad y la cooperación mutua, en función de mejorar su calidad de vida.

Autogestión y Cogestión (CRBV; artículos 70, 184): son expresiones de gestión asociativa de carácter corresponsable, descentralizado, desconcentrado y democrático que se producen bajo la figura de convenios entre el municipio y las comunidades organizadas o los colectivos sociales o entre estos dos últimos, para la prestación de servicios públicos o la gestión de programas sociales.

El presupuesto participativo es un medio de participación e incidencia popular; cuyo objetivo fundamental es que los ciudadanos y los colectivos comunitarios y sociales de cada municipio propongan, deliberen, y decidan en los procesos de formulación, ejecución y control del plan de inversión anual municipal. El plan –o también presupuesto- de inversión anual municipal, constituye un instrumento de gestión que tendría que reunir los principales proyectos de inversión en áreas como infraestructura, urbanismo, servicios y vialidad con el propósito de impulsar el desarrollo humano, social, cultural y económico del municipio.

En tal sentido, con la implementación del presupuesto participativo se viabilizaría la elaboración del plan de inversión municipal de cada ejercicio fiscal -en cada uno de los municipios del país-, de manera más armónica y validada con las exigencias y demandas de las comunidades. De esta forma, el presupuesto participativo pasa a convertirse en una herramienta potencial para lograr el empoderamiento ciudadano en la gestión pública local y, por otra parte, de legitimación de la actividad de los gobernantes locales. Un elemento adicional es que, el presupuesto participativo puede crear las condiciones para la posterior realización de procesos de contraloría y evaluación social de las políticas públicas en el ámbito parroquial y municipal.

La contraloría social se ha convertido en una herramienta fundamental en el ejercicio de la participación y control y de la evaluación popular; tanto en la gestión de gobierno (en sus tres niveles político-territoriales: nacional, estadal y municipal) como en la actividad de las propias organizaciones del denominado poder popular como lo son: las comunas, los consejos comunales y las organizaciones socio-productivas.

Con la práctica de la contraloría social el ciudadano, las comunidades y las organizaciones populares tienen la posibilidad de propiciar una relación más cercana, directa y transparente con el gobierno como responsable principal de la ejecución de los proyectos destinados a elevar la calidad de vida de las comunidades o de sectores sociales organizados.

En forma precisa, la contraloría social es una forma específica de participación social. Consiste en el desarrollo; por parte de individuos o grupos, de actividades de control y vigilancia de las acciones de interés público que ellos mismos o el gobierno realizan. La contraloría social de las políticas públicas se lleva a cabo en las fases de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, en un marco de derechos y obligaciones (Municipios por la Transparencia, México 2000).

Consejos comunales y municipio

¿Son los consejos comunales verdaderamente instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y ciudadanos que permiten al pueblo organizado, ejercer la gestión de las políticas públicas y proyectos, como dice el artículo 2 de su respectiva ley y, relacionarse con los gobiernos locales?

Es factible agrupar las funciones de los consejos comunales; de acuerdo a la división funcional del poder público municipal. Así ubicamos funciones de carácter ejecutivo; tales como: impulsar el desarrollo comunitario, propiciar la articulación de las organizaciones de la comunidad, promocionar la participación popular en empresas comunitarias, promover acuerdos de transferencia de servicios, promover núcleos de desarrollo endógeno, la promoción de la seguridad ciudadana y la defensa de la nación; así como la prestación de asistencia social.

De la misma manera, podemos mencionar funciones de carácter deliberante, como la definición de normas de convivencia comunitaria, el emprendimiento de la iniciativa legislativa y la participación en los procesos de consulta en el parlamentarismo social de calle. En materia de control, hay funciones que prescriben la contraloría social del propio consejo comunal y los programas y proyectos de inversión de carácter nacional, estadal o municipal que se realicen en su ámbito. Por último, en materia de planificación, compete a la asamblea de ciudadanos y ciudadanas y al consejo comunal, aprobar y elaborar del plan de desarrollo comunal, el diagnóstico y presupuesto participativo, la preparación de proyectos de inversión y el diseño de sistemas de información comunitaria. La posibilidad de sincronizar funciones entre el municipio y los consejos comunales, propicia que estas instancias de participación pudieran convertirse en verdaderas herramientas de participación y para el empoderamiento ciudadano en la gestión pública local.

Las debilidades y fortalezas de los consejos comunales

En un análisis preliminar podemos determinar las principales fortalezas de los consejos comunales:

- Estas instancias de participación reactivaron de manera importante el debate; en torno a la organización comunitaria.
- De la misma manera, los consejos comunales se consolidaron como medios de inclusión popular en los asuntos públicos locales.
- Sirvieron como un eficaz mecanismo de “democratización” del conocimiento de la gestión de proyectos y de la propia organización popular.
- Potenciaron la presión vecinal sobre los agentes gubernamentales locales y nacionales.
- Los consejos comunales están renovando el liderazgo social y comunitario.

De la misma manera también se pueden señalar como sus principales debilidades, los siguientes aspectos:

- Presentan problemas para su gestión eficaz, debido a la ambigüedad en los criterios para la definición de su área geográfica.
- Los consejos comunales presentan serias dificultades en su organización, gestión financiera y en los mecanismos de rendición de cuentas.
- En muchas entidades, prevalece la incomunicación con las entidades públicas locales.
- Hay una sobrecarga funcional de los consejos comunales y de su voluntariado.
- En algunos consejos comunales, ha venido privando el partidismo y la exclusión ideológica y política.

Leyes del poder popular y poder público municipal

La reforma a la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (G. O. Nº 6.011 del 21-12-2010).

La LOPPyP tiene por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular; mediante el establecimiento de los principios y normas que sobre la planificación rigen a las ramas del Poder Público y las instancias del Poder Popular; así como la organización y funcionamiento de los órganos encargados de la planificación y coordinación de las políticas públicas, a fin de garantizar un sistema de planificación, que tenga como propósito el empleo de los recursos públicos dirigidos a la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos para la transformación del país; a través de una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta, para la construcción de la sociedad socialista de justicia y equidad.

Establece como componentes del sistema nacional de planificación –partiendo de una definición territorial-, al Consejo Federal de Gobierno, los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, los Consejos Locales de Planificación Pública, los Consejos Comunales de Planificación y los Consejos Comunales.

La reforma a la Ley del Poder Público Municipal (G. O.Nº 6.015 Extraordinario del 28-12-2010).

Con esta reforma, el municipio se ve debilitado por la incorporación de las comunas en la LOPPM, como entidades locales, excluidas de la aplicación de los instrumentos jurídicos municipales y diferentes leyes sobre el régimen municipal. Se busca modificar varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; a partir de los cuales las comunas y los consejos comunales son reconocidos como los actores organizados del poder popular, desplazando a los vecinos organizados y las asociaciones vecinales en las transferencias que deben hacer los estados y municipios, hacia las comunidades organizadas.

De la misma manera, se elimina la elección universal, directa y secreta de los miembros de las juntas parroquiales para incorporar en la reforma legal, un sistema electoral de segundo o tercer grado; atendiendo al cristal con que se mire la materia electoral. No se toma en cuenta a todos los vecinos electores de cada parroquia, debidamente inscritos en el Registro establecido por el CNE; sino la figura de los voceros y voceras de los consejos comunales, designados por sus asambleas de ciudadanos, para que sean los “grandes electores” de los integrantes de las juntas parroquiales comunales. Es una decisión injusta y antidemocrática; pues allí se violan los artículos 5, 63, 70 y 182 de la Constitución Nacional.

La autonomía municipal es golpeada por la subordinación de las pautas de la planificación municipal a los contenidos del Plan Nacional “Simón Bolívar”, contentivo de las líneas generales anunciadas y elaboradas por el Presidente de la República en Septiembre de 2006 que fueron aprobadas por decisión de la Asamblea Nacional, en Septiembre de 2007. Este “Plan Nacional” tenía como supuesto la aprobación de la Reforma Constitucional, negada mediante referendum del año 2007.

La reforma de la LOPP trae consigo a las Juntas Parroquiales Comunales, como administradoras de las parroquias, con las siguientes funciones: articular los órganos del poder popular y el poder público municipal, consultar a los órganos del poder popular sobre los proyectos que presenta el municipio, evaluar planes y proyectos que se ejecuten en la parroquia, facilitar la construcción de los ejes comunales, coadyuvar con la realización de las políticas del Estado, servir como centro de información para identificar prioridades, promover la corresponsabilidad, el protagonismo y la participación ciudadana, promover los servicios públicos, la seguridad ciudadana y la defensa integral de la nación, promover los servicios y políticas dirigidos a la infancia, adolescencia, comunidades indígenas y personas discapacitadas y también colaborar con la Sala Técnica del CLPP.

También la reforma de la LOPPM asigna a los consejos comunales, los siguientes deberes y derechos: participar en la gestión y fiscalización del mantenimiento y conservación de espacios públicos, participar en el ejercicio del control social de las políticas públicas, impulsar iniciativas legislativas, promover la integración, la solidaridad y el consenso, informar a los organismos competentes de las deficiencias en la prestación de los servicios públicos.

La reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (G. O. Nº 6.017 Extraordinario del 30-12-2010).

Esta reforma de la LCLPP modifica su objeto; pues los convierte en órganos para la construcción del socialismo y de tutelaje a la participación ciudadana. Reduce la representación o vocería vecinal al eliminar el criterio socio-demográfico, modifica la representación sectorial y la ubica bajo el control de Ministerio de Las Comunas, elimina los consejos parroquiales de planificación y sus asambleas, impone -como sujetos de la descentralización-, a entidades del poder popular e incorpora a la representación de las comunas; mediante la vocería de los consejos de planificación comunal.

domingo, noviembre 06, 2011

VENEZUELA: HACIA LAS PRIMARIAS

Las elecciones primarias -como método para la selección del candidato de las fuerzas democráticas-, constituyen sin lugar a dudas, un evento políticamente complicado y financieramente costoso; pero también significa la consolidación de prácticas participativas e incluyentes para la elección de candidatos (y en especial para la escogencia de un candidato presidencial), así como también para el establecimiento de acuerdos estratégicos, políticos y técnicos entre la diversidad de factores aglutinados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Hay que valorar en su justa dimensión, el significado democrático de las primarias.

Hasta este momento, seis candidaturas siguen vigentes y continúan en competencia: María Corina Machado, Henrique Capriles, Leopoldo López, Pablo Medina, Diego Arria y Pablo Pérez. Cabe resaltar además que, todas los candidatos presidenciales (incluso aquellos que retiraron su postulación representan reconocido talento, trayectoria democrática y cualificación profesional para optar a la primera magistratura nacional. Y cada candidatura, representa una esperanza que al final, el día 12 de Febrero de 2012, en un acto de pedagogía democrática se sumará en un bloque de cambio legitimado por el pueblo.

Sobre las oportunidades de cada candidato se hacen pronósticos; cuestión que es lógica y natural. Y en ese sentido, las encuestas son un indicativo de la opinión de un sector poblacional en un momento determinado. En Venezuela, hay encuestas para todos los gustos; cuyo alcance, calidad y credibilidad son variables. Las encuestas son insumos para la toma de decisiones, a veces sirven de propaganda y otras veces, hasta los mismos encuestadores se convierten en una especie de pontífices del hecho político; reclamando cierto protagonismo. Lo que sí debe quedar claro es que en un evento como las primarias no se gana con encuestas, sino con movilización popular.

Las primarias tampoco se ganarán por la simple suma de siglas partidistas. No siempre los frentes exclusivamente partidistas son garantía de victoria. Hay que recordar que, la mayoría de los electores venezolanos no se identifican con partidos políticos, ni tampoco los partidos llevan los votos en un maletín. Las elecciones primarias y, éstas particularmente, están orientadas hacia escogencia de un líder y no de una opción partidista; por lo tanto, aquel candidato que logre presentarse como un factor aglutinador de todos los sectores sociales del país allende los partidos (sin excluirlos), tendrá mayores posibilidades de triunfo.

Un par de reflexiones que no puedo dejar de mencionar en estas líneas sobre las candidaturas: en la primera de ellas, manifiesto mi desacuerdo con la errónea decisión que impediría la reelección para el cargo de gobernador; según sea el caso de Henrique Capriles en Miranda o de Pablo Pérez en Zulia. Me pregunto ¿por qué privar de tan excelente gobernador a cualquiera de las dos entidades federales? La segunda reflexión está dirigida a aquellos aspirantes a gobernaciones y alcaldías que ahora son diputados (as) en la Asamblea Nacional. Si bien estos aspirantes tienen pleno derecho a postularse a las instancias mencionadas, no pueden ni deben olvidar su función y compromiso en el Parlamento Nacional. Este asunto tendría que ser tratado con verdadero sentido estratégico y colectivo, por encima de aspiraciones personales.

Un comentario adicional debo referirlo al progresivo repliegue reactivo en el cual se encuentra sumido el bloque oficialista, frente a los avances logrados por MUD y el pueblo en general alrededor de la unidad y las elecciones primarias. Al bloque oficialista, hasta ahora, sólo le quedan como argumentos: el insulto, la descalificación personal o la promoción continua de la “censura” a los medios de comunicación social; mediante el cierre de emisoras radiales o el silencio de opinadores “incómodos”. El lanzamiento del Gran Polo Patriótico (GPP) resultó intrascendente y burocrático. En este momento, electoralmente, el oficialismo depende de los errores que cometan los factores democráticos. De ese lado, no hay mucha iniciativa.

El camino hacia las primarias no luce comprometido; al menos hasta ahora. Nada está escrito. Pero de concretarse esas elecciones primarias, la tendencia hacia el cambio podría resultar irreversible, como aspira la mayoría del pueblo venezolano.


@migonzalezm

sábado, octubre 15, 2011

2013: EL RESCATE DEL MODELO FEDERAL DESCENTRALIZADO

La descentralización está unida a la democracia; pues implica su profundización, mediante la redistribución territorial del poder público que contribuye al establecimiento de una relación cercana, directa y vinculante entre la ciudadanía y las autoridades públicas. Venezuela es por tradición histórica y por constitución un Estado Federal, lo que implica el reconocimiento y la existencia de distintos centros de poder que se constituyen en unidades político-territoriales autónomas y con personalidad jurídica propia.

El Estado federal descentralizado es reconocido y desarrollado por la Constitución de 1999, mediante las siguientes connotaciones: i) el poder federal es un principio constitutivo de la República y emana de los ciudadanos; ii) el poder federal es un poder político-territorial y se ejerce por medio de potestades y competencias; iii) tales competencias son exclusivas o concurrentes y, además son irrenunciables, indelegables e improrrogables; iv) el poder federal se viabiliza por medio de la descentralización y, v) la descentralización es acercar los espacios de decisión pública a los ciudadanos, desde el punto de vista territorial.

El modelo federal descentralizado ha venido siendo golpeado y desarticulado de manera progresiva por el actual Gobierno Nacional con mayor empeño a partir del año 2007 con la puesta en marcha y de manera abierta de la construcción de un modelo socialista en el país, que se expresa mediante: i) la manipulación discrecional y centralista del situado constitucional correspondiente a estados y municipios; ii) la reversión de las competencias concurrentes transferidas a las entidades federales menores; iii) la modificación del ordenamiento territorial constitucional por la vía reglamentaria y el impulso de un Estado centralizado paralelo; restrictivo de la propiedad privada y la participación popular directa, universal y secreta.

En un eventual cambio de gobierno, el próximo año 2012, el rescate del Estado federal descentralizado tendría que constituir uno de los ejes estratégicos en la reconstrucción del país. Se trataría entonces de impulsar el conjunto de condiciones jurídicas, institucionales y financieras necesarias para ejercer el modelo federal descentralizado en forma soberana, autónoma, responsable y democrática. En ese contexto y, en términos operativos, competencias concurrentes como la alimentación y la agricultura, el empleo, la educación y la cultura, el deporte y la recreación, la salud y la vivienda, la convivencia y la seguridad ciudadana, entre otras; requerirían en el muy corto plazo del establecimiento de un programa eficaz de transferencia convenida; tanto con las entidades territoriales como con las comunidades organizadas.

De la misma manera, aquellos servicios revertidos y secuestrados por la actual administración gubernamental tales; como: aeropuertos, puertos, autopistas, centros de salud, servicios de seguridad tendrían que regresar a las entidades territoriales que han venido administrando esos servicios con mayor eficacia y eficiencia, que la mostrada nuevamente por la gestión centralizada. Otro elemento central en el rescate del federalismo descentralizado será la defensa y fortalecimiento de las finanzas estadales y municipales y, los recursos que constitucional y legalmente les pertenecen.
Una estrategia crucial en el nuevo gobierno será desarrollar vínculos y mecanismos de coordinación entre los poderes nacional, estadal y municipal, para cooperar y ser corresponsables en los asuntos de interés ciudadano. En tal sentido, la incorporación del pueblo organizado y otras entidades del municipio, incluyendo parroquias y consejos comunales en la descentralización; a través de la participación comunitaria será realmente un tema que marcará la diferencia.

El Consejo Federal de Gobierno (CFG) y el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) ameritan y merecen una revisión institucional profunda y seria, que revitalice su funcionamiento como entidad gubernamental responsable: i) del proceso de descentralización y de transferencia de competencias del Poder Nacional hacia los estados y los municipios; ii) de la transferencia de programas y servicios de las entidades territoriales hacia las comunidades y grupos vecinales organizados; y, iii) en el financiamiento de inversiones públicas para el desarrollo equilibrado de las regiones y de las distinta entidades públicas territoriales componentes de la República.

Un nuevo gobierno democrático a partir del año 2013 se encuentra obligado a orientar su gestión en el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales de federalismo, descentralización e integridad y cooperación territorial; además de impulsar los mecanismos institucionales y financieros para el desarrollo pleno de los estados, los municipios y las comunidades organizadas.


@migonzalezm

miércoles, octubre 05, 2011

EL SECTOR DEMOCRÁTICO Y LAS PRIMARIAS

El sector democrático venezolano parece listo para afrontar con éxito, el reto de consolidar una plataforma política, programática y electoral que le lleve a disputar la Presidencia de la República, al representante del bloque oficialista en las elecciones del próximo Octubre 2012. El proceso electoral venidero es quizás el más disputado y enconado en la historia política moderna de Venezuela; pues -en un “duelo sin precedentes”-, se enfrentarán por el destino del país dos visiones opuestas del mundo y la sociedad, como lo son: la democrática liberal y el socialismo totalitario.

Los sectores democráticos agrupados alrededor de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) vienen fortalecidos, renovados y en ascenso; pero aún en desventaja frente a la poderosa maquinaria estatal. Cabe recodar que, toda la estructura estatal y nacional responde a los lineamientos del Presidente de la República. En realidad, las venideras elecciones nos presentarán a un gobierno utilizando todos los recursos institucionales y financieros que tiene bajo su control para mantener su privilegio.

La conformación del cuadro electoral de los sectores democráticos es verdaderamente trascendente y requiere de un compromiso y una voluntad política firme y, hasta altruista. Los actuales precandidatos Henrique Capriles, Pablo Pérez, Leopoldo López, María Corina Machado, Antonio Ledezma, Eduardo Fernández, César Pérez Vivas, Oswaldo Álvarez Paz, Cecilia Sosa y Pablo Medina nos muestran justamente la pluralidad de un sector político; cuyo objetivo político no tendría que ser otro sino rescatar la convivencia democrática del país.

Ideológicamente, el mosaico de candidaturas de la oposición abarca un amplio . Por ejemplo, en una posición socialdemócrata y de centro izquierda podríamos ubicar a Pablo Pérez (Un Nuevo Tiempo), un poco más moderados dentro de esa visión estarían Antonio Ledezma (Alianza Bravo Pueblo), Leopoldo López (Voluntad Popular) y Cecilia Sosa (independiente); mientras en democracia cristiana se encontrarían Eduardo Fernández, Oswaldo Álvarez Paz y César Pérez Vivas (todos provenientes del partido COPEI); mientras que Henrique Capriles (Movimiento Primero Justicia) y María Corina Machado (independiente) oscilarían en una posición más de centro. El líder político Pablo Medina siempre ha sido reconocido por sus posiciones de izquierda.

Los apoyos políticos son otra cosa; aunque allí también se expresa la pluralidad. Hasta hora, Henrique Capriles ha recibido apoyos de partidos identificados con el progresismo como lo son el partido PODEMOS y de La Causa Radical (LCR); Pablo Pérez suma el apoyo del partido Bandera Roja (organización marxista-leninista) y de representantes de sectores intelectuales como Herman Escarrá (ex-constituyente) o de voceros del movimiento estudiantil como el joven Diego Sharifker.

Por otra parte, organizaciones políticas tan importantes como Acción Democrática (AD), Proyecto Venezuela (PV) o el Movimiento Al Socialismo (MAS); aún no han expresado su apoyo oficial a algunas de las pre-candidaturas ni tampoco se conoce –a la fecha-, si presentarán nombres alternativos. Esta situación abre espacio para la negociación y la consulta entre esas organizaciones partidistas y los representantes de cada pre-candidato de la MUD. En todo caso, queda pendiente conocer cuáles serán los criterios que prevalecerán en cada partido –hasta ahora por definirse- para tomar su decisión. ¿Acaso privarán los intereses partidistas?, ¿La afinidad ideológica? o ¿Las oportunidades electorales?

Al margen de la decisión de los partidos políticos, se encuentra la determinante participación comicial de los sectores no-partidistas. Cabe recordar que, esos factores constituyen la mayoría numérica. Ganar el voto independiente en las primarias será decisivo para aquellos candidatos que no cuentan con organizaciones ni electorados consolidados. Pero, ¿participarán los sectores independientes en las primarias de la oposición? Y, ¿cuál será el sector social que votará mayoritariamente: la clase media o los sectores populares?

Un elemento crucial de este proceso de primarias será la capacidad de movilización de cada comando electoral. En este sentido, partidos como Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Primero Justicia (MPJ) parten con ventaja relativa sobre el resto de participantes. Es por ello que, el apoyo de Acción Democrática (AD) resultaría vital para las aspiraciones de los principales pre-candidatos de la unidad y que hasta ahora y, según las encuestas serían Capriles y Pérez. En ese contexto, ¿se convertirá AD en una especie de gran elector?

Un valor indiscutible de la definición del candidato de la unidad ha sido la reunión de un conjunto de venezolanas y venezolanos con capacidades políticas y técnicas para dirigir y enrumbar al país hacia un futuro basado en la libertad, la inclusión, la paz y la prosperidad. De allí que, la realización de las primarias debe constituir un evento de pedagogía política para toda la población venezolana; incluyendo a los adversarios políticos. Las primarias deben ser una fiesta democrática para todo el país, para desde allí sentar las bases del cambio que requiere nuestra nación.

El resultado de las primarias puede ofrecer sorpresas. Ningún pre-candidato puede cantar victoria. Aún falta terreno por recorrer, vendrán apoyos y retiros, lo que sí debe quedar claro es que no sólo el resultado será determinante; sino la forma como se procese y acepte el resultado entre los participantes. Lo escribiré de nuevo: las primarias deber ser un acto de la mejor pedagogía política.

@migonzalezm

domingo, octubre 02, 2011

NOTAS SOBRE EL PODER POPULAR

Desde nuestro punto de vista, el poder popular es la suma de saberes y relaciones individuales y colectivas que promueven la cercanía entre el Estado, los ciudadanos y sus expresiones asociativas. Esta condición propiciaría una mayor legitimidad y transparencia a las políticas públicas adoptadas desde el gobierno, haciendo posible una gestión gubernamental más ajustada a las demandas sociales y, favoreciendo de esta manera, la solidaridad, la confianza y el civismo y, en consecuencia, la gobernabilidad democrática.

También estimo que el poder popular debe ser autónomo para que en efecto se ejerza de manera soberana. El poder popular trasciende las diferentes clases sociales que componen una sociedad; es decir, no es potestad exclusiva de una clase social o de sector ideológico específico aunque usualmente pueda ser empleado como parte del discurso político de los distintos factores partidistas que entran en el debate ordinario de las sociedades abiertas.

El poder popular se expresa mediante la participación de los ciudadanos y colectivos sociales en las decisiones públicas relacionadas con la elección, dirección y gestión de los distintos niveles político-territoriales de gobierno. De igual manera se manifiesta, por medio de la disidencia y la movilización del pueblo organizado en la legítima defensa de sus derechos o exigiendo modificaciones en las políticas y comportamientos de los distintos niveles político-territoriales de gobierno.

Otra expresión del poder popular es la libre asociación de los ciudadanos y ciudadanas, de las comunidades y de los colectivos sociales como componentes del poder popular. Y también a través de la libre asociación entre ciudadanos, comunidades y sectores sociales para diagnosticar y emprender soluciones de asuntos propios, con independencia del Estado, en beneficio de sus intereses y de la colectividad; de acuerdo al marco constitucional vigente.

El poder popular además de autónomo es plural y diverso y, por lo tanto; no puede ser asociado a regímenes hegemónicos fundamentados ideológicamente en la dictadura de una clase sobre otra o sobre el resto de la sociedad; y mucho menos ser “utilizado” para perseguir y violentar derechos humanos desde el gobierno y el Estado.

jueves, septiembre 22, 2011

4to Foro Reorganización del Municipio Libertador




Estimados Amigos,

Reciban un cordial salido en nombre de la Asociación Civil Por la Caracas Posible, organización cuya misión es promover el debate sobre los temas de ciudad, bajo los principios de diversidad, planificación urbana, inclusión, lucha contra la pobreza, cooperación, corresponsabilidad, democracia, participación, pedagogía urbana, cultura cívica, sustentabilidad ambiental, derecho y acceso a la información.

En esta oportunidad quisiéramos invitarle a asistir a nuestro evento, Reorganización del Municipio Libertador, ¿Aumento de la Descentralización y del Poder Popular?, evento interdisciplinar que contempla discusión sobre la posible reorganización del Municipio Libertador.

El evento constara de los siguientes ponentes
1. Miguel González Marregot: Docente e investigador UCV, UCAB.
2. Nicmer Evans: Politólogo, M.Sc. Psicología Social. Consultor.
3. Carlos Ciorda: Ex Concejal Metropolitano.
4. Fredery Calderon: Presidente de la Asociación Civil Por la Caracas Posible.


El Encuentro se realizara el próximo Jueves 29 de Septiembre del 2011, en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas, entre las 9:00am. y las 12pm. Entrada Libre.

viernes, septiembre 09, 2011

Sábado 17 de Septiembre 2011: Proyecto TREN



EL PROYECTO “TREN VENEZUELA” Y
LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO MIRANDA

LE INVITAN CORDIALMENTE AL

1er Taller de Reconstrucción Nacional
en el marco de la unificación de esfuerzos para el diseño y la construcción de un país nuevo y para la conformación de un voluntariado nacional que defina efectivas formas de compenetrarse con las comunidades.

Participarán:
Gerardo Blyde, Alcalde del Municipio Baruta
Rubén Pérez Silva, Coordinador Nacional del Proyecto TREN
Carmelo Ecarri, Coordinador de la Asociación Civil “Gente de Soluciones”

Moderadores:
Omar Villalba, Concejal y Presidente del partido “Un Nuevo Tiempo”
Miguel González Marregot, Director Ejecutivo de la Asociación Civil “Gestión de Cambio”

SÁBADO. 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011 / 9 a.m.
SEDE DE ASOLIMA (Av. Principal de Santa Rosa de Lima, al lado del Módulo de la Policía de Baruta)


@migonzalezm
http://facebook.com/miguelgonzalezmarregot

jueves, septiembre 01, 2011

GRIETAS EN EL BLOQUE OFICIALISTA



La confrontación político-electoral por el control del gobierno y el Estado venezolano sigue su proceso de preparación. Los dos bloques ideológico-políticos en competencia se organizan partiendo de sus propias características y capacidades para participar en el crucial y próximo proceso electoral del año 2012, que tendrá como premio mayor la Presidencia de la República; y en consecuencia la conducción primordial del destino de la República. En Venezuela, se encuentran en disputa dos visiones contrapuestas de la sociedad y del mundo.

En el plano ideológico, el boque oficial se caracteriza por tres aspectos fundamentales, a saber: primero, la promoción de un socialismo-nacionalista vinculado –de paso- a una supuesta y muy discutible raíz bolivariana; en segundo término, la utilización como incentivos de movilización política la alusión constante al enfrentamiento entre clases sociales y, la exaltación del elemento militarista; y por último, la propensión al culto a la personalidad del “comandante-presidente”. Bajo esas premisas, cualquier disidencia es “aplastada o barrida” bajo la acusación de constituir un intento desestabilizador.

El bloque oficialista no es monolítico en su conformación social y política se identifican con claridad distintos sectores, tales como: una tendencia militarista de amplia influencia y responsabilidad en la gestión pública; un sector ideológico con sólida formación marxista; una tercera fuerza representada por operadores burocráticos relacionados con los intereses de la gestión del gobierno; y por último, existe el chavismo de base dependiente del Presidente, aunque sin acceso directo a él. Ese “chavismo de base”, constituye la mayoría del bloque y depende de la intermediación de las tres primeros grupos, oscilando políticamente entre cada uno de ellos.

La ascendencia del oficialismo ha venido retrocediendo en amplios sectores de la población venezolana. Así, con la “clase media” perdida, y el continuo deslinde del gobierno de los sectores progresistas; y, además sin los movimientos sociales, ni gremiales, ni sindicales comprometidos con “la revolución socialista”, la victoria electoral oficialista el próximo año no luce tan fácil. Las dificultades electorales se acrecientan frente al sostenido avance unitario de los sectores democráticos de la oposición nacional alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La comprometida situación electoral del gobierno propiciará sin duda, algún replanteamiento de su estrategia electoral, que trate de “suavizar” su presentación ante el electorado que se mantiene al margen de la polarización; de allí que de ahora en adelante se declare que “no todo tiene que ser socialista”. Sin embargo, las líneas maestras de su estrategia de confrontación frente a la oposición democrática se mantendrían; de tal manera que los ataques a la Mesa de la Unidad, así como a la tarjeta unitaria se incrementarían, al igual que las acusaciones de desestabilización, la descalificación personal, la manipulación del cronograma electoral y hasta algunas agresiones contra dirigentes opositores.


Por supuesto, que el gobierno aún posee sus ventajas. El pleno dominio sobre las instituciones públicas y su manejo discrecional es una de ellas. Por otra parte, hay una supremacía financiera manifiesta frente a las fuerzas democráticas que le permitiría desarrollar una campaña electoral de vasto alcance. La capacidad de movilización que pudiera quedar en el partido gobierno (PSUV) frente a la dispersión organizativa de las fuerzas opositoras pudiera representar otra oportunidad. El excelente equipo de marketing político que posee y usa el gobierno es otra ventaja. Y finalmente, el poder de convocatoria del Presidente Chávez constituye otro valor agregado a la campaña electoral oficialista.

Ahora bien, el bloque oficialista tiene tras de sí, 12 años de gestión pública difíciles de borrar. Una gestión de gobierno que lejos de consolidar un “buen vivir” ha acentuado unas condiciones de mera sobrevivencia que se expresan en: i) los altos índices de inseguridad personal y jurídica; ii) una economía cada vez más dependiente del exterior, en extremo regulada y con la inflación más alta de la región; iii) el incumplimiento de compromisos laborales y de seguridad social con los trabajadores; iv) la práctica de la exclusión para toda persona o grupo que disienta de las iniciativas gubernamentales; y; v) la creciente identificación del régimen con modelos políticos totalitarios.

Hay grietas en el bloque oficialista. Hay grietas de suficiente calado que colocan de entrada cuesta arriba una fácil victoria electoral del oficialismo en 2012. Pero el peor error que podría cometerse es cantar victoria desde ya. Aún falta camino por recorrer; la oposición tiene sus tareas pendientes y también sus grietas. Pero de eso escribiremos más adelante…


@migonzalezm



sábado, julio 30, 2011

1RA SESIÓN DEL CLPP-BARUTA



Agenda:

Aprobación de proyectos FIDES y LAEE
Informe del Presidente, sobre recursos para el Presupuesto Participativo 2012 y cronograma de asambleas comunitarias

Consejeros Asistentes:

Consejeros gubernamentales: Alcalde Gerardo Blyde, Concejal Omar Villalba, Concejal Ramón Lugo.
Consejeros vecinales por la Parroquia El Cafetal: Harold Cova y Luis Emilio Jubes.
Consejeros vecinales por la Parroquia Las Minas: Geisha Rebolledo, Elizabeth Herrera, Herman Kronn.
Consejeros vecinales por la Parroquia Nuestra Señora del Rosario: Claudia Alsina, Catalina Núñez, Kiomara Scovino, William Velásquez, Miguel González Marregot.
Consejeros sectoriales: Joan Andrade (Sector Deporte), Olga Guédez (Profesionales y Técnicos), Rosalinda Sleiman (Industria y Comercio), Daniel Mendoza (Transporte).

Consejeros Inasistentes:

Consejeros gubernamentales: David Uzcátegui, María Auxiliadora Dubuc, Ramón Valera, Víctor Pérez, Ángel García, Will Contreras, Jesús Salazar, Francisco Perozo.
Consejero vecinal: José Cirilo Medina (El Cafetal)
Consejeros sectoriales: María Elena Arnal (sector Social), José Manuel Piña (sector Salud), Luisana Fuentes (sector Educación).

Desarrollo de la reunión y conclusiones:

La sesión del CLPP fue instalada con el quorum reglamentario, la mitad más uno de sus integrantes. Sin embargo, no pudo decidirse sobre los proyectos FIDES y LAEE en atención a que no se contó con la asistencia de las dos terceras partes de los integrantes del CLPP. Asistieron 17 de los 19 consejeros requeridos, como mínimo.

El quorum de funcionamiento permitió que el ciudadano Alcalde informara al CLPP sobre la estimación inicial de los recursos presupuestarios a ser comprometidos en obras y proyectos; mediante el presupuesto participativo 2012.

De acuerdo a lo informado por el Alcalde Gerardo Blyde, la estimación inicial para el presupuesto participativo 2012 alcanza los setenta millones de bolívares (Bs. 70.000.000). Como dato adicional, el Presidente del CLPP notificó que el monto preliminar estimado del presupuesto municipal 2012 ascendería a los BS. 640.141.806,00 de los cuales serían destinados a gastos de inversión en el mismo año, la cantidad de Bs. 320.070.903,00.

En cuanto a las asambleas comunitarias del presupuesto participativo, se informó que el cronograma sería el siguiente:

- Lunes, 8 de Agosto 2011. Las comunidades de la Parroquia El Cafetal. Caurimare, Caurimare- Tepuy, El Cafetal, Santa Paula, San Luis, Lomas del Mirador, Chuao, Lomas de Chuao, Santa Marta, Lomita de Chuao, Santa Sofía, Vizcaya, Colinas de Tamanaco, El Mirador, La Pena, Altos del Mirador, Lomas de Maturín, Santa Ana, Santa Clara y Boulevard El Cafetal.

- Miércoles, 11 de Agosto 2011. Las comunidades de la Parroquia Las Minas. María Carolina, Los Samanes, San Miguel, Guaicay, Las Minas, Altos de Las Minas, Santa Fe Este, La Naya, Las Mesetas, San Román, Santa Rosa de Lima, Santa Fe, Centro Italo-Venezolano, Magnum, Las Minitas, Polifibra, Terrazas de Santa Inés, Santa Inés, Colinas de Manaure, Las Danielas y El Rosario.

-Lunes, 15 de Agosto 2011. Las comunidades de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (sector 3). Lomas de Chulavista, Cerro Quintero, La Calera, Lomas de Las Mercedes, Las Mercedes, Los Naranjos de Las Mercedes, La Alameda, Valle Arriba, Colinas de Valle Arriba, El Güire, Santa Fe Norte, Santa Fe Sur, Valle Alto, San Juan, La Carolina y El Refugio.

-Miércoles, 17 de Agosto 2011. Las comunidades de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (sector 4). Cumbres de Curumo, Los Campitos, Mirador de Los Campitos I y II, Lomita de Los Campitos, Prados del Este, Alto Prado, Lomas de Prados del Este, Manzanares, Santa Cruz del Este, Club Hípico, Parque Humboldt, Prado Humboldt, Las Cocuizas, Los Riscos, La Ciudadela, El Morro, San Andrés, Arismendi, La Ciudadela, El Peñón, Santa Gertrudis, Brisas del Prado, Colinas de Moser y Lomas de Terra Bella.

-Sábado, 20 de Agosto 2011. Las comunidades de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (sector 7 / Hoyo de La Puerta). Turgua, Sisipa, Bucarito, El Copey, Gavilán, Las Lomas, Granjerías, El Campito, La Planada, Balgres, La Eneca Piedras Azules, Táchira, Luisa Cáceres, La Unión, El Café, Valle Verde, La Pared, San Luis, Nuevos Desarrollos, Las Caballerizas y resto de la Zona Protectora del A.M.C. La Hoyadita.

-Martes, 23 de Agosto 2011. Las comunidades de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (sector 5). La Bonita, Sorokaima, La Tahona, La Trinidad, Lomas del Club Hípico, El Socorro, Coromoto, La Palomera, Baruta, El Placer de María, Los Hornitos I y II, Las Esmeraldas, Casa de Campo, Lomas del Campo, Camino Real, San Gabriel, Barrialito, Piedra Azul, Charallavito, El Cielito, Camino Real, Bosque Los Naranjos, Coracrevi, Ríos de Venezuela, Granjerías (etapas I y II), Monterrey, Loma Real, Monte Alto y El Placer.

-Jueves, 25 de Agosto 2011. Las comunidades de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (sector 6). Ojo de Agua, San Pedrito, Bosque Real, Monte Pino, La Limonera, Universidad, Simón Bolívar, Parque Los Guayabitos, Los Guayabitos, Monte Elena, Loma Central, Papelón, Bosque La Virgen, El Volcán y El Progreso.


Quedó establecido en la sesión efectuada el Jueves 28 de Julio que, el 31 de Agosto de 2011 será la fecha tope para la entrega de proyectos en la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública, sin prórroga.

También el Alcalde Blyde reiteró que, en cada una de las asambleas comunitarias se informará a los voceros y voceras asistentes de los estudios y proyectos realizados por la Dirección de Infraestructura para su debida difusión con el objetivo que puedan considerados por las comunidades, como solicitudes a plantear en el presupuesto participativo 2012. De la misma manera, se precisó la obligación que tiene la Alcaldía de Baruta de publicitar en un medio impreso las fechas, lugares y horas de cada una de las asambleas comunitarias.



EL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
ES PARA TODAS Y TODOS LOS VECINOS Y VECINAS DE BARUTA

viernes, julio 22, 2011

2009-2011: EN EL CLPP DE BARUTA, LA REPRESENTACIÓN VECINAL CUMPLIÓ

Introducción

Estimados vecinos y vecinas de Baruta, a continuación les presento una síntesis de los principales logros que he alcanzado como Vicepresidente del CLPP de Baruta. Fueron dos años de gestión, en los que quise contribuir al incentivo de la participación de los ciudadanos; mediante su organización y participación en los procesos de inversión pública local. Fueron dos (2) años de aprendizaje que están a disposición, para seguir trabajando por las comunidades de nuestro Municipio Baruta. Saludos.!


Contribuimos al fortalecimiento del CLPP

El Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) del Municipio Baruta, se juramentó el 26 de Mayo de 2009. En esa sesión fui seleccionado entre los consejeros vecinales y sectoriales como Vicepresidente del organismo. Durante el lapso 2009-2011, el CLPP sesionó de manera efectiva en doce (12) oportunidades: siete en el año 2009 y cinco (5) en el año 2010. En ese lapso, tan sólo estuve ausente en una sesión; reunión en la que fui sustituido por el consejero Luis Maita (suplente).

Contribuimos con la Sala Técnica del CLPP para cubrir sus vacantes; mediante concurso de credenciales. Fueron seleccionadas por el jurado correspondiente la Arquitecta Beatriz Viloria y la Abogada Sorange Mendoza.

Apoyamos y coordinamos la Comisión de Coordinación del CLPP, como unidad responsable de la organización del presupuesto participativo; compuesta además por los voceros William Velásquez, José Cirilo Medina, Geisha Rebolledo, Leopoldo Parapcen e Ivón González (como Secretaria del CLPP). De igual forma, coordinamos la Unidad de Planificación del CLPP en el proceso de análisis y selección de obras a ser incluidas en los planes de inversión municipal. En dicha unidad compartimos responsabilidades con los consejeros Elizabeth Herrera, Kiomara Scovino, Harold Cova, Olga Guédez e Ivón González, en su carácter de Secretaria del CLPP.


Apoyamos la organización vecinal

Una de las principales líneas de acción que emprendimos desde la Vicepresidencia del CLPP fue el prestar asesoría y cooperación a distintas comunidades baruteñas en sus procesos de organización. En este sentido, se trabajó en equipo con la Dirección de Atención al Ciudadano. Entre las vecindades asistidas, podemos citar las siguientes: Altos de Monterrey, Bucarito, (Sisipa), Colinas de Valle Arriba, Guaicay, La Bonita, La Ciudadela, Las Mercedes, La Planada (parte baja), San Luis, Lomas de La Alameda, La Tahona, Lomas de La Trinidad, Santa Fe Norte, Santa Fe Sur, El Peñón, El Placer de María, Charallavito, El Placer, Monte Pino, Piedra Azul, Pueblo de Baruta, Residencias La Trinidad, Residencias Dos Ríos, La Unión y Valle Verde-La Pared; entre otras.


Impulsamos el presupuesto participativo en Baruta

Durante el período 2009-2011, brindamos un decidido y constante impulso al desarrollo del presupuesto participativo, como medio de participación ciudadana en la gestión del gobierno local. En el año 2009 se realizaron siete (7) asambleas y en el 2010 aumentó a ocho (8) el número de asambleas. Asistimos a cada una de esas reuniones vecinales. Además desde la Comisión de Planificación del CLPP, los voceros ciudadanos analizamos y aprobamos un conjunto de solicitudes y propuestas vecinales, que luego fueron incluidas en el presupuesto de inversión municipal de Baruta.

Un logro trascendente fue que, por primera vez en el CLPP de Baruta se informó directamente y por escrito a cada una de las comunidades de los proyectos incluidos en el plan de inversión municipal, para que éstas pudieran realizar su correspondiente seguimiento y la contraloría social respectiva.


Representamos a nuestro municipio en eventos locales y nacionales

Como Vicepresidente y vocero del CLPP tuvimos la oportunidad de compartir y representar al movimiento vecinal de Baruta en distintos eventos locales y nacionales; contribuyendo de esta forma a la organización del movimiento vecinal y comunitario. Entre los principales eventos en los que nos correspondió participar, tenemos los siguientes:

- I Foro Comunitario: “Consejos Comunales, Organizaciones Comunitarias y Convivencia Ciudadana”; organizado con la Universidad Simón Bolívar (USB), la Asociación civil “Gestión de Cambio” y con apertura del Alcalde Gerardo Blyde. Valle de Sartenejas. Mayo, 2010.
- Charla Informativa sobre Las Comunas y el Municipio; organizado conjuntamente con el Consejo Comunal de San Luis y la Red de Encuentro Ciudadano. Baruta. Octubre, 2010.
- Foro Ciudadano en Defensa de la Descentralización; organizado conjuntamente por la Red de Encuentro Ciudadano y la Alcaldía de Baruta. Baruta. Noviembre, 2010.
- Foro Taller: “La Nueva Legislación y los Consejos Comunales”; organizado por la Contraloría Municipal de Baruta. Baruta. Febrero, 2011
- Organización del Foro: “En Defensa de la Descentralización y la Autonomía Municipal. No a la Exclusión Política”. Con la participación del Diputado William Ojeda, el Alcalde Gerardo Blyde y el Concejal Omar Villalba. Baruta, Abril, 2011.


Defendamos nuestro derecho a participar..!

Estimados vecinos de Baruta, hoy nuestro CLPP está amenazado por una ordenanza que lamentablemente restringe los derechos a la participación ciudadana. Es por ello que, debemos unirnos y apoyar las iniciativas vecinales y sociales dirigidas a defender nuestros derechos a la organización y a la libre participación.

El CLPP debe ser para todos los vecinos. No a la exclusión.

Para seguir en contacto
0424-2106124 / 0416-6391222 miguelgmarregot@gmail.com @migonzalezm

martes, julio 12, 2011

LA VOLUNTAD DE LEOPOLDO LÓPEZ

Si algo quedó demostrado en el ensayo electoral de Voluntad Popular del pasado Domingo 10 de Julio, fue la tenacidad y coherencia política de Leopoldo López. Sin lugar a dudas, López ha sido un predicador de la utilización del liderazgo social como herramienta política. De allí, la realización del proceso de las elecciones abiertas que sirvió para varios objetivos como: el posicionamiento político del nuevo partido en la opinión pública, la relegitimación y elección de algunos cargos y algo muy importante, el cumplimiento de las formalidades de registro en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Como ciudadano conozco con relativa cercanía, la gestión de López al frente de la Alcaldía de Chacao. Allí y desde la Dirección de Gestión Social se impulsaron iniciativas incluyentes y participativas; tales como: la agenda comunitaria, la justicia de paz o aquellas asambleas de participación y capital social, ahora lamentablemente desaparecidas. Muy probablemente esas experiencias hayan tenido influencia directa en la propuesta que ha venido elaborando Leopoldo, durante los últimos meses. Eso es positivo.

Una particularidad de las elecciones “semi-internas” de Voluntad Popular fue que nos presentaron un país institucionalizado, muy diferente a la realidad polarizada que transitamos todos los días. Por ejemplo, el Domingo 10 de Julio el CNE se desempeñó sin quejas, de bajo perfil y dedicado a cumplir su función de facilitador del proceso eleccionario que fue realizado tanto de manera automatizada como en forma manual. De la misma manera, el personal militar asignado a la custodia de los 1.187 colegios electorales, obtuvo sus puntos meritorios en el cumplimiento de la tarea asignada.

Otro hecho significativo fue la baja asistencia a los comicios; pues tan sólo unos 120.000 electores votaron a 7.834 aspirantes; para así escoger finalmente a 3.380 directivos (llamados responsables o coordinadores); según su alcance competencial y territorial. En promedio -distribuyendo los votantes entre los cargos elegidos-, nos daría una cifra aproximada a los treinta y cinco (35) votos por cargo electo; lo cual es una cantidad inferior a la votación que puede recibir algún vocero en una elección en un consejo comunal de ciento cincuenta familias.

Por supuesto que, Leopoldo López, Carlos Vecchio y otros dirigentes nacionales concentraron la casi totalidad de la votación nacional; pero los niveles estadales y locales no alcanzaron niveles significativos de votación, por lo que su base de apoyo es muy reducida. Un caso pintoresco fue la incidencia que, desde algunas organizaciones político-partidistas e incluso instituciones públicas se que quiso desarrollar sobre los procesos de elección de algún candidato local.

Ahora a los 3.380 activistas, responsables y coordinadores les corresponde emprender la ruta de consolidar la apertura en cada uno, de ámbitos de incumbencia política. Finalmente, el costo financiero del proceso (incluyendo los servicios prestados por el CNE) y la logística de apoyo y movilización de los votantes debería ser presentado a la opinión pública como muestra de transparencia y rendición de cuentas de los organizadores frente a sus electores.

La iniciativa de Leopoldo López y su Voluntad Popular es importante y tendría que convertirse en un llamado a la reflexión para cada una de las organizaciones partidistas venezolanas que aún predicando la democracia y la participación, no suelen practicarlas en sus procesos de elección de autoridades. Cada organización tendrá sus mecanismos de consulta interna propios; pero lo que queda sobre la mesa es la necesidad de democratizar a los partidos para convertirlos en los verdaderos factores de cambio que necesita Venezuela.

@migonzalezm

domingo, junio 26, 2011

SOBRE LA AUSENCIA PRESIDENCIAL

La inesperada y prolongada ausencia del Presidente Chávez por razones de salud, ha traído –como es natural-, una serie de comentarios y especulaciones en todos los círculos de la sociedad venezolana; así como también en el ámbito internacional. En realidad, no podía ser de otra manera, en atención al peso que ejerce la figura del Primer Mandatario, en el país. Así pues, que el tema de la ausencia presidencial se ha tratado en los medios de comunicación social, en las redes sociales y, por supuesto, en la opinión del público en general, con distinta discrecionalidad e intensidad.

Ahora bien, la ausencia del Presidente venezolano no es un simple tema político-comunicacional. Su trascendencia va mucho más allá del mero cálculo situacional anticipado, en aras de obtener alguna ventaja en la actual coyuntura política del país; previa a la realización de un proceso electoral múltiple y complejo el próximo año. La ausencia presidencial representa un “asunto de Estado”, por las consecuencias que pudiera propiciar institucionalmente en el país.

En ese contexto, un primer aspecto a considerar viene dado por la poca transparencia y la escasa e inadecuada información que sobre el tema ha fluido desde el propio Gobierno Nacional. En efecto, desde su intervención quirúrgica, hace más de quince días, el Gobierno Nacional ha sido incapaz de informar de manera precisa y oficial, cuál es el verdadero estado de salud del Presidente. Esa opacidad informativa ha hecho que se genere toda una serie de rumores (de distinto tenor y calibre), sin que la población en general pueda conocer con alguna precisión lo que ocurre.

Por otra parte y, en atención a la pública y notoria ausencia temporal del Presidente Chávez, el manejo del gobierno recae en el actual Vicepresidente Elías Jagua, quien constitucionalmente tendría esa potestad por noventa días, prorrogables por noventa días más por la Asamblea Nacional, donde por cierto, -valga la pena recordar- el bloque oficialista tiene una mayoría relativa que le permitiría cierta capacidad de maniobra política, frente a la presente situación. Lo que sí debe quedar claro es que, ante la actual ausencia del Primer Mandatario, corresponde al Vicepresidente Ejecutivo el control del Gobierno Nacional.

En tercer lugar, es importante apuntar que el tratamiento del tema de las ausencias temporales o absolutas de un Presidente de la República es contemplado en la Constitución Bolivariana con precisión en sus artículos 233, 234 y 235. Por lo tanto es allí, en la fuente constitucional, donde los distintos actores políticos deben fijar su atención para desarrollar sus acciones políticas posteriores. Constituiría un craso e imperdonable error estratégico comenzar a “improvisar políticamente”, sobre un asunto extremadamente delicado.

Venezuela continúa su dinámica diaria, su vida. La reciente explosión de la crisis penal-penitenciaria o las crecientes dificultades en el sector eléctrico y su tratamiento ineficaz por parte del gobierno son una clara demostración de ello. De la misma manera, el acosamiento a líderes opositores como el caso del diputado William Ojeda y de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, constituyen otra demostración que la estrategia del bloque oficialista no ha cambiado –por la coyuntura-; sino que sigue su desarrollo inalterable.

En tal sentido, las fuerzas democráticas del país no deben perder la perspectiva en sus esfuerzos por lograr la restitución plena del equilibrio democrático en nuestro país. En el caso de la ausencia presidencial debe ser tratado de acuerdo a las normas constitucionales y bajo la exigencia de la transparencia informativa y la estricta rendición de cuentas. Jugar a “desenlaces rápidos” resulta una verdadera necedad. No cabe duda que, el tema de la ausencia presidencial será convertido por el oficialismo en un asunto propagandístico electoral. Hay una agenda social y popular, que tiene que ser atendida, apoyada y avanzada por los factores democráticos de manera franca y sistemática. Esa es la ausencia importante que hay que cubrir.

@migonzalezm

miércoles, junio 01, 2011

Retos de la organización comunitaria para el fortalecimiento de una sociedad democrática

Introducción

La sociedad venezolana se encuentra sumergida en un amplio proceso de debate y redefinición del paradigma socio-político, que la han venido sustentando en búsqueda de un nuevo modelo de organización política para el país. En realidad, han entrado en serio cuestionamiento los partidos, los mecanismos tradicionales de representación popular y los modelos tradicionales de gobierno. En ese contexto y, como consecuencia de ello, las organizaciones comunitarias y sociales han venido cobrando mayor relevancia durante los últimos años; llenando espacios que incluso correspondían a otros actores tradicionales. De la misma manera, se han hecho presentes tendencias hacia la cooptación y el clientelismo de los movimientos sociales y comunitarios; bajo una visión hegemónica de las relaciones entre el binomio Estado-sociedad.

La presente nota nos describe en forma resumida algunos de los temas (que consideramos) relacionados con los retos de las organizaciones comunitarias para el fortalecimiento de una sociedad democrática. Se consideran su concepto, sus rasgos distintivos fundamentales y las principales relaciones que se pueden establecer; tanto con las entidades estatales como con aquellas privadas de carácter empresarial y de naturaleza no lucrativa. Se valora a las organizaciones comunitarias y sus posibilidades de “empoderamiento ciudadano”; así como también se apuntarán debilidades y fortalezas que pueden caracterizar su rendimiento institucional, en este momento crucial para la democracia venezolana.

Las organizaciones comunitarias

Las organizaciones comunitarias son asociaciones voluntarias de ciudadanos y ciudadanas de carácter no estatal con autonomía de gestión y de carácter diverso y plural. Las organizaciones comunitarias implican actividad e interés social en manifestación de apoyo o no, a un tema de manera temporal o permanente. Surgen debido a la pérdida de eficacia del sistema político, para procesar las demandas sociales. En términos generales, las organizaciones comunitarias desarrollan su actividad social en ámbitos territoriales específicos (tales como; el barrio, el caserío y las parroquias); aunque también y según su área temática, su gestión puede trascender a nivel nacional.

Las organizaciones comunitarias son expresiones de organización y participación ciudadana; por lo tanto son parte de la sociedad civil. En su actividad diaria establecen relaciones con su propia comunidad, con otras organizaciones de su entorno inmediato o área temática, con entidades estatales y con organizaciones empresariales. Además, las organizaciones comunitarias se encuentran reguladas; tanto por el marco constitucional como por leyes especiales y ordinarias específicas, además de sus propias normas.

Las organizaciones comunitarias son también expresión del ejercicio legítimo de los derechos humanos a la libre asociación y participación. De allí que, se constituyen al margen del Estado y de los partidos políticos; adoptando en algunos casos relaciones conflictivas con ellos, por la defensa de sus intereses específicos. La acción de estas organizaciones ciudadanas alcanza la promoción e implementación de reformas dentro del sistema político; utilizando para ello instrumentos legales y medios de movilización compatibles con su propósito.


Organizaciones Comunitarias y Empoderamiento

El empoderamiento ciudadano -en términos sencillos y útiles-, es el proceso a través del cual tanto individuos como comunidades obtienen conciencia y control sobre los procesos que inciden o pueden incidir en su calidad de vida inmediata. En los procesos de empoderamiento ciudadano, individuos y comunidades se movilizan en los ámbitos político y social, para obtener beneficios que redunden en sus condiciones de existencia. El empoderamiento popular requiere de comunidades y colectivos fuertes mediante, al menos:

el desarrollo de modelos de organización interna de naturaleza democrática,

la capacidad para emprender procesos de diagnóstico y planificación, autónomos y participativos,

la capacidad de negociación y concertación con otros colectivos y con las autoridades públicas y,

el desarrollo de la corresponsabilidad y de control social de la gestión gubernamental y de su propia operatividad.

El empoderamiento ciudadano es una actitud reivindicativa que persigue la inclusión de aquellas comunidades menos favorecidas en la construcción de una sociedad más democrática, equitativa y justa. Aquellas organizaciones comunitarias capaces de desarrollar las características señaladas en áreas tales como: la educación comunitaria, la cultura, el tratamiento del medio ambiente, la salud, la defensa de los derechos humanos de sectores poblacionales específicos (adolescencia y niñez, discapacitados, mujeres, tercera edad; entre otras), se convertirán en referentes legítimos de sus integrantes, de sus comunidades (territoriales o temáticas) y de todos aquellos que no tienen voz.

Necesidad de fortalecimiento y reconocimiento institucional entre la sociedad civil y el Estado

La actividad de las organizaciones comunitarias es una expresión sustantiva de la relación Estado-sociedad. En el caso venezolano, la Constitución Bolivariana contiene en su texto mandatos precisos en la relación que debe existir entre las comunidades organizadas y el Estado. El llamado protagonismo, la participación en la formación y ejecución de los asuntos públicos, la corresponsabilidad y el control de la gestión pública, son algunos de los aspectos que están establecidos como derechos en nuestra Carta Magna.

Sobre el protagonismo en la gestión de gobierno de las organizaciones comunitarias y sociales, el artículo 184 de la CRBV, establece las siguientes oportunidades:

Descentralización y transferencia de programas a comunidades y grupos vecinales organizados.

Participación de comunidades y ciudadanos (as), asociaciones vecinales y organizaciones sociales en la formulación de propuestas de inversión, en los planes de inversión y el control de obras y programas sociales.

Impulso de nuevas formas de organización popular (cooperativas, empresas comunitarias, cajas de ahorro).

Nuevos sujetos de descentralización en parroquias, comunidades, barrios y vecindades.

La autogestión y la cogestión.

En ese contexto, las relaciones entre las organizaciones comunitarias (de diversa índole temática y distinto alcance territorial) y, las diferentes expresiones y componentes político-territoriales del Estado venezolano no necesariamente se desarrollan de manera consensuada. Por el contrario, son un tanto complicadas por la diferencia de enfoques que suelen tener las autoridades públicas y los ciudadanos organizados, frente a asuntos de interés colectivo.

Y es que no cabe duda que, con las atribuciones constitucionales y legales y las nuevas realidades político-sociales hay un aumento de las responsabilidades de la sociedad civil (y por lo tanto, de las organizaciones comunitarias) en la gestión pública. Esto supone una mayor descentralización en la gestión de políticas públicas y también una redefinición del rol social del Estado. Por último, las organizaciones comunitarias emergen como sujetos de contraloría social, cualidad que potencia su actuación y su responsabilidad en función de velar por el adecuado desarrollo de las políticas públicas.

La alianza imprescindible de las organizaciones comunitarias con el sector privado empresarial

La responsabilidad social es un valor, una postura ética, contributiva y dinámica orientada hacia el compromiso activo y libre para alcanzar el bien común en la sociedad. La responsabilidad social se expresa en tres actitudes: respeto, justicia y solidaridad. Desde el año 2002, existe el Pacto Mundial por la Responsabilidad Social; que establece los siguientes principios:

Las empresas deben apoyar y respetar los derechos humanos.

Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

Las empresas deben apoyar la libertad de negociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Las empresas deben eliminar toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio ambiente.

Las empresas deben trabajar contra la corrupción, en todas sus formas; incluidas la extorsión y el soborno.

En nuestro país, la Constitución Bolivariana recoge y establece importancia extrema al tema de la responsabilidad social. En efecto, el artículo Nº 2 establece que: “Venezuela constituye un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo”.

De la misma manera, la CRBV nos dice que “las obligaciones que correspondan al Estado, conforme a esta Constitución y a la ley, en cumplimiento de los fines del bienestar social, no excluyen las que, en virtud de la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria, correspondan a los particulares; según su capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento de estas obligaciones en los casos que fuere necesario. Quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión, tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley (artículo 135).

El movimiento empresarial venezolano desde su propio nacimiento ha emprendido una serie de iniciativas con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades y vecindades, desde hace años, complementarias y paralelas a su actividad natural y de los mandatos legislativos. Tanto organizaciones comunitarias y entidades privadas con fines de lucro pertenecen al ámbito de lo “no gubernamental” y por ende, guardan intereses y visiones cercanas; que en algún momento pueden ser incentivos o factores de acuerdo o desacuerdo. El intercambio de experiencias y saberes, el apoyo institucional mediante recursos financieros y no financieros, el ejercicio de distribución y control de calidad de bienes y servicios son campos naturales para el establecimiento de relaciones de cooperación y solidaridad.

Una alianza entre estos factores sociales permitiría su posicionamiento como una red; tanto de organizaciones no gubernamentales como de entidades privadas cooperantes con el Estado en el diseño, ejecución y control de ciertos programas públicos de naturaleza social; lo cual puede ser ampliamente positivo para la población. Por último, una condición indispensable en estos acercamientos entre la sociedad civil y el sector empresarial supone el mantenimiento de la identidad y autonomía de cada una de los componentes de estas entidades.

Organizaciones comunitarias y el Estado comunal

La relación entre las organizaciones comunitarias y la propuesta del Estado comunal constituye un crucial a considerar dentro de su actividad institucional y está directamente relacionado con el debate sobre la forma de organizar la sociedad venezolana. El Estado comunal supone: un nuevo ordenamiento territorial, basado en la comuna; un modelo económico basado en la propiedad social y la planificación centralizada y, una nueva forma de participación ciudadana tutelada en la gestión de gobierno. Las comunas serían espacios socialistas, que como entidades locales, son definidas por la integración de comunidades para construir el Estado comunal (artículo 5, Ley Orgánica de Las Comunas). Las comunas son nuevos espacios territoriales donde las organizaciones comunitarias podrían tropezar con muchas más restricciones para su normal desarrollo debido a que su gestión obligatoriamente tendría que responder a las orientaciones impuestas desde el gobierno central.

La economía social se fundamentaría en la propiedad social entendida como el derecho que tiene la sociedad de poseer medios y factores de producción o entidades con posibilidades de convertirse en tales, esenciales para el desarrollo de una vida plena o la producción de obras, bienes o servicios, que por condición y naturaleza propia son del dominio del Estado (artículo 5 LOSEC).

La participación tutelada en la gestión pública se fundamenta en la dependencia de las organizaciones del denominado poder popular como los consejos comunales y los parlamentos comunales a autoridades del poder central (ministerios); así como la implantación de mecanismos de elección semi-directa (segundo y tercer grado) en los organismos de gobierno de tales instancias.

Fortalezas y debilidades de las organizaciones comunitarias

Hemos considerado de manera general y muy resumida, algunas características las organizaciones comunitarias y sus relaciones con distintos actores de su medio ambiente inmediato y más general. A continuación, se presentan puntualmente ciertos aspectos que podrían ser fortalezas y debilidades de estas entidades de la sociedad civil:

Posibles fortalezas de las organizaciones comunitarias

Reactivaron el debate sobre la importancia y vigencia de la organización de las comunidades, en torno a temas específicos de interés colectivo.

Se han consolidado como medios de inclusión popular en los asuntos públicos locales y temáticos.

Han contribuido de manera notable para la “democratización” del conocimiento de la gestión de proyectos entre las comunidades organizadas.

Potencian la presión vecinal sobre los agentes gubernamentales en el cumplimiento de sus objetivos.

Están contribuyendo a la renovación del liderazgo social y comunitario.

Son elementos que promueven y propician la creación de redes sociales de solidaridad y cooperación.

Posibles debilidades de las organizaciones comunitarias

Dificultades en su organización, gestión financiera y rendición de cuentas.

Desaprovechamiento de las oportunidades para el establecimiento de convenios con el sector privado y/o público.

Incomunicación con las autoridades públicas locales, estadales y nacionales.

Alta dependencia de fuentes de financiamiento externo.

Priva el partidismo y la ideologización en algunas organizaciones comunitarias.

La excesiva especialización por áreas de intereses -a veces- impide que se establezcan vínculos con otras organizaciones.

Su desarrollo organizacional es desigual y muy concentrado a nivel geográfico.


Los retos de las organizaciones comunitarias para el fortalecimiento de una sociedad democrática

En la Venezuela de hoy, las organizaciones comunitarias y sociales poseen una serie de retos (tanto internos como externos) cuyo alcance se constituirá en una sólida contribución al fortalecimiento de una sociedad mucho más democrática:

Aplicar en el ejercicio diario de sus actividades una ética basada en la democracia, la honestidad, el respeto a los derechos humanos, la rendición de cuentas y la tolerancia.

Las organizaciones comunitarias deben rescatar la naturaleza plural, diversa e incluyente de la participación comunitaria, social y política e impulsar la defensa del marco constitucional vigente; mediante prácticas democráticas.

Impulsar una auténtica descentralización y la transferencia de programas y servicios basada en la corresponsabilidad y la transparencia en las relaciones con el sector público en sus distintos niveles político-territoriales.

Redefinir las relaciones de las organizaciones de la sociedad civil, con los espacios públicos de participación local y sectorial (tales como consejos comunales, consejos locales de planificación pública, consejos estadales de coordinación y planificación de políticas públicas y consejo federal de gobierno).

Contribuir desde su ámbito de actuación específico a la formación de las personas y las comunidades en el disfrute responsable y sustentable de los bienes materiales y no materiales asociados a su calidad de vida.

La conducción del Estado en el marco de valores y prácticas democráticas, que se base en el respeto por el derecho a la libre asociación y la libre participación de los ciudadanos puede ser viable, si desde las organizaciones comunitarias y desde las organizaciones de la sociedad civil, se asume el reto de alcanzar ese sueño.

miércoles, mayo 25, 2011

Sistema Nacional de Planificación, Municipio y Participación (Notas)

El Sistema Nacional de Planificación podría convertirse en un interesante elemento de discusión e intercambio de opiniones, en los sectores de vanguardia del movimiento social venezolano. La discusión se origina de la evaluación de las posibilidades reales que tienen los ciudadanos y ciudadanas, las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales de incidir -con eficacia-, en los procesos de formulación de políticas públicas.

La participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos es un elemento distintivo en el modelo de organización político-territorial de Venezuela. De hecho, la cualidad participativa es consagrada en la Constitución como rasgos del gobierno (artículo 6) y la administración pública (artículo 141). Además, la participación se establece como un derecho (artículo 62) y como un deber ciudadano; especialmente en el ámbito local y comunitario (artículo 132).

Por otra parte, la planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta también se establece como medio para impulsar un régimen socio-económico fundamentado en la justicia social, la democracia, la eficiencia, la libre competencia, la protección del ambiente, la productividad y la solidaridad.

Esto hace que, en la organización del Estado se contemplen instancias que viabilicen la participación popular, la participación ciudadana en la planificación de políticas, programas y proyectos al lado de las autoridades públicas del ámbito nacional, estadual y local. Así encontramos al Consejo Federal de Gobierno (aún pendiente por instalarse), los Consejos Estadales de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas (uno por cada estado) y los Consejos Locales de Planificación Pública (uno en cada municipio).

Lo más importante es comprender que, en el caso venezolano existe un mandato claro de planificación participativa que recorre vertical y transversalmente toda la organización federativa. En cada uno de los niveles político-territoriales de la República existe una instancia que agrupa a las autoridades públicas y la representación de la sociedad civil o de las comunidades organizadas y, donde es resaltante la elaboración de un plan de desarrollo. En el caso de las instancias de gobierno estadal y local, los gobernadores y los alcaldes son los responsables de ese proceso.


Período 1958-1999: la democracia liberal


La aspiración de establecer un sistema de planificación en Venezuela, no es reciente. En una apretadísima síntesis de “la historia de la planificación” en el país, se puede afirmar que ésta se inicia en el año 1936 con la elaboración del “Programa de Febrero” (de contenido social) en la recién empezada gestión del General Eleazar López Contreras. De allí en adelante y, en medio de una Venezuela convulsionada por cambios, recambios y revoluciones, podemos ubicar y de nuevo bajo el gobierno de otro militar, el General Marcos Pérez Jiménez, la elaboración del primer “Plan Nacional de Obras Públicas”; contentivo de una visualización del país de largo plazo.

Fue con el establecimiento del sistema político democrático representativo, a partir de 1958, cuando la planificación comienza a implementarse como una técnica de gobierno. Es así como, bajo la inspiración de Enrique Tejera Paris, se crea una agencia de planificación central, con la denominación de Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, mejor conocida como CORDIPLAN.

Y con CORDIPLAN, llega la ilusión (muy loable; por cierto) para cada uno de los gobiernos democráticos de promover y alcanzar el desarrollo nacional mediante la planificación, más exactamente por medio de la ejecución de programas y proyectos contenidos en Planes Quinquenales de Desarrollo. Cabe recordar que, la planificación quinquenal fue la estrategia de desarrollo emprendida por la Revolución Bolchevique, en los comienzos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir del año 1917. La planificación quinquenal fue una añadidura “técnica y política” importada con asepsia por numerosos gobiernos latinoamericanos desde 1945.

La vía al desarrollo de manos de la planificación estatal, supone justamente eso: un supuesto desarrollo donde el elemento o motor central es el Estado y no la sociedad. Y ese modelo de desarrollo estatista es el que ha predominado en el país durante los últimos sesenta años. El sistema de planificación nacional se convirtió en un elemento discursivo y técnico en la burocracia pública venezolana especializada. En tal sentido, la creación de instituciones estatales orientadas al fortalecimiento y articulación de las capacidades de planificación y de programación presupuestaria del sector público nacional; así como la introducción de nuevas técnicas de planificación y el reordenamiento de las dependencias encargadas de la información estadística, fueron una preocupación constante.

El impulso de los organismos regionales de desarrollo, (las populares Corporaciones) y las oficinas regionales de coordinación y planificación fueron también otras iniciativas para consolidar un Sistema Nacional de Planificación. A partir de los años ochenta y, a propósito de la Enmienda N°2 de la Constitución de 1961, la planificación nacional cobra un mayor auge. La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) y la misma CORDIPLAN, profundizan sus esfuerzos técnicos sobre el propuesto sistema. Hacia finales de esa década y, a raíz del inicio del proceso de descentralización se crean los Consejos Estadales de Coordinación de Políticas, como un mecanismo que permitiera la sincronización de las políticas públicas nacionales con aquellas del ámbito estadual. Dentro de ese contexto -y apuntalada por el enorme peso económico-financiero de un Estado petrolero-, la planificación con mayor o menor intensidad se consideró siempre como una herramienta estratégica para alcanzar el desarrollo en el país.


Período 1999-2006: la democracia bolivariana


Con el proceso constituyente realizado en el año 1999, la planificación ingresa con mayor fuerza a la Carta Magna. En efecto, en su artículo 299 se establece con claridad que “…el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional… mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta”. De esta forma, se introdujo en Venezuela; aunque con ciertos matices, uno de los principios elementales del socialismo real, como lo es el de la planificación económica centralizada.

En los Lineamientos Generales de Desarrollo Económico-Social 2001-2007, el diseño e implantación del Sistema Nacional de Planificación se convierte en uno de los objetivos a conseguir, para el consecuente establecimiento de la democracia bolivariana. Empero el cumplimiento de los “requerimientos técnicos” para la implantación del Sistema Nacional de Planificación; como tantas cosas, no se alcanzaron. Veamos.

Uno de los soportes para el establecimiento del Sistema de Planificación era la vinculación de los procesos de planificación, presupuesto y gestión en el sector público. Y este soporte estuvo lejos de ser alcanzado. Entre otras nimiedades por el crecimiento desordenado de la administración pública y por la consolidación de una racionalidad clientelista de ciertas políticas públicas.

Otro requerimiento del Sistema Nacional de Planificación, en el período 2001-2007 era la implantación del “presupuesto plurianual”. La Ley Marco del Presupuesto Plurianual sería elaborada por el Ministerio de Planificación y Desarrollo (sustituto de CORDIPLAN; por cierto), por el Ministerio de Finanzas y por el Banco Central de Venezuela. Sin embargo, después de siete años, el mayor logro de esta propuesta fue su posposición en forma indefinida.

El tercer requerimiento técnico del Sistema Nacional de Planificación era el fortalecimiento de los sistemas de información y estadísticas nacionales. Al respecto, salvo la desaparición de la antigua Oficina Central de Estadística e Informática, son pocos los avances que muestra el gobierno en el tema.

En este período, 1999-2007, quizás el establecimiento de “mecanismos que facilitasen la participación de los ciudadanos y de la sociedad organizada en los procesos de planificación” (es decir, la creación del Consejo Federal de Gobierno, los consejos estadales de coordinación y planificación y los consejos locales de planificación público) fue el requerimiento del Sistema Nacional de Planificación que más conozcan los activistas sociales y comunitarios. Y allí tampoco el gobierno cumplió enteramente sus metas.

La creación del Consejo Federal de Gobierno (artículo 184 de la CRBV), fue cancelado por el Ejecutivo Nacional al devolver su ley de creación a la Asamblea Nacional. Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (artículo 166 de la CRBV), si bien fueron creados en todos las entidades federales han demostrado un bajo rendimiento institucional; golpeando de esta manera los derechos de participación y protagonismo popular, contemplados en la Constitución Bolivariana y su marco legal respectivo.

Sobre los Consejos Locales de Planificación Pública (artículo 182 de la CRBV), la evaluación institucional no es mucho mejor. Los CLPP nunca lograron consolidarse como las instancias de cogobierno municipal para lo cual fueron concebidas en el proceso constituyente del año 1999. La indiferencia de la sociedad civil y la resistencia de todos los gobiernos locales, contribuyeron a su fracaso. Sería injusto; sin embargo, no reconocer ciertas iniciativas estatales destinadas a fortalecer estas instancias; tales como: el “Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica en Planificación y Ejecución de Proyectos para Gobernaciones y Alcaldías” del Ministerio de Planificación y Desarrollo. Fuera de esto y de la aprobación de la Ley Orgánica de Planificación en el 2001, que tampoco transcendió por su baja aplicación, el Sistema Nacional de Planificación fue una entelequia.

En este contexto, el avance más sustancial del Gobierno Nacional fue el impulso de los consejos comunales como mecanismos de participación ciudadana destinados a incidir directamente en los procesos de formulación (y por lo tanto, de planificación), ejecución y control de políticas públicas. Hacia el año 2007; según cifras oficiales, suministradas por voceros gubernamentales, los consejos comunales alcanzaron los dieciocho mil (18.000), en todo el país. Sin embargo, su articulación al sistema nacional de planificación no se realizó.


Período 2007-2011: el socialismo y Estado comunal


A partir de 2006 y, luego de la reelección en la Presidencia de la República del Comandante Hugo Chávez, la articulación del sistema nacional de planificación retoma su importancia; partiendo de la realización de múltiples estrategias como fueron:

i) la implementación del Estado Comunal (la Nueva Geometría del Poder);
ii) el impulso legislativo del poder popular;
iii) la reforma administrativa del aparato público central; iv) la creación del Consejo federal de Gobierno, mediante su Ley y Reglamento Orgánicos. Veamos.

La implementación del Estado comunal visualiza el socialismo que propone el actual gobierno para Venezuela. El cual supone: un nuevo ordenamiento territorial, basado en la comuna; un modelo económico basado en la propiedad social y la planificación centralizada; y, una nueva forma de participación ciudadana tutelada en la gestión de gobierno. El Estado comunal posee una base técnica en el Plan 2007-2013 (Proyecto Nacional “Simón Bolívar”).

Con la fusión de los Ministerios del Poder Popular de Planificación y Desarrollo y el de Finanzas Públicas, el Gobierno Nacional resolvió (al menos formalmente) la vinculación de los procesos de planificación, presupuesto y gestión en el sector público.

A partir de 2007 y durante el período de la Ley Habilitante, se promulgaron entre otras, la Ley Orgánica de Administración Pública y la Ley Orgánica de la Comisión Central de Planificación que consolidan institucionalmente el sistema de planificación pública centralizado. En el 2009 se aprobó una reforma de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. En el año 2010 se promulgaron la Ley y Reglamento del Consejo Federal de Gobierno, la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica del Sistema de Economía Comunal, la Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la reforma de la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación, la reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

La promulgación de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (CFG) y Reglamento Orgánico, generan una serie de cambios trascendentales en la estructura político-territorial. La LOCFG conceptualiza la federación como organización política para construir el socialismo y, como estrategia de enfrentamiento de clases y de imposición de la propiedad social. Así mismo, conceptualiza la descentralización como medio de transferir competencias de estados y municipios a organizaciones de base; mediante decretos del Presidente de la República. De igual manera, reconoce como organizaciones de base del poder popular tan sólo a las registradas en el Ministerio del Poder Popular para la Participación Ciudadana. Promueve la creación de Distritos Motores de Desarrollo decretados por el Presidente de la República, con una autoridad única y con preferencia en el acceso a los recursos del FCI. Y determina una nueva organización político-territorial, al margen de los criterios y mecanismos establecidos en la Constitución vigente.

También derivados de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno se desarrollan dos ideas-fuerza que van a ser determinantes en esta etapa de implementación del sistema nacional de planificación pública; a saber: el distrito motor y la comuna. ¿Qué es un distrito motor? Un Distrito Motor es la Unidad Territorial decretada por el Ejecutivo Nacional. Sus limites podrán coincidir o no con los límites político- territoriales de los estados, municipios o dependencias federales. Se designará por cada Distrito Motor de Desarrollo una Autoridad Única de Área, conforme a la normativa aplicable que, a los efectos del presente reglamento se denominará Autoridad Única Distrital. ¿Qué es una Comuna? La comuna es un Espacio socialista definido como la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno, sustentable y socialista contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.

A los efectos de nuestro estudio, el Reglamento de la Ley del Consejo Federal de Gobierno asienta finalmente la base de un sistema nacional de planificación territorial compuesto:

i. El Consejo Federal de Gobierno
ii. Los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (uno por cada estado)
iii. Los Consejos Locales de Planificación Pública (uno por cada municipio)
iv. Los Consejos de Planificación Comunal (uno por cada comuna)
v. Los Consejos Comunales (cada consejo comunal es una unidad de planificación)

El sistema de planificación territorial participativo delineado por el Reglamento Orgánico del Consejo Federal de Gobierno se desarrolla a plenitud por la reforma a la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. En efecto, la nueva LOPPYP tiene por objeto desarrollar y fortalecer el concepto de Poder Popular; mediante el establecimiento de los principios y normas que sobre la planificación rigen a las ramas del Poder Público y las instancias del Poder Popular; así como la organización y funcionamiento de los órganos encargados de la planificación y coordinación de las políticas públicas, a fin de garantizar un sistema de planificación que tenga como propósito el empleo de los recursos públicos dirigidos a la consecución, coordinación y armonización de los planes, programas y proyectos para la transformación del país; a través de una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta, para la construcción de la sociedad socialista de justicia y equidad.

Y esta ley ratifica, como componentes del sistema nacional de planificación (partiendo de una definición territorial), al Consejo Federal de Gobierno, los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, los Consejos Locales de Planificación Pública, los Consejos Comunales de Planificación y los Consejos Comunales. De esta manera, se cierra el ciclo institucional de creación de un sistema de planificación pública con participación ciudadana.

Dos componentes institucionales son directamente afectados por la implementación del sistema de planificación en esta etapa. Ellos son el municipio y dentro de su estructura el consejo local de planificación pública. Con la reforma a la Ley del Poder Público Municipal, el municipio se ve debilitado por la incorporación de las comunas en la LOPPM, como entidades locales, excluidas de la aplicación de los instrumentos jurídicos municipales y de diferentes leyes sobre el régimen municipal. Se busca modificar varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, a partir de los cuales las comunas y los consejos comunales son reconocidos como los actores organizados del poder popular, desplazando a los vecinos organizados y a las asociaciones vecinales en las transferencias que deben hacer los estados y municipios, hacia las comunidades organizadas.

De la misma manera, se elimina la elección universal, directa y secreta de los miembros de las juntas parroquiales para incorporar en la reforma legal, un sistema electoral de segundo o tercer grado; atendiendo al cristal con que se mire la materia electoral. No se toma en cuenta a todos los vecinos electores de cada parroquia, debidamente inscritos en el Registro establecido por el CNE; sino a la figura de los voceros y voceras de los consejos comunales, designados por sus asambleas de ciudadanos, para que sean los “grandes electores” de los integrantes de las juntas parroquiales comunales. Es una decisión injusta y antidemocrática; pues allí se violan los artículos 5, 63, 70 y 182 de la Constitución Nacional.

La autonomía municipal es golpeada por la subordinación de las pautas de la planificación municipal a los contenidos del Plan Nacional “Simón Bolívar”, contentivo de las líneas generales anunciadas y elaboradas por el Presidente de la República en Septiembre de 2006 que fueron aprobadas por decisión de la Asamblea Nacional en Septiembre de 2007. Este “Plan Nacional” tenía como presupuesto la aprobación; mediante el referendo popular de la Reforma Constitucional, negada en el referendum del año 2007.

La reforma de la LOPP trae consigo a las Juntas Parroquiales Comunales como administradoras de las parroquias, con las siguientes funciones: articular los órganos del poder popular y el poder público municipal, consultar a los órganos del poder popular sobre los proyectos que presenta el municipio, evaluar planes y proyectos que se ejecuten en la parroquia, facilitar la construcción de los ejes comunales, coadyuvar con la realización de las políticas del Estado, servir como centro de información para identificar prioridades, promover la corresponsabilidad, el protagonismo y la participación ciudadana, promover los servicios públicos, la seguridad ciudadana y la defensa integral de la nación, promover los servicios y políticas dirigidos a la infancia, adolescencia, comunidades indígenas y personas discapacitadas y colaborar con la Sala Técnica del CLPP.

También la reforma de la LOPPM asigna a los Consejos Comunales, los siguientes deberes y derechos: participar en la gestión y fiscalización del mantenimiento y conservación de espacios públicos, participar en el ejercicio del control social de las políticas públicas, impulsar iniciativas legislativas, promover la integración, la solidaridad y el consenso, informar a los organismos competentes de las deficiencias en la prestación de los servicios públicos.

Por su parte, con la reforma de la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, los CLPP modifican sustancialmente su objeto; pues los convierte en órganos para la construcción del socialismo y de tutelaje a la participación ciudadana. Por otra parte, reduce la representación o vocería vecinal al eliminar el criterio socio-demográfico, modifica la representación sectorial y la ubica bajo el control de Ministerio de las Comunas, elimina los consejos parroquiales de planificación y sus asambleas, e impone -como sujetos de la descentralización-, a entidades del poder popular e incorpora a la representación de las comunas; mediante la vocería de los consejos de planificación comunal.

@migonzalezm