viernes, junio 29, 2012

Supervisan obras de los consejos en Puerto La Cruz


La alcaldía audita la ejecución de los 2 millones de bolívares asignados

MIRIAM RIVERO |  ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
jueves 28 de junio de 2012  12:00 AM
Puerto La Cruz.- Un seguimiento permanente a la ejecución de obras de los distintos consejos comunales del municipio Sotillo, realiza la alcaldía que preside Stalin Fuentes, quien informó que los mismos han sido beneficiados con 2 millones de bolívares en 2011 y 2012.

Bajo la coordinación de Alejandra Díaz la unidad de proyectos municipal supervisa la realización de las ejecuciones que requieren las comunidades que tienen constituidos sus consejos comunales.

Este viernes los integrantes de esos entes, que ahora reciben los recursos del nivel central, recibieron el adiestramiento necesario referido a los procedimientos técnicos y al aspecto administrativo sobre el manejo de los recursos para la ejecución de las obras.

Cunetas, brocales, reparaciones de escuelas, planta de tratamiento de agua potable, redes de distribución del agua, cloacas, puentes, acueductos, embaulamiento de quebradas, vías de penetración, son algunas de las obras que deben llevar a efecto, los consejos comunales, previa supervisión de la unidad encargada para ello en la zona norte de Anzoátegui.

Fuentes indicó que de acuerdo a los lineamientos del Presidente se efectúa esta acción, sin quitar poder a las alcaldías, pues estas siguen sus funciones y además supervisan y adiestran a las comunas.

En 2011 se aprobaron 12 millones para los consejos comunales y en 2011 han asignado 17 millones. El año pasado fueron 20 obras las iniciadas con estos fondos de las cuales 13 están concluidas, refirió Fuente.

En la reunión con los consejos comunales este miércoles, cada representante expuso sus requerimientos para su sector, para comenzar las que aún no han iniciado este año, y en eso la municipalidad apoyará con equipos, máquinas, vehículos.

El alcalde dejó claro que los recursos se invertirán en las obras planificadas de acuerdo a las necesidades de cada zona y con trabajo en conjunto.

Según el Alcalde de Baruta: Alcaldías perderán competencias en 10 áreas


07:30 am 29-Jun de 2012|El Nacional
La transferencia de competencias a las comunas es inconstitucional, en opinión del alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, pues esas instancias no están en la Constitución y su creación fue rechazada en el referéndum de 2007
Competencias que hasta ahora eran exclusivas de las alcaldías, ahora deberán estar a cargo de organizaciones del poder popular
Competencias que hasta ahora eran exclusivas de las alcaldías, ahora deberán estar a cargo de organizaciones del poder popular | El Nacional
Competencias que hasta ahora eran exclusivas de las alcaldías, como salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos, ahora deberán estar a cargo de organizaciones del poder popular. Es decir, las comunas, los consejos comunales y empresas comunales, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 6079, del 15 de Junio de 2012.

La norma se inscribe en la propuesta del Gobierno central de garantizar la participación ciudadana. Sin embargo, la discrecionalidad con que el Ejecutivo decide cuáles organizaciones pertenecen efectivamente al poder popular causa preocupación dentro de las alcaldías.

Para Daniel Rosas, consultor jurídico de la Alcaldía de Chacao, "el sesgo se encuentra en las limitaciones en cuanto a las instancias a las que se les puede transferir, las cuales deben estar en correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que está orientado hacia la consolidación del socialismo. Es positivo que las comunidades tengan mayor participación, cosa que además no es nueva, lo que no puede ser es que estén limitadas a ideologías específicas".

El papel protagónico que otorga la nueva ley a las comunas es otro punto controversial. Gerardo Blyde, alcalde de Baruta, opina que la normativa es el mecanismo que hacía falta para consolidar el estado comunal paralelo, rechazado en el referéndum para la reforma constitucional en 2007. "Las comunas no están previstas en la Constitución y en cambio tienen competencias legislativas, que hacen que lo que allí decidan esté por encima de las ordenanzas municipales. No puedo delegar servicios que la carta magna establece que son mis competencias".

El organismo que va a mediar entre las alcaldías y los miembros del poder popular que deseen asumir algunas competencias será el Consejo Federal de Gobierno.
En el caso de Sucre, Ángel Alvarado, director del despacho del alcalde, sostiene que llevan años otorgando competencias a las comunidades y en su caso la experiencia ha sido positiva, pero hace la salvedad de que estos son procesos que deben manejarse directamente entre las comunidades y el gobierno municipal. "No puede ser algo impuesto. Hay obras que requieren más conocimiento técnico que voluntad de hacer las cosas. La ley aún no es suficientemente clara, y antes de ejecutarla habría que dar legitimidad a la situación de algunos consejos comunales", concluyó.

Lo más importante

Fases
Desde la aprobación de la ley, las alcaldías tienen 90 días para presentar al Consejo Federal de Gobierno los servicios susceptibles de ser delegados, pero aún no está claro cómo solicitarán las organizaciones populares hacerse cargo de determinada función o cuánto tiempo tiene el Consejo para hacer la transferencia.

Materias
Entre las actividades que pueden pasar a manos de los grupos sociales están el mantenimiento de locales de atención primaria de salud y de centros educativos, producción de materiales de construcción y vivienda, protección del ambiente y recolección de desechos sólidos, mantenimiento de instalaciones culturales y deportivas y la prevención y protección comunal.

Las alcaldías conservarán el control de la policía, la planificación urbana, el catastro e ingeniería municipal.

Requisitos
Honestidad y responsabilidad son atributos exigidos para otorgar la administración de recursos.

Otras condiciones son demostrar buena capacidad de organización en el desarrollo de planes y someterse al proceso de formación, que debe ser continuo.

Destaca el acompañamiento técnico por el organismo que otorga los recursos.

Protagonistas
Los sujetos que pueden solicitar los servicios son las comunas, los consejos comunales y una figura denominada empresas comunales. Se excluye a las organizaciones de vecinos y cooperativas.

Recursos
Las alcaldías deben poner a disposición del sujeto de transferencia los recursos necesarios para ejecutar la obra.

El Consejo Federal de Gobierno podrá disponer de apartados adicionales en el Fondo de Compensación Interterritorial para optimizar la asignación.

Si todas las obras pasan a manos de organizaciones sociales, las alcaldías podrían perder el acceso a ese fondo.

Control de calidad
Una vez que la organización social asuma la administración de un servicio está sujeta a la vigilancia de las asambleas de ciudadanos; también, a los órganos de control fiscal en su ámbito de competencia ­no se especifica­, que serán los responsables de hacer auditorias.

Si se comprueban irregularidades, el servicio podrá volver al control de las alcaldías.

jueves, junio 28, 2012

TSJ ejecuta embargo ejecutivo a Globovisión por casi Bs 25 millones


Ricardo Antela, consultor jurídico de la televisora, señaló que la suma asciende al "triple del monto de la multa" que impuso la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

RAFAEL RODRÍGUEZ |  EL UNIVERSAL
jueves 28 de junio de 2012  02:37 PM
Caracas.- La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia presentó un "embargo ejecutivo" sobre los bienes de la planta televisiva Globovisión por la cantidad de 24.425.216 bolívares por el caso de la transmisión de los hechos de la cárcel del Rodeo en junio 2011.

Ricardo Antela, consultor jurídico de la televisora, la suma asciende al "triple del monto de la multa" que impuso la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

"El contenido completo lo tenemos que leer, pero por lo que vemos aquí en la decisión del Tribunal Supremo de Justicia se decreta un embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de Globovisión por casi 25 millones de bolívares fuertes, que resulta de sumar el doble de la multa que se le impuso a Globovisión más otros costos de ejecución por casi seis millones de bolívares adicionales, es decir casi el monto de la multa, de manera que se trata de un decreto de embargo por el triple  de la multa que se le había impuesto inicialmente", explicó el abogado.

Antela agregó que el TSJ "ordena comisionar a un juzgado ejecutor de medidas para que próximamente proceda a ejecutar este embargo".

En su sentencia la Sala del Alto Tribunal decretó embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la empresa Globovisión Tele, C.A. por la cantidad de Bs. 24.425.216,40, monto que resulta de sumar el doble de Bs. 9.394.314,00, cantidad impuesta por concepto de multa, lo que arroja la suma de Bs. 18.788.628,00, más las costas de la ejecución estimadas prudencialmente en un 30% del último monto señalado, esto es, Bs. 5.636.588,40.

El TSJ ordenó oficiar al Banco Central de Venezuela a los fines de que por vía de colaboración determine mediante una experticia complementaria del fallo, el monto que por concepto de intereses moratorios deberá pagar la sociedad mercantil Globovisión Tele, C.A., los cuales deberán calcularse sobre la cantidad de Bs. 9.394.314,00, a partir del 1 de enero de 2012 hasta la fecha en la cual se realice el cálculo, conforme a la tasa activa promedio de los 6 principales bancos comerciales del país, según el boletín publicado por el mencionado ente. Al efecto, se concede un lapso de 10 días de despacho, contados a partir de que conste en autos la notificación de esta decisión.

"Por ahora tenemos que evaluar las acciones porque nosotros esperábamos que se tramitara una demanda de intimación que había presentado Conatel, esa demanda de intimación tiene un trámite previsto en la ley que incluye el derecho a la defensa y la citación previa a Globovisión para que exponga sus razones de porqué no ha pagado"

El abogado indicó que no entiende por qué la Sala procedió sin haber oído antes a la televisora y sin respetar los trámites. "La Sala nos sorprende con una medida de embargo para la cual no tiene ningún tipo de competencia", sentenció.

"Resulta muy curioso que apenas a 48 horas de que se inicie una campaña electoral la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia tome una curiosa decisión muy intimidante muy amenazadora como queriendo intimidarnos y hacernos saber que debemos entrar en el redil de las exigencias del gobierno para esta campaña electoral", manifestó Antela.

Señaló que sabían que en la campaña electoral se iban a producir nuevas acciones en contra del canal de noticias.

La oficina de prensa del máximo tribunal reseña que la Sala "declaró procedente la solicitud formulada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y el Directorio de Responsabilidad Social de la referida Comisión para hacer cumplir el pago de la sanción de multa de Bs. 9.394.314,00, y la correspondiente Planilla de Liquidación N RF-020-MA-00132, para el pago de la referida multa con cargo a la sociedad mercantil Globovisión Tele, C.A".

Demandan del TSJ que anule la Ley de Gestión Comunitaria

Proyecto Venezuela afirma que el texto elimina a las alcaldías y a las gobernaciones

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Proyecto Venezuela exige al TSJ anular ley que obliga a gobernaciones y alcaldías a entregar sus competencias a las comunas ARCHIVO
JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL
jueves 28 de junio de 2012  12:00 AM
Por considerarla arbitraria y sobretodo viciada de nulidad, Proyecto Venezuela demandó del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que deje sin efecto la Ley Orgánica de Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones que el presidente Hugo Chávez dictó en uso de los poderes especiales que la anterior Asamblea Nacional le entregó para legislar vía decreto.

Tras consignar ante la Sala Constitucional del máximo juzgado su recurso contra el instrumento que obliga a estados y municipios entregar los servicios que gestionan a empresas comunitarias o consejos comunales bajo la supervisión del Consejo Federal de Gobierno, el dirigente del partido del Sol, Alfredo Romero, afirmó que el mismo carece de validez toda vez que presenta un error en su título.

"Lo que se publicó en Gaceta Oficial no fue el decreto con rango y fuerza de ley sino el proyecto de decreto. Un proyecto de decreto no puede considerarse en modo alguno como el texto en sí", señaló.

Ciertamente en la Gaceta extraordinaria número 6.079, de fecha 15 de junio, apareció el decreto presidencial número 9.043, pero en el mismo anuncia que se dicta el "Proyecto de Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones".

Para Romero el desliz en la denominación de la norma la invalida. "La nulidad del propio decreto que intenta transferir, en forma arbitraria e inconstitucional, competencias de las alcaldías a grupos controlados por el Gobierno Nacional está en su propio título".

Otras objeciones

Además del enunciado del texto, el penalista consideró que el contenido del mismo también debería bastarle a los siete magistrados de la Sala Constitucional para que lo anulen.

"Este proyecto viola el sistema político territorial establecido en la Constitución", aseveró y acto seguido agregó: "Nadie pretende que se elimine el esquema de descentralización o de desconcentración a los grupos vecinales y comunitarios. Aquí lo que se pretende es que los entes de control que son las alcaldías y gobernaciones participen en este proceso, pues es conocido que muchos consejos comunales se han corrompido y que muchos son controlados por el Poder Nacional. Para nadie es un secreto que para constituir un consejo comunal es necesario ponerse una franela roja".

Romero recordó que la Constitución de 1999 establece que Venezuela es un Estado federal y descentralizado y obliga al Poder Público Nacional a transferir sus competencias a las regiones, las cuales a su vez tendrán que entregarlas a los municipios; y por último éstos las comunidades organizadas. No obstante, recordó que el Gobierno central ha hecho caso omiso a dicho mandato.

"El esquema de descentralización implica, por ejemplo, la descentralización de los servicios penitenciarios a los entes regionales y eso no se ha cumplido", aseveró el dirigente de Proyecto Venezuela.

Esta demanda es la primera que el máximo juzgado del país recibe en contra de las leyes que el presidente Chávez dictó en uso de la Ley Habilitante que el anterior Parlamento le otorgó en diciembre de 2010 y la cual venció este 17 de junio.

jalonso@eluniversal.com

martes, junio 26, 2012

Psuv activará Consejos Comunales para defender Ley de Transferencia

26.06.2012 05:15 AM El dirigente Aristóbulo Istúriz advirtió que la petición de nulidad de la norma que adelanta la oposición no quedará allí. Advirtió que las comunidades organizadas se movilizarán
Deisy Martínez
Istúriz llamó al poder popular a defender derechosFoto: AVN
Caracas.- El anuncio que hicieran el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde y el dirigente de Proyecto Venezuela (Prove), Alfredo Romero, de solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones aprobada vía Habilitante, no pasó desapercibida en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Ayer, el vicepresidente del Comando Carabobo del estado Miranda, Aristóbulo Istúriz, advirtió que las intenciones de los adversarios “no se quedarán allí” porque la tolda roja tiene previsto reunirse con los Consejos Comunales (CC) (más de 46 mil en la actualidad) y las Comunas (346) del país a fin de movilizar a sus integrantes en defensa del texto legal y del Poder Popular.
“¿Por qué no le dicen a los Consejos Comunales directamente que están en contra del Poder Popular? (...) La oposición no comparte que las comunidades ejecuten políticas públicas, lo cual es imposible si no se les transfieren competencias”, recalcó.
Subrayó que el fortalecimiento del Poder Popular está amparado por la Constitución puesto que el artículo 5 establece que la soberanía reside en el pueblo, mientras que el 62 contempla el deber y el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones públicas, entre otros.
La nueva normativa - publicada en Gaceta Oficial número 6.079 el 20 de junio - instrumenta la transferencia de competencias desde gobernaciones y alcaldías y el Ejecutivo nacional hacia el “pueblo organizado”. Además de las comunas y consejos comunales como sujetos de traspaso. Se reglamenta la creación de las Empresas Comunales, para que manejen los recursos y asuman las funciones que hasta ahora ostentan los poderes nacional, regional y local.
La ley fija un plazo de 90 días para que los gobiernos estadales y locales presenten un plan para dicha  transferencia.
Entre esas competencias están salud, educación, vivienda y prestación de servicios públicos. Blyde aseguró que las comunas son inconstitucionales  y Romero enfatizó que las gobernaciones y alcaldías quedarán “de adorno” al ver eliminadas sus atribuciones.
El mismo plan
Istúriz alertó que el golpe de Estado de abril de 2002 en nuestro país comenzó con el desconocimiento de las leyes Habilitantes aprobadas entonces.
“Blyde no actúa solo. Es a nombre de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso está  ligado (los recursos judiciales contra las leyes)  a la campaña internacional de descalificar al Consejo Nacional Electoral  para luego facilitar las condiciones para una intervención internacional en Venezuela (...) estamos alertando, llamamos al poder popular a activarse en defensa de todas  las (47)  leyes Habilitantes”.
El diputado nacional (UNT), William Barrientos, reiteró que no se le puede “arrebatar” competencias a autoridades electas por el pueblo para dárselas a CC que el gobierno no reconoce si no obedecen al modelo socialista.
“Es una contradicción que ellos hablen de participación cuando excluyen a un sector de la población (...) esa ley fomenta un Estado dentro de otro”.
Instalan unidades de batalla electoral
Está previsto que este jueves el Comando Carabobo culmine la juramentación de 1.335 comandos parroquiales, más la instalación de las llamadas Unidades  de Batalla  Electoral Carabobo (una por cada centro de votación) que serán las encargadas de constituir las patrullas que a su vez movilizarán a los votantes el 7 de octubre.
Estaba pautado que ayer en la tarde se juramentaran 48 comandos parroquiales de Miranda, proceso que continuará este martes y miércoles en otras regiones y finalizará en los  llanos.  Informó que también serán creados 500 cuadros por estado para el debate  del programa de gobierno rojo.

lunes, junio 25, 2012

17 consejos comunales de Guanipa tienen su gestión vencida


25.06.2012 05:20 AM 26% de las organizaciones comunitarias de El Tigrito deben renovar sus vocerías, tras haber cumplido dos años en sus funciones
Argel Fernández
Gutiérrez: 64 entes vecinales se adecuaron en 2010
Gutiérrez: 64 entes vecinales se adecuaron en 2010 Foto: Wayne David
El Tigrito.- 17 de los 64 consejos comunales del municipio Guanipa deben renovar las vocerías de cada una de las unidades de gestión. El grupo representa 26% de las organizaciones comunitarias existentes.
El artículo 12 de la reforma de la Ley de los Consejos Comunales, que entró en vigencia en enero de 2010, establece que los miembros electos durarán dos años en sus funciones, contados a partir del momento de su elección.
El enlace de la Alcaldía de Guanipa ante el Consejo Local de Planificación Pública (Clpp) de Guanipa, Josué Gutiérrez, informó que los 64 entes vecinales de la localidad se adecuaron a la nueva ley en el 2010.
De acuerdo con la lista dada por Gutiérrez y por la vocería vecinal del Clpp, las representaciones comunitarias que deben ir a nuevas elecciones pertenecen a los sectores Los Sauces, Bicentenario I, Bicentenario II, La Victoria, Malvinas, Las Américas, Santa Elena, Barrio Sur, Los Inmigrantes, El Basquero, Rómulo Gallegos, Monteverde, San José de Monteverde, Colinas de San José, José María Vargas I y II.
Gutiérrez aclaró que es competencia de la Fundación y Desarrollo para el Poder Comunal (Fundacomunal), dar  las directrices para la adecuación.  
Acotó que también debe esperarse que el Consejo NacionalElectoral (CNE) fije las pautas, pues es el encargado de regir todos esos procesos. “A escala nacional hay 54 mil consejos comunales y eso implica un proceso complejo”.
Enfatizó que el vencimiento del periodo de las vocerías no significa  que sus integrantes no puedan seguir ejerciendo sus funciones.
La vocera de Economía Popular del consejo comunal de San José de Monteverde, Xiomara Maza, aclaró que acudieron a Fundacomunal a buscar información y les comunicaron que aún no hay directrices para la convocatoria.  
El Tiempo intentó consultar a los representantes de Fundacomunal, pero dijeron que no están autorizados para declarar.
Con legalidad
El consejero vecinal ante el Clpp, Carlos Sequea, indicó que existe un proceso dentro de la Ley de Consejos Comunales para convocar a elecciones, pero hasta donde maneja información, ninguno de los 17 entes con el lapso de gestión vencido, ha iniciado esos pasos.
El primero de ellos  es la conformación de la comisión promotora provisional en asamblea de ciudadanos. Pese a la lentitud en ese proceso, dijo que como Clpp no pueden interferir en el sistema electoral. “Sólo instamos a la organización y participación vecinal”.
Señaló que el interés del Clpp se centra en garantizar que la comunidad sea representada y participe en la conformación del presupuesto de obras.
Explicó que lo ideal es que la comunidad organizada adecúe  sus unidades de gestión. “Pero no están ilegales, siguen siendo los representantes válidos”.
Sequea, quien también es vocero de Contraloría del consejo comunal de Colinas de San José, dijo que el periodo se venció en mayo, tal como se lo hicieron saber a la comisión electoral permanente para que convocara a la comisión promotora, pero no lo han hecho. Según su opinión, para este año, debido a las elecciones, no se actualizarán los consejos comunales.
Estructura
Los consejos comunales están conformados por tres instancias. La Uni- dad de Gestión Ejecutiva, integrada a su vez por un mínimo de 14 comités de trabajo. La Unidad Administrativa Financiera que se encarga de administrar los fondos del ente vecinal y  la Unidad de Contraloría que tiene como fin vigilar las actividades y uso de los aportes monetarios  otorgados a los vecinos.

sábado, junio 23, 2012

Avanzan en leyes para reforzar el poder popular


Consejos Estadales de Planificación y Consejos Locales de Planificación Pública

EL UNIVERSAL
viernes 22 de junio de 2012  12:00 AM
El presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación Social del Parlamento, Darío Vivas, explicó que se avanza en las reformas de leyes de Consejos Estadales y Locales de Planificación.

En ese ámbito se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de las Comunas y con la Procuraduría General de la República.

Dijo que muestran un claro avance las reformas de la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, cuyo informe ya consignó el equipo técnico respectivo.

Dijo a ANTV que tales reformas son imprescindibles, por cuanto es preciso adecuar esos instrumentos con otros que se le vinculan, entre los que primó la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones.

Esta ley se cuenta en el paquete de normas aprobadas por el Jefe de Estado antes de que expiraran los poderes habilitantes de la Habilitante.

El texto acelera la transición hacia un sistema donde empresas comunales, administradas de forma colectiva por individuos sin fines de lucro, asumirán recursos y una larga lista de funciones que hasta ahora han pertenecido al poder público nacional, gobernaciones y alcaldías.

La Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública tienen mucha importancia para la participación del pueblo en la elaboración de presupuestos de estados y municipios, dijo.

martes, junio 19, 2012

En el municipio San Rafael de Carvajal Codepro denuncia presuntos casos de corrupción en Consejos Comunales

Alerta /
Los Informantes destacan que las investigaciones realizadas a ciertos C.C. deben ser examinadas a fondo por el máximo mandatario regional y el partido PSUV, para lograr la contraloría social enmarcada en la Revolución
Petición
Los miembros de la Comisión contra la corrupción exhortan al Gobernador del Estado, al director de Política y Seguridad Ciudadana para que tomen cartas en el asunto expuesto y solicitan ante el equipo regional del PSUV que los voceros de C.C. que tengan investigaciones relacionadas con corrupción sean verificados ante el Tribunal Disciplinario de la tolda roja
GIULIANA ECHEVERRÍA / CNP: 14.951 - La Comisión por la Democracia Protagónica y contra la Corrupción del estado Trujillo (CODEPRO), ha investigado algunos hechos de corrupción en los cuales se encuentran involucrados voceros de ciertos Consejos Comunales (C.C).
       Tales investigaciones se sustentan en el capítulo tres, artículo 253 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, así como en la Ley Contra la Corrupción título II, capítulo I sobre las sanciones; en la Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica del Poder Popular y sobre todo en la Ley Orgánica de Licitación Pública en su capítulo quinto, en conjunto con la Ley de los Consejos Comunales que permite demostrar la transparencia de los actos sociales ejecutados.
       Dicha información la dieron a conocer Eduardo Serrano, Isidro Suárez y Sergio Giménez, miembros del CODEPRO, junto con Alba Suárez y Luis Enrique Uguis, quienes en los últimos días han sido víctimas de algunas situaciones irregulares relacionadas con los C.C.
       Averiguaciones
       Debido a las investigaciones realizadas a algunos C.C. que funcionan en la parroquia Campo Alegre del municipio San Rafael de Carvajal, se presume que sus integrantes hayan caído en delitos relacionados con la desviación y el mal manejo de recursos aprobados por organismos regionales como Fundacomunal y el Fondo Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno.
       En consecuencia, los hechos de violencia física y verbal en contra de Alba Suárez, supuestamente se han producido en dos ocasiones, obligando a la presunta víctima a denunciar lo ocurrido ante la Fiscalía Séptima Contra la Corrupción, donde responsabilizó a Carmen Linares, Federico Ramírez y Coromoto Mendoza, quienes son voceros de la Comisión de Administración y Financiera Comunitaria del Consejo Comunal Ezequiel Zamora en Carvajal.
       Por su parte, Eduardo Serrano solicitó información ante la oficina de recepción de documentos del Consejo Federal de Gobierno sobre la Construcción del Centro de Formación Socialista y Empaquetadora de Granos, así como del proyecto Embaulamiento y Canalización del Zanjón Chama - La Matera que se suponía venía desarrollando de forma mancomunada los Consejos Comunales Unidos para Triunfar por La Matera, Bicentenario, La Matera, Ezequiel Zamora y Construyendo un Nuevo País.
       Al parecer, Serrano fue agredido y luego trataron de simular un hecho punible en contra de él, denunciándolo ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) por supuestamente haber golpeado a Lilibeth Montilla y a Ana Camejo; pero dichas afirmaciones no han sido comprobadas.
       En relación a lo expuesto en el párrafo anterior, Sergio Giménez denuncia que como medida de amedrentamiento recibió una citación del prefecto de Campo Alegre, Gonzalo Wanderley Montilla, sin justificación alguna.
       Asimismo, los informantes explican que José Lugo ha recibido llamadas telefónicas amenazándolo con la muerte de una de sus hijas menores; razón por la cual, el presunto afectado denunció a Wanderley Montilla por considerarlo el supuesto autor de dicho acto.
       Realidad
       En otro sentido, Serrano, Suárez, Giménez y Uguis explicaron que según proyecto, la obra del Embaulamiento y Canalización del Zanjón Chama - La Matera es responsabilidad del C.C Bicentenario; mientras que la obra de construcción del Centro de Formación Socialista y Empaquetadora de Granos se encuentra a cargo del C.C. La Juventud Parte Alta, tiene al prefecto de Campo Alegre y vocero del Poder Popular ante la secretaria del Consejo Federal de Gobierno como el representante y firmante ante una entidad bancaria, al tiempo que se dice que el involucrado presenta denuncias por hechos ilícitos en materia de corrupción.

La corrupción penetra la gestión de los consejos comunales

Contraloría, Fiscalía y AN investigan ilícitos cometidos por el "poder popular"

PEDRO PABLO PEÑALOZA |  EL UNIVERSAL
lunes 18 de junio de 2012  12:00 AM
Al consejo comunal Chaparral Los Pinos, del estado Vargas, le asignaron 3 millones 950 mil 580 bolívares para dos obras: ejecución del proyecto de sustitución y rehabilitación de viviendas, y la adquisición y reparación de la casa comunal.

De ese monto, Bs 1 millón 750 mil 359 se giró a través de 305 cheques que no cuentan con los soportes que justifiquen los desembolsos. Además, 26 cheques, por Bs 179 mil 800, fueron emitidos a nombre de un miembro de la Unidad de Gestión Financiera, para que realizara pagos en efectivo. Luego, erogaron Bs 23 mil 100 para la redacción de documentos de contratación de obra, aunque los convenios en cuestión no están suscritos por los integrantes del consejo comunal y la empresa.

Las facturas reflejan que otros Bs 20 mil 148,77 se fueron en conceptos como "restaurantes, donaciones y mantenimiento de vehículos", que no guardarían relación con los planes originales. Conclusión: "los comprobantes presentados no son suficientes para formarse un criterio acerca de la idoneidad en el manejo y aplicación de los recursos, así como de la legalidad y sinceridad de las operaciones realizadas por dicho consejo comunal".

Este caso aparece en el informe de gestión de 2011 de la Contraloría General de la República, que dedica un capítulo a evaluar "la gestión en las instancias del poder popular".

El despacho de Adelina González midió el desempeño de cuatro consejos comunales el año pasado y detectó cosas como estas: "no se evidenció documentación relacionada con la verificación técnica de proyectos comunitarios, que debe emanar la Coordinación de Proyecto de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Popular, tal situación no permite determinar si los proyectos cumplen con los requerimientos técnicos necesarios para su financiamiento (...) debilidades de control interno en lo que respecta a la documentación que respalda las operaciones financieras (...) y deficiencias en cuanto a los procedimientos de seguimiento y supervisión de los proyectos".

Mucha preocupación

El "poder popular", que en el discurso oficial es ensalzado como ejemplo de transparencia y honestidad, ya está salpicado por infinidad de denuncias.

En abril de 2011, el abogado Nelson Mejías, responsable de la Dirección contra la Corrupción del Ministerio Público, declaró que investigaban 1 mil 500 irregularidades supuestamente cometidas por voceros de los consejos comunales.

En los primeros cuatro meses de 2011, refirió el propio Mejías, habían imputado a 76 personas y acusado a otras 58 por ilícitos registrados en estas expresiones del "poder popular".

Los casos de corrupción dispararon las alarmas de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. El jefe de esa instancia, Pedro Carreño (PSUV-Lara), anunció en marzo que conversaría con la contralora general de la República, la fiscal Luisa Ortega Díaz y la Consultoría Jurídica del Parlamento "para articular esfuerzos en procura de establecer mecanismos de control de los fondos públicos manejados por el poder popular".

La inquietud es válida. En 2011, el Gobierno nacional destinó unos Bs 5 millardos a más de 46 mil consejos comunales. El diputado Carlos Ramos (UNT-Mérida), miembro de la Comisión de Contraloría, destacó que "en muchos casos los consejos comunales manejan fondos superiores a los asignados a las alcaldías, por tanto es importante implementar los mecanismos que permitan que sean sujetos de control".

Buscando validar su tesis de que la AN puede vigilar y establecer sanciones a los consejos comunales, Carreño solicitó la opinión de la Consultoría Jurídica del Poder Legislativo.

No obtuvo la respuesta deseada. "La Comisión de Contraloría puede ejercer control parlamentario sobre aquellos recursos públicos que son administrados por los voceros que conforman los consejos comunales", admitió el órgano asesor, pero luego advirtió: "no podrá declararse la responsabilidad política de los voceros de los consejos comunales involucrados en las presuntas irregularidades detectadas, por cuento estos no ostentan la cualidad de funcionario público".

En sus manos

El razonamiento de la Consultoría Jurídica no complació a los diputados, que tendrían un arma en sus manos para cambiar el rumbo de esta historia: la reforma a la Ley contra la Corrupción, hoy paralizada y bajo estudio en la Procuraduría General de la República.

En ese instrumento legal califican a los voceros de los consejos comunales como funcionarios públicos, "a efecto de las regulaciones y sanciones previstas en la ley".

La propuesta tiene entre sus objetivos reforzar los controles sobre el dinero que se otorga a los consejos comunales, aumentando las competencias de la Contraloría y exigiendo rendición de cuentas. Así buscan evitar que la corrupción derrumbe el Estado comunal.

Anzoátegui: Consejos comunales recibieron Bs 634.345 mil

16.06.2012 05:01 AM En la novena entrega de fuentes de financiamiento en El Tigrito, fueron beneficiados los sectores Viorca, Santa Elena, Bolívar, Central I y El Basquero
Argel Fernández
San José de Guanipa.- La Alcaldía del municipio Guanipa entregó en la mañana de ayer Bs 634.345,52 a 37 consejos comunales de esa localidad. El dinero corresponde a los aportes sociales del 3% que están obligados a dar todas las empresas que hacen obras contratadas por la municipalidad.
  
En la novena entrega de esa fuente de financiamiento fueron beneficiados los sectores Viorca, Santa Elena, Bolívar, Central I, El Basquero, Santa Ana I, Zulia y Negro Primero. 

Al hacer entrega de los cheques, el alcalde Pedro Martínez reiteró que están a la espera de la memoria y cuenta de varios sectores a los cuales se les ha entregado recursos con anterioridad y no han presentado informes del destino que les dieron. Afirmó que en julio harán una nueva entrega a las comunidades por el orden del millón de bolívares por el Fondo de Transferencia.  

jueves, junio 07, 2012

Entregaron Bs. 953 mil 723 a 10 consejos comunales Parroquia Madre María de San José


Regionales





Un total de Bs. 953 mil 723 fueron aprobados para 10 consejos comunales pertenecientes a la parroquia Madre María de San José, con la intención de llevar a cabo la ejecución de seis proyectos dentro de estas comunidades que conforman esta parroquia.


La entrega se realizó ayer, en horas de la tarde en un acto realizado en Los Olivos Viejos de Maracay, de manos del gobernador de Rafael Isea y Henry Valderrama, secretario sectorial del Fortalecimiento del Poder Popular.


El dinero servirá para construcción de las redes de cloacas y aguas servidas en Los Olivos, así como también reparaciones al sistema eléctrico, dotación cuatro cavas, cuatro licuadoras y reparación del techo para la Unidad Educativa Felipe Guevara Rojas.


“El pueblo asumiendo el poder distintas y le estadas dando las herramientas para avanzar en obras de reparación de escuelas y viviendas”, dijo Isea, al mismo tiempo que refirió más de Bs. 8 millones que fueron dados mediante le Consejo Federal de Gobierno (CFG), para la ejecución de proyectos dentro de la entidad.


Por su parte, Valderrama destacó que en lo que va de año la secretaria del Fortalecimiento del Poder Popular, ha otorgado Bs.11 millones 218 mil 982. Razón por la cual, aseguró que se seguirá trabajando para dar los recursos necesarios para la planificación y obras de envergadura dentro de las distintas comunidades.



TORRE VENARAGUA



Igualmente, el Gobernador aprobó Bs. 2 millones 100 mil para trabajaos de reparación de los ascensores de la torre Venaragua, ubicado en pleno centro de Maracay. “Esto corresponde a una solicitud que nos hizo la gente de la torre Venaragua, un edificio que data de más de 15 años”, por lo que respondió a la petición de la comunidad organizada que hace vida en esta propiedad vertical.

miércoles, junio 06, 2012

Consejos Comunales reclaman asignación de viviendas

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escrito por Hector Briceño/DLA Trujillo   
miércoles, 06 de junio de 2012
En 2 años no hemos podido hacer, que por disposición de Gaceta Oficial se instale una mesa de trabajo que permita a los voceros comunales, plantear las necesidades de viviendas; es un derecho que corresponde para las familias necesitadas que residen por los alrededores del desarrollo habitacional El Tendalito de la Primera Sabana

Las voceras que representan a los Consejos Comunales: Santos Montilla y El Tendalito salieron a la calle para reclamar la asignación de viviendas en el desarrollo habitacional El Tendalito de la Primera Sabana, donde se están concluyendo 144 apartamentos. Marisol Cabrera y Yaravy Villarroel respectivamente, también son portavoces de los consejos aledaños: Águilas de Santa Isabel, El Carmen y Pantanitos. En una sola voz estamos reclamando la atención por parte de Inavi. La protesta la hicieron en compañía de: Yocelín Cabrera, Yojani Álvarez, Karina Delgado, María Zambrano, Morelvis Nava y Yohana Ramos, todas madres de familia y que claman por una vivienda propia.

Adjudicarán los apartamentos

Estamos reiterando el reclamo, en vista que nos llegó la información que adjudicarán los apartamentos que se construyen en la obra del Tendalito. Lo que queremos es que nos escuchen y nos tomen en cuenta, ya que recientemente nos reunimos con el Comisionado del Gobernador Juan Carlos Cabezas y otros entes gubernamentales que estuvieron en la obra y nos solicitaron que mediante un censo incluyéramos a las familias que realmente necesitan la vivienda para estudiar cada caso y hacerles la adjudicación a los que ameritaran con mayor urgencia. Claro nos dijeron que la adjudicación no es para todos. Pero aún estamos a la espera que se nos tome en cuenta.

Mediante Gaceta Oficial

En esa ocasión nos comunicó que no se sabía cuántos apartamentos serían asignados y que él no tenía en sus manos la Gaceta Oficial, pero que oportunamente, nos harían llegar la información. En este momento nosotros tenemos la Gaceta Oficial y el número es 39.091 publicada el 05-01-09. En el capítulo II sobre las adjudicaciones de las viviendas en el Art. 1 se especifican nuestros derechos, que equivale al 25% de las viviendas que deben ser aginadas a las familias debidamente inscritas en el Sistema Integrado de Gestión de Vivienda y Hábitat (Sivih) y que habiten en las comunidades aledañas. El otro 25% dice que las viviendas serán asignadas a personas debidamente inscritas en el sivih y que habiten en el municipio Boconó donde se ubican los conjuntos residenciales, que en este caso estamos hablando de El Tendalito. El otro 15% dice que es para familias inscritas en el Sivih que habiten en el municipio, el Estado o cualquier parte del territorio nacional. También se establece que el 10% de las viviendas serán destinadas a familias que estén inscritas en el Sivih que hayan perdido su vivienda por fuerza mayor o caso fortuito, así como aquellas cuyas viviendas se encuentren en riesgo inminente. El otro 5% será para las personas inscritas en el Sivih y que laboraron en la construcción del conjunto residencial. También se considera un 10% para cumplir las obligaciones establecidas en los acuerdos y convenios interinstitucionales celebrados por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat.

Nos llamaron lentas

En la oportunidad de la reunión nos llamaron lentas y nos pidieron que hiciéramos el censo para luego entregárselo al Cap. (GNB) Larry Rodríguez, en el Comando de la Guardia Nacional; de eso hace 15 días y esperamos que los expedientes fuesen revisados porque incluso por el calificativo que nos hicieron, nos vimos precisadas a entregarlos el mismo día.

Nos escuchen

Pensamos seguir luchando hasta que nos escuchen, por lo que le pedimos a los medios de comunicación que nos ayuden para que los entes gubernamentales nos den la cara. Que vengan, que hablen con nosotros. Que nos reunamos en las mesas de trabajo que siempre nos han prometido y que nunca han sido convocadas. En cuanto al Ing. Jefferson Pérez, Gerente estatal de Inavi Trujillo, supuestamente el señor Juan Carlos Cabezas conversaría con él para que se convocara las mesas de trabajo y por eso es que hoy los estamos increpando para que nos den la cara y nos escuchen, porque hasta el momento nadie nos ha dado la cara.

Podrían ser adjudicados

Nuestra preocupación es que los apartamentos podrían ser adjudicados en las próximas horas, pero hasta el momento desconocemos quiénes son los beneficiarios. Pedimos que el Ing. Jefferson Pérez, venga a Boconó y no continúe manteniéndonos en esta impaciencia. Nosotros hemos hablado, y entregado los documentos requeridos para que se estudien nuestros planteamientos desde hace 2 años y hasta ahora nadie se ha dignado darnos alguna respuesta. Estamos también que se debe pelear por el resto de las personas de Boconó que tienen necesidad de vivienda y que de acuerdo a la Gaceta Oficial también tienen prioridad: damnificados, familias en alto riesgo y casos especiales. Toda esa información reposa en la oficina de Inavi.

Poder Popular y gobierno

Estamos reclamando ceñidos a la Gaceta Oficial, que también en su artículo 8 señala que las mesas de trabajo se instalarán con la presencia de los niveles del gobierno, junto a voceras y voceros de los Consejos Comunales involucrados en los distintos desarrollos que sean considerados en cada caso para la adjudicación de viviendas. Representantes de instituciones públicas que ejecuten desarrollos habitacionales y representantes del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, que coordinara la Mesa Técnica de Adjudicación de Viviendas. Nosotros nos estamos rigiendo por el documento oficial para ser escuchados y que se puedan conocer los casos de prioridad como son las 3 familias que están viviendo en una sola casa. Lo que hacemos es un llamado de atención para acordar como debe ser Poder Popular y gobierno.

Cambio de paradigma, para territorios justos, democráticos y sostenibles: Por la reforma urbana y agraria, ya!

Brasil, Junio 2012


  Las organizaciones y redes internacionales de habitantes por la reforma urbana y los derechos al hábitat vamos a participar en la Cumbre de los Pueblos, contra la mercantilización de la vida y de la naturaleza, en defensa de los bienes comunes, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, del 15 al 23 de junio de 2012, ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (Río+20).
Hacemos este llamado para que este espacio sea un hito en el proceso de consolidación del diálogo y de las alianzas, en la definición de una plataforma y programa de acción comunes entre movimientos de habitantes, del campo y de la ciudad, y todas aquellas organizaciones que luchan por territorios justos, democráticos y sostenibles.
Construyamos este diálogo para seguir hacia nuevos espacios, tales como el Foro Urbano Mundial 6 -Foro Social Urbano 2- (Nápoles, septiembre 2012) y el Foro Social Mundial -Asamblea Mundial de los Habitantes- (Túnez, marzo-abril 2013).

Las ciudades y el derecho a resistir el modelo neoliberal que provocó la crisis
Comenzamos este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades y la tasa de urbanización seguirá creciendo. Las ciudades son territorios potenciales de gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. Sin embargo, el modelo neoliberal, implementado prácticamente en el mundo entero, concentra ingresos y poder en manos de las élites; los procesos de urbanización acelerada contribuyen a la depredación del medio ambiente y a la privatización del espacio público, causando empobrecimiento, exclusión y segregación social y espacial. Este es el modelo que hizo estallar la crisis financiera y global que está exacerbando los problemas de vivienda, en el campo y en la ciudad.
La gran mayoría de los habitantes de las ciudades sufre los embates de este modelo y de sus crisis repetidas. Está privada o limitada en la satisfacción de sus necesidades básicas y por lo tanto tiene el derecho y la legitimad de resistir a las violaciones en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Desde la primera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (ECO'92), movimientos populares, organizaciones sociales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil han asumido el reto de construir un modelo de sociedad y de vida urbana sostenible, basado en los principios de solidaridad, libertad, igualdad, dignidad y justicia social.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, plataforma común para exigir nuestros derechos y defender los bienes comunes

Un resultado de esta movilización internacional de los sectores de la sociedad civil a partir del Foro Social Mundial en Porto Alegre en 2001 fue la elaboración y difusión de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que propone una plataforma por ciudades justas, democráticas, más humanas y sostenibles.
A sabiendas de que la construcción de una ciudad justa e igualitaria es inseparable de la lucha por el disfrute social, equitativo y sustentable de los bienes comunes, como el agua, la flora y la fauna, por la democratización del acceso a la tierra urbana y rural, de la lucha por la reforma urbana y la reforma agraria, por la democratización de la gestión del territorio, por la soberanía alimentaria de los pueblos, por las prácticas agrícolas ambientalmente responsables, por la garantía de los modos y medios de vida de las y los agricultores familiares y de las poblaciones tradicionales e indígenas en todo el mundo, ahora en 2012, frente a los gobiernos, el G20 y a las instituciones financieras internacionales, con nuestras luchas y nuestras capacidades, volvemos a exigir las condiciones necesarias, en particular las políticas públicas, para vivir en armonía, paz y felicidad en territorios justos, democráticos y sostenibles.
A partir de la definición suscrita por el Foro Urbano Mundial de ONU-Hábitat en 2010, "el Derecho a la Ciudad es el derecho colectivo de las generaciones presentes y futuras para una ciudad sostenible sin discriminación de sexo, edad, raza, estado de salud, ingresos, nacionalidad, origen étnico, migración, orientación política, violencia sexual o religiosa, así como a preservar su identidad y la memoria cultural",es hora de que estados y sociedad civil, juntos, despleguemos obligaciones y responsabilidades hacia nuevos pactos sociales territoriales fundamentados en paradigmas alternativos a los neoliberales, asumiendo los siguientes compromisos:
1. El ejercicio pleno de la ciudadanía. Una ciudad en la que todas las personas (niñ@s, jóvenes, adult@s mayores, mujeres y hombres, que viven de forma permanente o transitoria en las ciudades) realizan y disfrutan todos los derechos humanos y libertades fundamentales, mediante la construcción de condiciones de bienestar colectivo con dignidad, equidad y justicia social. A tal efecto, el derecho de las ciudades, o civitas -sus habitantes, actores sociales e instituciones-, a ejercer su autonomía para resistir a la agresividad de la globalización neoliberal, sin sufrir la criminalización de sus expresiones cívicas.

2. La función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad. Una ciudad donde sus habitantes participan para que la distribución del territorio y la regulación de su uso garanticen el usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Una ciudad en la que se priorice el interés público definido colectivamente, garantizando un uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del territorio. Por lo tanto, se deben generar e implementar políticas públicas e instrumentos específicos para frenar la especulación, la segregación urbana, la exclusión, los desalojos y desplazamientos y el acaparamiento de la tierra urbana y rural.

3. La gestión democrática de la ciudad. Una ciudad donde sus habitantes participan de todos los espacios de decisión -hasta el más alto nivel- para la formulación e implementación de las políticas públicas, así como en la planeación, presupuesto público y el control de los procesos urbanos. Se refiere a fortalecer los espacios institucionalizados de toma de decisiones -no sólo los espacios consultivos ciudadanos- con participación en la gestión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
4. La producción democrática de la ciudad y en la ciudad. Una ciudad donde se rescata y fortalece la capacidad productiva de sus habitantes, en especial de los sectores populares, fomentando y apoyando la producción social del hábitat y el desarrollo de las actividades económicas solidarias, incluyendo la agricultura urbana para fortalecer la soberanía alimentaria. El derecho a producir la ciudad y a un hábitat productivo, incluyendo el derecho a la energía, que genere ingresos para todas y todos, que fortalezca la economía popular y no sólo las ganancias cuasi-monopólicas de unos pocos. Una ciudad abierta y alerta a las necesidades de los grupos vulnerables, las personas en situación de pobreza y de riesgo ambiental (amenazadas y/o víctimas de desastres ambientales generados por el ser humano), las personas amenazadas y/o víctimas de la violencia, las personas discapacitadas, los y las inmigrantes y refugiado(a)s y a todos los sectores que están marginalizados o en desventaja respecto a los demás habitantes.

5. El manejo sustentable y responsable de los bienes comunes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno. Una ciudad donde sus habitantes y autoridades implementan políticas públicas para una relación responsable de los bienes comunes como el agua y el medio ambiente -sin privatización-, para asegurar la vida digna de las personas, de las comunidades y pueblos, en igualdad de condiciones y sin afectar las áreas naturales de reserva ecológica; para ahora y para las futuras generaciones.

6. El disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Una ciudad que reconoce en todo la trama urbana el derecho a la accesibilidad y a la igualdad de oportunidades, favoreciendo la convivencia social, promoviendo la equidad de género, respetando a todas las personas, independientemente de su etnia, edad, capacidades, orientación sexual y religión. Una ciudad que facilita la movilidad de todos sus habitantes, con tecnología sustentable no contaminante e incentivos al transporte público y a medios alternativos -como la bicicleta- para todas y todos. Una ciudad que incluye, en la formación escolar, universitaria y de los funcionarios públicos responsables de las políticas públicas locales, el derecho a la ciudad sostenible y el derecho a la comunicación horizontal y a la información.

Abril 2012 Suscriben: Alianza Internacional de los Habitantes, AIH Foro Nacional de Reforma Urbana, FNRU, Brasil Habitat International Coalition, HIC 

martes, junio 05, 2012

Extralimitación del Consejo Comunal?

Autor: Esperanza Villegas Poljak
Fecha de publicación: 03/06/12
   
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La calle por la cual transito diariamente para llegar a mi casa el sábado amaneció cerrada y con un toldo colocado en medio de ella. Poco después de las 10 am se dio inicio a una ¿actividad? que informalmente nos dijeron que era con la finalidad de recoger fondos para una persona enferma. Cuestión con la cual por principio nos hacemos solidarios. Sin embargo, dicha actividad consistió en venta de cervezas y la colocación de música a todo volumen hasta las 2 de la mañana del día domingo y para sorpresa nuestra las escasas personas que asistieron  se volvieron a instalar el domingo con el mismo programa: venta de cervezas y un musicon. No es necesario profundizar en los efectos que ello ocasionó en los vecinos como es la imposibilidad del descanso, de realizar en sana paz las actividades propias de la familia y por supuesto el malestar e indignación que genera.  A la hora en que esto escribo aún se mantiene la parranda y por supuesto la calle cerrada.

 Ante tal abuso y flagrante violación de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana nos comunicamos con la policía Municipal de Barquisimeto, la policía de Lara, el dibise y en todos los casos prometieron (solo promesas)  enviar una patrulla.

 Solo el domingo ante tanta insistencia de nuestra parte y de otros vecinos,  se acercó  una patrulla  y para sorpresa nuestra nos informaron telefónicamente que no podían  hacer nada por cuanto  ¡ es una actividad autorizada por el Consejo Comunal.!

 Insólito. La organización que se crea para promover la participación, la formación, el desarrollo de proyectos  socioproductivos en beneficio de la comunidad, el crecimiento cualitativo del ciudadano con miras al autogobierno comunal, al parecer  tiene un suprapoder que le permite avalar la violación de las leyes y ordenanzas municipales.

 En la Ley de Consejos Comunales no se contempla que tengan como atribución la autorización de actividades como las descritas y en todo caso deben garantizar el respeto al ordenamiento jurídico vigente y al ciudadano.

 En modo alguno esto constituye una opinión en contra de la organizaciones comunales, muy por el contrario,  reivindico la organización que contribuye a la creación del hombre nuevo, a la organización que pone el énfasis en lo colectivo y en lo formativo, la que de acuerdo a la Ley “se rige por los principios y valores de participación, corresponsabilidad, democracia, identidad nacional, libre debate de las ideas, celeridad, coordinación, cooperación, solidaridad, transparencia, rendición de cuentas, honestidad, bien común, humanismo, territorialidad, colectivismo, eficacia, eficiencia, ética, responsabilidad social, control social, libertad, equidad, justicia, trabajo voluntario, igualdad social y de género, con el fin de establecer la base sociopolítica del socialismo que consolide un nuevo modelo político, social, cultural y económico.”

  Lo que no puede hacer un  Consejo Comunal  es avalar actividades que constituyan un atropello a los vecinos.

eavp@hotmail.com
Barquisimeto, 3 de junio de 2012

3,5 millones se transfirieron a 32 consejos comunales



Gabriel Hernández, director de Participación Ciudadana de la Gobernación del estado Mérida, anunció que cumpliendo un plan riguroso de trabajo instruido por el gobernador Marcos Díaz Orellana, “seguimos fortaleciendo el proyecto Revolucionario en la procura de garantizar todos los planes de desarrollo planteados en cada uno de los espacios comunitarios, hecho que permite seguir la transferencia de recursos al Poder Popular que, en lo que va de año, alcanza los 300 millones de bolívares”.

Gracias a todo este esfuerzo, entre el Gobierno nacional y regional, ayer se siguió transfiriendo recursos, “en esta oportunidad beneficiamos a 32 consejos comunales con 3,5 millones de bolívares y que potenciaran áreas estratégicas, entre ellas, la Gran Misión Vivienda Venezuela”, destacó el Director de Participación Ciudadana de la Gobernación del estado Mérida.

Consideró Hernández que por la vía de la administración directa del Poder Popular se adquieren terrenos para, ulteriormente, levantar viviendas dignas que ya están comprometidas por el Ministerio del Poder Popular de las Comunas, “hecho que se hace superlativo en gran parte de los municipios merideños, además, los recursos se orientan hacia la consolidación de los servicios públicos, pavimentos rígidos, rehabilitación y ampliación de viviendas, dotación de depósitos de agua potable, entre otros aspectos que son apoyados por el Gobierno del Comandante – presidente Hugo Chávez Frías y del gobernador Marcos Díaz Orellana en aras de beneficiar y dignificar a la familia de estos Andes venezolanos”.

El 50% de la transferencia, de acuerdo a la información aportada por Gabriel Hernández, será invertida en el municipio Libertador, es decir 14 consejos comunales que serán atendidas en 10 de las 15 parroquias que conforman este territorio municipal así como en el resto de los municipios.

“El impacto es notable y se evidencia en el cierre de la construcción de 2 mil 200 viviendas por parte de los consejos comunales”, se trata de una obra donde el protagonista es el pueblo, precisó al terminar. J.V.S.

viernes, junio 01, 2012

En El Hatillo instalaron Consejo Local de Planificación Pública


El órgano permite canalizar presupuesto para proyectos marcados como prioritarios dentro de las comunidades.
EL UNIVERSAL
miércoles 30 de mayo de 2012  08:32 AM

Caracas.- Este martes en la Alcaldía El Hatillo fue instalado el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) del municipio El Hatillo, con la presencia de unos 30 consejos comunales de la jurisdicción.

Según nota de prensa, aproximadamente a las 9:00 a.m. se dio inicio a la reunión convocada por la Alcaldesa Myriam Do' Nascimento para instalar el órgano mediante el cual se canalizan todas las propuestas y proyectos comunitarios de los ciudadanos, apoyados por la comunidad organizada, que son incluidos luego de su aprobación, en el Plan de Inversión Municipal.

Los concejos comunales hicieron valer sus derechos ante la pretensión de algunos concejales de no permitir la instalación del CLPP, a esto la Alcaldesa Do' Nascimento indicó: "Se iniciaron las convocatorias a los consejos comunales que hacen vida en las zonas de El Hatillo para que se adecuaran a la ley de los consejos comunales, esto les permitió estar presentes en el proceso de instalación del CLPP.  Los representantes comunales apoyaron la instalación debido a que esto ayudará a lograr los objetivos de desarrollo para El Hatillo que son elaborados periódicamente por el CLPP con el insumo de las comunidades del Municipio".