La participación ciudadana es un asunto
público ineludible y de especial trascendencia para la gestión de los gobiernos
municipales. Alcaldes, concejales y funcionarios públicos locales suelen estar
conscientes de la importancia de elaborar, ejecutar y evaluar una adecuada
política pública de participación ciudadana para la gobernabilidad de su municipio. Sin
embargo, en diversas ocasiones las autoridades municipales tropiezan con
dificultades institucionales y procedimentales que les impiden desarrollar una
adecuada política de inclusión vecinal.
En realidad, el ejercicio de la
participación en los asuntos públicos requiere una serie de condiciones
institucionales que permitan su implementación eficaz y responsable. En tal
sentido, corresponde a las autoridades locales emprender la institucionalización
democrática del proceso. Un buen comienzo es la estructuración de un equipo de
trabajo, liderado por el alcalde y que incluya a sus directivos
correspondientes, también a concejales y
hasta líderes municipales cercanos. La tarea de este equipo de trabajo debe ser
definir sectores de actividad, normas y procedimientos y, recursos y espacios
para la práctica de la participación.
A cada uno de los componentes del
poder público municipal (ejecutivo, legislativo, contralor y de planificación)
le corresponde ejercer sus funciones para cumplir con una política pública de
participación ciudadana. Por ejemplo: i) a las alcaldías, les toca difundir los
procesos de participación del municipio y promover la organización vecinal para
su efectiva realización; ii) a los concejos municipales les incumbe el
ordenamiento legislativo de la participación y su promoción comunitaria; iii)
las contralorías municipales tendrían que estar atentas al cumplimiento de las
normas y procedimientos vinculados al ejercicio de la participación ciudadana y,
iv) al CLPP le corresponde activar la participación comunitaria en los procesos
técnicos vinculados a la planificación y a la inversión local.
Un comentario adicional en esta
nota, la refiero a la oportunidad que tienen los gobiernos municipales de
elaborar “mapas sociales de su territorio” para ubicar con precisión el tejido
socio-comunitario existente y sus necesidades de servicios públicos y programas
sociales. La realización de los mapas sociales contribuyen al fortalecimiento
de los procesos de participación ciudadana en la gestión de gobierno. Pero
sobre este asunto escribiremos en una próxima entrega.
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