La realización exitosa de la
marcha y la triple concentración popular del pasado 1 de Septiembre en Caracas,
fue indiscutible. Con ella, se demostraron tres puntos: i) la reafirmación del incremento
de las capacidades de organización y movilización política y social de la oposición
democrática venezolana, ii) el indetenible desgaste popular del bloque
oficialista y el deterioro de su liderazgo político para afrontar los retos
políticos que debe enfrentar y, iii) la definitiva fusión del descontento social
(por la escasez, la carestía y la inseguridad) con la necesidad de un cambio de
gobierno en el país; mediante el referendum revocatorio.
La manifestación democrática del
1-S no fue un acto de magia; fue producto del trabajo político-organizativo de
una dirección política que, siendo coherente con sus propósitos ha logrado
interpretar las necesidades y aspiraciones de cambio sustancial que requiere el
país y que reclama el pueblo venezolano. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
no ha tenido una tarea fácil; pues la conformación de la alianza opositora se
caracteriza por su amplia diversidad de actores políticos y sociales que en ocasiones
contraponen sus visiones e intereses.
No todo está hecho en la MUD, si
bien los objetivos previstos en el corto y mediano plazo están definidos
(recolección del 20% de las firmas, realizar y ganar el referendo revocatorio y
la exigencia de la realización de las elecciones regionales este mismo año); aún
existen temas políticos y organizativos por resolver. Son parte de esa agenda el
fortalecimiento de su oferta programática, la relación con los movimientos
sociales y organizaciones comunitarias, su fortalecimiento organizativo más
allá de la coyuntura electoral y, sobre todo, el mantenimiento de su acción unitaria:
“dentro de la unidad todo, fuera de la unidad nada”. Lo contrario, es complicar
las cosas; aún más.
La respuesta gubernamental ante
la movilización de la alianza democrática; aunque previsible fue exagerada y
casi histérica: amenazas y despidos de empleados públicos, bloqueos y
obstaculización de carreteras y autopistas, expulsión de periodistas y corresponsales
extranjeros, censura y manipulación informativa, suspensión parcial del
servicio de transporte público y como remate la persecución y detención de
activistas, dirigentes y alcaldes democráticos. Es decir, todo un expediente de
conducta política antidemocrática, que simplemente reiteró ante el país y el
mundo, su muy débil situación interna y su baja capacidad de respuesta.
La realización de un referendum
revocatorio en Venezuela, luce cercano. Según la Constitución Bolivariana todos
los cargos y magistraturas de elección popular son revocables (CRBV, artículo
72) y el cargo de Presidente de la República no escapa a la aplicación de ese
derecho constitucional (CRBV, 233), que es justo lo que la oposición democrática
exige, como medio de superar la crisis que padece el país. Frente a ello, y
como única estrategia (de sobrevivencia), el presidente Maduro y el PSUV vienen
tratando de posponer o entorpecer su realización; ejerciendo presión e
influencia sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) complaciente. De nuevo, el
bloque oficial demuestra su debilidad política.
La apuesta gubernamental busca
retrasar el referendum revocatorio hasta el año 2017 con el fin de desanimar; tanto
al movimiento popular como a la MUD y/o restar la eficacia política del
revocatorio. El cálculo (o más bien, la esperanza) del gobierno y del PSUV apunta
a que en el año 2017 su situación política cambie favorablemente, y logre
neutralizar el referendum y mantenerse gobernando hasta el 2019. Sin embargo, dentro
de los cuadros del oficialismo no hay unanimidad sobre continuar apoyando la
gestión de Maduro. En efecto, hay sectores que de manera pública, notoria y comunicacional
han expresado la necesidad de emprender el proceso revocatorio. Esta situación nos
indica que la supervivencia del gobierno se reduce un poco más. ¿Volver la
mirada hacia una opción militar para mantenerse en el poder? Eso significaría
una verdadera tragedia política y social.
Venezuela atraviesa la peor
crisis económico-social en su historia con un muy bajo precio del barril de
petróleo que apenas ronda los 39 dólares, una inflación anualizada que ya supera
el 600%, una preocupante escasez de productos de la dieta básica y de medicinas
(considerada como una crisis humanitaria, por algunos expertos). Y esa crisis, la
padece el pueblo venezolano día a día, castigando a todas las familias sin
discriminación política ni partidista; salvo por la intervención del gobierno
que ha pretendido usar la necesidad como un mecanismo de cooptación y
sometimiento. De esta forma, la amplia mayoría del pueblo venezolano ha tomado
conciencia de la urgencia de un cambio de gobierno, como solución a este estado
de depauperación que viene sufriendo.
Así, el referendum revocatorio se
ha convertido en la esperanza de cambio de un pueblo que aspira de manera
legítima vivir mejor, en paz y en libertad. Las condiciones políticas están
ahora presentes, se trata entonces de actuar con responsabilidad para no
defraudar la nueva esperanza popular.
@migonzalezm
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