sábado, diciembre 10, 2016

Venezuela y el Día Internacional de los Derechos Humanos



El 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en su Asamblea General la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH), con un Preámbulo y treinta artículos. Entre los derechos que allí se consagran y se protegen se encuentran: la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, la participación política, la seguridad social, la educación, la salud, el trabajo, la recreación y la protección a la familia.
Los derechos son aquellas condiciones de necesario cumplimiento, para que los seres humanos podamos vivir con dignidad y en paz. También sabemos que los derechos humanos corresponden a todas las personas, sin distinción alguna y, que son una obligación para el Estado y también de toda la sociedad que debe respetarlos. Los derechos humanos son conquistas sociales de las tantas luchas de siempre, que han desarrollado los pueblos a lo largo de la historia.
Los DDHH reúnen una serie de características distintivas que determinan su trascendencia: son universales, son inalienables e intransferibles, son acumulativos, imprescriptibles e irreversibles, son obligatorios, son inviolables, trascienden fronteras nacionales y, por último, los DDHH son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. En este contexto, al Estado le corresponde su reconocimiento, respeto, protección y promoción.
La vigilancia sobre el respeto y cumplimiento de los DDHH es un asunto vital y de observancia continua y diaria. Al respecto, además de las agencias estatales nacionales e internacionales encargadas de su resguardo existe un conglomerado de organizaciones no gubernamentales que realizan de manera voluntaria una “contraloría social” sobre el comportamiento estatal en relación a los DDHH y, prestando asesoría y apoyo en aquellos casos de violaciones comprobadas. 
En el caso venezolano, la situación de los derechos humanos es de una precariedad extrema debido a la acción y omisión gubernamental. Veamos algunos casos.
.- El derecho a la vida se haya comprometido; tanto por la inseguridad reinante como por políticas públicas (como la Operación de Liberación del Pueblo-OLP), cuya aplicación ha dejado un rastro de muerte.
.- En nuestro país existen más de 140 presos de conciencia (detenidos por razones políticas); lo cual es una expresión clara del estado de indefensión que se atraviesa.
.- El derecho a la participación política ha venido siendo restringida con el bloqueo oficial de los mecanismos de consulta electoral como: la eliminación de la elección de las juntas parroquiales, la suspensión del referendum revocatorio y la postergación de las elecciones regionales.
.- Los medios de comunicación social sufren censura; lo cual impide el ejercicio pleno de la  libertad de expresión y el acceso a la información de calidad, oportuna y veraz; por parte de la ciudadanía.
.- El acceso a la alimentación se ha visto seriamente afectado y limitado; tanto por el ataque oficial a los sectores productivos del país, como a la implementación mecanismos clientelares para la distribución de productos, con Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que contribuyen a la discriminación política.
.- El derecho a la salud se encuentra seriamente restringido por inexistencia de los medicamentos necesarios para el tratamiento de enfermedades; incluso sencillas y de atención primaria. Cabe agregar el quiebre técnico del sistema público de salud por la insuficiente e inadecuada inversión económico-financiera que le permitiera su funcionamiento normal y adecuado.
.- La preservación del medio ambiente, de la propia biodiversidad y a la población indígena son ahora amenazados en áreas sensibles, al sur del país, con la aprobación del “Arco Minero del Orinoco” un proyecto de alto riesgo ecológico que se realizará con asociación de empresas trasnacionales.
A todo este cuadro, hay que agregar el bajo perfil desempeñado por la “Defensoría del Pueblo”; órgano constitucional encargado de la promoción y defensa de los derechos y garantías contenidas en la Constitución Bolivariana. La Defensoría del Pueblo elaboró un Plan Nacional de Derechos Humanos; cuya aplicación efectiva aún está en suspenso. Por los demás, durante la realización del Examen Periódico Universal (EPU), Venezuela no quedó bien parada pese a los esfuerzos del gobierno por medio de la representación enviada al evento.
La precaria situación de los DDHH en Venezuela representa uno de los mayores fracasos del sistema y del gobierno durante los últimos años; pues aunque casi un tercio del contenido de los artículos de la Carta Magna están referidos a la garantía de de los derechos humanos, su aplicación y vigencia se encuentran restringidas como hemos señalado arriba.
Se abre un reto y un espacio de lucha social para todos aquellos ciudadanos demócratas y también para las organizaciones sociales y comunitarias para la reconquista de la plena vigencia de los derechos humanos con una agenda precisa e incluyente y, en la que la educación sea el pivote fundamental. La reconstrucción de la democracia venezolana debe tener un enfoque de derechos. Todos los derechos para todas las personas. 
@migonzalezm

viernes, diciembre 09, 2016

9D Día Internacional Contra la Corrupción


La Asamblea General de la Naciones Unidas decidió en fecha 31 de octubre 2003 mediante la Resolución 58/4 proclamar el 9 de Diciembre de cada año como DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRRUPCIÓN como medio para aumentar la sensibilización respecto a las nefastas consecuencias de las malas prácticas administrativas y de la corrupción en general. 

La corrupción puede ser definida como el abuso de un funcionario público en beneficio privado en el que ese beneficio pueda darse ya sea que el funcionario acepte el soborno o extorsione al perjudicado (Banco Mundial, 1997).

Desde nuestro punto de vista la corrupción constituye una flagrante violación a los derechos humanos y una práctica que atenta contra el verdadero sentido de la democracia y el bienestar y la felicidad de los ciudadanos.

Entre los principales factores que fomentan las malas prácticas administrativas y la corrupción podemos señalar:

.-Las formas autoritarias de gobierno.
.- La baja cultura ética de los funcionarios públicos y los inadecuados programas de formación.
.- La impunidad de los funcionarios, por ausencia de controles externos.
.- Las estructuras que concentran el poder en pocos organismos de la administración central.
.- La dependencia del gobierno de sus financistas electorales.
.- El peso del partido de gobierno en las decisiones de política pública.
.- Las formas jurídicas que permiten un manejo opaco de finanzas públicas.
.-  La baja transparencia de los actos gubernamentales.
.-  La ausencia de representantes de usuarios y beneficiarios en organismos que prestan servicios; y la baja participación ciudadana.
.- Los procesos judiciales manipulados, lentos, complicados y costosos.
.- La presión electoralista: “hacer lo que sea” para ganar las elecciones. (Tomado de “La cuestión ética en el sector público”. Jorge Etkin, 1996)

De manera lamentable, la percepción que se tiene del alcance y del impacto de la corrupción en Venezuela es muy alta. En efecto, en las últimas mediciones realizadas por la ONG “Transparencia Internacional” sobre la percepción de la corrupción, nuestro país continúa ubicado en los últimos lugares del ranking, como uno de los países con mayor índice de corrupción, oscilado su posición entre la posición N°160 (del año 2013), la ubicación N° 161 (del año 2014) y la posición N° 158 (del año 2015).

La corrupción ligada directamente a las formas autoritarias de gobierno y a la violación de los derechos humanos ocupa así un lugar relevante en la agenda de los asuntos a cambiar en nuestro país. Y son caminos hacia el combate de la corrupción en Venezuela, un cambio político basado en la movilización social, las prácticas basadas en la transparencia y la información, así como la eliminación de la impunidad mediante la aplicación oportuna de la justicia. 

@migonzalezm