Importancia del estudio de la participación ciudadana (y II)

En nuestro país, los estudios sobre las ideas, propuestas e iniciativas vinculadas al tema de la participación ciudadana adquirieron particular relevancia, a partir de la aprobación popular y vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. El interés sobre el tema participativo emergió al ser considerado como un rasgo distintivo esencial de la nueva democracia, la democracia participativa contemplada en la nueva Carta Fundamental.

A partir de 1999, la participación ciudadana captó el interés de académicos, de activistas comunitarios y sociales y por supuesto, de la dirigencia política independiente, oficialista y opositora. Pueden registrarse una notable cantidad de literatura (analítica y también  propagandística) que intentaba comprender y explicar la democracia participativa que se iniciaba en aquel momento. Sin embargo, la experiencia participativa anterior, esa experiencia teórica, documental y práctica no fue considerada en su verdadera dimensión y singularidad histórica; sino tan sólo como meros “antecedentes” a la propuesta de la recién inaugurada democracia participativa.

Y no cabe duda que, las experiencias de participación ciudadana realizadas durante el lapso 1958-1998 constituyen antecedentes de una propuesta de democracia participativa. Al aceptar esta valoración retrospectiva, la democracia participativa se ubicaría como la  continuación, o si se quiere, una evolución de la democracia de la IV República. Aún más, significaría que el rasgo participativo de esta nueva democracia sería un complemento de la democracia liberal y representativa, y no como una ruptura con ese modelo.

El tratamiento historiográfico de la participación ciudadana como parte del estudio; tanto de la democracia venezolana como de la evolución de su sociedad civil ha sido precario y casi inexistente. Al respecto, quizás haya una valoración académica inapropiada del “hecho participativo” como un asunto relevante para la investigación histórica. Aunque hay que destacar que las investigaciones de Amelia González de Pacheco, María Pilar García, Luis Salamanca y Luis Gómez Calcaño (entre otros investigadores) hacen aportes fundamentales para la comprensión de la evolución de los sujetos de la participación ciudadana en el país.

Para muchos el abordaje científico del movimiento participativo en Venezuela es un asunto más bien relacionado con las ciencias sociales y políticas que con la historia. En todo caso, emprender un estudio sobre el tema, constituye un reto pendiente para construir una visión de mayor amplitud y rigurosidad científica de nuestra historia.

@migonzalezm

Una primera visión sobre los consejos ciudadanos

La figura de los consejos ciudadanos ha venido emergiendo durante los dos (2) últimos años; tanto en la zona centro-occidental del país como en la región andina. Inicialmente, la experiencia comenzó con los Consejos Consultivos de la Ciudad de Barquisimeto (Lara) y también del municipio Córdova del estado Táchira. La experiencia del municipio Iribarren, pareciera ser la más desarrollada.

Por otra parte, los municipios Jiménez y Palavecino fueron incorporados a la iniciativa de estas figuras que por su innovación y por el drástico cambio político electoral quedó en suspense en la mayoría de los casos. Sin embargo, habría que distinguir entre los Consejos Consultivos de la Ciudad tipo Barquisimeto y otros consejos ciudadanos que serían una derivación no gubernamental de los primeros.

Queda claro que la propuesta de los consejos ciudadanos intentaría erigirse como un mecanismo alternativo y autónomo de participación ciudadana en los municipios; lo cual es válido aunque habría que determinar con claridad, su perfil institucional. En realidad, a lo largo de estos 19 años de la administración gubernamental chavista se han emprendido una de serie de ensayos organizativos (de un lado y de otro), para uniformar la participación comunitaria.

En esa competencia (la uniformar la participación comunitaria), el gobierno central lleva las de ganar por dos (2) razones básicas: primero, tiene los recursos económicos (pues aún en plena crisis económico-financiera siempre tendrá más recursos que cualquier municipio), y segundo -hasta ahora-, ha logrado posicionar una “forma organizativa” en el ámbito comunitario, como es el consejo comunal. Por supuesto, no se trata de cesar en el empeño de proponer y crear mecanismos de organización local alternativos, pero hay que valorar estos dos factores.

Los consejos ciudadanos como mecanismos de organización social tendrían que ser innovadores y eficaces y para que puedan defender los intereses de sus comunidades e incidir en los asuntos locales de su verdadera incumbencia. En realidad, la participación ciudadana individual y hasta colectiva requiere de unos sujetos (individuales o colectivos) “cívicamente perfectos”. Es decir, unos sujetos participativos con pleno interés y conocimiento absoluto y completo, de cada posibilidad de participación que haya en el municipio; y ese sujeto participativo (individual o colectivo), no existe. Lo que sí existe son públicos temáticos, con intereses y conocimientos en áreas específicas de la vida social y de la municipalidad; como lo son: el ambiente, la cultura, el deporte, la economía local o los derechos humanos; entre otros. Por lo tanto, una “nueva estrategia” para la organización social y comunitaria alternativa en el municipio tendría que basarse en el reconocimiento de la diversidad y en los intereses específicos de los distintos “públicos temáticos” que cohabitan y que hacen vida en ese ámbito.

¿Pero es posible articular iniciativas y políticas en medio de la diversidad? Pensamos que sí. Y uno de los mecanismos para ello es la planificación local. Los planes de desarrollo local pueden servir como mecanismos de coordinación, integración y construcción de los consensos necesarios para gobernar y construir ciudadanía. Un plan debe recoger los distintos diagnósticos que hagan los públicos temáticos locales para construir una visión municipal adecuada, que oriente la gestión de gobierno y que contribuya a su desarrollo.

¿Dónde calzan los consejos ciudadanos en todo esto? Podrían calzar como instancias no gubernamentales (no estatales) basadas en el reconocimiento de su propia especificidad, en la defensa de sus intereses comunitarios inmediatos; pero con capacidad de participar en la gestión del municipio por medio de su incidencia en la elaboración del plan de gestión municipal. Por otra parte, el gobierno local tendría que prepararse para ello, en una doble función: como organismo promotor de la participación de los ciudadanos y de su organización autónoma, incluyente y responsable; y como organismo receptor de las acciones, proposiciones y recomendaciones de la sociedad civil local, por medio de los consejos ciudadanos.

@migonzalezm

Importancia del estudio de la participación ciudadana (I)

El tema de la participación ciudadana en la gestión de los asuntos gubernamentales ha cobrado una importancia fundamental durante los últimos años del siglo XX y en los comienzos del recientísimo siglo XXI. Desde nuestro punto de vista, la participación en los asuntos públicos comprende un ejercicio de la ciudadanía ante el Estado de manera directa o a través de sus representantes; en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. En tal sentido, ciudadanía y participación son condiciones unidas e integradas a una visión democrática de la sociedad, como espacio para la evolución plena de las personas en libertad, paz y solidaridad.
La participación ciudadana –es un derecho humano-, y se encuentra reconocida y recogida en distintos tratados internacionales del Derecho Internacional Público; tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), la Carta Democrática Interamericana (2001) y la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009).
De la misma manera, la participación se encuentra contemplada como un derecho específico en la relación de las personas con su entorno social inmediato; es decir, con las ciudades con lo cual se refuerza el vínculo y la corresponsabilidad entre la ciudadanía y las autoridades gubernamentales locales en el tratamiento de los asuntos públicos. En ese contexto, podemos citar algunos tratados; a saber: Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en Ciudad (2000), la Carta Mundial al Derecho a la Ciudad (2001), la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad (2010), la Carta Social de Las Américas (2012), la Carta de los Derechos Humanos en la Ciudad de Gwangju (2012), la Carta Ciudadana impulsada por las “Comunidades Democráticas” (2016) y también la Declaración de París para el Gobierno Abierto (2016).
En el caso venezolano, el derecho a la participación está contemplado en nuestro marco jurídico y en la práctica de movimientos comunitarios y sociales desde el año 1958. Es decir, la tradición participativa cuenta en el sistema político venezolano con una trayectoria de los últimos sesenta años; sin añadir las experiencias de organización popular iniciadas por las Ligas de Colonos en 1934.
En la actualidad y desde 1999, la participación ciudadana es un mandato transversal contenido en la Constitución de la República Bolivariana que determina la naturaleza participativa de la gestión del Poder Público, en tres niveles político-territoriales de la República. La Constitución Bolivariana reconoce el derecho a la participación en 37% de sus artículos; convirtiéndolo en un valor supremo y estratégico de su contenido.
En tal sentido, el estudio y la elaboración de la historia de la participación ciudadana en Venezuela representa una alternativa académica válida y socialmente necesaria para fortalecer el conocimiento cívico de nuestra sociedad; así como también para ampliar el horizonte analítico de nuestra historia. La elaboración de esta historia destacaría las raíces sociales de la democracia deliberativa y participativa que ahora se pregona. Esas raíces, en este caso, lamentablemente se encuentran ocultas y, de paso no lo suficientemente valoradas como parte del capital cultural de nuestra sociedad.

@migonzalezm