En medio de un ambiente político enrarecido, comenzó la campaña por el control de la Asamblea Nacional. El bloque oficialista ha tenido un arranque bastante flojo. El Gobierno Nacional viene dando claras señales de un progresivo deterioro; expresado por la crisis bancaria cercana al sector oficial, la devaluación de la moneda; así como por el muy deficiente manejo de la crisis de servicios públicos como: el agua, la electricidad y el desbordamiento de la inseguridad personal. En realidad, el oficialismo está debilitado y su credibilidad erosionada.
Mientras del otro lado, el bloque democrático opositor -aunque casi por inercia- luce últimamente un poco más recuperado. La Mesa de la Unidad Democrática sigue actuando con una lentitud extrema y básicamente de manera reactiva. Su vocería no parece estar en sintonía con la necesidad de información que requiere el pueblo democrático, para avanzar con mayor celeridad en su organización electoral y política. La Mesa de la Unidad requiere de una rápida y eficaz reestructuración de su política comunicacional.
Consciente de su debilidad y del peligro que corre su proyecto hegemónico ante la eventual recomposición de la Asamblea Nacional, el bloque oficialista ha comenzado a mover sus fichas, como la modificación de los circuitos electorales, la aprobación de leyes tendentes a debilitar financieramente las entidades federales menores. la censura a la comunicación social independiente; mediante el cierre de la señal internacional del canal RCTV y, la represión a las manifestaciones sociales; tanto laborales como estudiantiles que se esparcen de manera legítima por todo el país. Por otra parte, hasta el propio Presidente de la República ha tratado con insistencia de torpedear el posible reagrupamiento de la oposición, ora con el revocatorio, ora con la saliva de loro o con el asunto del golpismo. En el alto gobierno se sabe que, una oposición unida será difícil de vencer.
Las organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad Democrática han logrado acuerdos consensuales en algunas entidades federales y, eso sin duda alguna, es un avance. Sin embargo, el tema de las primarias sigue siendo un punto álgido no completamente resuelto; que promete generar “dolores de cabeza”. El caso del estado Miranda para la oposición es un rompecabezas. Allí en aquellos circuitos más disputados, ya surgen candidaturas de las agrupaciones partidistas nuevas y más pequeñas que buscan ganar espacios rápidamente. Así aspirantes como Carlos Vecchio (Voluntad Popular), Alfredo Romero (Foro Penal Venezolano) se lanzaron primeros al ruedo electoral. También, los grandes electores como el Gobernador Enrique Capriles Radonski impulsan sus candidaturas y el joven Yon Goicochea y Julio Borges, ya han recibido su bendición electoral. En Miranda, el partido que parece más tranquilo es “Un Nuevo Tiempo” aunque Delsa Solórzano, Alfonzo Marquina y Ricardo Sánchez suenan ya, como sus aspirantes internos.
Un punto positivo -en medio de todo lo anterior-, es que los sectores democráticos de la denominada sociedad civil (quizás por fortuna), también han comenzado a reactivarse en la medida de sus posibilidades. Temas como la organización popular, la participación ciudadana, la descentralización y la defensa de los derechos humanos y la defensa de la propiedad privada, entre otros, son tratados como aspectos centrales y específicos de una futura agenda político-legislativa dentro de una estrategia general de restitución de la democracia en Venezuela. Y es que el trabajo técnico de las genuinas y no mediáticas, ni electoreras organizaciones sociales venezolanas puede ser una contribución estratégica para el fortalecimiento del trabajo parlamentario de una nueva Asamblea Nacional, fundamentada en la pluralidad y la inclusión.
Una larga y dura campaña electoral se avecina. Aún no se sabe con precisión, si esta campaña será admirable o no. Lo que sí, se supone y con cierto grado de certidumbre, es que la campaña electoral que ya arrancó, determinará en mucho el futuro de la democracia venezolana.
martes, febrero 09, 2010
sábado, febrero 06, 2010
EL MUNICIPIO EN EL MODELO DE ORGANIZACIÓN DEL ESTADO VENEZOLANO
El Estado venezolano supone ser federal, democrático, descentralizado y participativo. Tales características se encuentran claramente definidas en la Constitución de la República Bolivariana del año 1999. Allí, se establece en su naturaleza y como principios fundamentales los valores superiores de la vida, la paz, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos (artículo 2). Además -según la Carta Magna-, el Estado venezolano es también federal descentralizado y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad (artículo 4). Y por otra parte, en cuanto a la gestión de gobierno en Venezuela, para cada uno de sus componentes político-territoriales es y será siempre democrático participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables (artículo 6).
En este contexto de un Estado democrático, federal, descentralizado y participativo el municipio pasa a desempeñar un papel fundamental. De hecho, en la división de los componentes político-territoriales de la República: estados, el distrito capital, las dependencias federales y los territorios federales, la organización del territorio se realiza mediante los municipios; entidades a las cuales se les reconoce su autonomía y su descentralización político-administrativa (CRBV, artículo 16). Así la Constitución de 1999, considera a los municipios como unidades primarias de la organización del territorio nacional, con pleno gozo de autonomía y personalidad jurídica (artículo 168). Los municipios son la unidad política primaria de la República y, pueden contener otras entidades locales como las parroquias (en Venezuela hay 1.135 parroquias) e incluso otras menores como las urbanizaciones, los barrios, las aldeas y los caseríos. Pueden conformarse municipios indígenas. Así mismo, los municipios están facultados para conformar mancomunidades o distritos metropolitanos.
Para algunos especialistas, en materia de gobierno y administración municipal, pueden distinguirse tres grandes períodos en nuestra historia política: por una parte, un largo período (de unos 150 años; aproximadamente), que va del año 1811 hasta el año 1961, que podemos determinar como período republicano. Durante ese período, el régimen de gobierno y administración municipal en el país estuvo basado en la separación orgánica de los poderes públicos. A ese siguió el período democrático constitucional que se extiende desde el año 1961 hasta el año 1989, que tiene por característica destacada haber modificado radicalmente, desde el punto de vista fáctico, el régimen de gobierno y administración municipal anterior, basada en la separación orgánica de poder. El nuevo régimen pasó a ser -en los hechos-, un régimen de gobierno y administración colegial de carácter municipal. A partir del año 1989 se ha intentado retomar el sistema de separación orgánica de poderes, que realmente no se ha logrado consolidar en Venezuela (Brewer Carías, 1994).
Desde nuestro punto de vista, con la aprobación de la Constitución Bolivariana y su posterior desarrollo legislativo, los municipios y su régimen de administración entran en un proceso de transición jurídico-institucional hacia una nueva forma de operatividad, que afecta tanto la calidad de sus procesos de gestión gubernamental como su relación con los principales actores de su entorno inmediato; es decir, los ciudadanos, los colectivos sociales y las comunidades organizadas. Esta nueva situación jurídico-institucional también implica una serie de cambios en la acción de la población y sus expresiones asociativas; población que pasó a obtener una serie de derechos a la participación de manera directa e indirecta en la gestión pública; a partir del año 1999 y, a los cuales debe ajustarse. Empero, el proceso de evolución municipal no termina allí; sino que por el contrario sigue su avance con el surgimiento de la nueva propuesta gubernamental de creación de las comunas, las ciudades comunales y últimamente del Estado comunal. Sobre este tema escribiré muy pronto.
En este contexto de un Estado democrático, federal, descentralizado y participativo el municipio pasa a desempeñar un papel fundamental. De hecho, en la división de los componentes político-territoriales de la República: estados, el distrito capital, las dependencias federales y los territorios federales, la organización del territorio se realiza mediante los municipios; entidades a las cuales se les reconoce su autonomía y su descentralización político-administrativa (CRBV, artículo 16). Así la Constitución de 1999, considera a los municipios como unidades primarias de la organización del territorio nacional, con pleno gozo de autonomía y personalidad jurídica (artículo 168). Los municipios son la unidad política primaria de la República y, pueden contener otras entidades locales como las parroquias (en Venezuela hay 1.135 parroquias) e incluso otras menores como las urbanizaciones, los barrios, las aldeas y los caseríos. Pueden conformarse municipios indígenas. Así mismo, los municipios están facultados para conformar mancomunidades o distritos metropolitanos.
Para algunos especialistas, en materia de gobierno y administración municipal, pueden distinguirse tres grandes períodos en nuestra historia política: por una parte, un largo período (de unos 150 años; aproximadamente), que va del año 1811 hasta el año 1961, que podemos determinar como período republicano. Durante ese período, el régimen de gobierno y administración municipal en el país estuvo basado en la separación orgánica de los poderes públicos. A ese siguió el período democrático constitucional que se extiende desde el año 1961 hasta el año 1989, que tiene por característica destacada haber modificado radicalmente, desde el punto de vista fáctico, el régimen de gobierno y administración municipal anterior, basada en la separación orgánica de poder. El nuevo régimen pasó a ser -en los hechos-, un régimen de gobierno y administración colegial de carácter municipal. A partir del año 1989 se ha intentado retomar el sistema de separación orgánica de poderes, que realmente no se ha logrado consolidar en Venezuela (Brewer Carías, 1994).
Desde nuestro punto de vista, con la aprobación de la Constitución Bolivariana y su posterior desarrollo legislativo, los municipios y su régimen de administración entran en un proceso de transición jurídico-institucional hacia una nueva forma de operatividad, que afecta tanto la calidad de sus procesos de gestión gubernamental como su relación con los principales actores de su entorno inmediato; es decir, los ciudadanos, los colectivos sociales y las comunidades organizadas. Esta nueva situación jurídico-institucional también implica una serie de cambios en la acción de la población y sus expresiones asociativas; población que pasó a obtener una serie de derechos a la participación de manera directa e indirecta en la gestión pública; a partir del año 1999 y, a los cuales debe ajustarse. Empero, el proceso de evolución municipal no termina allí; sino que por el contrario sigue su avance con el surgimiento de la nueva propuesta gubernamental de creación de las comunas, las ciudades comunales y últimamente del Estado comunal. Sobre este tema escribiré muy pronto.
lunes, febrero 01, 2010
¿LA "INSTITUCIONALIZACIÓN" DE LOS CONSEJOS COMUNALES?
Los consejos comunales han tenido un desarrollo relevante y polémico como medios de participación popular y como nuevos sujetos de transferencia de recursos; por parte de los tres niveles de gobierno de la República. Según cifras, que maneja la Comisión de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional de la Asamblea Nacional, en Venezuela existen treinta mil ciento noventa (30.190) consejos comunales, aunque esta cifra se encuentra muy lejos de la meta de sesenta mil (60.000) consejos comunales; prevista a alcanzar para el año 2009; de acuerdo a lo expresado por el anterior Ministerio de Participación y Desarrollo Social.
El surgimiento de los consejos comunales ha generado una serie de cambios políticos e institucionales en Venezuela. En el nivel central de la administración pública nacional se han emprendido una serie de ajustes institucionales. Veamos.
En el mes de Mayo de 2006, se designa la Junta Directiva del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Decreto Nº 4.472 de fecha 10-05-2009). A partir de Octubre de 2006 y, de acuerdo a la ley se creó la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular (CNPPP); responsable entre otras funciones de orientar, coordinar y evaluar el desarrollo de estas instancias a nivel nacional, regional y local. Sin embargo, la CNPPP no tuvo trascendencia operativa; por lo que finalmente correspondió a FUNDACOMUNAL (adscrita al Ministerio de Participación y Desarrollo Social), desempeñar una función de primer orden en la promoción de los consejos comunales.
A partir de 2007, el tema de los consejos comunales se “ideologiza” abiertamente y se integra al componente denominado “Explosión del Poder Comunal”, dentro de la propuesta ideológica-política denominada “Los Cinco Motores Socialistas”. De igual manera, los consejos comunales se incluyeron en la propuesta de Reforma Constitucional de ese mismo año con la creación del poder comunal que afectaba directamente la división político-territorial de la República y, por lo tanto, del municipio. Con la propuesta de reforma constitucional se incluía la creación de las comunas –como células geohumanas- que podrían sustituir a los municipios.
Los consejos comunales (ese mismo año 2007), fueron incorporados como –asunto público- al proceso de la Ley Habilitante en la que recibieron una serie de asignaciones funcionales en áreas vinculadas a la planificación alimentaria, la seguridad ciudadana, las contrataciones públicas, la firmas de convenios de cogestión, la reducción de procedimientos administrativos, la actividad turística y las fuerzas armadas bolivarianas; entre otras. En Febrero de 2007 se creó el Consejo Presidencial del Poder Comunal, que pasó a sustituir a la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular; sin que tampoco haya podido justificar su existencia como organismo orientador del proceso hasta el presente. En el 2007 se crea el Ministerio de Economía Comunal, que luego es fusionado con el Ministerio de Participación y Desarrollo Social para crear el Ministerio de las Comunas en el año 2008.
También en el ámbito financiero se han producido ajustes; por medio de las reformas de la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), con el objeto de otorgar recursos financieros en forma directa a los consejos comunales. En materia financiera y de proyectos; según cifras del Fondo Nacional de los Consejos Comunales el Estado venezolano se ha transferido hasta el presente; aproximadamente siete mil millardos de bolívares fuertes para el financiamiento de unos once mil setecientos ocho (11.708) proyectos comunitarios en todo el país, durante el lapso 2006-2009. Según el diputado Rafael Delgado (PSUV-Apure), el Ejecutivo Nacional dispuso de 3.254 de millardos de bolívares fuertes para que los consejos comunales funcionen a plenitud en el año 2010 y contribuyan al impulso del poder popular. (Asamblea Nacional, 2009).
Vistos así, técnicamente los consejos comunales serían nuevos sujetos de descentralización y, como tal deberían ser tratados. Entre 2006 y 2009 este proceso se focalizó en la transferencia de recursos (fundamentalmente financieros; aunque también ha habido transferencia de recursos no financieros), a través de la presentación de proyectos de inversión comunitaria ante las autoridades públicas de los ámbitos local, estadal y nacional. Al respecto, el numeral 7 del artículo 21 de la derogada Ley de los Consejos Comunales (2006), señalaba como funciones del órgano ejecutivo del consejo comunal: la promoción de solicitudes de transferencias de servicios, la participación en los procesos económicos, la gestión de empresas públicas y la recuperación de empresas paralizadas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
Con la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales, pasan convertirse en una herramienta para la construcción de un modelo político: la sociedad socialista. Y aunque es muy temprano para determinar el impacto que tendrán las nuevas disposiciones legales para los consejos comunales operativos no deja es apresurado suponer que habrá un intenso debate alrededor de ese tema en las comunidades organizadas y los movimiento sociales del país. Y en ese sentido, para Ludmila Ostos, dirigente comunitaria del Municipio Diego Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui, “se tiene un serio problema con FUNDACOMUNAL (agencia estatal, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Comunas) para constituir consejos comunales, porque en esa institución tiene un lineamiento claro de no dejar conformar consejos comunales de oposición”. Por su parte, Ángela Pirela, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos del estado Zulia (FAVEZULIA), coincide de esta opinión; al denunciar que los registros públicos de esa entidad federal se niegan de manera constante a registrar a las asociaciones de vecinos –por considerarlas que no tiene vigencia-; y por otra parte desde la misma FUNDACOMUNAL se pretende impedir que sectores no afectos al oficialismo se organicen y registren sus respectivos consejos comunales concretándose así una nueva forma de exclusión política”.
Un detalle adicional, es que para el Observatorio de Participación y Convivencia Social del Centro Gumilla, en su estudio de campo sobre los consejos comunales consiguió un empate técnico en la evaluación de su funcionamiento: un 44% considera de los entrevistados considera que funcionan bien; y un 43% opina de forma contraria (El Nacional, 2009). En todo caso, en las comunidades organizadas, hay un debate ahora mucho acentuado sobre los consejos comunales, en atención por una parte, a su planteamiento ideológico; y por otra a una evaluación “más ciudadana” sobre sus verdaderos resultados como instrumentos de participación ciudadana y de gobierno comunitario.
El surgimiento de los consejos comunales ha generado una serie de cambios políticos e institucionales en Venezuela. En el nivel central de la administración pública nacional se han emprendido una serie de ajustes institucionales. Veamos.
En el mes de Mayo de 2006, se designa la Junta Directiva del Servicio Autónomo Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Decreto Nº 4.472 de fecha 10-05-2009). A partir de Octubre de 2006 y, de acuerdo a la ley se creó la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular (CNPPP); responsable entre otras funciones de orientar, coordinar y evaluar el desarrollo de estas instancias a nivel nacional, regional y local. Sin embargo, la CNPPP no tuvo trascendencia operativa; por lo que finalmente correspondió a FUNDACOMUNAL (adscrita al Ministerio de Participación y Desarrollo Social), desempeñar una función de primer orden en la promoción de los consejos comunales.
A partir de 2007, el tema de los consejos comunales se “ideologiza” abiertamente y se integra al componente denominado “Explosión del Poder Comunal”, dentro de la propuesta ideológica-política denominada “Los Cinco Motores Socialistas”. De igual manera, los consejos comunales se incluyeron en la propuesta de Reforma Constitucional de ese mismo año con la creación del poder comunal que afectaba directamente la división político-territorial de la República y, por lo tanto, del municipio. Con la propuesta de reforma constitucional se incluía la creación de las comunas –como células geohumanas- que podrían sustituir a los municipios.
Los consejos comunales (ese mismo año 2007), fueron incorporados como –asunto público- al proceso de la Ley Habilitante en la que recibieron una serie de asignaciones funcionales en áreas vinculadas a la planificación alimentaria, la seguridad ciudadana, las contrataciones públicas, la firmas de convenios de cogestión, la reducción de procedimientos administrativos, la actividad turística y las fuerzas armadas bolivarianas; entre otras. En Febrero de 2007 se creó el Consejo Presidencial del Poder Comunal, que pasó a sustituir a la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular; sin que tampoco haya podido justificar su existencia como organismo orientador del proceso hasta el presente. En el 2007 se crea el Ministerio de Economía Comunal, que luego es fusionado con el Ministerio de Participación y Desarrollo Social para crear el Ministerio de las Comunas en el año 2008.
También en el ámbito financiero se han producido ajustes; por medio de las reformas de la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), con el objeto de otorgar recursos financieros en forma directa a los consejos comunales. En materia financiera y de proyectos; según cifras del Fondo Nacional de los Consejos Comunales el Estado venezolano se ha transferido hasta el presente; aproximadamente siete mil millardos de bolívares fuertes para el financiamiento de unos once mil setecientos ocho (11.708) proyectos comunitarios en todo el país, durante el lapso 2006-2009. Según el diputado Rafael Delgado (PSUV-Apure), el Ejecutivo Nacional dispuso de 3.254 de millardos de bolívares fuertes para que los consejos comunales funcionen a plenitud en el año 2010 y contribuyan al impulso del poder popular. (Asamblea Nacional, 2009).
Vistos así, técnicamente los consejos comunales serían nuevos sujetos de descentralización y, como tal deberían ser tratados. Entre 2006 y 2009 este proceso se focalizó en la transferencia de recursos (fundamentalmente financieros; aunque también ha habido transferencia de recursos no financieros), a través de la presentación de proyectos de inversión comunitaria ante las autoridades públicas de los ámbitos local, estadal y nacional. Al respecto, el numeral 7 del artículo 21 de la derogada Ley de los Consejos Comunales (2006), señalaba como funciones del órgano ejecutivo del consejo comunal: la promoción de solicitudes de transferencias de servicios, la participación en los procesos económicos, la gestión de empresas públicas y la recuperación de empresas paralizadas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios.
Con la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales, pasan convertirse en una herramienta para la construcción de un modelo político: la sociedad socialista. Y aunque es muy temprano para determinar el impacto que tendrán las nuevas disposiciones legales para los consejos comunales operativos no deja es apresurado suponer que habrá un intenso debate alrededor de ese tema en las comunidades organizadas y los movimiento sociales del país. Y en ese sentido, para Ludmila Ostos, dirigente comunitaria del Municipio Diego Bautista Urbaneja, en el estado Anzoátegui, “se tiene un serio problema con FUNDACOMUNAL (agencia estatal, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Comunas) para constituir consejos comunales, porque en esa institución tiene un lineamiento claro de no dejar conformar consejos comunales de oposición”. Por su parte, Ángela Pirela, Presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos del estado Zulia (FAVEZULIA), coincide de esta opinión; al denunciar que los registros públicos de esa entidad federal se niegan de manera constante a registrar a las asociaciones de vecinos –por considerarlas que no tiene vigencia-; y por otra parte desde la misma FUNDACOMUNAL se pretende impedir que sectores no afectos al oficialismo se organicen y registren sus respectivos consejos comunales concretándose así una nueva forma de exclusión política”.
Un detalle adicional, es que para el Observatorio de Participación y Convivencia Social del Centro Gumilla, en su estudio de campo sobre los consejos comunales consiguió un empate técnico en la evaluación de su funcionamiento: un 44% considera de los entrevistados considera que funcionan bien; y un 43% opina de forma contraria (El Nacional, 2009). En todo caso, en las comunidades organizadas, hay un debate ahora mucho acentuado sobre los consejos comunales, en atención por una parte, a su planteamiento ideológico; y por otra a una evaluación “más ciudadana” sobre sus verdaderos resultados como instrumentos de participación ciudadana y de gobierno comunitario.
domingo, enero 24, 2010
¿ES LEGAL Y LÍCITO SOLICITAR COMISIONES, SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS A UN CONSEJO COMUNAL? Y ¿CADUCA UN CONSEJO COMUNAL LUEGO DE UN AÑO DE VENCIDO?
He recibido de parte de los lectores de CIUDADANOLIBRE, dos interesantes consultas sobre el funcionamiento de los consejos comunales; las cuales trataré de responder de la mejor manera posible. En ambos casos, citaré casi textualmente las preguntas formuladas por los amigos (as) y anónimos (as) lectores. Veamos.
Caso Nº 1: Se aprobó un crédito para un consejo comunal. El presidente del banco comunal informa que se debe dejar un 8% del monto del crédito recibido. El (la) amigo (a) nos consulta si ¿es lícita la retención sugerida por el presidente del banco comunal?
Caso Nº 2: ¿Un consejo comunal con un año de vencimiento, pierde su condición de instancia de participación popular?
Respuesta al caso 1:
Revisando la nueva Ley de los Consejos Comunales (Gaceta Oficial, Nº 39.335 de fecha 28-12-2009), no encontramos obligación alguna a retener en el banco comunal, porcentaje alguno, sobre los montos de los recursos financieros otorgados por los organismos nacionales, estadales y/o municipales. Debe agregarse que, los recursos (financieros o no financieros) otorgados a los consejos comunales por la República, los estados y los municipios vienen con un propósito de uso ya determinado y, que este no podrá ser modificado ni utilizado para otro objetivo; salvo estudio y aprobación de la asamblea de ciudadanos.
Cabe agregar que, la administración de los recursos del consejo comunal; por parte ahora de la unidad de gestión y administración financiera, debe ser transparente y del conocimiento; tanto del colectivo de coordinación comunitaria, de la unidad de contraloría social y de la asamblea de ciudadanos, en su momento correspondiente.
Otro detalle importante es que, con la promulgación de la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales se exige la disolución de los bancos comunales y su adecuación en las nuevas unidades de gestión administrativa-financiera comunitaria. En tal sentido, el banco comunal de ese consejo comunal en particular; y de todos los demás bancos comunales en general, deben entregar cuenta de su gestión, en el marco de los 180 días para la adecuación de los estatutos, que otorga la nueva Ley Orgánica de Consejos Comunales, en sus Disposiciones Transitorias.
En tal sentido, no parece apropiada la retención de un porcentaje del monto de los recursos asignados a un consejo comunal; sin considerar los mecanismos de control y auditoría interna y de consulta ciudadana que establece la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
Respuesta al caso 2:
Una vez constituido un consejo comunal; salvo que haya una decisión expresa de su asamblea de ciudadanos de suprimirlo por razones suficientemente estudiadas y debatidas, este tiene permanencia institucional. Ahora, todo consejo comunal se encuentra en la obligación de renovarse una vez cumplido su período de gestión de dos (2) años; de acuerdo al marco legal que regula su conformación, organización y funcionamiento.
El caso de un consejo comunal con un año de vencimiento supone varios elementos poco positivos. Uno de ellos, su escasa vinculación e interacción con la comunidad donde viene operando. Otro característica evidente es la aparentemente débil gestión de la contraloría social en exigir el cumplimiento de la normativa vigente para el consejo comunal. Igual cualidad pudiera atribuirse a la comunidad involucrada, que no ha hecho cumplir con la debida eficacia el ejercicio de sus derechos de participación y el acatamiento de los mandatos legales establecidos. Un consejo comunal que no se renueva se coloca al margen de la ley y se convierte en una instancia burocratizada; por lo tanto, esa condición es inaceptable.
Uno de los aspectos positivos que trae la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales es el establecimiento de una Comisión Electoral Permanente, encargada del registro electoral comunitario y de la administración de los procesos de consulta y de decisión electoral que deban sucederse en la vida de la comunidad y de su respectivo consejo comunal. En tal sentido, todos los consejos comunales deben iniciar su proceso de renovación y adecuación de sus estatutos, como lo determina la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
Caso Nº 1: Se aprobó un crédito para un consejo comunal. El presidente del banco comunal informa que se debe dejar un 8% del monto del crédito recibido. El (la) amigo (a) nos consulta si ¿es lícita la retención sugerida por el presidente del banco comunal?
Caso Nº 2: ¿Un consejo comunal con un año de vencimiento, pierde su condición de instancia de participación popular?
Respuesta al caso 1:
Revisando la nueva Ley de los Consejos Comunales (Gaceta Oficial, Nº 39.335 de fecha 28-12-2009), no encontramos obligación alguna a retener en el banco comunal, porcentaje alguno, sobre los montos de los recursos financieros otorgados por los organismos nacionales, estadales y/o municipales. Debe agregarse que, los recursos (financieros o no financieros) otorgados a los consejos comunales por la República, los estados y los municipios vienen con un propósito de uso ya determinado y, que este no podrá ser modificado ni utilizado para otro objetivo; salvo estudio y aprobación de la asamblea de ciudadanos.
Cabe agregar que, la administración de los recursos del consejo comunal; por parte ahora de la unidad de gestión y administración financiera, debe ser transparente y del conocimiento; tanto del colectivo de coordinación comunitaria, de la unidad de contraloría social y de la asamblea de ciudadanos, en su momento correspondiente.
Otro detalle importante es que, con la promulgación de la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales se exige la disolución de los bancos comunales y su adecuación en las nuevas unidades de gestión administrativa-financiera comunitaria. En tal sentido, el banco comunal de ese consejo comunal en particular; y de todos los demás bancos comunales en general, deben entregar cuenta de su gestión, en el marco de los 180 días para la adecuación de los estatutos, que otorga la nueva Ley Orgánica de Consejos Comunales, en sus Disposiciones Transitorias.
En tal sentido, no parece apropiada la retención de un porcentaje del monto de los recursos asignados a un consejo comunal; sin considerar los mecanismos de control y auditoría interna y de consulta ciudadana que establece la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
Respuesta al caso 2:
Una vez constituido un consejo comunal; salvo que haya una decisión expresa de su asamblea de ciudadanos de suprimirlo por razones suficientemente estudiadas y debatidas, este tiene permanencia institucional. Ahora, todo consejo comunal se encuentra en la obligación de renovarse una vez cumplido su período de gestión de dos (2) años; de acuerdo al marco legal que regula su conformación, organización y funcionamiento.
El caso de un consejo comunal con un año de vencimiento supone varios elementos poco positivos. Uno de ellos, su escasa vinculación e interacción con la comunidad donde viene operando. Otro característica evidente es la aparentemente débil gestión de la contraloría social en exigir el cumplimiento de la normativa vigente para el consejo comunal. Igual cualidad pudiera atribuirse a la comunidad involucrada, que no ha hecho cumplir con la debida eficacia el ejercicio de sus derechos de participación y el acatamiento de los mandatos legales establecidos. Un consejo comunal que no se renueva se coloca al margen de la ley y se convierte en una instancia burocratizada; por lo tanto, esa condición es inaceptable.
Uno de los aspectos positivos que trae la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales es el establecimiento de una Comisión Electoral Permanente, encargada del registro electoral comunitario y de la administración de los procesos de consulta y de decisión electoral que deban sucederse en la vida de la comunidad y de su respectivo consejo comunal. En tal sentido, todos los consejos comunales deben iniciar su proceso de renovación y adecuación de sus estatutos, como lo determina la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
miércoles, enero 13, 2010
¿ Y POR QUÉ NO HACEMOS ALGO?
Con esa pregunta, han comenzado el año 2010 muchos venezolanos. Y la pregunta se ha potenciado; luego de la devaluación monetaria decidida por el Gobierno Nacional el pasado Viernes 8 de Enero y el más reciente racionamiento del servicio eléctrico, anunciado el día Martes 12, también de los corrientes. Así la devaluación del bolívar; sumado al creciente malestar popular por la inseguridad personal y las graves deficiencias en los servicios públicos de agua y electricidad también racionados, se pudieran constituir en factores dinamizadores de las expectativas electorales de este año.
La pregunta, ¿y por qué no hacemos algo? encierra diversas motivaciones, unas más esperanzadoras que otras. Las mismas oscilan desde la impotencia y la indignación, pasando por la crítica a los líderes de oposición, hasta llegar a alguna propuesta concreta; cuya viabilidad –por cierto-, también resulta variable y discutible. En realidad, la coyuntura de crisis institucional y de extrema ineficacia gubernamental por la que atraviesa nuestro país, requiere de acciones concretas que permitan construir de manera consistente una alternativa de control eficaz de la gestión pública en el corto plazo y de cambio político-institucional en el mediano plazo; de acuerdo a los mecanismos constitucionales, aún vigentes.
La enorme y probada ineficacia oficial quedó demostrada de nuevo, con el inadecuado manejo de la crisis hidroeléctrica, con un agravante representado con una devaluación que persigue estrictos fines clientelares y electoralistas. Lo más lamentable de todo esto, es que la gran mayoría del pueblo venezolano (oficialista, centrista o de oposición), sufrirá un enorme deterioro en su calidad de vida. Pero aún la pregunta no ha sido respondida. Y en efecto, hay que hacer algo.
Hay muchas acciones que debemos emprender los ciudadanos de a pie, los movimientos sociales y comunitarios y las organizaciones políticas. Una de ellas, es comprender con mayor racionalidad y menor “visceralidad” la coyuntura política nacional. Es absolutamente comprensible que, haya mucha emotividad e indignación por la serie de desaciertos y tropelías cometidas; pero se debe entender que el país atraviesa por una crisis político-institucional que requiere de respuestas adecuadas, que no son precisamente de índole visceral. Por otra parte, tenemos que comprender que la crisis del país no se resolverá ni el corto plazo ni con medidas mesiánicas; sino con un esfuerzo sostenido, colectivo e incluyente. Por supuesto que, a los dirigentes políticos, económicos y sociales, a los analistas, a los opinadores y a los expertos habrá que exigirle más coherencia y mayor compromiso en su actividad pública. Pero debe quedarnos claro, muy claro, que en la restitución de la democracia en Venezuela no hay fórmulas mágicas ni hay milagros. Lo que si hay es bastante trabajo por realizar. ¿Por qué no hacemos algo?
miguelgmarregot@gmail.com
La pregunta, ¿y por qué no hacemos algo? encierra diversas motivaciones, unas más esperanzadoras que otras. Las mismas oscilan desde la impotencia y la indignación, pasando por la crítica a los líderes de oposición, hasta llegar a alguna propuesta concreta; cuya viabilidad –por cierto-, también resulta variable y discutible. En realidad, la coyuntura de crisis institucional y de extrema ineficacia gubernamental por la que atraviesa nuestro país, requiere de acciones concretas que permitan construir de manera consistente una alternativa de control eficaz de la gestión pública en el corto plazo y de cambio político-institucional en el mediano plazo; de acuerdo a los mecanismos constitucionales, aún vigentes.
La enorme y probada ineficacia oficial quedó demostrada de nuevo, con el inadecuado manejo de la crisis hidroeléctrica, con un agravante representado con una devaluación que persigue estrictos fines clientelares y electoralistas. Lo más lamentable de todo esto, es que la gran mayoría del pueblo venezolano (oficialista, centrista o de oposición), sufrirá un enorme deterioro en su calidad de vida. Pero aún la pregunta no ha sido respondida. Y en efecto, hay que hacer algo.
Hay muchas acciones que debemos emprender los ciudadanos de a pie, los movimientos sociales y comunitarios y las organizaciones políticas. Una de ellas, es comprender con mayor racionalidad y menor “visceralidad” la coyuntura política nacional. Es absolutamente comprensible que, haya mucha emotividad e indignación por la serie de desaciertos y tropelías cometidas; pero se debe entender que el país atraviesa por una crisis político-institucional que requiere de respuestas adecuadas, que no son precisamente de índole visceral. Por otra parte, tenemos que comprender que la crisis del país no se resolverá ni el corto plazo ni con medidas mesiánicas; sino con un esfuerzo sostenido, colectivo e incluyente. Por supuesto que, a los dirigentes políticos, económicos y sociales, a los analistas, a los opinadores y a los expertos habrá que exigirle más coherencia y mayor compromiso en su actividad pública. Pero debe quedarnos claro, muy claro, que en la restitución de la democracia en Venezuela no hay fórmulas mágicas ni hay milagros. Lo que si hay es bastante trabajo por realizar. ¿Por qué no hacemos algo?
miguelgmarregot@gmail.com
martes, enero 05, 2010
ALGUNOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO PARA EL CLPP-BARUTA EN 2010
Muy estimados voceros (as) del CLPP-Baruta
Reciban mi más cordial saludo en este comienzo de 2010. Como todos sabemos, este año se presenta con una particular relevancia; tanto por ser un año electoral (elecciones parlamentarias) como por la entrada en vigencia de un nuevo marco legal, que va exigir aún más nuestra atención y actividad comunitaria y sectorial.
Nuestro CLPP-Baruta se mantuvo en relativa actividad durante el año pasado, logrando superar las dificultades opuestas; tanto por aquellos factores político-partidistas que no entendieron su verdadero papel en el municipio como por nuestra propia inexperiencia para tratar ciertos “asuntos públicos”. En realidad, el nuevo CLPP-Baruta (2009-2011) ya puede mostrar logros específicos en sus siete meses de gestión durante el lapso Mayo-Diciembre 2009.
La selección de los nuevos integrantes de la Sala Técnica del CLPP-Baruta, la puesta en marcha de un nuevo proceso del presupuesto participativo (con un elevado número de comunidades participantes, de solicitudes y de proyectos aprobados), la aprobación del Plan de Inversión Municipal 2010, la designación en plenaria de los integrantes de la comisiones de Planificación y Presupuesto y la de Coordinación; así como también la designación de las comisiones de trabajo de Formación Comunitaria, la de Asuntos Institucionales y Legales (encargada de la revisión del reglamento interno del CLPP) y de la comisión de Ambiente; constituyen logros contundentes del CLPP en el 2009.
Existen sin embargo, un conjunto de temas y procesos (pendientes unos, nuevos otros) que pudieran marcar la pauta de arranque del CLPP-Baruta en el presente ejercicio fiscal 2010 y, que delimitaré (y someteré a vuestra consideración), a continuación:
1. En el plano administrativo:
1.1. Se tiene que regularizar el funcionamiento mensual del CLPP, de acuerdo a lo establecido en la ley que lo rige. Retomar la programación de reuniones, sería lo más recomendable
1.2. Hay que poner al día la aprobación de las actas pendientes; tanto de aquella que quedaron de la gestión anterior (2007-2009), como de la gestión que va corriendo.
1.3. Se debe revisar y acordar -de manera precisa-, el monto del pago de las dietas por asistencia a las reuniones de los consejeros sectoriales y comunitarios, para evitar malos entendidos y confusiones.
1.4. Hay que juramentar a los dos nuevos integrantes de la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública para permitir que, esa importante dependencia cumpla con sus funciones específicas.
1.5. De ser necesario, se debe consolidar una sola base de datos de los consejos comunales y las distintas asociaciones y otras expresiones comunitarias existentes en el municipio Baruta.
1.6. Se tendría que incidir con mayor fuerza en el proceso de elaboración del próximo plan operativo y del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2011.
1.7. Es importante revisar y actualizar la información del CLPP en la página web de la Alcaldía. El CLPP tendría que afinar sus propios mecanismos de información comunitaria y de rendición de cuentas.
2. En el aspecto operativo:
2.1. Se debe preparar el informe final del presupuesto participativo 2009 y, comenzar a enviar las respuestas a cada una de las aproximadamente cien (100) colectivos comunitarios que participaron en el proceso de presupuesto participativo.
2.2. La Comisión de Coordinación conjuntamente con la Sala Técnica, deben emprender la programación del proceso de organización del presupuesto participativo del presente año 2010.
2.3. El CLPP-Baruta y la Sala Técnica deberían programar los lineamientos y la capacitación para asesorar la planificación que le corresponde realizar a cada consejo comunal en el municipio; según la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales, G.O. Nº 39.335 de fecha 28-12-2009.
2.4. A la Comisión de Planificación y Presupuesto del CLPP le corresponde mejorar el instrumento y el proceso de evaluación de las propuestas presentadas por las comunidades para el desarrollo del próximo presupuesto participativo.
2.5. Es necesario culminar con el proceso de evaluación y mejoramiento del reglamento interno de nuestro CLPP, con el propósito de mejorar su rendimiento institucional.
2.6. Está pendiente la discusión sobre la organización de los Consejos Parroquiales de Planificación Pública, que se encuentran contemplados en la vigente Ley de los CLPP. La creación de los consejos parroquiales puede ser un paso importante para consolidación de las redes de cooperación entre los consejos comunales y asociaciones de vecinos y las demás entidades asociativas existentes en nuestras tres parroquias (Nuestra Señora del Rosario, El Cafetal y Las Minas).
2.7. El tema de la creación de mancomunidades y comunas en nuestro municipio viene cobrando relevancia; por lo tanto, el CLPP no puede quedar al margen de esa estratégica discusión.
2.8. El Plan Municipal de Desarrollo está en mora; por lo tanto, debe ser conocido y aprobado por el CLPP-Baruta. El PMD tiene el objetivo de orientar la gestión pública de la entidad.
2.9. Muy importante es profundizar las relaciones con los vecinos y vecinas, los consejos comunales y demás expresiones asociativas del municipio Baruta y, con los demás consejos locales de planificación vecinos y con el consejo estadal de planificación y coordinación de políticas públicas.
2.10. Por último, discutir y emprender iniciativas en el marco de sus competencias y en defensa de la descentralización, la autonomía municipal y la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Estimados colegas consejeros y consejeras, estoy seguro que habrá otros temas y procesos a ser considerados e incorporados a esta agenda; pero lo más importante es que tengamos presente que la actividad del CLPP-Baruta no depende de las actividades de las autoridades públicas, sino de las iniciativas que emprendamos y mantengamos los representantes comunitarios y sectoriales en esa instancia.
Atentamente,
Miguel González Marregot
5-1-2010
Reciban mi más cordial saludo en este comienzo de 2010. Como todos sabemos, este año se presenta con una particular relevancia; tanto por ser un año electoral (elecciones parlamentarias) como por la entrada en vigencia de un nuevo marco legal, que va exigir aún más nuestra atención y actividad comunitaria y sectorial.
Nuestro CLPP-Baruta se mantuvo en relativa actividad durante el año pasado, logrando superar las dificultades opuestas; tanto por aquellos factores político-partidistas que no entendieron su verdadero papel en el municipio como por nuestra propia inexperiencia para tratar ciertos “asuntos públicos”. En realidad, el nuevo CLPP-Baruta (2009-2011) ya puede mostrar logros específicos en sus siete meses de gestión durante el lapso Mayo-Diciembre 2009.
La selección de los nuevos integrantes de la Sala Técnica del CLPP-Baruta, la puesta en marcha de un nuevo proceso del presupuesto participativo (con un elevado número de comunidades participantes, de solicitudes y de proyectos aprobados), la aprobación del Plan de Inversión Municipal 2010, la designación en plenaria de los integrantes de la comisiones de Planificación y Presupuesto y la de Coordinación; así como también la designación de las comisiones de trabajo de Formación Comunitaria, la de Asuntos Institucionales y Legales (encargada de la revisión del reglamento interno del CLPP) y de la comisión de Ambiente; constituyen logros contundentes del CLPP en el 2009.
Existen sin embargo, un conjunto de temas y procesos (pendientes unos, nuevos otros) que pudieran marcar la pauta de arranque del CLPP-Baruta en el presente ejercicio fiscal 2010 y, que delimitaré (y someteré a vuestra consideración), a continuación:
1. En el plano administrativo:
1.1. Se tiene que regularizar el funcionamiento mensual del CLPP, de acuerdo a lo establecido en la ley que lo rige. Retomar la programación de reuniones, sería lo más recomendable
1.2. Hay que poner al día la aprobación de las actas pendientes; tanto de aquella que quedaron de la gestión anterior (2007-2009), como de la gestión que va corriendo.
1.3. Se debe revisar y acordar -de manera precisa-, el monto del pago de las dietas por asistencia a las reuniones de los consejeros sectoriales y comunitarios, para evitar malos entendidos y confusiones.
1.4. Hay que juramentar a los dos nuevos integrantes de la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública para permitir que, esa importante dependencia cumpla con sus funciones específicas.
1.5. De ser necesario, se debe consolidar una sola base de datos de los consejos comunales y las distintas asociaciones y otras expresiones comunitarias existentes en el municipio Baruta.
1.6. Se tendría que incidir con mayor fuerza en el proceso de elaboración del próximo plan operativo y del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2011.
1.7. Es importante revisar y actualizar la información del CLPP en la página web de la Alcaldía. El CLPP tendría que afinar sus propios mecanismos de información comunitaria y de rendición de cuentas.
2. En el aspecto operativo:
2.1. Se debe preparar el informe final del presupuesto participativo 2009 y, comenzar a enviar las respuestas a cada una de las aproximadamente cien (100) colectivos comunitarios que participaron en el proceso de presupuesto participativo.
2.2. La Comisión de Coordinación conjuntamente con la Sala Técnica, deben emprender la programación del proceso de organización del presupuesto participativo del presente año 2010.
2.3. El CLPP-Baruta y la Sala Técnica deberían programar los lineamientos y la capacitación para asesorar la planificación que le corresponde realizar a cada consejo comunal en el municipio; según la nueva Ley Orgánica de los Consejos Comunales, G.O. Nº 39.335 de fecha 28-12-2009.
2.4. A la Comisión de Planificación y Presupuesto del CLPP le corresponde mejorar el instrumento y el proceso de evaluación de las propuestas presentadas por las comunidades para el desarrollo del próximo presupuesto participativo.
2.5. Es necesario culminar con el proceso de evaluación y mejoramiento del reglamento interno de nuestro CLPP, con el propósito de mejorar su rendimiento institucional.
2.6. Está pendiente la discusión sobre la organización de los Consejos Parroquiales de Planificación Pública, que se encuentran contemplados en la vigente Ley de los CLPP. La creación de los consejos parroquiales puede ser un paso importante para consolidación de las redes de cooperación entre los consejos comunales y asociaciones de vecinos y las demás entidades asociativas existentes en nuestras tres parroquias (Nuestra Señora del Rosario, El Cafetal y Las Minas).
2.7. El tema de la creación de mancomunidades y comunas en nuestro municipio viene cobrando relevancia; por lo tanto, el CLPP no puede quedar al margen de esa estratégica discusión.
2.8. El Plan Municipal de Desarrollo está en mora; por lo tanto, debe ser conocido y aprobado por el CLPP-Baruta. El PMD tiene el objetivo de orientar la gestión pública de la entidad.
2.9. Muy importante es profundizar las relaciones con los vecinos y vecinas, los consejos comunales y demás expresiones asociativas del municipio Baruta y, con los demás consejos locales de planificación vecinos y con el consejo estadal de planificación y coordinación de políticas públicas.
2.10. Por último, discutir y emprender iniciativas en el marco de sus competencias y en defensa de la descentralización, la autonomía municipal y la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Estimados colegas consejeros y consejeras, estoy seguro que habrá otros temas y procesos a ser considerados e incorporados a esta agenda; pero lo más importante es que tengamos presente que la actividad del CLPP-Baruta no depende de las actividades de las autoridades públicas, sino de las iniciativas que emprendamos y mantengamos los representantes comunitarios y sectoriales en esa instancia.
Atentamente,
Miguel González Marregot
5-1-2010
viernes, enero 01, 2010
VENEZUELA: PROPÓSITO DE COMIENZOS DE AÑO
Cada comienzo de año, nos induce a establecer propósitos y metas a alcanzar e indudablemente esa una buena costumbre. En Venezuela, no hacen falta propósitos; por el contrario, hay una buena cantidad de ellos; tanto individuales como colectivos. Ahora bien, lo que quizás si falte en nuestro país sea la capacidad, la constancia y la coordinación para alcanzarlos.
Como es conocido por todos, nuestro país se encuentra en un intenso proceso de cambio que ha generado incertidumbre, disfuncionalidades y una agria polarización que dificulta el progreso de Venezuela como conjunto, hacia un destino cierto.
En tal sentido, un propósito fundamental de la nación debe ser el reencuentro de los distintos factores que conforman nuestra sociedad. Ese reencuentro no supone el abandono de los principios; lo que sí implica es el reconocimiento tolerante de los intereses y puntos de vista de cada sector social en particular, para saber unirlo; por ejemplo, a un proyecto incluyente de democracia, paz y prosperidad.
Conciliar los intereses de los distintos sectores de una sociedad resulta más difícil, que imponer los intereses de un solo factor social. Pero con toda seguridad, la conciliación de intereses permitirá estructurar una alianza o bloque social que contribuya a alcanzar las metas de desarrollo y seguridad integral que toda población necesita. Históricamente se ha comprobado que, la hegemonía (o dictadura) de los intereses de una clase sobre otra -directamente o mediante sus expresiones organizativas-, son caminos seguros hacia el fracaso. Por el contrario, sólo aquellas sociedades que han logrado niveles satisfactorios de integración han conseguido niveles sostenibles de calidad vida para sus habitantes.
En el caso venezolano, el “pacto de conciliación de élites” del año 1958 terminó fracasando por satisfacer las demandas de un país en búsqueda de su modernización y, la propuesta de la hegemonía bolivariano-socialista: 1999-2009, tampoco cubrió las expectativas de cambios, agravando por el contrario los déficits político-sociales que pretendía superar. En la actualidad, nuestra sociedad se ha venido fracturando, con la consecuente desconfianza mutua entre los distintos factores económicos, sociales y culturales que la conforman, la creciente debilidad de las instituciones públicas, el surgimiento del sectarismo y la exclusión política y, el posicionamiento de métodos poco transparentes en las negociaciones público-privadas.
¿Es qué acaso Venezuela no puede aspirar a tener instituciones modernas, óptima calidad vida para toda la población y un sector productivo competitivo y de alta capacidad profesional? Pienso, y sobre todo creo, que sí podemos aspirar a esos propósitos como pueblo. Para ello, sólo debemos saber construir alianzas y vínculos de cooperación, reconociendo nuestras propias diferencias y semejanzas. Nadie ha dicho que sea fácil y, mucho más en el ambiente de fractura social que habitamos; pero tampoco es imposible. Creo que en este año 2010, la construcción de plataformas democráticas e incluyentes -partiendo de la diversidad-, será el mecanismo más eficaz para poder llevar adelante proyectos positivos conjuntos, como el relanzamiento de nuestro país. ¿Por qué no nos fijamos este propósito a comienzos de año?
Como es conocido por todos, nuestro país se encuentra en un intenso proceso de cambio que ha generado incertidumbre, disfuncionalidades y una agria polarización que dificulta el progreso de Venezuela como conjunto, hacia un destino cierto.
En tal sentido, un propósito fundamental de la nación debe ser el reencuentro de los distintos factores que conforman nuestra sociedad. Ese reencuentro no supone el abandono de los principios; lo que sí implica es el reconocimiento tolerante de los intereses y puntos de vista de cada sector social en particular, para saber unirlo; por ejemplo, a un proyecto incluyente de democracia, paz y prosperidad.
Conciliar los intereses de los distintos sectores de una sociedad resulta más difícil, que imponer los intereses de un solo factor social. Pero con toda seguridad, la conciliación de intereses permitirá estructurar una alianza o bloque social que contribuya a alcanzar las metas de desarrollo y seguridad integral que toda población necesita. Históricamente se ha comprobado que, la hegemonía (o dictadura) de los intereses de una clase sobre otra -directamente o mediante sus expresiones organizativas-, son caminos seguros hacia el fracaso. Por el contrario, sólo aquellas sociedades que han logrado niveles satisfactorios de integración han conseguido niveles sostenibles de calidad vida para sus habitantes.
En el caso venezolano, el “pacto de conciliación de élites” del año 1958 terminó fracasando por satisfacer las demandas de un país en búsqueda de su modernización y, la propuesta de la hegemonía bolivariano-socialista: 1999-2009, tampoco cubrió las expectativas de cambios, agravando por el contrario los déficits político-sociales que pretendía superar. En la actualidad, nuestra sociedad se ha venido fracturando, con la consecuente desconfianza mutua entre los distintos factores económicos, sociales y culturales que la conforman, la creciente debilidad de las instituciones públicas, el surgimiento del sectarismo y la exclusión política y, el posicionamiento de métodos poco transparentes en las negociaciones público-privadas.
¿Es qué acaso Venezuela no puede aspirar a tener instituciones modernas, óptima calidad vida para toda la población y un sector productivo competitivo y de alta capacidad profesional? Pienso, y sobre todo creo, que sí podemos aspirar a esos propósitos como pueblo. Para ello, sólo debemos saber construir alianzas y vínculos de cooperación, reconociendo nuestras propias diferencias y semejanzas. Nadie ha dicho que sea fácil y, mucho más en el ambiente de fractura social que habitamos; pero tampoco es imposible. Creo que en este año 2010, la construcción de plataformas democráticas e incluyentes -partiendo de la diversidad-, será el mecanismo más eficaz para poder llevar adelante proyectos positivos conjuntos, como el relanzamiento de nuestro país. ¿Por qué no nos fijamos este propósito a comienzos de año?
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