domingo, abril 26, 2015

Nota sobre: la participación ciudadana y la planificación en el modelo de organización federativa del Estado venezolano


La participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos es un elemento distintivo en el modelo de organización político-territorial de Venezuela. De hecho, la cualidad participativa es consagrada en la Constitución como rasgos del gobierno (artículo 6) y la administración pública (artículo 141). Además la participación se establece como un derecho (artículo 62) y como un deber ciudadano; especialmente en el ámbito local y comunitario (artículo 132).

Por otra parte, la planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta también se establece como medio para impulsar un régimen socio-económico fundamentado en la justicia social, la democracia, la eficiencia, la libre competencia, la protección del ambiente, la productividad y la solidaridad.

Esto hace que, en la organización del Estado se contemplen instancias que viabilicen la participación popular, la participación ciudadana en la planificación de políticas, programas y proyectos al lado de las autoridades públicas del ámbito nacional, estadual y local. Así encontramos al Consejo Federal de Gobierno (aún pendiente por instalarse), los Consejos Estadales de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas (uno por cada estado) y los Consejos Locales de Planificación Pública (uno en cada municipio).

Lo más importante es comprender que, en el caso venezolano existe un mandato claro de planificación participativa que recorre vertical y transversalmente toda la organización federativa. En cada uno de los niveles político-territoriales de la República existe una instancia que agrupa a las autoridades públicas y la representación de la sociedad civil o de las comunidades organizadas y, donde es resaltante la elaboración de un plan de desarrollo. En el caso de las instancias de gobierno estadal y local, los gobernadores y los alcaldes son los responsables de ese proceso.

Un comentario adicional en este tema está relacionado con dos procesos estratégicos en la gestión de las autoridades públicas locales. Específicamente, nos referimos en primer lugar, al derecho constitucional que tienen las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales a formular propuestas de inversión, ante las autoridades estadales y municipales; y en segundo término, al derecho de las mismas expresiones asociativas no estatales de evaluar y controlar la ejecución de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. De estos derechos derivan el presupuesto participativo y la contraloría social. El presupuesto participativo debe realizarse anualmente para consolidar el presupuesto consolidado de inversión en el caso de los municipios. La contraloría social; por su parte se desarrolla durante todo el año y de manera simultánea a los procesos de ejecución de políticas públicas.

El derecho a la participación genera otras responsabilidades para las autoridades públicas locales, ejecutivas y legislativas. Una de ellas es la obligación de realizar procesos de consultas públicas –generales o especializadas-; previa a la aprobación de leyes estadales y ordenanzas municipales. Y otra responsabilidad trascendente para la adecuada gestión de las autoridades locales es la publicidad o difusión de las normas, reglas y procedimientos que rigen las operaciones técnico-administrativas que se desarrollan en las dependencias oficiales.

@migonzalezm

jueves, abril 23, 2015

Sobre el Programa de Apoyo a la Gestión de los Gobiernos Municipales




Los días 10 y 11 de abril se realizó en el municipio Baruta (estado Miranda, Venezuela) el Encuentro Nacional de Políticas de Seguridad Ciudadana Municipal; el cual fue organizado por el Programa de Apoyo a la Gestión de los Gobiernos Municipales (PAGGM) del Instituto de Estudios Parlamentarios “Fermín Toro”, la Asociación de Alcaldes de Venezuela (AAV) y la Alcaldía de Baruta. En el evento participaron directivos de seguridad pública de 34 municipios y 190 representantes de distintas localidades del país que tuvieron la oportunidad de conocer; mediante 19 ponencias acerca de casos exitosos en materia de seguridad pública municipal. En la jornada participaron alcaldes y concejales; así como voceros de organizaciones no gubernamentales y vecinales. 

Este encuentro municipal -dedicado en esta ocasión al tema de las políticas públicas de seguridad-, viene a ser el tercero que realiza el PAGG-Municipal desde el año pasado. En efecto, el primero de ellos se realizó en el municipio Iribarren (estado Lara) a mediados del mes de junio de 2014 y su foco de análisis fue el de la Tributación y las Finanzas Públicas Locales. Luego a principios del mes de noviembre pasado se realizó en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta el segundo encuentro temático que estuvo dedicado a la Participación Ciudadana Municipal.

Con estas jornadas municipales sobre políticas públicas se busca establecer mecanismos de intercambio y cooperación entre los distintos gobiernos locales, para potenciar sus capacidades de gestión estratégica y operativa en el cumplimiento de sus responsabilidades y competencias constitucionales. En estos eventos, los protagonistas y expositores son los propios responsables de la ejecución de las políticas públicas locales sin intermediarios, y con la consecuente posibilidad de enriquecer; tanto sus experiencias como las de cada participante institucional que forma parte.
En el PAGGM pensamos que el mejoramiento de las prácticas gubernamentales se acelerará mediante el conocimiento e intercambio de experiencias exitosas que puedan establecer las administraciones públicas locales.  

Durante el año 2014, el PAGGM por medio de los encuentros municipales de políticas públicas y de realización de talleres en temas específicos, atendió a 1.000 funcionarios directivos y profesionales de las alcaldías de la Alternativa Democrática, en un esfuerzo por contribuir a maximizar la capacidad de gobierno de las alcaldías y por ende, de elevar la calidad  de vida de todos los ciudadanos en cada municipio del país. El próximo encuentro nacional de políticas locales estará dedicado al tema de los “Servicios Municipales de Aseo Urbano y Agua” y se realizará en el municipio Diego Bautista Urbaneja (Lechería) del estado Anzoátegui, a mediados del mes de junio.      
@migonzalezm

martes, abril 07, 2015

VENEZUELA: LAS FIRMAS Y LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

De todos es sabido que los días 10 y 11 de abril, se celebrará en Ciudad de Panamá la VII Cumbre de las Américas, espacio intergubernamental para el tratamiento de asuntos de interés hemisférico. Esta VII Cumbre, tiene un especial atractivo por la reincorporación de Cuba a este tipo de escenarios. También, y más aún para los venezolanos, la Cumbre de las Américas posee un incentivo adicional por el pretendido enfrentamiento anti-imperialista que viene impulsando el gobierno de Maduro, a raíz de la sanción del gobierno de Obama, contra siete funcionarios venezolanos por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.

El gobierno venezolano llega al encuentro hemisférico en unas condiciones políticas internas muy desfavorables. Desbordado por la crisis interna del país y maniatado por su propia incapacidad, la administración de Maduro ha emprendido una vasta campaña propagandística, mediática y de calle que supone la recolección de diez millones de firmas bajo la consigna: “Obama deroga el decreto ya”. Las firmas recogidas serían entregadas al presidente estadounidense durante la Cumbre de Panamá, como una demostración de fortaleza y soberanía frente al imperio.

En Ciudad de Panamá, la situación será muy compleja pues, veintiún ex-mandatarios iberoamericanos han preparado la “Declaración de Panamá” donde fijan posición sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, y sobre la situación que atraviesan los presos políticos en el país, entre los cuales destacan: Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos (Municipio San Cristóbal) y Antonio Ledezma (Distrito Metropolitano de Caracas) entre más de cuarenta disidentes detenidos. En tal sentido, parece difícil que el gobierno venezolano impida que salga a relucir de nuevo, su bajo desempeño democrático, en esa materia, frente a la opinión pública internacional.

De igual manera, parece difícil que Obama derogue las sanciones contra los siete funcionarios venezolanos, pues de su lado también priva la fortaleza y la soberanía. En realidad, el gobierno venezolano se encuentra muy presionado por su alto rechazo en la población; y requiere con urgencia presentar ante “propios y extraños” algún éxito político que le permita re-posicionarse o al menos, recuperar algunos puntos en las encuestas de opinión. Quizás, las declaraciones que ofrezca Maduro a los medios, durante la VII Cumbre sirvan para continuar con la campaña propagandística a su regreso al país, pero nada más. Una declaración anti-Obama luce inalcanzable.

De todos es sabido, que en Venezuela se realizarán elecciones a la Asamblea Nacional este año 2015. A la fecha de hoy,  los pronósticos electorales no son favorables ni para la administración de Maduro, ni tampoco para el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De allí, que en esta VII Cumbre de las Américas, el gobierno venezolano con su credibilidad en juego, tratará de ocupar un lugar de protagonismo en Panamá, para comprar un poco de tiempo ante su electorado.

@migonzalezm

viernes, abril 03, 2015

Los Comités Ciudadanos de Control Policial


La promoción, creación y funcionamiento de los Comités Ciudadanos de Control Policial fue realizada mediante resolución N° 158 de fecha 11 de julio de 2011 del Ministerio del Poder Popular de Interiores y Justicia, publicada en G.O. N° 39.710 de fecha 20 de julio de 2011. Dicha resolución ministerial era de carácter provisional y sus finalidades eran promover y acompañar la creación y organización progresiva de los comités de control policial; así como el establecimiento de normas básicas de funcionamiento; además de garantizar el ejercicio de la participación ciudadana.

El ámbito de aplicación de esta norma tiene alcance nacional; pues incluye a la Policía Nacional Bolivariana, a las policías estadales y  a las policías municipales. Estas instancias se regirían bajo los principios de pluralidad e inclusión, transparencia, conocimiento y estandarización y participación articulada de la comunidad. Un hecho relevante es que sus integrantes responderían civil, penal y administrativamente por el ejercicio de sus funciones.

Los Comités Ciudadanos de Control Policial estarían integrados por 5 miembros principales y 5 suplentes, electos “de forma democrática y flexible” por consejos comunales y otras formas de organización comunitaria y social. Entre sus principales funciones destaco las siguientes: participar en procesos de consulta para el mejoramiento del servicio policial, evaluar y hacer control y seguimiento del desempeño policial, promover el nuevo modelo policial y propiciar la participación ciudadana.

La implementación de esta política pública requeriría de una evaluación técnica exhaustiva; aunque la opacidad sobre los procesos, procedimientos y datos oficiales la dificulta. Ahora bien, el ejercicio de mecanismos de control ciudadano sobre la gestión pública es un derecho que cobra mayor relevancia en ámbitos como la seguridad ciudadana e incluso en la protección civil. Para los gobiernos locales centrados en el cumplimiento eficaz y responsable de sus competencias, la cercanía entre los vecinos y los cuerpos policiales no constituye inconveniente alguno; por el contrario esa relación se convierte en una fortaleza institucional a potenciar.

Como afirmamos en una nota anterior unas policías municipales bien entrenadas, adecuadamente remuneradas y equipadas para el cumplimiento de su función es la mejor estrategia para crear cercanía y confianza con los vecinos y las comunidades. El seguimiento vecinal al desempeño policial resulta útil e imprescindible para atajar posibles desviaciones y contribuir a su mejor desempeño. Una advertencia necesaria, es que desde las alcaldías, como órganos de gobierno y también desde los concejos municipales se debe evitar la “politización” del concepto y de la prestación de este servicio público.

@migonzalezm

domingo, marzo 29, 2015

UN REPASO SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA


La participación ciudadana es un asunto público ineludible y de especial trascendencia para la gestión de los gobiernos municipales. Alcaldes, concejales y funcionarios públicos locales suelen estar conscientes de la importancia de elaborar, ejecutar y evaluar una adecuada política pública de participación ciudadana  para la gobernabilidad de su municipio. Sin embargo, en diversas ocasiones las autoridades municipales tropiezan con dificultades institucionales y procedimentales que les impiden desarrollar una adecuada política de inclusión vecinal.
En realidad, el ejercicio de la participación en los asuntos públicos requiere una serie de condiciones institucionales que permitan su implementación eficaz y responsable. En tal sentido, corresponde a las autoridades locales emprender la institucionalización democrática del proceso. Un buen comienzo es la estructuración de un equipo de trabajo, liderado por el alcalde y que incluya a sus directivos correspondientes, también a concejales  y hasta líderes municipales cercanos. La tarea de este equipo de trabajo debe ser definir sectores de actividad, normas y procedimientos y, recursos y espacios para la práctica de la participación.
A cada uno de los componentes del poder público municipal (ejecutivo, legislativo, contralor y de planificación) le corresponde ejercer sus funciones para cumplir con una política pública de participación ciudadana. Por ejemplo: i) a las alcaldías, les toca difundir los procesos de participación del municipio y promover la organización vecinal para su efectiva realización; ii) a los concejos municipales les incumbe el ordenamiento legislativo de la participación y su promoción comunitaria; iii) las contralorías municipales tendrían que estar atentas al cumplimiento de las normas y procedimientos vinculados al ejercicio de la participación ciudadana y, iv) al CLPP le corresponde activar la participación comunitaria en los procesos técnicos vinculados a la planificación y a la inversión local.
Un comentario adicional en esta nota, la refiero a la oportunidad que tienen los gobiernos municipales de elaborar “mapas sociales de su territorio” para ubicar con precisión el tejido socio-comunitario existente y sus necesidades de servicios públicos y programas sociales. La realización de los mapas sociales contribuyen al fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana en la gestión de gobierno. Pero sobre este asunto escribiremos en una próxima entrega.

@migonzalezm

sábado, marzo 21, 2015

Policías municipales y participación ciudadana


La seguridad de los ciudadanos de cualquier municipio, es un asunto público extremadamente sensible. Se trata del cuido de la vida, de la preservación de la convivencia y del resguardo de  la propiedad de cada vecino, sin ningún tipo de exclusión. En tal sentido, la prestación de una política pública municipal de seguridad para los vecinos, tendría que realizarse por medio de un cuerpo de  policía capacitado de manera integral, que perciba una remuneración justa y que esté equipado en forma adecuada, para cumplir sus responsabilidades.
El cumplimiento de las competencias municipales deben incluir la participación los ciudadanos y de las comunidades organizadas. Al respecto, un elemento crucial para el mejor desempeño de las competencias -en materia de seguridad-, lo constituye una transparente relación entre los vecinos y su policía municipal. La participación; tanto de los vecinos como de sus expresiones asociativas en ciertos aspectos de las políticas públicas de seguridad, genera mayor confianza y más cercanía con las autoridades públicas.
La realización periódica de asambleas vecinales y de otros encuentros participativos con sectores sociales del municipio como el comercio, la industria o los servicios pueden contribuir de manera notable a la adecuada identificación de necesidades y prioridades; así como también en la transmisión de información oportuna en materia de seguridad para cada comunidad o sector de actividad del municipio.

Un comentario adicional es el importante acercamiento de las policías locales a los centros educativos y a la población escolar, como “monitores” preventivos frente a situaciones de riesgo para la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Por último, la actuación de las policías municipales dentro del marco de los derechos humanos es fundamental. El trabajo cercano con entidades protectoras de derechos de personas con discapacidad o contra la violencia de género; entre otras, representan espacios locales que fortalecen, sin duda alguna una política pública de seguridad más integral, más humana y más ciudadana.