lunes, mayo 04, 2015

Algo más sobre el municipio, la participación y los programas sociales



El municipio es el espacio político-territorial que garantiza la inclusión, la participación y la representación de las familias y las comunidades en los procesos de formación, ejecución y control de los programas sociales locales. La participación ciudadana -en la formación de los programas sociales del municipio-, se puede desarrollar mediante la promoción y la organización de procesos de diagnósticos, asambleas vecinales y consultas amplias y abiertas a todas las personas, familias u organizaciones con voluntad de participar en la elaboración de los programas sociales. Para impulsar estos procesos de consulta pública las “unidades de desarrollo social” y de “atención al ciudadano” de cada alcaldía son fundamentales. 

De igual manera, la participación en la ejecución de las políticas sociales, propicia una realización de mayor calidad y cercanía; involucrando a las comunidades, a las empresas del municipio y hasta a los posibles beneficiarios. La participación ciudadana en esta etapa supone la formalización de alianzas público-privadas (mediante convenios de gestión o programas de responsabilidad social empresarial) que se organizarán a partir de metodologías de trabajo eficientes. 

Por último, la contraloría sobre los programas sociales realizada por las familias, la sociedad organizada y las comunidades será un elemento sustancial para la medición de la eficacia de los programas públicos impulsados por las alcaldías. Con la contraloría social se determinará una mayor transparencia en la gestión de las políticas públicas sociales. A los concejos municipales les corresponde aprobar ordenanzas adecuadas para el ejercicio ciudadano de la contraloría sobre la gestión de gobierno. 

La participación en la gestión pública es consustancial a la democracia local; mucho más en el ámbito de las políticas públicas de carácter social porque permite la activación de las familias y las comunidades en la expresión y defensa de sus intereses legítimos, el aprovechamiento de sus experiencias y la potenciación de sus capacidades para mejorar su calidad de vida.

@migonzalezm

jueves, abril 30, 2015

Nota sobre política social local y participación ciudadana



El desarrollo de una política social exitosa, se concibe como un componente sustancial del desarrollo local, basado estratégicamente en la participación ciudadana. En tal sentido, personas, familias, organizaciones comunitarias y entidades sociales son factores protagonistas en los procesos de elaboración, ejecución y control de esas políticas.

En este contexto, el municipio tanto por constituir la unidad político-territorial de la República y, por sus características institucionales, socio-demográficas y ambientales representa el espacio idóneo para impulsar la cercanía y participación de la población en la ejecución de los programas  sociales en un marco descentralizado, de cooperación y de corresponsabilidad.

En un contexto participativo, corresponsable y descentralizado las políticas públicas sociales cumplen un doble propósito. Primero, brindan los beneficios directos sobre los sectores específicos a las cuales van dirigidas. Segundo, funcionan como espacios de articulación con los actores del ámbito local, tales como: empresarios, comerciantes y gremios, centros de formación, centros religiosos, asociaciones vecinales, consejos comunales y otras formas de organización social no gubernamentales (ONG´s).

Así, la acción conjunta del binomio Estado-Sociedad podrá maximizar aquellos programas y proyectos, que promuevan las potencialidades locales y sirvan de apoyo al fortalecimiento de las familias y miembros en situación de vulnerabilidad, desigualdades y desventajas con relación al resto de la población. Esta política social inclusiva favorece el capital social y, por ende, al desarrollo de redes de cooperación y de tejido democrático. El desarrollo social basado en la participación se vinculará también a los procesos de planificación regional y local, potenciando el componente social de dichos planes y revalorizando las políticas sociales como “espacio para la inversión pública”. 

@migonzalezm

domingo, abril 26, 2015

Nota sobre: la participación ciudadana y la planificación en el modelo de organización federativa del Estado venezolano


La participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos es un elemento distintivo en el modelo de organización político-territorial de Venezuela. De hecho, la cualidad participativa es consagrada en la Constitución como rasgos del gobierno (artículo 6) y la administración pública (artículo 141). Además la participación se establece como un derecho (artículo 62) y como un deber ciudadano; especialmente en el ámbito local y comunitario (artículo 132).

Por otra parte, la planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta también se establece como medio para impulsar un régimen socio-económico fundamentado en la justicia social, la democracia, la eficiencia, la libre competencia, la protección del ambiente, la productividad y la solidaridad.

Esto hace que, en la organización del Estado se contemplen instancias que viabilicen la participación popular, la participación ciudadana en la planificación de políticas, programas y proyectos al lado de las autoridades públicas del ámbito nacional, estadual y local. Así encontramos al Consejo Federal de Gobierno (aún pendiente por instalarse), los Consejos Estadales de Coordinación y Planificación de Políticas Públicas (uno por cada estado) y los Consejos Locales de Planificación Pública (uno en cada municipio).

Lo más importante es comprender que, en el caso venezolano existe un mandato claro de planificación participativa que recorre vertical y transversalmente toda la organización federativa. En cada uno de los niveles político-territoriales de la República existe una instancia que agrupa a las autoridades públicas y la representación de la sociedad civil o de las comunidades organizadas y, donde es resaltante la elaboración de un plan de desarrollo. En el caso de las instancias de gobierno estadal y local, los gobernadores y los alcaldes son los responsables de ese proceso.

Un comentario adicional en este tema está relacionado con dos procesos estratégicos en la gestión de las autoridades públicas locales. Específicamente, nos referimos en primer lugar, al derecho constitucional que tienen las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales a formular propuestas de inversión, ante las autoridades estadales y municipales; y en segundo término, al derecho de las mismas expresiones asociativas no estatales de evaluar y controlar la ejecución de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. De estos derechos derivan el presupuesto participativo y la contraloría social. El presupuesto participativo debe realizarse anualmente para consolidar el presupuesto consolidado de inversión en el caso de los municipios. La contraloría social; por su parte se desarrolla durante todo el año y de manera simultánea a los procesos de ejecución de políticas públicas.

El derecho a la participación genera otras responsabilidades para las autoridades públicas locales, ejecutivas y legislativas. Una de ellas es la obligación de realizar procesos de consultas públicas –generales o especializadas-; previa a la aprobación de leyes estadales y ordenanzas municipales. Y otra responsabilidad trascendente para la adecuada gestión de las autoridades locales es la publicidad o difusión de las normas, reglas y procedimientos que rigen las operaciones técnico-administrativas que se desarrollan en las dependencias oficiales.

@migonzalezm

jueves, abril 23, 2015

Sobre el Programa de Apoyo a la Gestión de los Gobiernos Municipales




Los días 10 y 11 de abril se realizó en el municipio Baruta (estado Miranda, Venezuela) el Encuentro Nacional de Políticas de Seguridad Ciudadana Municipal; el cual fue organizado por el Programa de Apoyo a la Gestión de los Gobiernos Municipales (PAGGM) del Instituto de Estudios Parlamentarios “Fermín Toro”, la Asociación de Alcaldes de Venezuela (AAV) y la Alcaldía de Baruta. En el evento participaron directivos de seguridad pública de 34 municipios y 190 representantes de distintas localidades del país que tuvieron la oportunidad de conocer; mediante 19 ponencias acerca de casos exitosos en materia de seguridad pública municipal. En la jornada participaron alcaldes y concejales; así como voceros de organizaciones no gubernamentales y vecinales. 

Este encuentro municipal -dedicado en esta ocasión al tema de las políticas públicas de seguridad-, viene a ser el tercero que realiza el PAGG-Municipal desde el año pasado. En efecto, el primero de ellos se realizó en el municipio Iribarren (estado Lara) a mediados del mes de junio de 2014 y su foco de análisis fue el de la Tributación y las Finanzas Públicas Locales. Luego a principios del mes de noviembre pasado se realizó en el municipio Mariño del estado Nueva Esparta el segundo encuentro temático que estuvo dedicado a la Participación Ciudadana Municipal.

Con estas jornadas municipales sobre políticas públicas se busca establecer mecanismos de intercambio y cooperación entre los distintos gobiernos locales, para potenciar sus capacidades de gestión estratégica y operativa en el cumplimiento de sus responsabilidades y competencias constitucionales. En estos eventos, los protagonistas y expositores son los propios responsables de la ejecución de las políticas públicas locales sin intermediarios, y con la consecuente posibilidad de enriquecer; tanto sus experiencias como las de cada participante institucional que forma parte.
En el PAGGM pensamos que el mejoramiento de las prácticas gubernamentales se acelerará mediante el conocimiento e intercambio de experiencias exitosas que puedan establecer las administraciones públicas locales.  

Durante el año 2014, el PAGGM por medio de los encuentros municipales de políticas públicas y de realización de talleres en temas específicos, atendió a 1.000 funcionarios directivos y profesionales de las alcaldías de la Alternativa Democrática, en un esfuerzo por contribuir a maximizar la capacidad de gobierno de las alcaldías y por ende, de elevar la calidad  de vida de todos los ciudadanos en cada municipio del país. El próximo encuentro nacional de políticas locales estará dedicado al tema de los “Servicios Municipales de Aseo Urbano y Agua” y se realizará en el municipio Diego Bautista Urbaneja (Lechería) del estado Anzoátegui, a mediados del mes de junio.      
@migonzalezm

martes, abril 07, 2015

VENEZUELA: LAS FIRMAS Y LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

De todos es sabido que los días 10 y 11 de abril, se celebrará en Ciudad de Panamá la VII Cumbre de las Américas, espacio intergubernamental para el tratamiento de asuntos de interés hemisférico. Esta VII Cumbre, tiene un especial atractivo por la reincorporación de Cuba a este tipo de escenarios. También, y más aún para los venezolanos, la Cumbre de las Américas posee un incentivo adicional por el pretendido enfrentamiento anti-imperialista que viene impulsando el gobierno de Maduro, a raíz de la sanción del gobierno de Obama, contra siete funcionarios venezolanos por presuntas violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.

El gobierno venezolano llega al encuentro hemisférico en unas condiciones políticas internas muy desfavorables. Desbordado por la crisis interna del país y maniatado por su propia incapacidad, la administración de Maduro ha emprendido una vasta campaña propagandística, mediática y de calle que supone la recolección de diez millones de firmas bajo la consigna: “Obama deroga el decreto ya”. Las firmas recogidas serían entregadas al presidente estadounidense durante la Cumbre de Panamá, como una demostración de fortaleza y soberanía frente al imperio.

En Ciudad de Panamá, la situación será muy compleja pues, veintiún ex-mandatarios iberoamericanos han preparado la “Declaración de Panamá” donde fijan posición sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, y sobre la situación que atraviesan los presos políticos en el país, entre los cuales destacan: Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos (Municipio San Cristóbal) y Antonio Ledezma (Distrito Metropolitano de Caracas) entre más de cuarenta disidentes detenidos. En tal sentido, parece difícil que el gobierno venezolano impida que salga a relucir de nuevo, su bajo desempeño democrático, en esa materia, frente a la opinión pública internacional.

De igual manera, parece difícil que Obama derogue las sanciones contra los siete funcionarios venezolanos, pues de su lado también priva la fortaleza y la soberanía. En realidad, el gobierno venezolano se encuentra muy presionado por su alto rechazo en la población; y requiere con urgencia presentar ante “propios y extraños” algún éxito político que le permita re-posicionarse o al menos, recuperar algunos puntos en las encuestas de opinión. Quizás, las declaraciones que ofrezca Maduro a los medios, durante la VII Cumbre sirvan para continuar con la campaña propagandística a su regreso al país, pero nada más. Una declaración anti-Obama luce inalcanzable.

De todos es sabido, que en Venezuela se realizarán elecciones a la Asamblea Nacional este año 2015. A la fecha de hoy,  los pronósticos electorales no son favorables ni para la administración de Maduro, ni tampoco para el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). De allí, que en esta VII Cumbre de las Américas, el gobierno venezolano con su credibilidad en juego, tratará de ocupar un lugar de protagonismo en Panamá, para comprar un poco de tiempo ante su electorado.

@migonzalezm

viernes, abril 03, 2015

Los Comités Ciudadanos de Control Policial


La promoción, creación y funcionamiento de los Comités Ciudadanos de Control Policial fue realizada mediante resolución N° 158 de fecha 11 de julio de 2011 del Ministerio del Poder Popular de Interiores y Justicia, publicada en G.O. N° 39.710 de fecha 20 de julio de 2011. Dicha resolución ministerial era de carácter provisional y sus finalidades eran promover y acompañar la creación y organización progresiva de los comités de control policial; así como el establecimiento de normas básicas de funcionamiento; además de garantizar el ejercicio de la participación ciudadana.

El ámbito de aplicación de esta norma tiene alcance nacional; pues incluye a la Policía Nacional Bolivariana, a las policías estadales y  a las policías municipales. Estas instancias se regirían bajo los principios de pluralidad e inclusión, transparencia, conocimiento y estandarización y participación articulada de la comunidad. Un hecho relevante es que sus integrantes responderían civil, penal y administrativamente por el ejercicio de sus funciones.

Los Comités Ciudadanos de Control Policial estarían integrados por 5 miembros principales y 5 suplentes, electos “de forma democrática y flexible” por consejos comunales y otras formas de organización comunitaria y social. Entre sus principales funciones destaco las siguientes: participar en procesos de consulta para el mejoramiento del servicio policial, evaluar y hacer control y seguimiento del desempeño policial, promover el nuevo modelo policial y propiciar la participación ciudadana.

La implementación de esta política pública requeriría de una evaluación técnica exhaustiva; aunque la opacidad sobre los procesos, procedimientos y datos oficiales la dificulta. Ahora bien, el ejercicio de mecanismos de control ciudadano sobre la gestión pública es un derecho que cobra mayor relevancia en ámbitos como la seguridad ciudadana e incluso en la protección civil. Para los gobiernos locales centrados en el cumplimiento eficaz y responsable de sus competencias, la cercanía entre los vecinos y los cuerpos policiales no constituye inconveniente alguno; por el contrario esa relación se convierte en una fortaleza institucional a potenciar.

Como afirmamos en una nota anterior unas policías municipales bien entrenadas, adecuadamente remuneradas y equipadas para el cumplimiento de su función es la mejor estrategia para crear cercanía y confianza con los vecinos y las comunidades. El seguimiento vecinal al desempeño policial resulta útil e imprescindible para atajar posibles desviaciones y contribuir a su mejor desempeño. Una advertencia necesaria, es que desde las alcaldías, como órganos de gobierno y también desde los concejos municipales se debe evitar la “politización” del concepto y de la prestación de este servicio público.

@migonzalezm