¿El chavismo se autodesmantela?: Lo que hay detrás de la eliminación de
siete entes públicos
Miguel
González Marregot señala que urge reestructuración de la administración
pública. Luis Carlos Díaz ve con escepticismo la eliminación del Cesppa
por Efecto Cocuyo | @efectococuyo22 febrero,
2026 2:15 am
La gobernante encargada, Delcy
Rodríguez, pasó de cambiar ministros y funcionarios y reubicar a otros a
iniciar una especie de “limpieza” en el aparato gubernamental con la
eliminación de siete entes públicos, entre misiones y fundaciones.
De acuerdo con copia de la Gaceta
Oficial extraordinaria, de fecha 9 de febrero, Rodríguez ordenó suprimir
la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz (creada
por Nicolás Maduro en 2015), la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario
de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación
Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, ambas constituidas en 2016.
Por decisión del interinato fueron
eliminadas igualmente la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina
Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), creadas durante el
gobierno de Hugo Chávez, además de la Fundación José Félix Ribas.
Una medida llamativa que incluyó el
decreto 5.248, fue la liquidación del Centro Estratégico de
Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado el 7 de octubre
de 2013, como ente adscrito al Ministerio del Despacho de la Presidencia y
Seguimiento de la Gestión de Gobierno, para solicitar, organizar y evaluar
información de interés sobre «la actividad enemiga interna y externa».
El objetivo, de acuerdo con el
interinato, es «adaptar la estructura organizativa a las nuevas directrices
y políticas de orden social«. En redes sociales, las medidas se atribuyeron
a un “desmontaje” de instancias creadas por Maduro y Chávez y se apostó porque
solo sería el comienzo de cambios más relevantes.
El partido Primero Justicia,
por ejemplo, habló del «desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo» y
exigió a Delcy Rodríguez ir más allá, si quiere hacer creer que existe
cooperación y reconciliación con el país.
Administración pública debe ser
reestructurada
“Estos cambios pueden atribuirse en
principio a un factor de sostenibilidad económica, quizás a su irrelevancia
institucional, en general son dependencias poco relevantes. El tutelaje
de Estados Unidos se centra ahora en el tema petrolero”, opinó
el experto en políticas públicas sobre las medidas.
Pero el profesor universitario
advierte que para la Presidencia encargada será “dificultoso” desmontar
la estructura clientelar existente por los compromisos adquiridos, por
lo que harán falta medidas más eficientes y profundas.
La Fundación Misión Jóvenes
de la Patria Robert Serra fue creada el 13 de diciembre de 2016,
durante el primer periodo de Maduro. Nació, de acuerdo con el Despacho de la
Presidencia, con el propósito de incluir a la juventud “en proyectos de
emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia”. Es uno de los
entes liquidados por Rodríguez, a partir de este 9 de febrero.
“La administración pública en
Venezuela necesita una reestructuración total en sus tres niveles político
territoriales. En mi opinión, a partir del año 2000 se inició en el país un
proceso de centralismo y concentración en el tratamiento de los asuntos
públicos que terminó con la burocratización absoluta del gobierno. La
participación fue sustituida por una serie de organismos y consejos que
terminaron asfixiando las iniciativas populares e imponiendo criterios
clientelares”, sostuvo González Marregot.
A su juicio, no basta con la
eliminación de tres o cuatro entidades públicas, sino que se trata de diseñar y
ejecutar un programa de reestructuración de la administración pública, basado
en la descentralización, la desconcentración y el establecimiento de convenios
de gestión con el sector privado, “sin ningún tipo de complejos”.
Hace falta más
La Fundación Misión Socialista Nueva
Frontera de Paz aparece en la Gaceta Oficial extraordinaria como el primero de
los entes cuya eliminación se ordena. Fue creada el 11 de septiembre de 2015,
con el objetivo “no exitoso”, destacó la ONG Provea, de impulsar la
constitución de una nueva frontera, reforzando y mejorando la seguridad en esas
zonas, las condiciones de la población y su capacidad productiva, lo cual
permitiría proteger a las comunidades que viven en las zonas fronterizas del
paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, el contrabando y cualquier
manifestación contraria al orden social y la paz entre los pueblos.
Sin embargo, en el artículo 2 del
Decreto 5.248 se aclara que la ejecución de los fines y objetivos de dicha
misión se trasladan al Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Un elemento crucial es el
establecimiento de procesos de transparencia y rendición de cuentas que de paso
están incluidos en el marco constitucional, pero que el gobierno no aplica. En
realidad, la actitud del gobierno pareciera apuntar hacia otro lado”, dijo
González Marregot.
Enfatizó en que si el gobierno, ahora
bajo la figura de interinato, quiere mejorar el aparato público y, por ende,
las políticas públicas, debe actuar en sentido contrario a todo lo que se ha
hecho hasta el presente, es decir, eliminando la exclusión y el clientelismo e
impulsando la descentralización de acuerdo con el artículo 184 de la
Constitución.
Uno de los programas emblemáticos de
Hugo Chávez, no exento de críticas por la falta de transparencia, fue la Fundación
Propatria 2000, creada el 4 de octubre del año 2000, durante los primeros
años del gobierno del líder fallecido. A través de dicha instancia se
ejecutaban obras de infraestructura, rehabilitación de espacios públicos y
proyectos especiales como los conocidos gimnasios verticales que hoy se
levantan en cada zona de Caracas.
Se considera uno de los programas
eliminados que presenta más denuncias por corrupción
Hoy dicha Fundación también queda
eliminada y deja atrás una estela de denuncias por sobreprecios, obras
inconclusas, transferencias sospechosas y desvío de recursos a contratistas
cercanos al Ejecutivo.
“Hay que reducir el tamaño de la
burocracia pública, potenciando los gobiernos regionales y locales, reagrupando
al personal y eliminando la serie de consejos burocráticos que solo sirven para
dividir a la población. Sin embargo, no pienso que esas sean las prioridades de
la actual administración gubernamental”, agregó González Marregot.
¿Menos control?
Sobre la liquidación del Centro
Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) hay escepticismo,
pues fue concebido para “proteger la seguridad nacional y neutralizar planes
desestabilizadores en Venezuela”.
En su momento, el Colegio
Nacional de Periodistas, seccional Caracas, denunció que dicho organismo
venía a criminalizar la libre opinión, controlar el flujo de información y
establecer censura sobre el periodismo.
Desde la ONG Transparencia Venezuela
igualmente se alertó que el Cesppa tenía la potestad de clasificar documentos y
datos del Estado como “secretos”, lo cual podía ser usado para ocultar
información de interés público, violando el derecho a la información.
Hoy el CNP considera que la
eliminación del Centro es un paso importante, pero insuficiente sin el
cese de la persecución política. El activista de derechos humanos, Luis
Carlos Díaz, comparte esta posición y advierte que los derechos a la libre
expresión e información aún no están a salvo en Venezuela, luego de la
extracción de Maduro el pasado 3 de enero.
“La mayoría de los bloqueos,
presiones y persecuciones se mantienen. Algunos medios han podido avanzar solo
uno o dos milímetros en algunos titulares que pueden leer y entrevistados que
pueden tener, pero solo eso. Los periodistas siguen trabajando en un entorno de
amenaza y riesgo. Sobre todas las cosas se mantienen periodistas presos -cuatro
según el Sntp- y otros con medidas cautelares inaceptables para poder
atemorizar al resto del gremio”, subrayó el comunicador social.
A su juicio, no está claro si el
Cesppa fue eliminado realmente o si fueron distribuidas sus competencias y
capacidades a otros entes. De hecho en el tercer considerando del decreto de
Delcy Rodríguez se señala que el objeto de los organismos y fundaciones
suprimidos fueron asumidos por otros entes del Estado.
“El Estado no es transparente,
no rinde cuentas y abusa del dinero público, así que de este organismo no hay
informes, presupuestos, nóminas ni organigramas públicos; por lo tanto, su
trazabilidad se hace más que opaca. No podemos especular si realmente ha sido
eliminado o si se trata de un cambio estético. El Cesppa es parte del aparato
represivo del Estado y ese aparato al día de hoy sigue intacto porque los
principales perpetradores se mantienen impunes y operativos”, recalcó
Díaz.
