2021 UN AÑO MUY ACTIVO. ¡GRACIAS.!

Mi estimados amigos y lectores, les saludo muy cordialmente.

Este año 2021, que ya culmina, tuvimos una actividad comunitaria y política muy intensa. Interactuamos con alcaldía y concejos municipales así como también con organizaciones no gubernamentales y partidos políticos con el propósito de seguir contribuyendo a la construcción de ciudadanía mediante la formación democrática y ciudadana.

Pese a las restricciones impuestas por al pandemia de COVID-19 pudimos realizar foros, talleres formativo y reuniones de intercambio y cooperación. Al respecto, debo agradecer a los líderes políticos y sociales que atendieron a nuestro llamado y colaboraron con nosotros en el cumplimiento de nuestra misión de educación comunitaria.

En este contexto debo agradecer muy especialmente tanto al Instituto de estudios Parlamentarios Fermín Toro (IEPFT) y a la Asociación Civil Gestión de Cambio entidades de la sociedad civil con las que trabajo directamente. Y de verdad, es un placer compartir con ambas entidades experiencias pedagógicas y comunitarias.

Hay firmes propósitos y proyectos que cumplir para el año 2022 para ello tenemos nuestra mejor voluntad y sólido compromiso. 

Por ahora, les deseo un muy feliz amanecer en el próximo año 2022. Abrazos para todos.

“La Vialidad Peatonal: Necesidad Urbana En Las Ciudades” Egilda Romero / Escuela de Vecinos de Venzuela

 

Una exigencia vecinal-ciudadana y un reto para los representantes políticos municipales en Venezuela

Les preguntamos hoy, atendiendo el clamor de muchos vecinos, tanto a los actuales representantes municipales como a los candidatos para las elecciones del 21 de noviembre de 2021, en Venezuela, sí se han paseado a pie por las calles y aceras de los sectores, comunidades y parroquias de los municipios que representan, no sólo para buscar votos, sino para que constaten lo difícil que es para un vecino-ciudadano de este país, y como referencia, entre otras ciudades, de La Gran Caracas, poder caminar o trasladarse por la vía peatonal desde sus hogares hacia otros lugares, bien sea por trabajo, estudio, diligencias o sencillamente para ejercitarse físicamente o recrearse. Lo que se hace inmensamente difícil y hasta desagradable, al ir por el camino sorteando con montañas de basura y sus malos olores, saltando charcos de aguas negras, esquivando huecos y alcantarillas sin tapas para no caerse y lanzándose a las calles con el riesgo de ser atropellados porque las aceras están ocupadas por carros, vendedores ambulantes o indigentes y, buena parte de éstas, rotas y levantadas, en algunos casos por raíces de árboles sin podar, dificultándose aún más el recorrido por la cantidad de semáforos dañados al momento de cruzar las principales calles y avenidas y pare usted de contar… sin mencionar, el suplicio que deben pasar las personas mayores que por salud requieren caminar y ni imaginar aquellas que tienen alguna dificultad, condición especial  o discapacidad, pues, es casi inexistente este tipo de urbanismo en nuestras ciudades. Igualmente, la calamidad de las vías deterioradas la sufren las personas que transitan en sus vehículos, pero eso sería otro asunto relacionado, el vehicular, así como otros problemas subyacentes que se reflejan en la comunidad (inseguridad, insalubridad, etc).  Por tanto, exigimos como vecinos-ciudadanos de este país, a los que tienen la responsabilidad de representarnos en nuestras ciudades y municipios hacer valer nuestros derechos y colocar en sus compromisos atender con urgencia “La Vialidad Peatonal”  y brindar las opciones que les sea posible gestionar como leyes, ordenanzas, partidas presupuestarias, obras y servicios, entre otras que, en la práctica, permita a niños, niñas, jóvenes y adolescentes,  hombres y mujeres, adultos mayores con o sin bastones, personas con alguna discapacidad, con muletas o en sillas de rueda, entre otras, contar con la vialidad peatonal que merecen y hacer que los municipios sean más amigables con sus vecinos-ciudadanos que los habita.  Exigencia que se proyecta como posible si hay compromiso y voluntad política de los representantes municipales que, se comprometen con sus vecinos-ciudadanos hasta en la capacitación y formación para conservar el buen estado de la vialidad peatonal y el urbanismo en general,  tal como lo han experimentado algunas ciudades emblemáticas en Latinoamérica, entre las que podemos mencionar a Río de Janeiro (Brasil) donde los ciudadanos y transeúntes gozan de amplia aceras como vialidad peatonal y su urbanismo amigable favorece el caminar y el andar sin tantos obstáculos (debería ser lo normal) como los que presentan la mayoría de nuestros municipios. 

Apoyaríamos entonces, cualquier iniciativa que respetara los derechos de los vecinos-ciudadanos a contar con una adecuada “Vialidad Peatonal” e incluya las opciones de gestionarla con eficiencia y empatía, manteniendo la participación y el contacto con la comunidad, donde también se debe promover el cumplimiento de los deberes en pro de la convivencia ciudadana y la calidad de vida en nuestros municipios.

LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN . José Gregorio Delgado Herrera / Escuela de Vecinos de Venezuela

 

Pronto tendremos la ocasión de expresar el derecho a participar en elecciones locales, este 21 de noviembre, hay que manifestar nuestro voto de apoyo al candidato de preferencia. Pasada la feria electoral, vale la pena participar, en favor de la diversidad de medios, según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en este caso, siguiendo el principio enunciado en el artículo 253, referido a la diversidad de los derechos. Se reconocen dos vías de participación, las actuaciones de la sociedad, para el ejercicio de los derechos en la gestión local, a través de tres expresiones, descritas en este artículo, que invitamos a leer y aplicar en tu parroquia y municipio, rescatando la diversidad en los tres aspectos indicados allí.

1.    Obteniendo información, sobre los programas y planes del municipio, las ordenanzas y las obras o los informes de las autoridades locales.

2.    Presentando y discutiendo propuestas comunitarias, utilizando los mecanismos establecidos por el gobierno municipal, a partir de las prioridades que se indican en el presupuesto de inversión municipal en obras y servicios.

3.    Participando en la toma de decisiones, exigiendo a las autoridades locales, los mecanismos necesarios.

AFGANISTÁN

De Afganistán recuerdo las promesas de Trump durante su primera campaña electoral de retirar tropas de EUA de allí y de otras zonas de oriente medio; y fue justamente lo que sucedió. En Afganistán fallaron la estrategia de imponer un gobierno democrático o por lo menos más abierto y progresista y, por otra parte, la guerra convencional frente a la acción de una guerrilla descentraliza y terrorista. Sin embargo, y contra todo pronóstico, en ese país quedaron sembrados los derechos de las mujeres, niños y niñas. Y esos derechos ahora son la bandera de lucha más justa y pertinente que se puede tener.

La situación del aeropuerto de Kabul es una ligera muestra de lo que pudiera estar sucediendo en el interior del país: violencia, represión e intentos de huida en masa de la población afgana frente al terrorismo talibán. sin embargo, no se tiene información cierta o fidedigna de ello. Otra cosa, es que está claro que Talibanes no son una fuerza única ni unida que controle el país. Pueden existir grietas diferencias entre las facciones que pudieran crear un nueva crisis interna.

La comunidad internacional y las ONG tendrán que ejercer un riguroso y severo seguimiento a la facción Talibán en el poder como medio de defensa de la población vulnerable que quedó en Afganistán y que occidente no debe abandonar. El mundo cambió con el posicionamiento de los derechos humanos en al agenda internacional y ese cambio tiene que hacerse efectivo ahora.

Baruta, su historia y sus vecinos

  

Este 19 de agosto se celebra el 401 aniversario de la fundación de Baruta, hecho que ocurrió en el año 1620. La fundación del pueblo la hicieron el presbítero Gabriel de Mendoza y el oficial José Gutiérrez Lugo, como representantes de los poderes eclesiástico y secular de la época. La base poblacional del centro poblado fueron los españoles y los indígenas de las encomiendas de la zona. Inicialmente, el nombre del poblado fue San Francisco de Paula que luego, en el año de 1655 se modificó por el de la Villa de Nuestra Señora del Rosario de Baruta, cuando fue terminada su iglesia.

La fundación de Baruta obedeció a la política general de la Corona española de reducción y reagrupamiento territorial de los indios (la reducción a poblado), decretada por el rey Felipe III en 1618. Esa política se caracterizó por la creación de pueblos de doctrina o pueblos de indios como medio de control a una dispersa población aborigen. La reducción a poblado en algunas ocasiones implicó importantes y forzosas migraciones internas de indígenas, pues eran obligados a trasladarse desde su hábitat original hacia otras zonas geográficas.

A los encomenderos no les agradó la reducción a poblado, pues preferían mantener a los indios dispersos, pero bajo su control y en sus respectivas encomiendas trabajando además bajo severas condiciones para su provecho directo. Sin embargo, la instrucción de la Corona se cumplió y el gobernador De Hoz y Berrios y el obispo Angulo mediante una eficaz alianza fundaron en la zona de Caracas -por lo menos-, dieciséis pueblos de indios entre los años 1619 y 1621. En ese contexto se fundó el pueblo de Baruta.

Para 1691 ubicamos a la villa de Nuestra Señora del Rosario de Baruta como un curato unido a Petare y, por supuesto, bajo la orientación de la iglesia católica. Algunos años más tarde, en 1720, el obispo Juan José Escalona y Calatayud separó Baruta de Petare, al cual pertenecía como pueblo de doctrina de indios a causa de la excesiva distancia entre ambas poblaciones y a las pésimas vías que dificultaban el traslado del cura doctrinero. La decisión del obispo Escalona y Calatayud le otorgó a Baruta categoría de parroquia con su propio párroco, el padre Pablo Calderón.

Posteriormente, la villa de Nuestra Señora del Rosario de Baruta aparece adscrita al Distrito Guaire del Cantón Los Altos, en la división territorial que estableció la Constitución de la Provincia de Caracas de 1812. En 1822, se crea el Cantón de Petare con los sectores de Baruta y El Hatillo bajo su jurisdicción, producto de la Ley de División Político-Territorial de 1821. En 1853 se reorganizan las parroquias del Cantón Petare, pero se mantiene a Baruta bajo esa adscripción. En la Ley del 28 de abril de 1856 (que estableció la división territorial de la República) encontramos a Baruta adscrita al cantón Petare de la provincia de Caracas, como una de sus parroquias junto a otras como: Monagas, Atillo (sic), Libertad y Unión.

En su periplo político-territorial, Baruta pasó a ser parte del estado Caracas en 1864. En 1879 pasa a formar parte del estado Centro y en 1881 del estado Guzmán Blanco (aunque siempre adscrito a Petare). En el año 1904 Baruta se anexa al Distrito Federal y permanecerá así hasta el año 1909. En la Ley de División Político-Territorial del estado Miranda de ese año, encontramos a Baruta junto a otros municipios como: Pacheco, Chacao y el Hatillo adscritos al nuevo Distrito Sucre, siendo su capital Petare. Para 1984, en la División Político-Territorial registrada por la División de Estadística del Consejo Nacional Electoral (CNE), Baruta aparece como un municipio perteneciente al Distrito Sucre junto a otros como: Chacao, Leoncio Martínez, El Hatillo y Petare. En realidad, nuestro municipio fue siempre dependiente en el plano administrativo de la localidad de Petare, hasta su elevación como municipio en 1987, a proposición de la diputada Carmen Torres y con el apoyo de la también diputada Gloria Capriles.

Desde el punto de vista de la vida cívica, de la organización vecinal (aunque de más reciente data y a comienzos de los años cuarenta del siglo pasado) Baruta registra una intensa actividad vecinal en las zonas populares. En efecto, la primera organización comunitaria fue la Junta de Vecinos en el barrio “El Güire” (1944) y, posteriormente surgió La Liga Agraria “La Peñita” liderada por Rosa Guzmán de Peña (de paso una de las dirigentes comunitarias más importantes que haya tenido Baruta). Un poco después emergerían las asociaciones de propietarios y residentes en las urbanizaciones; tales como: las asociaciones de propietarios y residentes de la urbanización Prados del Este (ASOPRAES, 1964), la de El Peñón (ARPEC, 1964), o la de El Cafetal (APRACAF, 1965). 

Las organizaciones comunitarias de Baruta desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del movimiento vecinal metropolitano y es así que, en el año 1974 participan de la que será la agrupación más importante del país (en su momento) como lo fue la Federación de Asociaciones de Comunidades y Urbanas (FACUR). FACUR -sin lugar a dudas-, representó un cambio sustancial en el tratamiento de los asuntos urbanos e incluso políticos relativos a las municipalidades venezolanas.

Para comienzos de la década de los años 80 y, bajo la orientación de la Coordinadora de Organizaciones Vecinales del Sureste (COMSURESTE) y de su líder Juan Negretti Malpica, los vecinos organizados logran detener la ordenanza de zonas especiales que perjudicaba las áreas verdes del sureste del hasta entonces Distrito Sucre y, justamente de esas luchas nació la celebración del Día del Vecino, cada 3 de octubre.

La acción de contraloría vecinal de las campañas electorales en espacios públicos realizada por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de La Hoya de El Cafetal (CORACAFE), las manifestaciones de comunicación alternativa realizada por el Movimiento de Integración de la Comunidad (MIC), así como el surgimiento del Movimiento “Queremos Elegir” fueron claras demostraciones de la capacidad de trabajo e incidencia pública del movimiento de los vecinos en Baruta. En ese contexto, Carmen Beaujon, Luisa Figueroa y Dilia Gallamini se convirtieron en referentes fundamentales para el movimiento ciudadano por su trabajo voluntario y su actitud ética constructiva. Como parte de la actividad ciudadana del país le tocó a Baruta elegir el 5 de agosto de 1995 al primer Juez de Paz de Venezuela, recayendo la responsabilidad y el honor en el vecino Antonio Pulido.  

Una de las luchas más trascendentes emprendidas por el movimiento vecinal baruteño fue su oposición a los proyectos de construcción de viviendas en la Base Aérea Generalísimo “Francisco de Miranda” durante 2007 y 2008. Tras una férrea resistencia contra las decisiones del Gobierno Nacional, el consejo comunal y la asociación de vecinos de Chuao encabezaron una lucha pertinaz en procura de la paralización de las obras que se habían iniciado (que finalmente lograron) y en la solicitud de la construcción de un parque verde en el espacio de La Carlota.     

Baruta conformó su primer Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) en 2004, órgano municipal que ha venido funcionando de manera irregular -desde entonces-, a pesar que pudo impulsar algunos mecanismos de participación ciudadana como el presupuesto participativo. A partir del año 2006, la historia del movimiento vecinal de Baruta cambia de manera drástica con la creación de los consejos comunales como nuevas instancias de organización comunitaria. Las asociaciones de vecinos son desplazadas en su mayoría y, comienza una transición hacia una nueva situación en la que a las asociaciones de vecinos (convertidas en consejos comunales) les toca defender su autonomía y las políticas de segregación impulsadas desde el Ejecutivo Nacional.

La lucha de los movimientos vecinales baruteños no cesa y frente a la pretensión gubernamental de separarles del estado Miranda se han plantado y han logrando detenerla. Sin embargo, hay un conjunto de retos a enfrentar como: la propuesta de la implantación del Estado comunal, la baja calidad de los servicios públicos, el desorden urbanístico que cada día gana más terreno en el municipio, la incertidumbre por la pandemia del Covid-19 o si se quiere la recuperación de la mayoría en el Concejo Municipal. Hay pues, una agenda de lucha planteada que requiere decisión y firmeza para su abordaje así como lo tuvieron aquellos conquistadores que por 1620, decidieron fundar un poblado de indios con más sueños que realidades, que de no haber sido así; quizás Baruta en la actualidad no existiría.   

@migonzálezm

Ante la ciudad comunal: CIUDADANOS Y COMUNIDADES LIBRES

 

https://fermintoro.net/portal/2021/06/ciudadanos-y-comunidades-libres/

MI SOLIDARIDAD PLENA CON ASOPRAES

 

La toma por un tribunal de la sede de ASOPRAES, ocurrido esta semana que culmina, no es un hecho aislado, el mismo se enmarca dentro de la estrategia general del PSUV de amedrentar y desarticular las organizaciones vecinales y comunitarias que constituyen parte del corazón de la resistencia democrática en la Venezuela. Además, tampoco es casual que esa medida judicial ocurra justamente en un año donde realizarán las elecciones municipales y en el cual el PSUV aspira a controlar los destinos políticos del emblemático municipio Baruta.

Es por ello que los ciudadanos además de mostrar la solidaridad comunitaria siempre, nos corresponde en buena medida salir del confort de las redes sociales y retomar la defensa más activa de los espacios vecinales, parroquiales y por supuesto municipales. Y es que la intervención de ASOPRAES tiene un propósito antidemocrático que no debemos pasar por alto: el irrespeto y violación derecho a la libre elección y participación de los ciudadanos. Así mismo, la intervención nos muestra la politización de la justicia para saldar cuentas entre posibles adversarios.  

Lo ocurrido en ASOPRAES constituye, sin lugar a dudas, la advertencia más dura y firme del PSUV frente a los movimientos vecinales venezolanos. Pero de igual manera supone un llamado a la reflexión para aquellos sectores que creemos en la democracia municipal y republicana. Se trata de conformar las plataformas necesarias en cada comunidad, vecindad y municipio del país la defensa de los valores y de libertad y de democracia.

El movimiento vecinal venezolano ha tenido una larga trayectoria de lucha en defensa de las condiciones de vida de sus comunidades, pero también en la lucha por la democratización del sistema político venezolano. Hay una trayectoria que hoy en día se tiene que rescatar desde la base como única alternativa frente al totalitarismo del Estado comunal.

Mi solidaridad plena con ASOPRAES y con todos aquellos activistas que día a día pelean por rescatar nuestra democracia.

Defendamos nuestros municipios

 

8 de junio de 2005, entraba en vigencia la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Una muy buena ley que organizaba al municipio con base a cuatro funciones: ejecutiva, legislativa, planificación y control; y también consagraba amplios derechos a la participación ciudadana.

La Ley Orgánica del Poder Público de 2005, fue sucesivamente reformada en 2006, 2009 y 2010 con el propósito de reducir la autonomía y las capacidades de gestión de los municipios y de abrir campo a la imposición de modelos de organización territorial centralista y autoritaria.

A partir de 2007 el PSUV ha tratado de imponer en el país al Estado Comunal. Esta distopía se basa en restringir las libertades mediante la imposición de un pensamiento único y en la eliminación de nuestros municipios como entidades democráticas autónomas y descentralizadas.

Este año 2021 hay elecciones locales y el mismo PSUV que aspira acabar con el municipio venezolano, la descentralización y la participación libre, se preprara para presentar sus candidatos a alcaldías y concejos municipales en ese comicios. 

Esos candidatos del PSUV serán sin duda alguna los candidatos del Estado comunal y del autoritarismo; los candidatos que tratarán de desmantelar el espacio natural para el ejercicio de la democracia como es el municipio. 

Hay que denunciarlos..! No al Estado comunal..!

Defendamos nuestros municipios..!

LOS MOVIMIENTOS VECINALES Y LAS REFORMAS DEMOCRÁTICAS EN VENEZUELA 1958-1998

https://fermintoro.net/portal/2021/05/los-movimientos-vecinales-y-las-reformas-democraticas-en-venezuela-1958-1998/ 

CON LOS VECINOS HABEIS TOPADO

La propuesta de reagrupar; bajo el gobierno del Distrito Capital a los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre y, separarlos del estado Miranda no solo se convirtió en estos días en un reactivador de sus movimientos vecinales; sino que por retruque colocó además sobre la mesa un asunto de importancia capital, como es la necesidad de abordar el tema de la administración territorial y de servicios del Área Metropolitana de Caracas.

En esta oportunidad, la idea de impulsar una recentralización político-territorial fue de Jacqueline Farías y, esa idea vagamente esbozada le costó su puesto como Jefa del Distrito Capital. Mientras, el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez (una vez conocida la destitución de la ingeniera Farías) declaró que: “a Miranda no la dividía nadie”. En realidad, el gobernador no podía aspirar a una reelección con el hándicap de haber aceptado con indiferencia la desmembración de la entidad federal donde ejerce el gobierno. Otra situación ocurrió con las delegaciones municipales del PSUV que guardaron un silencio -más sumiso que cómplice-, frente al desarrollo de los acontecimientos desatados por la propuesta Farías. 

Desde los municipios afectados; tanto autoridades públicas como la vocería de los movimientos sociales y vecinales expresaron su rechazo a la idea de la recentralización político-administrativa del Área Metropolitana de Caracas. Así, los alcaldes de los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Los Salias expresaron su formal rechazo a la intención del PSUV. Mientras en el municipio Baruta se constituía una alianza entre las organizaciones vecinales y los partidos políticos para la defensa del municipio. Esta iniciativa fue replicada posteriormente en el municipio Chacao. Se inició de esta manera, un sendero unitario; por demás interesante y beneficioso entre los factores democráticos, justo y quizás en el ámbito territorial más adecuado: el municipio.

En realidad, hay una clara intención ideológica del PSUV y su régimen de ejecutar un reordenamiento territorial basado en el centralismo político-administrativo ya presentado al país en el proyecto de reforma constitucional del año 2007, el cual fue derrotado política y electoralmente en esa oportunidad. Sin embargo, la idea de un estado centralizado, con una nueva base territorial (comunas, ciudades comunales, distritos motores; entre otras) y sobre la base de una economía colectivizada y con una participación tutelada, sigue presente en el ideario del bloque oficialista. Y esa ideación totalitaria tiene nombre: el Estado comunal.

En ese contexto, la problemática del Área Metropolitana de Caracas no puede ser obviada. Los déficits en la prestación de servicios públicos; así como la incertidumbre sobre su crecimiento, (por citar solo dos aspectos) requieren de una reflexión programática; pero también democrática e incluyente. Esa es una tarea que a los sectores comprometidos con el cambio político les corresponde acometer. La Alcaldía Metropolitana dejó una serie de estudios y experiencias que podrían ser aprovechados en conjunto, con propósitos constructivos y en unidad; tanto por los sectores políticos como por la ciudadanía y, así fortalecer la opción de cambio. Al respecto cabe recordar que, la unidad democrática será siempre más fuerte con base a acuerdos programáticos entre sus componentes.

Me parece importante realizar un comentario adicional sobre los movimientos vecinales y comunitarios. Y es que estas entidades siempre han estado del lado de la defensa de las reivindicaciones inmediatas y de las luchas democráticas en Venezuela. Desde su aparición en los años veinte y, por medio de sus diversas manifestaciones (Ligas de Colonos, Juntas Profomento, Juntas Promejora, Juntas Vecinales, Asociaciones de Propietarios y Residentes y, por supuesto, las Asociaciones de Vecinos) los movimientos de base se han hecho sentir en la lucha por la elección directa de gobernadores y alcaldes, la democratización de los municipios y la descentralización; así como también con su firme defensa del medio ambiente. Es decir, en nuestro país, los movimientos vecinales son parte de nuestra cultura democrática y, por ende, representan una reserva para emprender los cambios políticos que nuestra realidad exige.

La idea de establecer y formalizar puentes entre los distintos sectores sociales y comunitarios del Área Metropolitana de Caracas puede ser un elemento aglutinador que contribuya a la creación de una vecindad metropolitana basada en la defensa de los derechos ciudadanos y de la descentralización y la autonomía municipal. Después de todo, la amenaza totalitaria está allí y, se fortalece con la dispersión y la desunión de los demócratas.

 

@migonzalezm

Entrevista en Crónica Uno

 

“Con el parlamento comunal Maduro trata de cerrar su hegemonía legislativa”

Por Carlos Crespo @CarlosCrespoR

16 enero, 2021

Para el experto en políticas públicas locales, Miguel González Marregot, la oposición debe organizarse a través de las instancias regionales, locales y vecinales. “Hay que crear espacios de participación donde baje la polarización, donde los vecinos y los ciudadanos puedan reencontrarse”.

Caracas. El experto en políticas públicas locales, Miguel González Marregot, señala que el Gobierno piensa que llegó el momento de impulsar un régimen político que apunta a un “estado unitario” en el que se centraliza y concentra la gestión territorial y se le va quitando peso y recursos a las gobernaciones y alcaldías. “La propuesta de Maduro de crear, en este momento, un parlamento comunal obedece a tratar de cerrar y consolidar su hegemonía legislativa”, advierte.

El profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) considera que esta amenaza, junto con el anuncio de unir a algunos municipios de Miranda al gobierno del Distrito Capital, deben “llamar a la reflexión” a la oposición e impulsarla a organizarse a través de instancias regionales y locales. “En los gobiernos locales y regionales hay que dar la batalla en forma unitaria”.

A su juicio, hay que defender el derecho a la participación “sin ningún tipo de complejo” a través de las organizaciones políticas, los movimientos sociales y los movimientos vecinales. “Hay que crear espacios de participación donde baje la polarización, donde los vecinos y los ciudadanos puedan reencontrarse”.

¿Cómo ve el anuncio de la elección de un Parlamento Comunal? ¿Habría algún cambio en los municipios?

—Cuando hubo la propuesta de reforma constitucional en el 2007 el parlamento comunal no aparecía en la reforma para nada. Aparecía la incorporación de una serie de consejos, el consejo de trabajadores, repotenciar el tema de las asambleas de ciudadanos y los consejos comunales, las ciudades comunales, las comunas, pero el parlamento comunal no aparecía por ningún lado.

Si se revisa la propuesta de reforma de 2007, que fue derrotada política y electoralmente por el sector democrático del país, uno se da cuenta que la Asamblea Nacional (AN) quedaba más o menos igual. ¿Cuándo surge el tema del parlamento comunal con relativa firmeza? Aparece a partir de la Ley de las Comunas en 2010, pero aparece como una figura local. Era una especie de gobierno colegiado de las comunas, y probablemente de las ciudades comunales, que subyacía en esa propuesta de ordenamiento territorial, pero tenía una orientación estrictamente local.

En el 2015, luego de la pela que recibe el Gobierno en las elecciones parlamentarias, Diosdado Cabello propone la creación de un parlamento comunal y lo propone como una medida desesperada para tratar de mantener la hegemonía que se tenía o que venía teniendo el gobierno en materia legislativa y que perdía en esas elecciones de 2015.

El señor Cabello juramenta un parlamento comunal que va a fracasar porque no se consiguió, y no tenía, ningún asidero jurídico y constitucional. Esa es una de las graves desventajas que tiene toda esta entelequia del estado comunal y del parlamento comunal. No tiene basamento legal establecido y mucho menos una competencia y unas atribuciones. Cuando ese parlamento comunal fracasa, surge la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), esta última que finalizó, que era supuestamente para hacer una Constitución que no hizo, pero se comenzó a hablar de nuevo del parlamento comunal nacional.

Estoy convencido de que la propuesta de Maduro de crear, en este momento, un parlamento comunal obedece a tratar de cerrar y consolidar su hegemonía legislativa. Ahora que tiene una AN, elegida de manera írrita, para tratar de atornillar más su proyecto hegemónico y autoritario

 

¿Eso sería través de leyes en la AN del 6D que impliquen cambios a la Constitución?

—Pudiera ser, pero ahí hay un detalle importante. Si se crea el parlamento comunal, ahí habría que definir como se elegiría ese parlamento comunal. En realidad, no hay prueba de la eficiencia política de las comunas en el país. Las comunas pueden ser una entelequia. De hecho, funcionan más los Clap, en el tema del control político, que las comunas y los propios consejos comunales, por el estado de pobreza que atraviesa la mayoría de la población venezolana. Es todo un proceso que habría que definir, toda una arquitectura.

No dudo que el régimen tenga imaginación. La vemos en las atrocidades que salen usualmente, pero tiene que fajarse a construir esa arquitectura del parlamento comunal. Ahí viene una pregunta importante: ¿esos diputados del parlamento comunal tendrían la misma legitimidad, las mismas competencias, atribuciones, el mismo valor político de los otros diputados? ¿Ese parlamento comunal estaría por encima de la AN que fue electa recientemente o estaría subordinada?  Ahí hay una contradicción en el chavismo de cómo hacer funcionar ese parlamento comunal que ellos están prometiendo.

Pueden llevar algún conjunto de leyes o reformar otras porque sienten que están en una coyuntura que les permite impulsar un régimen político donde el voto de primer grado se difumine y les permita la extensión de mandato, la eliminación de alcaldías, incluso de gobernaciones.

Me preocupa mucho el tema de las Regiones de Defensa Integral (REDI) porque ellas reúnen a varias gobernaciones y tienen la pretensión de recibir recursos del fondo de compensación interterritorial del Consejo Federal de Gobierno. Esos recursos, a los que ellos aspiran, se lo estarían extrayendo a las gobernaciones, los municipios e incluso a los consejos comunales. Ahí hay un enredo que solo parece explicarse por el objetivo de lograr un régimen hegemónico en el país.

Lo que se intenta, entonces, es cerrar los espacios de descentralización que quedan, o por lo menos dejarlos sin recursos y financiamiento.   

—Sí. Si mal no recuerdo, en las sesiones que hubo del mapa de los objetivos estratégicos ahí se discutía que la descentralización era mala porque perdía peso el poder central. Era negativa, así lo veía el Gobierno, y la idea era reforzar justamente el centralismo y el control sobre las entidades federales y sobre los gobiernos municipales, lograr un estado unitario en vez de uno descentralizado, con la gravedad de que la administración de ese estado unitario está en manos de una posición política totalitaria.

¿Por qué considera que las comunas han sido una entelequia?

—Leí que Maduro decía que había 42.000 consejos comunales en el país en este momento. Esa es una cifra que se quedó fija desde hace algunos años. No se han creado más consejos comunales desde mediados de 2015, de 2016. Eso quiere decir que ha habido un frenazo en eso. Las comunas surgen de la unión de los consejos comunales. Son una especie de mancomunidad, aunque al sector chavista no le gusta ese término ¿Cuántas comunas hay? No se sabe, ni se tiene una cifra acertada sobre el número y sobre su rendimiento.

Reciben más recursos del fondo de compensación interterritorial los consejos comunales que las comunas. ¿Por qué digo que son una entelequia? Porque no se han podido establecer en el país de manera consistente, de manera sólida, como una entidad político territorial. Primero la comuna no está en la Constitución, segundo son para construir supuestamente una sociedad socialista. Cualquier persona que no esté de acuerdo con construir una sociedad socialista está fuera de la comuna. Se fundamentan en un tema de participación política tutelada y donde sus órganos son electos en segundo y tercer grado, se rompe la unidad ciudadano-voto y se implementa otra cosa, lo cual también dificulta su legitimidad.

Hay algo que preocupa mucho que es que la comuna solo reconoce la propiedad colectiva y la propiedad social. ¿Aquellos bancos que quedan en el territorio de una comuna se verán afectados por la gestión de esta? Si no los afecta no tiene sentido ese reconocimiento de la propiedad colectiva. Esa función, esa característica de la comuna, es más una dificultad para su existencia y, por último, no generan recursos propios, sino que dependen del ejecutivo nacional. Por eso estimo que las comunas son una entelequia y crear un estado comunal sobre eso es mucho más difícil. Hasta este momento han sido muy escasas las demostraciones del poder comunal o del estado comunal.

 Estas propuestas del parlamento comunal deben llamar a la reflexión al sector democrático que debe comenzar a activarse, no solo a escala nacional, sino también regional y sobre todo local y microlocal. Es allí donde, de nuevo, se plantea un debate y donde la organización democrática debe saber expresarse con figuras alternativas y denunciando las arbitrariedades que se están cometiendo en los municipios.

Algunos voceros del chavismo están planteando unir los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre al Distrito Capital. ¿Cómo ve esa propuesta?

—Es una propuesta pintoresca, sin restarle gravedad. Aquí había un organismo de coordinación que era la alcaldía metropolitana cuyas autoridades, el acaldes metropolitano y los concejales o el cabildo metropolitano, eran electos de manera universal, secreta y directa y tenían unas competencias muy precisas que era la coordinación de los servicios públicos ¿Qué ocurrió? Que el PSUV, como no contralaba la alcaldía metropolitana, decidió eliminarla sustrayéndole el presupuesto, tomando su sede, persiguiendo a los concejales metropolitanos y, finalmente, suprimiendo de manera arbitraria la existencia de ese organismo.

¿Eso se va a suplantar con el gobierno del Distrito Capital? Creo que no, por un pecado original, y no precisamente venial, de origen que es la legitimidad que tendría esa autoridad. En segundo lugar, la gestión del actual Distrito Capital ha sido ineficaz e irresponsable en lo que ha hecho en el municipio Libertador.

Ahí también hay un tema territorial de por medio. La propuesta del estado comunal trata de centralizar la gestión territorial, y justamente esta propuesta, qué casualidad, busca centralizar sobre una autoridad impuesta, el gobierno del Distrito Capital, a cuatro municipios que tienen autoridades electas mediante el voto universal, directo y secreto. Eso es realmente otra aberración que responde a una concepción centralista de la gestión del territorio.

Sí pienso que hay que revisar con seriedad el tema de la gestión metropolitana de los servicios públicos. Aquí ha habido trabajos muy serios al respecto, dirigidos por el arquitecto Marco Negrón y la arquitecta Zulma Bolívar, en el Plan Caracas 2020. Ahí hubo un trabajo técnico que se planteó el desarrollo metropolitano en cuanto aspecto territoriales y los servicios públicos. Si se aborda esa discusión con los gobiernos legítimamente electos y con los vecinos uno pudiera tener unas conclusiones interesantes, pero si se aborda el tema de cooptar, de centralizar unos municipios a la autoridad impuesta de un gobierno central, eso no va a terminar bien. Lo que va a traer es mayor dificultan en la gestión y en la gobernabilidad de un ámbito metropolitano como el caraqueño.

Como ve el anuncio de pasar las elecciones de alcaldes para 2022 ¿puede haber alguna activación del sector democrático, desde lo local, ante este tipo de medidas?

—Maduro dispone cuando son las elecciones y cuando no, independientemente de lo que diga la Constitución y el marco legal. Como ciudadano pienso que en los gobiernos locales y regionales hay que dar la batalla en forma unitaria y hacer valer la minoría que tiene el sector democrático en este país. Los alcaldes y los gobernadores que se obtengan van a ser un vínculo muy importante con la lucha que está impulsando, a escala nacional e internacional, el presidente Juan Guaidó. Hay que participar ahí sin ningún tipo de complejo sino de manera unitaria con las organizaciones políticas, con los movimientos sociales y con los movimientos vecinales que pueden dar un salto cualitativo. Defender el derecho a la participación es una estrategia vital que se tiene que asumir en el país.

Los mecanismos de representación política necesitan una renovación y hay que crear espacios de participación donde baje la polarización, donde los vecinos y ciudadanos puedan reencontrarse, pero eso supone el reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad, que propuestas como el parlamento comunal, como el estado comunal, o la estrategia del PUSV niegan absolutamente de raíz.

Foto: Súmate.org

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En 2021, la lucha continua..!

 

 

En este recién iniciado 2021, continúa la batalla política por el control del Estado venezolano. Lo que ocurre en nuestro país se puede enmarcar en el contexto global del asedio y estrangulamiento que sufren las democracias en el mundo y, por supuesto, en Latinoamérica; solo que en nuestro caso, ese desmantelamiento se impulsa utilizando a la propia institucionalidad pública. Sin embargo, la batalla política que se libra sigue en desarrollo y no ha concluido; pues existe una mayoría social que a pesar de su escasa organización política, aún se resiste al totalitarismo.

La dinámica política nacional sigue bajo la presión del grupo oficialista que insiste en “apretar las tuercas” al resto de la sociedad, para imponer su modelo de organización social. Para ello, cuenta con una infraestructura estatal -que si bien no responde a los cánones y condiciones de legitimidad democrática-, sirve para alcanzar sus propósitos políticos cubriendo ciertas formalidades ante la opinión pública nacional y ante la comunidad internacional. Está todo bien pensado.

En este contexto, la alianza con el componente militar es vital; tanto para su mantenimiento como para la muy relativa gobernabilidad que aún preserva la revolución de Maduro. El control absoluto del Poder Público ha facilitado la creación de redes clientelares con factores privados (legales e ilegales) que se manejan bajo la absoluta discrecionalidad. Un producto social directo de esas redes clientelares lo constituyen los llamados “enchufados”. Los enchufados es el término popular para referirse a aquellos grupos que obtienen beneficios y prebendas de su relación con la administración pública y, que  exhiben sin decoro los beneficios de su apoyo sumiso a la revolución, sin ningún reparo ético. 

Al margen del sector de los enchufados se encuentra una muy amplia mayoría de venezolanos bajo la indefensión y la precariedad económico-social directamente originada por la revolución del PSUV. El desempleo y subempleo, la hiperinflación, la devaluación, la inseguridad jurídica y personal (hay zonas dominadas por la delincuencia organizada); así como la incertidumbre en medio de una pandemia de cuyo tratamiento se sabe poco y el deterioro generalizado de los servicios públicos básicos constituyen la dinámica diaria de la población del país y, también el incentivo para que otros casi 6 millones de venezolanos hayan decido emigrar del país buscando una mejor calidad de vida.

En el plano político la persecución de la disidencia ha comenzado este año 2021, sin desmayo ni reparo. Así, lo demuestran las visitas oficiales a medios de comunicación independientes a los cuales se les ha sustraído sus equipos de trabajo. Hay además  amenazas de encarcelamiento a los diputados de la legítima Asamblea Nacional y denuncias de persecución de activistas y defensores de los derechos humanos, lo cual ha encendido las alarmas de las organizaciones de desarrollo social y de los movimientos sociales autónomos.

En realidad, la oposición democrática se encuentra dividida y dispersa; quizás influya en ello la severa precariedad social que vive la mayoría de la población, hecho que debilita y aleja sus posibilidades de organización. Al liderazgo democrático se le formulan críticas constantes; tanto por lo que hace o por lo que se deja de hacer. Al parecer, hay una campaña contra Juan Guaidó; así como la hubo en su momento contra Henrique Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado o cualquier otro dirigente opositor que destaque. Aunque sea pintoresco hay una oposición, tan opositora (y por ende, negacionista) que termina justificando las acciones de Maduro y descalificando cualquier iniciativa democrática.

Los sectores democráticos requieren una estrategia política con mayor eficacia política; y esa estrategia pasa por la unidad de todos los factores. Necesitan también mejorar su narrativa y elaborar un discurso convincente. Cabe recordar que, la fuerza de los sectores democráticos descansa en la esperanza de cambio y de mejoramiento de las condiciones de vida de la población y, esa esperanza requiere un buen discurso. De paso, ¿será posible, traducir o convertir al Plan País, en una narrativa o discurso político atractivo y coherente?

Es muy importante destacar que la oposición necesita optimar su aspecto organizativo. A los demócratas venezolanos les toca asimilar que la organización interna y el trabajo en equipo son eventos cruciales e indispensables para afrontar con éxito la batalla política que libran. Los partidos políticos deben recuperar su organicidad y no solo en el ámbito nacional; sino también a niveles regionales, locales y micro-locales. Un detalle vital es elevar la formación de su dirigencia y su militancia. Se trata de ampliar su visión y capacidad de análisis del país que pretenden liderar. El trazado del futuro del país también pasa por comprender su historia (política, económica y social) ¿Qué tal entonces, si se comienza al menos, por una lectura de Rómulo Betancourt y de German Carrera Damas?

Me permitiré hacer tres comentarios sobre las organizaciones de desarrollo social (¿o la sociedad civil?) porque hay una creciente presunción de acentuar la acción de las ODS en el tema político. Esa presunción puede ser positiva, siempre y cuando, no se pierda la noción de sus objetivos reales. Además resulta poco serio leer a dirigentes sociales pontificando sobre la autenticidad de unas organizaciones sociales sobre otras. Las tres observaciones son las siguientes: i) las ODS son intermediaciones entre el Estado y la ciudadanía, son canales de participación, ii) las ODS también son un tipo de organización política (ciudadanas) de la sociedad; pero eso no significa que sean partidos políticos. Es decir, las ODS no buscan la administración del poder público aunque sí tratan de influir en él y, iii) en las ODS es natural que cohabiten distintas posiciones políticas; por ende, hay una pluralidad de intereses que no son los intereses de sus directivos.

En el anterior contexto resulta relevante también destacar un conjunto de iniciativas ciudadanas (incluso eclesiásticas) que vienen trabajando -por separado-, temas referidos a la redemocratización del país, a la formulación de un Estado Ciudadano o el relacionado con la creación de instancias de participación federal alternativas. Ojalá, se comprenda en el seno de esos valiosos grupos de activistas e intelectuales ciudadanos la fortaleza que brinda el estudio y el trabajo unitario. Hay que establecer nexos con los grupos vecinales y comunitarios; así como con las organizaciones sociales.    

Por último, el apoyo internacional seguirá siendo extremadamente importante para el avance las luchas democráticas en Venezuela. Una buena noticia es que en la comunidad internacional, el liderazgo y reconocimiento de Juan Guaidó sigue siendo firme. ¿Cómo imaginar cualquier proceso de encuentro y de diálogo internacional sin la participación del joven Guaidó y del mayoritario sector democrático que lidera? La era Trump pasó y llega ahora la gestión Biden. La Unión Europea (UE) y otras organizaciones regionales mantienen el apoyo al liderazgo democrático venezolano. En tal sentido, abrir una disputa interna para cuestionar el liderato unitario sería una tontería.

 

@migonzalezm