MUNICIPALES 2013: ENCUENTRO SOBRE UN NUEVO MAPA POLÍTICO

Los resultados electorales de las pasadas elecciones municipales consolidaron la presencia de la alternativa democrática en todo el país, pero además reafirmaron que la estrategia de la unidad contribuyó en forma definitiva a su recuperación político-territorial. Sin lugar a dudas, hay un nuevo mapa político en el país, que refleja un equilibrio que facilitó la realización del encuentro entre el Ejecutivo Nacional y los alcaldes de la MUD, en condiciones de un reconocimiento político mutuo.

Según el último anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el PSUV y sus aliados obtuvieron 242 alcaldías (72.24%) de las 335, con 5.277.491 votos; mientras que la MUD más sus aliados ganaban 75 alcaldías (22.39%) con 4.423.897 votos. Agregó el CNE que, otros factores obtuvieron 18 alcaldías. También informó que, el total de sufragios emitidos a escala nacional representa 54% para el chavismo, 44% para la oposición y 2% distribuido entre otras organizaciones políticas.

La MUD obtuvo unos resultados muy importantes; además de ganar el gobierno en 75 municipios, logró la mayoría legislativa en otros 15; con lo cual asumió el control político en 91 municipios del país. La alternativa democrática también aumentó su presencia legislativa local con 773 concejales en toda Venezuela, triplicando  por lo menos, la cantidad de ediles ganados en las elecciones del 2005. Las principales ciudades del país continuaron bajo la administración de alcaldes de la MUD; y a ellas se le agregaron las ciudades de Barquisimeto (Lara), Barinas (Barinas), Maturín (Monagas), Valencia (Carabobo). Además, 6 de los 9 los municipios más poblados están bajo gobierno de la alternativa democrática.

El pasado Miércoles, 18 de Diciembre se realizó en el Palacio de Miraflores, un encuentro formal entre los alcaldes de la MUD y el Presidente Nicolás Maduro. La reunión sirvió para que además de reencontrarse los dos bloques ideológicos contrapuestos se discutieran una serie de asuntos pendientes de interés público, de distinto tenor. Así, para los alcaldes de la MUD, fueron  temas centrales: el tema del respeto al Estado federal descentralizado y, por ende de las competencias de estados y municipios; así como también la eliminación de los “organismos paralelos de gobierno” y la promulgación de una Ley de Amnistía para los presos políticos venezolanos.

En otro nivel, no menos importante pero circunscrito a necesidades locales, los alcaldes mencionaron el tema presupuestario, la eliminación del cobro del IVA y temas más puntuales como las políticas de seguridad, la recolección de desechos sólidos, la atención a la vialidad y las políticas agrícolas entre otros aspectos; todos estos asuntos enmarcados dentro de un enfoque de gestión corresponsable y descentralizada. Por su parte, el bloque oficial; además de reiterar la aplicación del “Plan de la Patria” tuvo la necesidad de tomar nota de los aspectos que fueron mencionados en la reunión. Al final, y como sello definitivo del encuentro se estableció una Comisión de Seguimiento compuesta por representantes de ambas partes. Por parte de la oposición conforman dicha comisión Antonio Ledezma (Distrito Metropolitano de Caracas), Adriana González (Átures), Alfredo Ramos (Barquisimeto) Gerardo Blyde (Baruta), David Smolansky (El Hatillo), Mervin Méndez (Lagunillas), Miguel Cocchiola (Valencia), Alejandro Feo La Cruz (Naguanagua) y Carlos Ocariz (Sucre).

Esta comisión, cuya objetivo fundamental será realizar seguimiento del desarrollo de los acuerdos alcanzados en la reunión, pasa a también desempeñar una función trascendental en este intento de diálogo; pues significa un espacio ad-hoc para el intercambio periódico entre ambos factores. Y es que el diálogo entre ambos bloques políticos no es fácil; pues cada uno mantiene un menú contrapuesto de posiciones; tales como: socialismo o democracia, centralismo o descentralización, municipio o comunas. Por supuesto, no todo está resuelto; pues la contradicción política principal entre un modelo político hegemónico y la democracia liberal, aún no está resuelta.

En la Venezuela del 2014 se reiniciará el juego político; bajo unas nuevas condiciones basadas en una correlación de fuerzas equilibrada y una agenda llena de compromisos referidos a la obligada eficacia en la gestión pública; por parte de cada uno los bloques ideológicos en competencia. El sueño hegemónico del PSUV ha quedado pospuesto, al menos por ahora. Por su parte, la oposición democrática enfrenta su mayor reto: mostrar desde los gobiernos locales sus auténticas capacidades de gestión. Feliz navidad y próspero año 2014.

@migonzalezm

Carta de los alcaldes de la Unidad a los venezolanos

Este es el documento entregado al presidente de la República, Nicolás Maduro en su encuentro este miércoles en Miraflores, en el mismo expresan a los venezolanos su posición para poder trabajar sin retaliaciones según la voluntad del pueblo al ser electos democráticamente en las pasadas elecciones municipales del 8D.

1.  El mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 4 , es claro: "La República... es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad".

2. En ese marco, el cual respetamos, El municipio venezolano, tal como lo establece el artículo 168 de la Constitución,  es la unidad política primaria de la organización nacional, con personalidad jurídica y autonomía. Esa autonomía comprende: a. La elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia y la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

3. Para ello, el municipio venezolano, en su artículo 178 de la Constitución, tiene claramente establecidas sus competencias, estableciéndose que "es de la competencias del Municipio el gobierno  administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne la Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local..."

4. Es claro el mandato de la Constitución. Y hay que acatarlo. Nosotros, los Alcaldes electos por la mayoría del voto popular, estamos dispuestos a cumplirla, como siempre lo hemos hecho. Para ello, nos sometemos a los principios de integridad territorial,, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad antes mencionados, pero en el marco del respeto a la autonomía municipal que establece la Constitución y que estamos resueltos a defender, sobre todo por la población  que nos eligió que reclama la solución de los grandes problemas que le aqueja.

5. Estamos ganados a la cooperación con los distintos niveles de gobierno; nunca nos hemos negado, pero en el marco del respeto a la esfera de competencia de cada poder. Para tales efectos solicitamos se conforme una Comisión de Alcaldes que sirva de intermediaria tanto para profundizar el diálogo como para articular una agenda de trabajo que permita alcanzar los objetivos que nos son comunes.

6. La Constitución no habla de la imposición de los Planes de Gobierno Nacional a los demás poderes. La Constitución habla de coordinación y cooperación. Si el Poder Nacional tiene su Plan, los Municipios también tienen los suyos. Cada uno de nosotros presentó un Plan de Gobierno ante el electorado. El pueblo nos eligió para que cumplamos con nuestra palabra empeñada en esos Planes. Y así lo haremos. En todo caso el plan que nos une es la Constitución Nacional.

Nosotros no estamos al servicio de una ideología. Estamos al servicio del pueblo. Por ello, el Gobierno Nacional no puede pretender imponernos un "Plan de la Patria" que declara el sometimiento a una ideología en particular y que no está establecido en nuestra Carta Magna. Nosotros fuimos electos para contribuir con la solución de los problemas de la gente, sobre todo de la más humilde. Fuimos electos para promover la participación ciudadana y hacer del ciudadano el centro de nuestras preocupaciones. Hemos venido a dialogar en pro de la unión de todos los venezolanos.

7. Los Municipios necesitan contar con sus recursos y competencias. Exigimos que se respeten los mismos, así como declaramos aspiramos desarrollar, coordinadamente, la concurrencia de nuestros servicios con el Poder Nacional. Eso significa que vamos a luchar por los recursos que son de los Municipios, constitucionalmente establecidos y exigimos al Poder Nacional que los respete. El Gobierno Nacional no puede andar quitándole activos a los Municipios que son propios de sus competencias y que por Ley les pertenece. Ya le quitaron el Parque Recreacional Sur, Teatro Municipal  y la Plaza de Toros del municipio Valencia; también el Parque Macuto de Barquisimeto del municipio Iribarren. ¿Qué más van a hacer? Si queremos coordinación con respeto, el Gobierno nacional debe comenzar respetando lo que le pertenece a los Municipios. No es ética y políticamente hablando, la instalación de gobiernos paralelos a las autoridades legítimamente elegidas el pasado 8 de diciembre.

8. En ese sentido, el Ejecutivo Nacional ha venido utilizando un método pernicioso para calcular los recursos de los Estados y Municipios. Desde el año 2005, se calcula el Presupuesto Nacional con base en premisas que no son verdaderas: se estima el precio de barril de petróleo muy por debajo de su valor real. De esta manera, ese Presupuesto nos asigna unos recursos muy por debajo de lo que nos corresponde. El Poder Nacional rompe con el principio de la "Equidad Interterritorial", pues utiliza créditos adicionales que discrimina a unos y beneficia a otros. Así, por ejemplo, mientras el crecimiento de las asignaciones al Municipio Libertador del Distrito Capital fue del 107% en el año 2012, el del Municipio Baruta fue del 13,52%; en el caso del municipio Atures del estado Amazonas donde habitan el 75% de la población del estado el FCI del mismo está calculado en un monto de 34.243.446Bs mientras el Alto Orinoco con el 8,6% de los habitantes de la misma entidad es de 44.753.752Bs para el 2014 ¿Cómo se explica esta discriminación? Esto no puede continuar si queremos una coordinación sincera.

9. ¡Ya basta de odios! Queremos ejercer nuestras magistraturas inspirados en la unidad de todos los venezolanos a los que nos debemos, por eso estimamos que es hora de detener la escalada divisionista de nuestra Nación.

Dialogar no es claudicar. Estamos aquí con la mejor buena voluntad para desarrollar un diálogo crítico, sin poses, sin hipocresías, y sin condiciones que limiten el ejercicio democrático y digno de nuestra vocería. Hay que reconocer que el país vive una delicada crisis política, económica y social que pone en riesgo la paz de todas las familias venezolanas. Por eso la gobernabilidad es un requisito esencial para conjurar sobre la marcha todos estos factores que perturban la tranquilidad de los venezolanos. La inflación, el desabastecimiento, la devaluación de nuestra moneda, la crisis de los servicios públicos y la inseguridad son hechos ciertos que no se pueden dejar de reconocer.

Más allá de los problemas de los municipios aquí referidos, no debemos olvidarnos de algunos venezolanos privados de su libertad o extrañados de la Patria por razones políticas, algunos de ellos convalecientes de graves enfermedades. En nombre de la justicia y de los derechos humanos solicitamos una Ley de Amnistía para beneficiar a los compatriotas que experimentan estas circunstancias y también para beneficio de un país que clama convivencia.

10. Ofrecemos nuestros mejores esfuerzos para cooperar con el Gobierno Nacional en el marco de respeto mutuo y, sobre todo, del respeto a la Constitución. Si así fuera, se podrá llevar adelante una gestión armónica.

Pero sin imposición de ideología que transgredan los principios constitucionales. Nosotros, alcaldes electos legítimamente por el pueblo, no renunciaremos a la defensa del reclamo de las mayorías. Trabajaremos incansablemente por la solución de los problemas de la gente y por la democracia plena en nuestros municipios.

Caracas 18 de diciembre de 2013

Economía comunal minimizará las competencias de las alcaldías

Deberá nacer una madeja de empresas donde no habrá reparto de ganancias

VÍCTOR SALMERÓN |  EL UNIVERSAL

lunes 9 de diciembre de 2013  12:00 AM

El Plan de la Patria, el documento que Nicolás Maduro ha asumido como hoja de ruta, contempla "desarrollar el sistema económico comunal", que por definición deberá reducir las competencias de los alcaldes y concejales elegidos ayer mediante el voto popular.

Una de las piezas clave del nuevo sistema, que ya cuenta con todas las leyes para su funcionamiento, es que las empresas comunales de propiedad social, administradas de forma colectiva por individuos sin fines de lucro, manejen recursos y asuman una larga lista de funciones que hasta ahora han pertenecido al poder público nacional, gobernaciones y alcaldías. 

El artículo 11 de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias señala que al "inicio de cada año", los "órganos del poder público nacional, los estados y municipios, deberán presentar a la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno un plan anual de transferencia de gestión de servicios, actividades, bienes y recursos". 

Las competencias a transferir son extensas. Entre las más importantes destacan el mantenimiento de establecimientos de atención primaria de salud, de centros educativos, y de instalaciones deportivas y culturales; además de la administración de programas sociales y áreas industriales, recolección de desechos sólidos, construcción de obras comunitarias, administración y prestación de servicios públicos, prestación de servicios financieros, así como la producción y distribución de alimentos.

La visión de Hugo Chávez, quien dejó como principal legado a sus seguidores el Plan de la Patria, es que el socialismo nacerá en las empresas que asumirán las competencias, ya que se tratará de compañías donde sus integrantes "no tienen derecho o participación sobre el patrimonio" y el reparto de ganancias, que en la Ley se menciona como "excedentes económicos", cuando existan, "se hará a través de la reinversión social en beneficio de la colectividad". 

Además en estas empresas los mecanismos de toma de decisiones y la elección de la directiva se harán a través de "asambleas populares, referendos y otras formas de participación popular". 

Las empresas comunales no podrán asociarse con "sociedades mercantiles o compañías de comercio" y en caso de ser liquidadas los bienes no podrán permanecer en manos de nadie en particular, serán de propiedad social. 

Las gobernaciones y alcaldías están obligadas a entregar los recursos a la empresa comunal para que cumpla con la función que se transfiere y realizar las previsiones para que haya continuidad durante los próximos ejercicios fiscales. 

Los recursos para las empresas comunales también podrán fluir desde el Fondo de Compensación Interterritorial, una alcancía que recibe 15% de lo que el Estado obtiene por IVA, otros desembolsos por la Ley de Asignaciones Económicas Especiales y transferencias del Ejecutivo. 

Todo apunta a que estas empresas donde no habrá aporte de capital ni reparto de ganancias no serán más que compañías públicas que dependerán del dinero del Estado.

El Plan de la Patria señala expresamente la necesidad de "mantener e incrementar los sistemas de compras públicas" con el objetivo de desarrollar, entre otras iniciativas, a las empresas comunales.

El proyecto de economía comunal abarca mucho más que la transferencia de competencias. El rompecabezas diseñado en las leyes indica que las comunas serán formadas por agrupaciones de ciudadanos organizados conocidos como consejos comunales, a su vez, cada comuna tendrá empresas, mientras que el banco comunal administrará el dinero que fluirá desde el Estado y el parlamento comunal, aprobará las normas que aparecerán en la gaceta comunal. 

El Plan de la Patria, respaldado por la Asamblea Nacional se dispone a "acelerar la conformación los Consejos Comunales a nivel nacional, garantizando la cobertura del 70% de la población total venezolana organizada en Consejos Comunales para el año 2019".

vsalmeron@eluniversal.com

MUNICIPALES 2013: CAMBIOS EN EL MAPA POLÍTICO VENEZOLANO

Las elecciones municipales del próximo Domingo 8 D se desarrollarán en un marco de una ineludible polarización en lo que será un nuevo episodio entre los dos grandes bloques políticos, que se disputan el control del Estado en Venezuela. Por una parte y, desde el oficialismo se busca consolidar la propuesta del Estado Comunal; mientras que desde la plataforma que reúne los sectores democráticos, se trata de reivindicar la institucionalidad municipal. Así, estas elecciones de naturaleza descentralizada y local, han sido cooptadas por un carácter plebiscitario.

Son previsibles algunos resultados. Resultados que nos mostrará un nuevo mapa político-municipal del país y, por lo tanto, una aproximación más exacta de la correlación de fuerzas político-electoral existente. Ese nuevo mapa político-electoral nos indicará seguramente un naciente equilibrio entre los dos polos ideológicos que compiten entre sí; aún cuando permanezcan desigualdades territoriales. El surgimiento y consolidación electoral de un tercer polo “equidistante”; tanto del oficialista Gran Polo Patriótico (GPP) como de la Mesa de la Unidad de Democrática (MUD), parece difícil, pese a la presencia de candidaturas “independientes”.

La apuesta de la Mesa de la Unidad (MUD) es ganar el voto popular y obtener el triunfo en los municipios con mayor densidad poblacional. Esto ciertamente significaría un avance político trascendente de esta plataforma unitaria; pero también supondría un reto a sus capacidades reales de gobierno. En la actualidad, hay 51 municipios bajo gobierno de la MUD. Un resultado probable sería que dicha cantidad subiera a unos 100 municipios; aproximadamente. Dos aspectos destacables de la MUD son el lanzamiento de los “Lineamientos de Gestión Municipal 2014-2017” y la realización de jornadas de adiestramiento para sus candidatos a alcaldes y concejales, en gran parte de la geografía nacional.

Existe una amplia posibilidad que las fuerzas democráticas obtengan la victoria en entidades como: Anzoátegui, Miranda (en sus municipios más poblados), Nueva Esparta, Mérida, Táchira y Zulia; entre otras más disputadas. Los principales municipios del estado Lara (Iribarren y Palavecino); así como también la alcaldía de Valencia en el estado Carabobo y la de Maturín en el estado Monagas apuntan hacia un cambio de gestión. El estado Bolívar, también pudiera brindar resultados electorales favorables para la oposición. Los sectores democráticos –de nuevo-, asistirán a un proceso electoral en situación de desventaja financiera y organizativa; pero esta vez con una realidad social y económica que favorece la posibilidad de un cambio.

El bloque oficialista tendrá victorias mayoritarias en entidades federales como: Amazonas, Apure, Barinas, Cojedes, Delta  Amacuro, Guárico, Portuguesa y Sucre. Con el triunfo del Gran Polo Patriótico en estos estados -a primera vista-,  el mapa de Venezuela lucirá mayoritariamente rojo. Para el oficialismo, el proceso electoral municipal no ha sido sencillo. Ciento veinticuatro (124) candidatos de sus filas, tuvieron que ser cambiados. Además y, pese a las medidas gubernamentales tomadas por el gobierno ante la presunta “guerra económica”, existe un creciente descontento popular por la situación de escasez y desabastecimiento, por la alta inflación y por la inseguridad que se viene acentuando en el país. En este contexto, la alcaldía del Municipio Libertador pudiera estar en riesgo para el oficialismo.

La abstención jugará un papel decisivo en el resultado final del próximo Domingo. Y en este aspecto, los sectores democráticos tienen mucho más que perder; pues el aparato electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha tenido más éxito en la “movilización” de su electorado. En la oposición; aún pesa mucho la creencia de la posibilidad constante del fraude electoral. La militarización del proceso comicial debe ser “limitado”; es decir, la presencia de la Fuerza Armada Nacional en los centros de votación debería circunscribirse a brindar seguridad para el normal desarrollo electoral y, nada más.

Las elecciones municipales producirán -desde nuestro punto de vista-, una recomposición territorial de la distribución y la presencia de las fuerzas políticas que muy seguramente incidirán en instancias como el Consejo Federal de Gobierno (CFG) y en algunos Consejos Estadales de Planificación de Políticas Públicas (CEPLACOP). Esa misma recomposición podría impedir o al menos hacer un tanto más dificultosa, la imposición de una visión centralista y hegemónica como la que propone el Estado Comunal. Pero esa, es otra circunstancia. Por ahora, hay que ganar el mayor número de municipios el 8 D.

miguelgmarregot@gmail.com