domingo, mayo 29, 2016

VENEZUELA: CRISIS POLÍTICA Y MEDIACIÓN INTERNACIONAL




Ya nadie duda que la superación de la crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela requiera un cambio de gobierno. Todo indica que, la actual administración encabezada por el presidente Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) carecen de la capacidad para revertir el brutal y sistemático empobrecimiento de la calidad de vida de los venezolanos, que se ha provocado mediante una gestión basada en un estatismo concentrador y centralista que se expresa en la intervención y control de todos los ámbitos de actividad de la sociedad.

Venezuela dejó de ser conocida en el contexto internacional como una nación de grandes recursos naturales, para convertirse en el foco de atención de instancias regionales y multilaterales por sus crecientes niveles de inseguridad ciudadana, por la violencia de la política oficial y por la afectación a los derechos humanos y, ahora más recientemente, por la hambruna generalizada (y nunca vista en el país) y el desabastecimiento de medicinas e insumos quirúrgicos que comienzan a imposibilitar el funcionamiento de los sistemas públicos y privados de salud. En otras palabras, la población del país se encuentra en estado de indefensión.       

Es así que, la crítica situación del país ya no es desapercibida en el campo internacional, donde ya se decidió intervenir en la crisis venezolana por la vía diplomática y la facilitación. La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) emprendió una serie de iniciativas para impulsar el diálogo entre el gobierno y la oposición nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que ya propició un encuentro previo con un grupo de mediadores conformado por los ex-presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).

En otra iniciativa y, aunque en medio de un proceso de negociación más complejo, la Organización de Estados Americanos (OEA) de la mano de su secretario general Luis Almagro, analizaría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (2001), a solicitud de los factores democráticos mayoritarios en la Asamblea Nacional venezolana. También el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) comienza a expresar un interés más alto en la crisis del país, al igual que el parlamento de la Unión Europea y el propio Estado Vaticano, que por decisión del Papa Francisco, estuvo dispuesto a enviar a su Canciller, para propiciar también la mediación. 

También gobiernos  como los de Estados Unidos y España han mostrado un continuo interés por la crisis venezolana; incluso con mayor énfasis que las propias naciones latinoamericanas. Una mención adicional merece la red internacional de organizaciones no gubernamentales que por interés humanitario de defensa de los derechos humanos o de carácter político realizan seguimiento al desarrollo de los acontecimientos que se vienen sucediendo. Así bajo la lupa internacional pública y privada, la crisis venezolana dejó de ser un evento doméstico y de ahora en adelante, pareciera que la gestión de actores internacionales estará presente en su evolución en forma relevante e ineludible.           

Por ahora en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha tratado de oponerse y neutralizar la gestión legislativa del nuevo parlamento. En este contexto de la estrategia, la acción de “control legislativo” la realizaría el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); mientras que el Consejo Nacional electoral (CNE) le correspondería la “tramitación” de la solicitud de realización del referendo revocatorio (artículo 72 de la CRBV). En realidad, la situación del gobierno venezolano ante la comunidad internacional no es la mejor; mucho más si se agrega la detención y trato arbitrario de activistas y dirigentes políticos y sociales disidentes.

La oposición democrática venezolana ha venido ganando espacio en el campo internacional; mediante la consolidación de su mensaje alrededor de una agenda política específica que contempla: la realización del referendo revocatorio, la inmediata libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados, la atención a las víctimas de la crisis humanitaria y el respeto a la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) y a la Constitución Bolivariana vigente. Sin embargo, y al margen, de la posición unitaria de la MUD, algunos sectores minoritarios proponen la renuncia voluntaria de Maduro o su separación del cargo, por tener doble nacionalidad. Otras posiciones más extremas proponen la realización de una “huelga indefinida”.

La mediación internacional se asoma como la alternativa útil para alcanzar resolución positiva del conflicto venezolano y para construir el posterior apoyo internacional a un eventual nuevo gobierno. Sin embargo, el camino de la intervención diplomática no se ve fácil. Incluso pudiera ser utilizada de acuerdo a los intereses de los bloques políticos en pugna. En ese contexto, parece difícil que el oficialismo acceda a la realización de un referendo revocatorio que muy seguramente perdería. De igual manera, la MUD no cederá en su agenda política y social. Quizás la presencia internacional pudiera “neutralizar” algún intento de salida militarista, lo que ya sería un aporte importante. Del resto, lograr la ayuda humanitaria que necesita la población venezolana sería un buen comienzo para todos.      

@migonzalezm