El gobierno se ha planteado obtener un puesto en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a finales del presente año. Esta aspiración –por demás legítima y soberana- no constituye novedad alguna. Venezuela, ya formó parte de esa instancia internacional con anterioridad en los períodos 1962-1963; 1977-1978 y 1992-1993; coincidiendo tal participación con gobiernos de Acción Democrática (histórico partido venezolano de tendencia social-demócrata). En realidad, lo novedoso de esta nueva aspiración radicaría en la posición de confrontación y beligerancia asumida por nuestro país en contra de los Estados Unidos de América y de sus principales aliados.
Y es que, la política exterior venezolana ha evolucionado en sus objetivos desde “fortalecer la soberanía nacional y promover el mundo multipolar” (según los lineamientos contenidos en el Plan de la Nación 20001-2007) hacia su nueva meta: “el socialismo del siglo XXI como alternativa frente al capitalismo, la globalización y el imperialismo”. Bajo ese enfoque, la presencia de Venezuela en el Consejo de Seguridad podría resultar realmente interesante; aunque con muchas dudas razonables en cuanto a su real contribución para la reforma y modernización de esa instancia y de la ONU, con una visión basada en el respeto por la pluralidad, la inclusión, la tolerancia y la libertad de cada nación del mundo. Y, esas dudas razonables se fundamentan en la enorme carga de confrontación que ha caracterizado el viraje de la política exterior venezolana desde el año 1999.
Ese viraje implica para Venezuela avances y retrocesos; disensos y concertaciones aderezados con varias derrotas diplomáticas. Por ejemplo, el gobierno de Venezuela logró establecerse en el campo internacional como una nueva referencia de la izquierda revolucionaria. Así mismo, se convirtió en un “centro de financiamiento internacional” de programas sociales benéficos. Por supuesto, estos importantes logros tuvieron su soporte en la bonanza fiscal brindada por los altos precios petroleros. Pero también hay que destacar que pese a la “retórica revolucionaria”, Venezuela no ha dejado de pagar sus obligaciones con la banca internacional. Tampoco el gobierno ha suspendido la venta de petróleo al denominado “imperio”. Otro logro de la diplomacia revolucionaria fue el impulso de la Alternativa Bolivariana de Las Américas (ALBA); suscrita por Cuba y Bolivia y quizás Nicaragua dependiendo de sus resultados electorales. El ALBA sería el modelo contrapuesto al Tratado de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), propuesto por el imperio, y apoyado hasta ahora por la mayoría de los países del hemisferio. Por último, merece destacarse nuestro ingreso al denominado Mercosur de la mano de Argentina y Brasil.
Por otra parte, el viraje de la multipolaridad al socialismo, trajo consigo la diferenciación y choque con cualquier país que no coincidiera políticamente con las posiciones asumidas por Venezuela. En el contexto de esa extraña forma de “internacionalismo socialista”, Venezuela se peleó –en algún momento- con los gobiernos de Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, México, y últimamente Perú, con los resultados por todos conocidos. De igual manera, las acusaciones de la intromisión venezolana en países como el mismo Perú; además de Nicaragua y El Salvador se han convertido en un tema ineludible que llegó a la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los fracasos diplomáticos de la Cumbre de Las Américas, realizada en Argentina, la separación de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y del Grupo de los Tres (G-3), y la derrota sufrida en la ONU para ingresar a su nueva Comisión de Derechos Humanos constituyen otro indicativo de la calidad y consistencia de la política exterior de la revolución venezolana. De allí que, la aspiración de ocupar un puesto, como uno de los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad se presenta “un tanto complicada”. De paso, la alianza con gobiernos con las características de Corea del Norte, Irán o Siria sólo reflejan la tendencia que llevaría el actual gobierno a la ONU.
Desde otra perspectiva, el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad permitiría al gobierno revolucionario utilizarlo como “caja de resonancia”, para el despliegue y promoción de su política internacional. Por ejemplo: ¿no sería el mejor lugar y auditorio para denunciar las agresiones y las amenazas de los Estados Unidos de América contra Venezuela? Pero también desde allí, se podría denunciar o bloquear cualquier iniciativa política de la oposición o disidencia democrática venezolana que sea catalogada como “peligrosa” por el gobierno nacional. Por supuesto, en una situación de ese tipo, las consecuencias serían muy lamentables para un pueblo: el pueblo venezolano que tan sólo desea vivir en paz, en libertad y en democracia.
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