Ya nadie duda que la superación
de la crisis política, económica y social por la que atraviesa Venezuela requiera
un cambio de gobierno. Todo indica que, la actual administración encabezada por
el presidente Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) carecen
de la capacidad para revertir el brutal y sistemático empobrecimiento de la calidad
de vida de los venezolanos, que se ha provocado mediante una gestión basada en
un estatismo concentrador y centralista que se expresa en la intervención y
control de todos los ámbitos de actividad de la sociedad.
Venezuela dejó de ser conocida en
el contexto internacional como una nación de grandes recursos naturales, para convertirse
en el foco de atención de instancias regionales y multilaterales por sus
crecientes niveles de inseguridad ciudadana, por la violencia de la política
oficial y por la afectación a los derechos humanos y, ahora más recientemente,
por la hambruna generalizada (y nunca vista en el país) y el desabastecimiento
de medicinas e insumos quirúrgicos que comienzan a imposibilitar el funcionamiento
de los sistemas públicos y privados de salud. En otras palabras, la población
del país se encuentra en estado de indefensión.
Es así que, la crítica situación del país ya no es
desapercibida en el campo internacional, donde ya se decidió intervenir en la
crisis venezolana por la vía diplomática y la facilitación. La Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) emprendió una serie de iniciativas para
impulsar el diálogo entre el gobierno y la oposición nucleada en la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD) que ya propició un encuentro previo con un grupo de mediadores
conformado por los ex-presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel
Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).
En otra iniciativa y, aunque en medio de un proceso de
negociación más complejo, la Organización de Estados Americanos (OEA) de la
mano de su secretario general Luis Almagro, analizaría la aplicación de la Carta
Democrática Interamericana (2001), a solicitud de los factores democráticos
mayoritarios en la Asamblea Nacional venezolana. También el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR) comienza a expresar un interés más alto en la crisis del país,
al igual que el parlamento de la Unión Europea y el propio Estado Vaticano, que
por decisión del Papa Francisco, estuvo dispuesto a enviar a su Canciller, para
propiciar también la mediación.
También gobiernos como los de Estados Unidos y España han mostrado
un continuo interés por la crisis venezolana; incluso con mayor énfasis que las
propias naciones latinoamericanas. Una mención adicional merece la red internacional
de organizaciones no gubernamentales que por interés humanitario de defensa de
los derechos humanos o de carácter político realizan seguimiento al desarrollo
de los acontecimientos que se vienen sucediendo. Así bajo la lupa internacional
pública y privada, la crisis venezolana dejó de ser un evento doméstico y de ahora
en adelante, pareciera que la gestión de actores internacionales estará
presente en su evolución en forma relevante e ineludible.
Por ahora en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha tratado
de oponerse y neutralizar la gestión legislativa del nuevo parlamento. En este
contexto de la estrategia, la acción de “control legislativo” la realizaría el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ); mientras que el Consejo Nacional electoral (CNE) le
correspondería la “tramitación” de la solicitud de realización del referendo revocatorio
(artículo 72 de la CRBV). En realidad, la situación del gobierno venezolano ante
la comunidad internacional no es la mejor; mucho más si se agrega la detención y
trato arbitrario de activistas y dirigentes políticos y sociales disidentes.
La oposición democrática venezolana ha venido ganando
espacio en el campo internacional; mediante la consolidación de su mensaje alrededor
de una agenda política específica que contempla: la realización del referendo revocatorio,
la inmediata libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados, la
atención a las víctimas de la crisis humanitaria y el respeto a la Asamblea
Nacional (Poder Legislativo) y a la Constitución Bolivariana vigente. Sin embargo,
y al margen, de la posición unitaria de la MUD, algunos sectores minoritarios proponen
la renuncia voluntaria de Maduro o su separación del cargo, por tener doble
nacionalidad. Otras posiciones más extremas proponen la realización de una “huelga
indefinida”.
La mediación internacional se asoma como la alternativa útil
para alcanzar resolución positiva del conflicto venezolano y para construir el posterior
apoyo internacional a un eventual nuevo gobierno. Sin embargo, el camino de la
intervención diplomática no se ve fácil. Incluso pudiera ser utilizada de acuerdo
a los intereses de los bloques políticos en pugna. En ese contexto, parece
difícil que el oficialismo acceda a la realización de un referendo revocatorio
que muy seguramente perdería. De igual manera, la MUD no cederá en su agenda
política y social. Quizás la presencia internacional pudiera “neutralizar” algún
intento de salida militarista, lo que ya sería un aporte importante. Del resto,
lograr la ayuda humanitaria que necesita la población venezolana sería un buen
comienzo para todos.
@migonzalezm
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