Un poco de historia…
En el municipio Baruta, la organización de los consejos comunales ya tiene su pequeña trayectoria. En el año 2005 -por iniciativa ciudadana-, se comienza a difundir en distintas comunidades del municipio la necesidad de organizarse alrededor de los consejos parroquiales y los consejos comunales; para aquel entonces adscritos al Consejo Local de Planificación Pública de Baruta.
Aixa Armas, Luz Elena Aldazoro, Maribel Ferrer, Ana María Miranda y Miguel González Marregot, constituyeron el grupo voluntario que emprendió la travesía municipal para difundir las posibilidades de organización que brindaban los consejos comunales. Así pues, el grupo comenzó a realizar pequeños foros de sensibilización al respecto, en Monterrey, Ojo de Agua, La Palomera, La Loma, Bello Monte, Chuao, El Cafetal, Prados del Este, Santa Rosa de Lima; entre otras comunidades.
Casi de manera simultánea y por iniciativa de la Comisión de Asuntos Institucionales del CLPP-Baruta, un grupo de vecinas y vecinos comenzaron a reunirse en la sede de ASOPRAES para presentar una propuesta ciudadana de organización, de tales instancias de participación. Y así fue, como el 31 de Mayo de 2005 se presentó ante el plenario del CLPP, una propuesta de organización para los consejos parroquiales y los consejos comunales; la cual iba acompañada de su respectivo instructivo electoral.
Los vecinos participaron en la elaboración de la propuesta comunitaria: Claudia Alsina, Omaira Clemente, Aracelis Bolívar, Marisol Martín, Kiomara Scovino, Milagros Nieto, Aixa Armas, Luz Elena Aldazoro, Maribel Ferrer, Ana María Miranda, Luisa Ascanio, Félix Rodríguez, María Elena Arnal, Mary Alvarado, María Magdalena Ramoni, Domingo Palacios, María Elena Bustamante, Olga Guédez, Juan Hernández, Lorena Nieto, Elsa Salazar y Miguel González Marregot.
Un aliado institucional que se sumó a este proceso de organización comunitaria fue la Universidad Simón Bolívar, por intermedio de su Decanato de Extensión, y con el apoyo del Decano Lorenzo González Casa, de Danilo Linares y de Sandra Fajardo.
Otra interesante iniciativa ciudadana autónoma fue la organizada por la Asociación de Vecinos de Caurimare; la cual estructuró una propuesta completa de organización de su consejo comunal. Carlos León y Antonio Rodríguez junto con otros vecinos, fueron los propulsores de esa propuesta de organización vecinal local.
La actividad promotora de los consejos comunales en Baruta también involucró a activistas ciudadanos y asociaciones civiles de otros municipios tales como José Luis Vera (Comunidades Ciudadanas, del Municipio Sucre,) Armida de Ávarez (CLPP del Municipio Libertador) y Elías Santana (La Escuela de Ciudadanos). Todos ellos colaboraron y contribuyeron, mediante la realización de foros y talleres, de manera desinteresada y constructiva con nuestras vecindades.
Posteriormente, aparece por su cuenta la Alcaldía Metropolitana en este proceso. El Instituto Metropolitano de Participación Popular, con un equipo conformado por Marisela Boada, Nancy Guzmán, Lilian Ferrer, Astrid Blanco, Tomás La Rosa, y Arelis Montes realiza un gran esfuerzo de organización de consejos comunales en las zonas populares del municipio.
La Alcaldía de Baruta se incorpora finalmente en el primer trimestre del año 2006. Y también comienza un difusión de la normas de organización de los consejos comunales. Para ello, se contrata al especialista Carlos Romero; quien con el apoyo del personal de la Sala Técnica del CLPP-Baruta y la Dirección de Atención al Ciudadano, alcanzan a realizar 27 talleres en todo el municipio. Con el tiempo otros concejales y miembros de las Juntas Parroquiales, se han incorporado a apoyar la organización de los consejos comunales.
El primer consejo comunal organizado en Baruta fue justamente en la comunidad de Monterrey. Luego continuaron otras comunidades como Bucarito, Chupulún, San Luis (abajo), Barrialito, Prados del Este, Santa Rosa de Lima, Bello Monte, El Progreso, Santa Clara, El Puente, Terrazas del Club Hípico, El Peñón-Santa Gertrudis, La Loma y El Copey, sólo por citar algunos casos.
Un hecho importante fue que el Concejo Municipal de Baruta aprobó una ordenanza para los consejos comunales, que fue publicada en la Gaceta Municipal extraordinaria N° 220 de fecha 10 de Octubre de 2006. De esta forma, el Municipio Baruta se regularizaba legalmente con el tema de los consejos comunales.
Problemas generales y específicos…
En realidad, no se tienen cifras confiables de cantidad actual de los consejos comunales que existen en Baruta. El tratamiento de la información estadística sobre los consejos comunales no ha sido el más adecuado y objetivo. Al momento de escribir esta nota se presume que debe haber más cincuenta (50) consejos, formalmente conformados aunque con distintos niveles de actividad operativa. La mayoría de los consejos comunales se encuentran ubicados en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, seguida de la parroquia Las Minas; y más atrasada aún –para la fecha-, está la parroquia El Cafetal.
A nivel nacional en el tema de la conformación de los consejos no ha escapado del partidismo y la exclusión política. Y es que, los partidos políticos han pretendido “colonizar” estas instancias de participación, queriendo omitir su carácter ciudadano y autónomo. Por otra parte, se conoce de la elección de consejos en forma arbitraria, excluyendo a vecinos por su manera de pensar o estructurándolos a escondidas. En nuestro municipio, estos errores se han reproducido aunque en menor escala gracias a la intervención del movimiento ciudadano.
Por otra parte, algunos consejos comunales requieren un fuerte apoyo en las áreas de capacitación y adiestramiento; lo cual -sin duda alguna- les permitirá operar de manera adecuada en la preparación y evaluación de proyectos locales y micro-comunitarios. En Baruta, un indicador importante al respecto, es la bajísima y casi inexistente presentación de proyectos de la sociedad civil, ante organismos financieros como el FIDES. Pero además las autoridades públicas no han cumplido con los compromisos legales que ordena la Ley de los Consejos Comunales. Por ejemplo, las comisiones presidenciales del poder popular no han sido instaladas en su totalidad ni de manera eficaz. De igual manera, el Fondo Nacional de los Consejos Comunales tampoco están funcionando. Es decir, la “institucionalidad” de los consejos comunales aún se encuentra en una etapa de plena construcción y con deficiencias en todo el país.
Perspectivas…
Hay un amplio sector social del país -de venezolanos y venezolanas-, que ha comprado el proyecto de los consejos comunales, como una herramienta para mejorar su calidad de vida. En el municipio Baruta ha pasado igual. Esta situación crea una responsabilidad ineludible; por parte de las autoridades públicas. Existe una clara posibilidad que las comunidades organizadas baruteñas comiencen a exigir, con todo derecho, el estricto cumplimiento de los compromisos adquiridos por las agencias estatales de gobierno local, regional y nacional. Los consejos comunales en Baruta son una realidad y, así como en las autoridades cae una responsabilidad para responder a los consejos, estos también deberán responder y rendir cuentas antes sus respectivas comunidades; so pena de desaparecer. La historia apenas comienza…
domingo, enero 28, 2007
sábado, enero 13, 2007
LOS CINCO MOTORES
El pasado 10 de Enero, en su discurso, el ciudadano Presidente de la República, mencionó cinco líneas de acción (que denominó motores) que serían el pivote del proyecto de reconstrucción nacional “Simón Bolívar” para consolidar el socialismo en Venezuela. Los cinco motores socialistas enunciados por el Presidente, con un grado relativo y variable de claridad y precisión, despertaron expectativas en el país. En consecuencia, los anuncios presidenciales crean una oportunidad formidable para debatir de nuevo, en forma democrática y plural; constructiva y propositiva, el futuro de Venezuela. Porque gracias a Dios; aun en el país, no se ha impuesto un pensamiento único.
Motor 1: La Ley Habilitante
El primer motor socialista es la solicitud de poderes especiales a la Asamblea Nacional; mediante la Ley Habilitante. La Ley Habilitante se encuentra contemplada en la Constitución Bolivariana, como una modalidad en el proceso de formación de leyes (artículos 203 y 236). La justificación principal de esta solicitud fue la de acelerar la transformación socialista por medio de la reforma y la promulgación de algunas leyes. Esa es la apuesta gubernamental.
Por otra parte, ciudadanos y ciudadanas; a través de sus entidades asociativas y las comunidades organizadas tienen el pleno derecho a conocer, participar y hacer seguimiento del mencionado proceso habilitante. El pueblo venezolano tiene derecho a exigir consulta, inclusión y transparencia en ese proceso habilitante. Y si el “núcleo estratégico” del Gobierno Nacional, piensa que de esta forma puede imponer, en nombre del socialismo, un marco legal restrictivo a los derechos y libertades democráticos cometerá un craso error, porque la sociedad civil está aún en capacidad de hacer valer sus legítimos derechos. No lo olviden.
Motor 2: La reforma profunda de la Constitución Bolivariana
El segundo motor es la reforma de la Constitución Bolivariana. Aunque parezca mentira, la Constitución Bolivariana, considerada entre las mejores del mundo (pese a eliminar el derecho a la representación de las minorías; por ejemplo) llegó a su fin, luego de una efímera vigencia de tan sólo siete años.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –o mejor dicho, su cumplimiento por las autoridades públicas- dejó muchas deudas y procesos inconclusos. Uno de ellos, que es el desarrollo de la descentralización como estrategia de desarrollo nacional (artículos 157 y 158) no se cumplió. Tampoco se creó el Consejo Federal de Gobierno (artículo 185) ni el fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana, como los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (artículo 166), ni de los Consejos Locales de Planificación Pública (artículo 182). Además la implantación del presupuesto plurianual (artículo 313) y los mecanismos de rendición de cuentas (artículo 315), nunca fueron implementados.
Los derechos a la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos (artículo 62) no fueron desarrollados a plenitud. Y sobre este punto en particular, la promulgación de una Ley de Contraloría Social quedó pendiente. Igual suerte sufrieron, el derecho a la vivienda (artículo 82), el sistema nacional de salud (artículos 83 y 84) y el sistema de seguridad social (artículo 86).
La Constitución Bolivariana será reformada con el objetivo básico de incluir la reelección indefinida del Presidente de la República y, con el propósito –indudable- de agregarle un componente socialista, un sexto poder, el de los consejos comunales; así como la eliminación de la descentralización, la supresión de cualquier forma de privatización y la autonomía del Banco Central. Es decir, la Bolivariana, dejará de existir, pasará a ser otra Carta Magna, con unos valores distintos a aquellos democráticos que aún posee.
La reforma de la Constitución Bolivariana (como he escrito anteriormente) no puede ser un asunto exclusivo de una persona, ni de élites burocráticas, ni de grupos especializados o de las entidades políticas. No señor. Una reforma constitucional es un proceso vital y estratégico para el país, para todos sus habitantes; y mucho más ahora cuando se pretende modificar de una manera sustancial el sistema económico, social y político de Venezuela.
El Gobierno Nacional y los factores políticos de la oposición se encuentran en la obligación de abrir oportunidades de inclusión y participación a la ciudadanía en general, en este asunto. Por supuesto que, los movimientos sociales, populares y ciudadanos podrán emprender iniciativas de organización y opinión en forma autónoma y soberana. Y por cierto, ¿qué labor han realizado las sendas comisiones (técnica y política) que designó el Gobernador Rosales para tratar el tema constitucional desde la oposición democrática?
Otra cosa es que la reforma constitucional requerirá ineludiblemente la realización de un proceso constituyente. No sería extraño que el oficialismo no acepte esa realidad y trate de eludir -bajo alguna argucia argumental- la realización de un proceso constituyente. En todo caso, la realización o no de una reforma constitucional con las características que se han asomado hasta el momento, dependerá en gran medida de la presión del pueblo en ejercicio pleno de sus derechos de opinión y de participación; sin ningún tipo de represión.
Motor 3: La Jornada Nacional de Educación Popular “Moral y Luces”
La Jornada de Educación Popular “en todos los espacios, en el hogar, en la escuela, en el taller, en el campo, en el barrio, en todas partes”; sin lugar a dudas, representa una iniciativa gubernamental trascendente. Y aunque el Presidente Chávez no dió mayores detalles sobre su contenido, no resulta difícil suponer la orientación “ideológica” de tales jornadas.
Desde un punto de vista ciudadano, la Jornada Nacional de Educación Popular “Moral y Luces” podría servir para impulsar un amplio debate ideológico en todo el país, donde los sectores ciudadanos expresen su visión alternativa y democrática frente a la propuesta oficialista. Ahora más que nunca, se hace necesario rescatar la pluralidad y la libertad de pensamiento y expresión.
Motor 4: La Nueva Geometría del Poder
La Nueva Geometría del Poder, se basaría en un cambio de la división político-territorial de Venezuela. La propuesta encierra dos basamentos sustanciales. En primer lugar, la reducción del número de municipios y, en segundo término, la creación de dependencias o territorios federales con un régimen político-administrativo especial, basado en los consejos comunales.
Los municipios constituyen la unidad política primaria de la República, gozan de personalidad jurídica y de autonomía dentro del marco de la Constitución y las leyes; específicamente como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Los municipios tienen además una larga trayectoria histórica en nuestro país, desde aquellos días de nuestra gesta emancipadora. Empero más importante aún, en los municipios, las alcaldías, los concejos municipales y las juntas parroquiales son las instancias de gobiernos más cercanas al pueblo. Y desde una perspectiva democrática y descentralizadora estas instancias de gobierno han sido históricamente y son, sin a la menor duda, la más pura expresión del poder popular.
Por el contrario, y quizás desde una óptica centralista y concentradora, resulte un problema muy grande y complicado, atender a trescientos treinta y cinco municipios como ocurriría en el caso venezolano. De allí pues que, para ese enfoque resulte menos burocrático y más sencillo, y hasta más “cómodo” reducir su número de un plumazo. Craso error.
Reducir o reagrupar los municipios, no garantiza simplificar ni la burocracia ni los problemas de desarrollo institucional que seguramente tienen esas instancias de gobierno local. Lo que sí garantiza, una decisión como esa, es la concentración de esa burocracia y de esos problemas sin que ello signifique una solución eficaz y eficiente para la población de las localidades afectadas. Una propuesta de esas dimensiones, implicaría desarrollar un amplio, largo y profundo proceso de consulta nacional. De lo contrario, se estaría cometiendo uno de las arbitrariedades políticas más grandes; y uno de los errores gerenciales más notables en la historia de Venezuela.
Lo que necesitan los municipios venezolanos es un mayor apoyo institucional, técnico, tecnológico y financiero; que en consecuencia le permita mejorar su organización, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo. Lo que realmente requieren los gobiernos locales es el mejoramiento de su gerencia, sus sistemas de planificación, presupuesto y gestión institucional y operativa. Nadie niega que el nivel municipal de gobierno padezca de graves problemas; pero la solución no es suprimir a los gobiernos locales.
Además ¿por qué se le quiere arrebatar al pueblo sus espacios naturales de participación y protagonismo? ¿Y por qué, ese empeño mezquino de suprimir cualquier posibilidad de expresión de autonomía e independencia popular? ¿Y si el gobierno nacional estuvo tan preocupado por el desarrollo del poder popular en el ámbito local, por qué no promovió de manera eficaz y eficiente al Consejo Federal de Gobierno, y por qué no apoyo el desarrollo adecuado de los Consejos Estadales y los Consejos Locales? Finalmente, ¿por qué, no se impulsa desde el Gobierno Nacional, un programa de fortalecimiento y modernización institucional hacia los poderes estadales y locales?
La llamada IV República durante años funcionó con base al centralismo, al estatismo, a la delegación hacia “arriba” para solucionar los problemas más elementales; sin embargo, pudo impulsar la descentralización del poder político y administrativo y, renovar y profundizar la democracia. ¿Es qué ahora, con el cuentico del socialismo, vamos a retroceder hacia la restauración del centralismo? Por favor… el “núcleo pensante” del Gobierno Nacional, necesita reflexionar y actualizarse al respecto. Lo que nuestro país requiere es más y mejores municipios, si desea ir hacia la modernidad y el desarrollo.
La creación de entidades o dependencias federales está contemplada en la Constitución Bolivariana vigente (artículos 16 y 17). La novedad es que ahora se propone crear “un sistema de ciudades y territorios federales para marchar hacia el modelo socialista”. Dichos sistemas federales de ciudades o territorios federales no tendrían alcaldías, ni concejos municipales ni juntas parroquiales. ¿Y si no entendimos mal, en esa especie de territorio liberado, la representación del Estado estaría a cargo de los consejos comunales? Seguramente…
Lo único que nos queda claro, -de aprobarse en un proceso constituyente este tipo de reformas tendentes a la “nueva geometría del poder”- es que en Venezuela, cohabitarían dos tipos de organización del poder popular local: la democrática con sus autoridades legítimas y electas por toda la población; y otra de tipo socialista, administrada por los consejos comunales, con representantes electos por sector y con la participación directa de ¿el poder nacional?, veremos…
Motor 5: La Explosión del Poder Comunal
Los consejos comunales se han constituido en el elemento central de la política hacia los sectores populares del Gobierno. A través de ellos, se ha pretendido atender ciertas deficiencias en materia de desarrollo comunitario; así como también organizar a la población con fines ideológicos. No cabe duda, que los consejos comunales han sido la gran apuesta del régimen para ir impulsando el proyecto revolucionario; incluso habría que evaluar la función desempeñada por estas agrupaciones populares en su último triunfo electoral. Sin embargo, fuera de la actividad proselitista –y muchas veces auténticamente vecinal- la eficacia comunitaria y de gestión de estas agrupaciones ha sido muy relativa.
Tal vez, el Gobierno comience a encontrar en el “Poder Comunal” de estos consejos, el sustituto ideal de la democracia participativa y protagónica, que por cierto no es socialista. Pero esto no lo sabemos todavía; aunque nos parece un “viraje” previsible. Así que pendientes.
El enemigo fundamental de los consejos comunales ha sido el propio Gobierno, quien con su burocratismo e ineficacia ha asfixiado la iniciativa de centenares de activistas y dirigentes comunitarios que no han podido ni siquiera cumplir con los múltiples requisitos que se les exige para su organización y su reconocimiento. Por si fuera poco, el mismo Gobierno ha incumplido con sus propios mandatos: no ha conformado el Fondo Nacional del Poder Popular, y ha sido incapaz de organizar las Comisiones Presidenciales del Poder Popular contempladas en la Ley de los Consejos Comunales, en cada uno de los trescientos treinta y cinco municipios que tiene el país; entre otras menudencias. Al parecer, el Poder Comunal tardará en explotar.
En síntesis, los cinco motores que anunció el ciudadano Presidente de la República nos indican las líneas de acción (relativamente estructuradas), que seguirá el oficialismo en su aspiración de alcanzar su utopía socialista. Las cartas del oficialismo están puestas sobre la mesa; ahora corresponde al resto de los ciudadanos y ciudadanos colocar las suyas.
Motor 1: La Ley Habilitante
El primer motor socialista es la solicitud de poderes especiales a la Asamblea Nacional; mediante la Ley Habilitante. La Ley Habilitante se encuentra contemplada en la Constitución Bolivariana, como una modalidad en el proceso de formación de leyes (artículos 203 y 236). La justificación principal de esta solicitud fue la de acelerar la transformación socialista por medio de la reforma y la promulgación de algunas leyes. Esa es la apuesta gubernamental.
Por otra parte, ciudadanos y ciudadanas; a través de sus entidades asociativas y las comunidades organizadas tienen el pleno derecho a conocer, participar y hacer seguimiento del mencionado proceso habilitante. El pueblo venezolano tiene derecho a exigir consulta, inclusión y transparencia en ese proceso habilitante. Y si el “núcleo estratégico” del Gobierno Nacional, piensa que de esta forma puede imponer, en nombre del socialismo, un marco legal restrictivo a los derechos y libertades democráticos cometerá un craso error, porque la sociedad civil está aún en capacidad de hacer valer sus legítimos derechos. No lo olviden.
Motor 2: La reforma profunda de la Constitución Bolivariana
El segundo motor es la reforma de la Constitución Bolivariana. Aunque parezca mentira, la Constitución Bolivariana, considerada entre las mejores del mundo (pese a eliminar el derecho a la representación de las minorías; por ejemplo) llegó a su fin, luego de una efímera vigencia de tan sólo siete años.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –o mejor dicho, su cumplimiento por las autoridades públicas- dejó muchas deudas y procesos inconclusos. Uno de ellos, que es el desarrollo de la descentralización como estrategia de desarrollo nacional (artículos 157 y 158) no se cumplió. Tampoco se creó el Consejo Federal de Gobierno (artículo 185) ni el fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana, como los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (artículo 166), ni de los Consejos Locales de Planificación Pública (artículo 182). Además la implantación del presupuesto plurianual (artículo 313) y los mecanismos de rendición de cuentas (artículo 315), nunca fueron implementados.
Los derechos a la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos (artículo 62) no fueron desarrollados a plenitud. Y sobre este punto en particular, la promulgación de una Ley de Contraloría Social quedó pendiente. Igual suerte sufrieron, el derecho a la vivienda (artículo 82), el sistema nacional de salud (artículos 83 y 84) y el sistema de seguridad social (artículo 86).
La Constitución Bolivariana será reformada con el objetivo básico de incluir la reelección indefinida del Presidente de la República y, con el propósito –indudable- de agregarle un componente socialista, un sexto poder, el de los consejos comunales; así como la eliminación de la descentralización, la supresión de cualquier forma de privatización y la autonomía del Banco Central. Es decir, la Bolivariana, dejará de existir, pasará a ser otra Carta Magna, con unos valores distintos a aquellos democráticos que aún posee.
La reforma de la Constitución Bolivariana (como he escrito anteriormente) no puede ser un asunto exclusivo de una persona, ni de élites burocráticas, ni de grupos especializados o de las entidades políticas. No señor. Una reforma constitucional es un proceso vital y estratégico para el país, para todos sus habitantes; y mucho más ahora cuando se pretende modificar de una manera sustancial el sistema económico, social y político de Venezuela.
El Gobierno Nacional y los factores políticos de la oposición se encuentran en la obligación de abrir oportunidades de inclusión y participación a la ciudadanía en general, en este asunto. Por supuesto que, los movimientos sociales, populares y ciudadanos podrán emprender iniciativas de organización y opinión en forma autónoma y soberana. Y por cierto, ¿qué labor han realizado las sendas comisiones (técnica y política) que designó el Gobernador Rosales para tratar el tema constitucional desde la oposición democrática?
Otra cosa es que la reforma constitucional requerirá ineludiblemente la realización de un proceso constituyente. No sería extraño que el oficialismo no acepte esa realidad y trate de eludir -bajo alguna argucia argumental- la realización de un proceso constituyente. En todo caso, la realización o no de una reforma constitucional con las características que se han asomado hasta el momento, dependerá en gran medida de la presión del pueblo en ejercicio pleno de sus derechos de opinión y de participación; sin ningún tipo de represión.
Motor 3: La Jornada Nacional de Educación Popular “Moral y Luces”
La Jornada de Educación Popular “en todos los espacios, en el hogar, en la escuela, en el taller, en el campo, en el barrio, en todas partes”; sin lugar a dudas, representa una iniciativa gubernamental trascendente. Y aunque el Presidente Chávez no dió mayores detalles sobre su contenido, no resulta difícil suponer la orientación “ideológica” de tales jornadas.
Desde un punto de vista ciudadano, la Jornada Nacional de Educación Popular “Moral y Luces” podría servir para impulsar un amplio debate ideológico en todo el país, donde los sectores ciudadanos expresen su visión alternativa y democrática frente a la propuesta oficialista. Ahora más que nunca, se hace necesario rescatar la pluralidad y la libertad de pensamiento y expresión.
Motor 4: La Nueva Geometría del Poder
La Nueva Geometría del Poder, se basaría en un cambio de la división político-territorial de Venezuela. La propuesta encierra dos basamentos sustanciales. En primer lugar, la reducción del número de municipios y, en segundo término, la creación de dependencias o territorios federales con un régimen político-administrativo especial, basado en los consejos comunales.
Los municipios constituyen la unidad política primaria de la República, gozan de personalidad jurídica y de autonomía dentro del marco de la Constitución y las leyes; específicamente como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Los municipios tienen además una larga trayectoria histórica en nuestro país, desde aquellos días de nuestra gesta emancipadora. Empero más importante aún, en los municipios, las alcaldías, los concejos municipales y las juntas parroquiales son las instancias de gobiernos más cercanas al pueblo. Y desde una perspectiva democrática y descentralizadora estas instancias de gobierno han sido históricamente y son, sin a la menor duda, la más pura expresión del poder popular.
Por el contrario, y quizás desde una óptica centralista y concentradora, resulte un problema muy grande y complicado, atender a trescientos treinta y cinco municipios como ocurriría en el caso venezolano. De allí pues que, para ese enfoque resulte menos burocrático y más sencillo, y hasta más “cómodo” reducir su número de un plumazo. Craso error.
Reducir o reagrupar los municipios, no garantiza simplificar ni la burocracia ni los problemas de desarrollo institucional que seguramente tienen esas instancias de gobierno local. Lo que sí garantiza, una decisión como esa, es la concentración de esa burocracia y de esos problemas sin que ello signifique una solución eficaz y eficiente para la población de las localidades afectadas. Una propuesta de esas dimensiones, implicaría desarrollar un amplio, largo y profundo proceso de consulta nacional. De lo contrario, se estaría cometiendo uno de las arbitrariedades políticas más grandes; y uno de los errores gerenciales más notables en la historia de Venezuela.
Lo que necesitan los municipios venezolanos es un mayor apoyo institucional, técnico, tecnológico y financiero; que en consecuencia le permita mejorar su organización, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo. Lo que realmente requieren los gobiernos locales es el mejoramiento de su gerencia, sus sistemas de planificación, presupuesto y gestión institucional y operativa. Nadie niega que el nivel municipal de gobierno padezca de graves problemas; pero la solución no es suprimir a los gobiernos locales.
Además ¿por qué se le quiere arrebatar al pueblo sus espacios naturales de participación y protagonismo? ¿Y por qué, ese empeño mezquino de suprimir cualquier posibilidad de expresión de autonomía e independencia popular? ¿Y si el gobierno nacional estuvo tan preocupado por el desarrollo del poder popular en el ámbito local, por qué no promovió de manera eficaz y eficiente al Consejo Federal de Gobierno, y por qué no apoyo el desarrollo adecuado de los Consejos Estadales y los Consejos Locales? Finalmente, ¿por qué, no se impulsa desde el Gobierno Nacional, un programa de fortalecimiento y modernización institucional hacia los poderes estadales y locales?
La llamada IV República durante años funcionó con base al centralismo, al estatismo, a la delegación hacia “arriba” para solucionar los problemas más elementales; sin embargo, pudo impulsar la descentralización del poder político y administrativo y, renovar y profundizar la democracia. ¿Es qué ahora, con el cuentico del socialismo, vamos a retroceder hacia la restauración del centralismo? Por favor… el “núcleo pensante” del Gobierno Nacional, necesita reflexionar y actualizarse al respecto. Lo que nuestro país requiere es más y mejores municipios, si desea ir hacia la modernidad y el desarrollo.
La creación de entidades o dependencias federales está contemplada en la Constitución Bolivariana vigente (artículos 16 y 17). La novedad es que ahora se propone crear “un sistema de ciudades y territorios federales para marchar hacia el modelo socialista”. Dichos sistemas federales de ciudades o territorios federales no tendrían alcaldías, ni concejos municipales ni juntas parroquiales. ¿Y si no entendimos mal, en esa especie de territorio liberado, la representación del Estado estaría a cargo de los consejos comunales? Seguramente…
Lo único que nos queda claro, -de aprobarse en un proceso constituyente este tipo de reformas tendentes a la “nueva geometría del poder”- es que en Venezuela, cohabitarían dos tipos de organización del poder popular local: la democrática con sus autoridades legítimas y electas por toda la población; y otra de tipo socialista, administrada por los consejos comunales, con representantes electos por sector y con la participación directa de ¿el poder nacional?, veremos…
Motor 5: La Explosión del Poder Comunal
Los consejos comunales se han constituido en el elemento central de la política hacia los sectores populares del Gobierno. A través de ellos, se ha pretendido atender ciertas deficiencias en materia de desarrollo comunitario; así como también organizar a la población con fines ideológicos. No cabe duda, que los consejos comunales han sido la gran apuesta del régimen para ir impulsando el proyecto revolucionario; incluso habría que evaluar la función desempeñada por estas agrupaciones populares en su último triunfo electoral. Sin embargo, fuera de la actividad proselitista –y muchas veces auténticamente vecinal- la eficacia comunitaria y de gestión de estas agrupaciones ha sido muy relativa.
Tal vez, el Gobierno comience a encontrar en el “Poder Comunal” de estos consejos, el sustituto ideal de la democracia participativa y protagónica, que por cierto no es socialista. Pero esto no lo sabemos todavía; aunque nos parece un “viraje” previsible. Así que pendientes.
El enemigo fundamental de los consejos comunales ha sido el propio Gobierno, quien con su burocratismo e ineficacia ha asfixiado la iniciativa de centenares de activistas y dirigentes comunitarios que no han podido ni siquiera cumplir con los múltiples requisitos que se les exige para su organización y su reconocimiento. Por si fuera poco, el mismo Gobierno ha incumplido con sus propios mandatos: no ha conformado el Fondo Nacional del Poder Popular, y ha sido incapaz de organizar las Comisiones Presidenciales del Poder Popular contempladas en la Ley de los Consejos Comunales, en cada uno de los trescientos treinta y cinco municipios que tiene el país; entre otras menudencias. Al parecer, el Poder Comunal tardará en explotar.
En síntesis, los cinco motores que anunció el ciudadano Presidente de la República nos indican las líneas de acción (relativamente estructuradas), que seguirá el oficialismo en su aspiración de alcanzar su utopía socialista. Las cartas del oficialismo están puestas sobre la mesa; ahora corresponde al resto de los ciudadanos y ciudadanos colocar las suyas.
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