LOS CINCO MOTORES

El pasado 10 de Enero, en su discurso, el ciudadano Presidente de la República, mencionó cinco líneas de acción (que denominó motores) que serían el pivote del proyecto de reconstrucción nacional “Simón Bolívar” para consolidar el socialismo en Venezuela. Los cinco motores socialistas enunciados por el Presidente, con un grado relativo y variable de claridad y precisión, despertaron expectativas en el país. En consecuencia, los anuncios presidenciales crean una oportunidad formidable para debatir de nuevo, en forma democrática y plural; constructiva y propositiva, el futuro de Venezuela. Porque gracias a Dios; aun en el país, no se ha impuesto un pensamiento único.

Motor 1: La Ley Habilitante

El primer motor socialista es la solicitud de poderes especiales a la Asamblea Nacional; mediante la Ley Habilitante. La Ley Habilitante se encuentra contemplada en la Constitución Bolivariana, como una modalidad en el proceso de formación de leyes (artículos 203 y 236). La justificación principal de esta solicitud fue la de acelerar la transformación socialista por medio de la reforma y la promulgación de algunas leyes. Esa es la apuesta gubernamental.

Por otra parte, ciudadanos y ciudadanas; a través de sus entidades asociativas y las comunidades organizadas tienen el pleno derecho a conocer, participar y hacer seguimiento del mencionado proceso habilitante. El pueblo venezolano tiene derecho a exigir consulta, inclusión y transparencia en ese proceso habilitante. Y si el “núcleo estratégico” del Gobierno Nacional, piensa que de esta forma puede imponer, en nombre del socialismo, un marco legal restrictivo a los derechos y libertades democráticos cometerá un craso error, porque la sociedad civil está aún en capacidad de hacer valer sus legítimos derechos. No lo olviden.

Motor 2: La reforma profunda de la Constitución Bolivariana

El segundo motor es la reforma de la Constitución Bolivariana. Aunque parezca mentira, la Constitución Bolivariana, considerada entre las mejores del mundo (pese a eliminar el derecho a la representación de las minorías; por ejemplo) llegó a su fin, luego de una efímera vigencia de tan sólo siete años.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela –o mejor dicho, su cumplimiento por las autoridades públicas- dejó muchas deudas y procesos inconclusos. Uno de ellos, que es el desarrollo de la descentralización como estrategia de desarrollo nacional (artículos 157 y 158) no se cumplió. Tampoco se creó el Consejo Federal de Gobierno (artículo 185) ni el fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana, como los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (artículo 166), ni de los Consejos Locales de Planificación Pública (artículo 182). Además la implantación del presupuesto plurianual (artículo 313) y los mecanismos de rendición de cuentas (artículo 315), nunca fueron implementados.

Los derechos a la participación ciudadana en la gestión de los asuntos públicos (artículo 62) no fueron desarrollados a plenitud. Y sobre este punto en particular, la promulgación de una Ley de Contraloría Social quedó pendiente. Igual suerte sufrieron, el derecho a la vivienda (artículo 82), el sistema nacional de salud (artículos 83 y 84) y el sistema de seguridad social (artículo 86).

La Constitución Bolivariana será reformada con el objetivo básico de incluir la reelección indefinida del Presidente de la República y, con el propósito –indudable- de agregarle un componente socialista, un sexto poder, el de los consejos comunales; así como la eliminación de la descentralización, la supresión de cualquier forma de privatización y la autonomía del Banco Central. Es decir, la Bolivariana, dejará de existir, pasará a ser otra Carta Magna, con unos valores distintos a aquellos democráticos que aún posee.



La reforma de la Constitución Bolivariana (como he escrito anteriormente) no puede ser un asunto exclusivo de una persona, ni de élites burocráticas, ni de grupos especializados o de las entidades políticas. No señor. Una reforma constitucional es un proceso vital y estratégico para el país, para todos sus habitantes; y mucho más ahora cuando se pretende modificar de una manera sustancial el sistema económico, social y político de Venezuela.

El Gobierno Nacional y los factores políticos de la oposición se encuentran en la obligación de abrir oportunidades de inclusión y participación a la ciudadanía en general, en este asunto. Por supuesto que, los movimientos sociales, populares y ciudadanos podrán emprender iniciativas de organización y opinión en forma autónoma y soberana. Y por cierto, ¿qué labor han realizado las sendas comisiones (técnica y política) que designó el Gobernador Rosales para tratar el tema constitucional desde la oposición democrática?

Otra cosa es que la reforma constitucional requerirá ineludiblemente la realización de un proceso constituyente. No sería extraño que el oficialismo no acepte esa realidad y trate de eludir -bajo alguna argucia argumental- la realización de un proceso constituyente. En todo caso, la realización o no de una reforma constitucional con las características que se han asomado hasta el momento, dependerá en gran medida de la presión del pueblo en ejercicio pleno de sus derechos de opinión y de participación; sin ningún tipo de represión.

Motor 3: La Jornada Nacional de Educación Popular “Moral y Luces”

La Jornada de Educación Popular “en todos los espacios, en el hogar, en la escuela, en el taller, en el campo, en el barrio, en todas partes”; sin lugar a dudas, representa una iniciativa gubernamental trascendente. Y aunque el Presidente Chávez no dió mayores detalles sobre su contenido, no resulta difícil suponer la orientación “ideológica” de tales jornadas.

Desde un punto de vista ciudadano, la Jornada Nacional de Educación Popular “Moral y Luces” podría servir para impulsar un amplio debate ideológico en todo el país, donde los sectores ciudadanos expresen su visión alternativa y democrática frente a la propuesta oficialista. Ahora más que nunca, se hace necesario rescatar la pluralidad y la libertad de pensamiento y expresión.

Motor 4: La Nueva Geometría del Poder

La Nueva Geometría del Poder, se basaría en un cambio de la división político-territorial de Venezuela. La propuesta encierra dos basamentos sustanciales. En primer lugar, la reducción del número de municipios y, en segundo término, la creación de dependencias o territorios federales con un régimen político-administrativo especial, basado en los consejos comunales.

Los municipios constituyen la unidad política primaria de la República, gozan de personalidad jurídica y de autonomía dentro del marco de la Constitución y las leyes; específicamente como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Los municipios tienen además una larga trayectoria histórica en nuestro país, desde aquellos días de nuestra gesta emancipadora. Empero más importante aún, en los municipios, las alcaldías, los concejos municipales y las juntas parroquiales son las instancias de gobiernos más cercanas al pueblo. Y desde una perspectiva democrática y descentralizadora estas instancias de gobierno han sido históricamente y son, sin a la menor duda, la más pura expresión del poder popular.

Por el contrario, y quizás desde una óptica centralista y concentradora, resulte un problema muy grande y complicado, atender a trescientos treinta y cinco municipios como ocurriría en el caso venezolano. De allí pues que, para ese enfoque resulte menos burocrático y más sencillo, y hasta más “cómodo” reducir su número de un plumazo. Craso error.

Reducir o reagrupar los municipios, no garantiza simplificar ni la burocracia ni los problemas de desarrollo institucional que seguramente tienen esas instancias de gobierno local. Lo que sí garantiza, una decisión como esa, es la concentración de esa burocracia y de esos problemas sin que ello signifique una solución eficaz y eficiente para la población de las localidades afectadas. Una propuesta de esas dimensiones, implicaría desarrollar un amplio, largo y profundo proceso de consulta nacional. De lo contrario, se estaría cometiendo uno de las arbitrariedades políticas más grandes; y uno de los errores gerenciales más notables en la historia de Venezuela.

Lo que necesitan los municipios venezolanos es un mayor apoyo institucional, técnico, tecnológico y financiero; que en consecuencia le permita mejorar su organización, sistemas, métodos y procedimientos de trabajo. Lo que realmente requieren los gobiernos locales es el mejoramiento de su gerencia, sus sistemas de planificación, presupuesto y gestión institucional y operativa. Nadie niega que el nivel municipal de gobierno padezca de graves problemas; pero la solución no es suprimir a los gobiernos locales.

Además ¿por qué se le quiere arrebatar al pueblo sus espacios naturales de participación y protagonismo? ¿Y por qué, ese empeño mezquino de suprimir cualquier posibilidad de expresión de autonomía e independencia popular? ¿Y si el gobierno nacional estuvo tan preocupado por el desarrollo del poder popular en el ámbito local, por qué no promovió de manera eficaz y eficiente al Consejo Federal de Gobierno, y por qué no apoyo el desarrollo adecuado de los Consejos Estadales y los Consejos Locales? Finalmente, ¿por qué, no se impulsa desde el Gobierno Nacional, un programa de fortalecimiento y modernización institucional hacia los poderes estadales y locales?

La llamada IV República durante años funcionó con base al centralismo, al estatismo, a la delegación hacia “arriba” para solucionar los problemas más elementales; sin embargo, pudo impulsar la descentralización del poder político y administrativo y, renovar y profundizar la democracia. ¿Es qué ahora, con el cuentico del socialismo, vamos a retroceder hacia la restauración del centralismo? Por favor… el “núcleo pensante” del Gobierno Nacional, necesita reflexionar y actualizarse al respecto. Lo que nuestro país requiere es más y mejores municipios, si desea ir hacia la modernidad y el desarrollo.

La creación de entidades o dependencias federales está contemplada en la Constitución Bolivariana vigente (artículos 16 y 17). La novedad es que ahora se propone crear “un sistema de ciudades y territorios federales para marchar hacia el modelo socialista”. Dichos sistemas federales de ciudades o territorios federales no tendrían alcaldías, ni concejos municipales ni juntas parroquiales. ¿Y si no entendimos mal, en esa especie de territorio liberado, la representación del Estado estaría a cargo de los consejos comunales? Seguramente…

Lo único que nos queda claro, -de aprobarse en un proceso constituyente este tipo de reformas tendentes a la “nueva geometría del poder”- es que en Venezuela, cohabitarían dos tipos de organización del poder popular local: la democrática con sus autoridades legítimas y electas por toda la población; y otra de tipo socialista, administrada por los consejos comunales, con representantes electos por sector y con la participación directa de ¿el poder nacional?, veremos…

Motor 5: La Explosión del Poder Comunal

Los consejos comunales se han constituido en el elemento central de la política hacia los sectores populares del Gobierno. A través de ellos, se ha pretendido atender ciertas deficiencias en materia de desarrollo comunitario; así como también organizar a la población con fines ideológicos. No cabe duda, que los consejos comunales han sido la gran apuesta del régimen para ir impulsando el proyecto revolucionario; incluso habría que evaluar la función desempeñada por estas agrupaciones populares en su último triunfo electoral. Sin embargo, fuera de la actividad proselitista –y muchas veces auténticamente vecinal- la eficacia comunitaria y de gestión de estas agrupaciones ha sido muy relativa.

Tal vez, el Gobierno comience a encontrar en el “Poder Comunal” de estos consejos, el sustituto ideal de la democracia participativa y protagónica, que por cierto no es socialista. Pero esto no lo sabemos todavía; aunque nos parece un “viraje” previsible. Así que pendientes.

El enemigo fundamental de los consejos comunales ha sido el propio Gobierno, quien con su burocratismo e ineficacia ha asfixiado la iniciativa de centenares de activistas y dirigentes comunitarios que no han podido ni siquiera cumplir con los múltiples requisitos que se les exige para su organización y su reconocimiento. Por si fuera poco, el mismo Gobierno ha incumplido con sus propios mandatos: no ha conformado el Fondo Nacional del Poder Popular, y ha sido incapaz de organizar las Comisiones Presidenciales del Poder Popular contempladas en la Ley de los Consejos Comunales, en cada uno de los trescientos treinta y cinco municipios que tiene el país; entre otras menudencias. Al parecer, el Poder Comunal tardará en explotar.

En síntesis, los cinco motores que anunció el ciudadano Presidente de la República nos indican las líneas de acción (relativamente estructuradas), que seguirá el oficialismo en su aspiración de alcanzar su utopía socialista. Las cartas del oficialismo están puestas sobre la mesa; ahora corresponde al resto de los ciudadanos y ciudadanos colocar las suyas.