Con el inadecuado tratamiento otorgado por el Gobierno Nacional al conflicto colombiano-ecuatoriano, Venezuela perdió una oportunidad formidable para asumir una posición constructiva, contributiva y de mediación entre las dos naciones andinas. El Gobierno Nacional no entendió que, a nuestro país le correspondía ejercer una posición de verdadero liderazgo; abriendo espacios hacia la reflexión y el entendimiento entre Colombia y Ecuador. Por el contrario, finalmente se impuso la visión beligerante, prevaleció el enfoque militarista quedando de esta manera, nuestro país atrapado en una indeseable situación conflictiva.
La violación de la soberanía de un país por otro, representa un acto absolutamente inaceptable; y, es además rechazada por la comunidad internacional. En ese contexto, la intromisión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano constituye un evento jurídica e institucionalmente reprochable. En tal sentido, la baja del dirigente de las FARC, Raúl Reyes si bien, otorga un éxito innegable a la política de “seguridad democrática”, implementada por la administración Uribe; contiene a su vez, un alto costo político en el ámbito internacional para Colombia. De ello, no hay duda.
La respuesta venezolana no estuvo a la altura de las circunstancias. El anuncio presidencial del pasado Domingo 2 de Marzo, sobre la movilización de 10 batallones de tanques y el despliegue de la aviación militar sonó más a propaganda que a otra cosa. Sin embargo, ese anuncio colocó a nuestro país, en una situación aislada y de poca eficacia política; frente a la posición tomada por el resto de la comunidad latinoamericana de naciones, que focalizó su atención adecuadamente en el conflicto fronterizo colombo-ecuatoriano.
El día Martes 4 de Marzo, y en una proporción directa, al anuncio dominical venezolano, el gobierno colombiano prometió que denunciará al Presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional por un presunto “financiamiento y patrocinio a genocidas”. En otras palabras, se ha servido la mesa para generar, por lo menos una “escaramuza fronteriza” innecesaria entre dos naciones históricamente hermanadas; con 2 mil kilómetros de frontera, y con una próspera relación económica bilateral. Como un dato adicional, debe señalarse que en Venezuela reside una amplísima colonia colombiana que sobrepasa ligeramente los 4 millones de personas.
Las consecuencias en la población venezolana de estos pronunciamientos oficiales no se han hecho esperar: han producido ansiedad e incertidumbre; pero también un creciente sentimiento de desaprobación ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela. En medio de esta situación, lo que sí parece claro es la pretensión del oficialismo de capitalizar en forma política, organizativa o electoral la actual coyuntura. El mismo Martes 4 de Marzo, una pintoresca manifestación de sectores oficialistas autodenominados “radicales y milicias populares” pretendía reivindicar para la revolución bolivariana un posible conflicto con Colombia; mientras desde la Asamblea Nacional se denunciaba la relación de sectores colaboracionistas con el enemigo externo (que estarían ubicados en la oposición).
Las organizaciones comunitarias y sociales independientes defensoras de las libertades democráticas y de los derechos humanos deben “encender sus luces de alerta” y permanecer vigilantes frente a cualquier iniciativa del oficialismo que, bajo la actual crisis pretenda restringir los derechos constitucionales del pueblo. No sería extraña una ola represiva en contra de la oposición democrática venezolana.
La guerra NO es un juego. La guerra sólo trae consigo muerte, destrucción y resentimiento. Ningún pueblo del mundo merece padecer un enfrentamiento bélico. Y nuestro pueblo tampoco. En buena hora, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado su gestión.
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