En el 2012 se producirá una mega elección, donde además de elegir a un nuevo Presidente de la República para el período 2012-2018; también se podrán renovar a los gobernadores, alcaldes y legisladores estadales (electos la semana pasada). El tránsito hacia esa mega elección comenzó ya con una Venezuela polarizada electoralmente en dos bloques relativamente parejos y, con una nueva distribución entre ambos polos de las entidades gubernamentales. En el bloque oficial se han encendido las alarmas, porque su hegemonía está cerca a un “punto de quiebre”. No sabemos si en el campo opositor se ha entendido la oportunidad histórica que se avecina.
El proceso electoral del pasado 23 de Noviembre contó con una altísima participación electoral estimada en un 65.45% del padrón electoral nacional; de acuerdo a cifras oficiales. Ese alto nivel de participación nos indica la revalorización del sufragio como el mecanismo para la elección, renovación y revocación de las autoridades públicas; sin embargo, el proceso tuvo sus opacidades. Una de ellas fue la lentitud del proceso. Otra fue el “tutelaje militar”, al cual fuera sometido el evento electoral. La incidencia de las Fuerzas Armadas fue significativa a lo largo de la jornada y, no sólo a nivel mediático; sino justamente en el momento de cerrar los centros de votación, una vez cumplidos las condiciones legales; según denuncias de los partidos políticos de oposición y de los propios ciudadanos. Por su parte, organizaciones como “Ojo Electoral” y “SÚMATE” se encargaron de presentar sus informes en los cuales destacan sus observaciones al desarrollo del proceso de votación y al cierre de mesas.
El bloque oficial obtuvo en conjunto 5.5 millones de votos, y ahora cuenta con 17 gobernaciones y 269 alcaldías, además de 178 legisladores estadales; lo cual significa una fuerza considerable. Mientras la plataforma democrática alcanzó 4.3 millones de votos, y ahora tiene 5 gobernaciones y la estratégica Alcaldía Metropolitana de Caracas; sin embargo redujo su presencia a 56 alcaldías, con apenas 55 legisladores regionales. No cabe duda que, la oposición venezolana ha dado un paso gigantesco en su necesaria recuperación para el restablecimiento del equilibrio democrático en Venezuela. Por su parte, el chavismo acusa un relativo revés electoral, que ratifica su vulnerabilidad político-electoral.
Las recientes intervenciones y amenazas del Presidente de la República en contra de las nuevas autoridades públicas del sector democrático, indican la valoración que se otorga dentro de la dirección revolucionaria a los resultados electorales. Y es que, el oficialismo no está preparado ni política ni psicológicamente para gobernar con la participación legítima y democrática de otros factores sociales y políticos del país. Y en realidad, la estrategia oficialista de atacar discrecionalmente a los nuevos gobernadores y alcaldes de oposición, pudiera convertirse a la larga en un autogol para sus aspiraciones hegemónicas.
En términos generales, la oposición comienza este período frente al gobierno con una notable ventaja comparativa: los seis mandatarios regionales electos son gerentes exitosos. Todos ellos reúnen experiencia y capacidad probada en la gestión pública; es decir, el país tiene ahora la posibilidad de comparar el discurso violento del gobierno nacional con las posibilidades de una gestión democrática de gobernaciones y alcaldías basada en la inclusión, la participación, la tolerancia y el respeto a las leyes. Por allí va la cosa.
Una gestión de los gobernadores y alcaldes democráticos debería colocar sobre el debate público, los siguientes temas orientadores de su actividad gubernamental:
1. El establecimiento del Consejo Federal de Gobierno como órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional hacia los estados y municipios y, de estas instancias hacia las comunidades organizadas y las entidades no estatales. Así como promover la creación del Fondo de Compensación Interterritorial, como soporte al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las entidades federales y, el apoyo a la dotación de obras y servicios estratégicos en aquellas regiones y comunidades con menor grado de desarrollo; según lo establecido en la Constitución Bolivariana.
2. La promulgación definitiva; por parte de la Asamblea Nacional de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal con la Disposición Transitoria Nº 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 1999. Esta ley fortalece la descentralización; por cuanto le otorga a las gobernaciones, competencias en la recaudación de impuestos, con lo cual las entidades federales aumentan su autonomía de gestión presupuestaria y programática.
3. Rescatar y fortalecer los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) de cada una de las entidades federales, que en su casi totalidad se encuentran con plazos vencidos y, sin mayor actividad institucional desde el año 2004. Los CEPLACOP deben cumplir su rol de ente coordinador de la gestión de las distintas agencias gubernamentales en su respectiva entidad federal; bajo la autoridad de los gobernadores, a los fines de promover su desarrollo armónico, equilibrado y sustentable.
4. Rescatar y fortalecer los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas (CLPP); de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley de fecha 26-12-2006 que los rige y, que establece la intervención de las Juntas Electorales Municipales para la organización de su proceso de renovación; así como completar su proceso de conformación interna; es decir, la elección de los Consejos Parroquiales y de las Salas Técnicas de cada CLPP.
5. El diseño y ejecución de un programa de adecuación legislativa a nivel estadal que promocione de manera eficaz el ejercicio de los derechos a la participación y consulta de la ciudadanía en los procesos de planificación, gestión, evaluación y control de las políticas y presupuestos públicos en ese nivel de gobierno.
6. El fortalecimiento de las capacidades estratégicas de las gobernaciones para el cumplimiento eficaz de sus funciones, en materia de planificación de políticas y programas de un desarrollo ambiental y territorial incluyente, seguro, sostenible, sustentable y equilibrado con la participación de las autoridades municipales y de los voceros de las comunidades organizadas.
7. El desarrollo de medidas para desconcentrar y descentralizar la gestión de programas y la prestación de servicios; mediante formas efectivas de participación popular y el establecimiento de convenios de gestión, de acuerdo al marco constitucional y legal vigente.
8. La implementación de mecanismos institucionales para que todos los habitantes y personas interesadas puedan acceder a la información pública de manera eficaz. Para ello, las autoridades públicas locales (ejecutivas y legislativas) deberán promover el acceso a las nuevas tecnologías de información, como parte de sus programas de descentralización y transferencia hacia las comunidades y entidades no estatales.
9. El rescate y fortalecimiento de la figura político-territorial de las parroquias como entidades desconcentradas de la gestión municipal y como mecanismos promotores de la participación ciudadana por ser canales de relación inmediata con las expresiones asociativas vecinales y comunales.
10. El establecimiento de medios de vinculación con los consejos comunales o mancomunidades de estos, en sus espacios político-territoriales inmediatos en el marco de la corresponsabilidad, la cooperación, la cercanía, la solidaridad, la transparencia y el control de gestión.
11. Promover que los consejos comunales con la debida aprobación de su asamblea de ciudadanos y ciudadanas de su comunidad respectiva, participen en la elaboración, gestión y control de los planes estadal y municipal de desarrollo, del plan de desarrollo urbano local, de los presupuestos públicos y presupuestos participativos y, de cualquier otro instrumento de planificación o inversión pública, dirigido a impulsar el desarrollo armónico del estado y del municipio.
12. La creación de las condiciones institucionales y criterios mínimos de evaluación que les permitan establecer convenios o compromisos de gestión con aquellas comunidades organizadas, organizaciones no gubernamentales y los consejos comunales (con la aprobación previa de su asamblea de ciudadanos) en forma eficaz y transparente y,
13. El impulso de proyectos de adiestramiento y capacitación en materia de gestión de políticas públicas, enfoque de derechos humanos y participación ciudadana que contribuyan paulatinamente a la modificación de la cultura de los funcionarios públicos y a la revalorización del servicio civil en el marco de la ética, la inclusión social, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas.
Hay posibilidades de reconstruir una Venezuela de verdad, una Venezuela –y lo escribiré de nuevo- democrática, incluyente, plural y con el respeto pleno a los derechos humanos fundamentales. En la coyuntura actual, el gobierno luce atemorizado ante esa posibilidad, ante el surgimiento y la consolidación de una opción ideológica y política distinta a su visión autoritaria y estatista de las relaciones sociales. Las condiciones han cambiado en la ruta democrática hacia el 2012.
