VENEZUELA: OTRO BALANCE DEL 15-F

Los resultados electorales del pasado 15 de Febrero reflejaron con la mayor simpleza, la polarización en que se encuentra el país, y por ende, el electorado venezolano. En ese contexto, uno de los bloques ideológico-político se impuso en términos electorales al otro; sin que esto signifique la desaparición del polo derrotado o la definitiva consolidación de una hegemonía política en el país. No, no supone eso. Empero, sí significa una victoria estratégica para el bloque oficialista que obtuvo de esta manera, respaldo popular para sus aspiraciones de alcanzar la permanencia indefinida en el gobierno.
Los resultados electorales fueron -sin lugar a dudas-, muy claros y también interesantes. Según cifras del Consejo Nacional Electoral, tuvieron la oportunidad de participar en la consulta 16.767.511 venezolanos (as) inscritos (as) en el Registro Electoral Permanente (REP). De ese universo electoral, el denominado bloque del SÍ obtuvo una votación que alcanzó los 6.319.363 votos, lo que corresponde a un 37.6 % del total del padrón electoral; mientras el bloque del NO, alcanzó 5.198.006, que equivalen al 31% del registro electoral. Por último, habría que señalar que 5.249.969 electores; quienes representan aproximadamente un 32 % del electorado nacional optó por abstenerse o por votar nulo (el CNE tendría que ofrecer las cifras de votos nulos, que se presumen están alrededor de los 150.000). Esa altísima porción de electores que esta vez decidió no participar, fue determinante en la decisión que se tomó en el país el pasado 15 de Febrero; con el agregado que ese sector tendrá también influencia en los sucesos que se avecinan. En todo caso, estos resultados si bien indican un ganador -aunque por un margen relativamente escaso- nos señalan, de igual forma, que el país electoral se encuentra claramente segmentado políticamente; cualidad que podría dificultar la gobernabilidad del proyecto socialista oficial que se viene prometiendo reiteradamente. Habrá mucho más debate ideológico-político en el país.
La victoria de la opción oficial -además de un duro golpe a los mecanismos establecidos de enmienda y reforma constitucional-, supuso también la creación de una plataforma legal para el surgimiento de una “nueva casta política”, compuesta por todas aquellas autoridades públicas que ahora tienen la posibilidad de optar a sucesivas reelecciones con la ventajas que les otorga el ejercicio del gobierno y la utilización de la burocracia pública, en función de unos intereses que no son colectivos, precisamente.
Los resultados electorales nos confirman un particular posicionamiento geopolítico de los principales factores políticos que se debaten por el control del Estado en el país. Por ejemplo, queda claro que en las zonas rurales (y menos pobladas) el denominado “chavismo” se ha venido consolidando paulatinamente en forma dominante. Esta tendencia puede apreciarse en los estados Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico y Portuguesa. Existe otro bloque de entidades federales, donde se combinan el ámbito rural y el urbano y, en el que el socialismo oficial es la principal fuerza política; pero donde hay un relativo contrapeso de los factores democráticos por su presencia organizativa y por lo tanto, electoral. Específicamente, me refiero a entidades como Aragua, Barinas, Bolívar, Municipio Libertador, Falcón y Lara. La oposición se presenta consolidada en entidades como Nueva Esparta (aunque el “chavismo” se aproximó esta vez), Miranda, Táchira y Zulia. Por último, los estados Carabobo (aquí gana el bloque del SÍ; pero el bloque del NO triunfa en Valencia, la capital del estado) y Mérida (allí gana el bloque del NO; y recientemente la oposición recuperaba la Alcaldía de la capital del estado). Estos resultados reflejan la paridad de las fuerzas políticas y, la cambiante dinámica electoral del país, al menos en ese par de casos.
Después de los resultados obtenidos en el referendum de la enmienda, no se espera un cambio en la actitud gubernamental. En realidad, luego de la consulta, el gobierno pudiera entender que un viraje hacia el entendimiento con los factores democráticos no le hace falta. De hecho, su mensaje de confrontación de clases, le ha venido dando resultado en términos electorales. Además, el socialismo oficialista aún posee el monopolio del Poder Legislativo y, cierta capacidad de manejo financiero frente a la crisis económica que se avecina. Por otra parte y, esto es quizás el elemento fundamental, el oficialismo no está capacitado para gobernar con base a la unidad y el consenso. Nada que ver. La gestión oficial se encuentra cada día más atrapada en la “inclusión de los excluidos; mediante la exclusión de los incluidos”.
Durante el proceso electoral se denunció el ventajismo oficial. Y de verdad, el bloque oficial disfrutó de algunas ventajas. La red de agencias estatales se convirtió en un componente vital en la campaña, a favor de la enmienda reeleccionista. De todo esto, los expertos y analistas han comentado suficiente; sin embargo, me parece importante resaltar otras ventajas que tuvo el bloque oficial y que utilizó a su favor. La primera de ellas, fue contar con un líder plenamente identificado con el mensaje que difundía. Si hay algo de lo que los factores de la oposición democrática tienen que tomar conciencia plena es que el Presidente Chávez, cree en el proyecto que predica. De allí, su fuerza y su arraigo popular. Otro elemento significativo es la organización de su aparato político-electoral que ha venido siendo construido en todo el país. Un tercer elemento, está representado por la eficaz y eficiente campaña propagandística desplegado por el bloque oficial y, es que -exagerando un poco- se podía conseguir propaganda a favor del SÍ hasta en los correos electrónicos personales. Cabe señalar, que me llamó mucho la atención la presencia casi diaria de la figura del Presidente Chávez en el portal de internet MSN Latinoamérica; por tan sólo citar un caso.
La oposición democrática –a pesar de su derrota-, logró una participación estratégica y electoralmente importante. Otra cosa sin embargo, es que ese mismo sector no termine de tomar conciencia de ello. La oposición democrática venezolana es un bloque social diverso y plural que ha venido creciendo paulatinamente; pero que carece aún de un liderazgo consolidado y trascendente y, de una dirección única que le permita “remar en el mismo sentido”. Y no se trata de afirmar que, en la oposición no haya líderes. No concluyo eso. Lo que sí señalo, es que en ese sector ideológico-político del país, hay una buena cantidad de dirigentes políticos y sociales; pero que actúan generalmente sin coordinación. Con esta falencia de los factores democráticos quienes más padecemos somos los venezolanos (as) de a pie y, por ende, el país en general.
No cabe duda que, en Venezuela se ha venido conformando un nuevo tejido democrático que ha logrado frenar las acometidas autoritarias del gobierno nacional. Pero ese tejido democrático carece de la organización necesaria para hacerse sentir como la verdadera fuerza social que representa en el país. Aún padecemos y nos falta padecer todavía como venezolanos (as) y como nación, las consecuencias de la nefasta entrega de la Asamblea Nacional al bloque oficial; mediante la abstención en las elecciones del año 2005. Con esa decisión, el gobierno nacional quedó sin ningún control institucional y lo que es peor, más de la mitad de la población del país quedó sin voz ni representación en ese espacio de debate político, para todo sistema democrático.
Los partidos políticos tienen la obligación de articular y conducir a la red de movimientos sociales democráticos que se ha estructurado en todo el país. Para ello, los partidos deben actuar como tales y no como meras maquinarias electoralistas que sustituyen el trabajo político-organizativo diario por el “mercadeo político” o a la mera reseña personalista en algún medio de comunicación social. Los partidos se encuentran obligados a preparar a sus militantes y a sus cuadros dirigentes bajo los principios éticos y democráticos apropiados.
Por su parte, los dirigentes sociales tendrían que emprender las tareas de reconstrucción y fortalecimiento de sus sectores respectivos. Así, el movimiento sindical y el movimiento gremial necesitan ser oxigenados y potenciados para continuar los retos que se les avecinan. El movimiento comunitario reclama atención especial ante la pretendida cooptación clientelista que intenta realizar el bloque oficial de las luchas de ese sector. Hay una amplia agenda de luchas sociales que requiere –como lo he escrito antes- del involucramiento sincero, eficaz e incluyente de los sectores políticos y sociales democráticos del país. Sólo con la participación decidida de los ciudadanos y ciudadanas democráticos de Venezuela, el movimiento popular se fortalecerá y, entonces muy seguramente tendremos otra situación sobre la cual realizar un nuevo balance.

EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

El control social de la gestión de gobierno no es otra cosa que el derecho legítimo de los ciudadanos a exigir resultados concretos y cuentas claras a sus gobernantes. Pero además, el control social de las administraciones gubernamentales también supone impedir (en lo posible) la utilización de las instituciones estatales para fines privados o intereses particulares, de quienes ejercen la función de gobierno. Por otra parte, la contraloría social representa una innovación frente a los controles clásicos gubernamentales y, parte del principio, de que el Estado y sus instituciones son ineludiblemente responsables ante la sociedad. Pero por encima de todo, esta modalidad de participación puede constituirse en un auténtico evento de protagonismo ciudadano.

En Venezuela, la denominada “contraloría social” es un derecho constitucional de recientísima data. Por supuesto, que operativamente la contraloría social no se traduce aún en una condición administrativa completamente estructurada; incluso es todavía desconocida en su concepto y trascendencia, por amplios sectores de la sociedad civil. En otro sentido, la controlaría social exige el desarrollo de cierto grado de capacidad o inteligencia organizativas de parte las asociaciones civiles que no siempre está presente en ellas; y por si fuera poco, este es un tema que no suele ser “aceptado” por las propias entidades gubernamentales.


La contraloría social y los controles clásicos sobre el gobierno

A lo largo de la historia de la democracia moderna, de la democracia liberal, la necesidad de control sobre la gestión del Estado, sus instituciones y el ejercicio del gobierno se han convertido en un tema central de las ciencias políticas y de la dinámica propia y cotidiana de este tipo de sociedades. Un primer tipo de control clásico los representa el control de tipo Parlamentario, que se basa en la “vigilancia política” que realiza el Poder Legislativo, sobre el al actividad gubernamental desplegada desde el Poder Ejecutivo. Otro control estatal típico, es aquel aplicado por el Poder Judicial, sobre otros poderes públicos y, que supone la observancia y la pertinencia por parte de aquellos de la constitucionalidad. El control Administrativo que se realiza dentro de los poderes públicos sobre el cumplimiento de las normas y procedimientos que rigen la gestión de gobierno, es la otra variante de fiscalización y vigilancia que se realiza en las agencias estatales. Además se estila que en cada ejercicio fiscal, las entidades gubernamentales presenten su memoria y cuenta. Por último, y como una alternativa innovadora ante la modalidades mencionadas encontramos el control social del gobierno. Este sería realizado por la ciudadanía, por la población en general, en su papel de sujeto activo y beneficiario directo de la gestión de los distintos componentes del Estado.


El marco legal de la contraloría social en Venezuela

A partir de 1999, la opción de ejercer un control sobre la actividad pública cobró una inusitada relevancia en marco legal vigente. La primera mención obligatoriamente es hacia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el tema de la contraloría social se menciona de manera directa o indirecta en unos veintiocho (28) artículos. La otra mención la referiremos a un amplio abanico de leyes orgánicas y ordinarias que también recogen entre sus mandatos la participación social como un medio de control de la actividad pública; tales como: la Orgánica de Régimen de Municipal (1989), la Orgánica de Administración Pública (2001), la Orgánica de Administración Financiera del Sector Público(2003), la Orgánica de Planificación (2001), la Ley del Estatuto Orgánico de la Función Pública (2002), la Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas(2001) y la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (2002, 2006) y la Ley de los Consejos Comunales (2006) .

Habría que hacer especial mención a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal (2001), en su Capítulo VIII consagra la participación social dentro del sistema de control; a través de: la atención de las iniciativas y las denuncias ciudadanas, el establecimiento de estrategias para la promoción de participación ciudadana en la gestión fiscal y en los proyectos de alto impacto económico, financiero y social. Además esta ley determina que las organizaciones comunitarias y las representativas de los sectores sociales pueden postular candidatos a los organismos de control de entidades gubernamentales.

Dificultades y desafíos de la controlaría social

Las posibilidades de controlar la gestión gubernamental desde una “óptica ciudadana” se encuentran en medio de un campo lleno de requisitos técnicos y políticos, que pudieran tornarse en serias dificultades, si no se abordan adecuadamente. En el interior del sector público, por ejemplo, se debe estructurar un sistema de rendición de cuentas y de evaluación del desempeño transparente, global y sectorial, que comprenda con precisión los indicadores de desempeño a considerar. Otro caso, es el desarrollo de un programa de capacitación y adiestramiento dirigido a los funcionarios públicos para incorporarlos al nuevo paradigma de gestión. De parte de la ciudadanía, los desafíos técnicos no son menores. De hecho, el ciudadano, las asociaciones y las comunidades organizadas deben asimilar y digerir adecuadamente sus posibilidades de participación. La sociedad civil debe continuar preparándose para ejercer su protagonismo. De allí, que las iniciativas dirigidas a capacitar a entidades no gubernamentales (temáticas o comunitarias) en estos asuntos sea de una relevancia estratégica. Así pues que, la contraloría social implicaría en consecuencia, un esfuerzo técnico e institucional formidable; tanto para la burocracia pública (casi siempre indispuesta ante cualquier tipo de control y/o fiscalización), como también para las organizaciones y comunidades de la sociedad civil, ahora dotadas; al menos formalmente, de un protagonismo cívico.

Bajo una perspectiva política, la evaluación gubernamental desde una “óptica social” remueve los paradigmas clásicos del control gubernamental y ofrece una posibilidad abierta hacia una mayor democratización de las relaciones entre el Estado y la ciudadanía. Sin embargo, una tendencia marcadamente autoritaria desplegada desde del gobierno, pudiera disuadir a la población de ejercer su derecho de control sobre las ejecutorías públicas; entre otros efectos. Un escollo adicional lo constituye la férrea resistencia frente a la intervención ciudadana en los asuntos públicos que se manifiesta en todos los niveles político-territoriales de gobierno (y sin distinción política, por cierto). Cabe agregar que, este nuevo proceso de control, será afectado por los intereses, opiniones y visiones de los distintos actores que interactúan en la administración gubernamental.

¿Entonces, es posible ejercer el control social del gobierno?

Indudablemente que la respuesta es afirmativa; pero no será una tarea fácil. Pese a la “plataforma jurídico-constitucional” que protege y prescribe al control social del gobierno, el cambio de paradigma, requiere de un arduo trabajo técnico y político. Además, el sector gubernamental debe partir de una visión incluyente, democrática y plural de este proceso para garantizar su viabilidad. La sociedad civil debe estar conciente de sus responsabilidades y oportunidades y, además debe ser fuerte, capacitada e intransigente para en el ejercicio de sus derechos. De lo contrario, sólo tendremos más ineficiencia, corrupción y desigualdad.

VENEZUELA: ENMIENDA Y MOVILIZACIÓN POPULAR

Durante los últimos diez años, Venezuela ha estado sumergida en un proceso de profunda movilización social y política; alrededor de un propósito central: la defensa de las libertades democráticas. En ese contexto, este próximo Domingo 15 de Febrero se producirá otra confrontación electoral entre los dos bloques que se disputan el control del Estado venezolano. El evento refrendario confirmará de nuevo la polarización del país y, aunque los expertos vaticinan que no habrá una victoria amplia para cualquiera de los dos bloques, de nuevo quedará asentada la importancia de la movilización popular en torno a los valores democráticos.

La movilización de base, la movilización social constituye una expresión asociativa, diversa, no estatal, plural, voluntaria y con autonomía de gestión que se produce de manera temporal o permanente en apoyo o no, a un objetivo o tema de interés colectivo. En el caso venezolano y, de manera creciente, se han venido produciendo distintas y constantes manifestaciones de movilización popular a lo largo de esta década de revolución en defensa de los derechos humanos y la democracia. Así, el movimiento sindical, el empresariado independiente, los sectores medios profesionales, las asambleas de ciudadanos, la red de organizaciones no gubernamentales y; últimamente el movimiento estudiantil han ocupado un lugar relevante y de protagonismo en el desarrollo de esa luchas. Han sido estos movimientos sociales los que -ante la debilidad y casi ausencia de la actividad de los partidos políticos-, junto a la Iglesia Católica, las universidades y los medios de comunicación social independientes, han asumido una función de vanguardia en el debate ideológico-político que existe en Venezuela.

Inicialmente, el gobierno nacional propició la movilización popular; a través de un conjunto de acciones políticas y técnicas. Hay que reconocer que las nociones de “organización del pueblo” y “poder popular” han sido constantes en el discurso propositivo oficial. El proceso constituyente de 1999 fue un claro ejemplo del emprendimiento oficial hacia la movilización social. Otro caso, fue el impulso de algunas instancias de participación popular como los Círculos Bolivarianos y Mesas Técnicas de Agua (1999), Comités de Tierras y las Misiones (2002), los Comités de Salud (2003), hasta llegar a los Consejos Comunales (2006). Por supuesto, estas iniciativas oficialistas perseguían la construcción de una plataforma política para el “proceso revolucionario”; mediante la cooptación de los integrantes y beneficiarios de tales programas públicos. De hecho, tales mecanismos de organización contribuyeron a “organizar” la base social del chavismo durante un lapso importante. Sin embargo, con el tiempo esas plataformas de ”incidencia popular en la gestión pública” devinieron en mecanismos de simple clientelismo político.

A partir del año 2001 comienza una recuperación de los movimientos sociales independientes; que adoptan por una parte, una clara política de reclamo frente a la calidad de las ejecutorias gubernamentales y, por la otra, una decidida política de oposición ante la evolución hacia el autoritarismo y la concentración de poder; por parte del gobierno nacional. Así la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) celebra sus elecciones internas y sale triunfador de ellas el dirigente obrero petrolero Carlos Ortega, de formación socialdemócrata frente al dirigente magisterial Aristóbulo Istúriz, candidato del oficialismo. De esta forma, el movimiento sindical venezolano reafirmó su independencia y su posición contestataria al Gobierno Nacional. La elección de Carlos Ortega será determinante en los sucesos políticos posteriores. Por su parte, en Diciembre de ese mismo año, la asociación gremial FEDECÁMARAS lideró un paro cívico de 24 horas, en protesta por las políticas económicas emprendidas por la administración gubernamental.

El año 2002 continuó siendo un año de profunda movilización social y política donde la denominada clase media (sectores profesionales empleados e independientes y los pequeños y medianos empresarios) de las principales ciudades del país asume una actitud de mayor beligerancia y protesta frente a las ejecutorias gubernamentales. En otras palabras, en el 2002 irrumpe la clase media como un movimiento social de oposición en el país. La clase media urbana venezolana se convierte en la columna vertebral (y vanguardia) de las movilizaciones opositoras. Se trata de un movimiento anónimo; pero radicalizado y decidido a hacer valer los principios y valores que considera justos. Durante los sucesos de Abril de 2002, los movimientos sociales jugaron un papel importante en todo el proceso de renuncia y restitución del Presidente Chávez en el gobierno. De los sucesos de Abril quedan como testigos once funcionarios policiales presos en uno de los procesos judiciales más largos y lleno de opacidades, que haya conocido la historia de nuestro país.

Ese mismo año 2002, las fuerzas sociales opositoras (CTV; FEDECÁMARAS y una parte de la burocracia pública petrolera) lideraron la realización de un paro cívico en contra del gobierno. El paro cívico (o paro petrolero para algunos analistas) significó sin lugar a dudas, una innegable demostración de fuerza y movilización de amplios sectores de la población venezolana que asumieron el camino de la desobediencia civil, como medio de expresión de su descontento político. Fueron casi tres meses, de manifestaciones de calle en todo el territorio nacional y, donde buena parte de la población del país asumió una postura de enfrentamiento extremo contra el poder constituido.

Derrotado el paro cívico (en Febrero de 2003), la sociedad civil venezolana demostró; sin embargo, una impresionante capacidad de recuperación política pese al debilitamiento institucional de la CTV, del repliegue del sector empresarial y de la dispersión y persecución del movimiento profesional de la industria petrolera. Se inicia el tránsito por el referendo revocatorio del Presidente de la República, dentro de los procedimientos constitucionales. De nuevo, se desarrollan largas jornadas de participación ciudadana donde la recolección de firmas a favor de la consulta revocatoria. Esta vez, los movimientos sociales contaron con una estructura de organización denominada “Coordinadora Democrática” que reunía en su seno, y por igual; tanto a los partidos políticos como al voluntariado y a las organizaciones sociales privadas que encabezaban el proceso revocatorio.

Con el evento revocatorio se consolidó en forma definitiva un sector opositor y se agudizó la polarización en el país. Se enfrentaban un bloque político-social diverso y plural; al bloque oficial estructurado y soportado sobre la base institucional del Estado venezolano. El proceso revocatorio significó también un asedio social y constitucional al gobierno, que utilizó todos los recursos “institucionales y técnicos” legalmente establecidos, para realizar el referendo consultivo en una coyuntura favorable. Además de lograrlo, desde el oficialismo se elaboró la denominada “Lista Tascón” (apellido del diputado oficialista, que motorizó la idea) que sirvió para acosar y perseguir a cientos de miles de empleados públicos y de ciudadanos comunes, que firmaron a favor del proceso revocatorio.

La derrota en el referendo revocatorio, en el año 2004, debilitó de nuevo la plataforma democrática que venía estructurándose con mucho esfuerzo desde la sociedad civil. De hecho, la “Coordinadora Democrática” fue desmantelada y, el escepticismo creció de manera exponencial entre el bloque opositor; siendo la expresión más concreta de ese escepticismo político la reducción de las gobernaciones en manos de la oposición a tan solo dos entidades federales (Nueva Esparta y Zulia) y la estrategia abstencionista que se impulsó desde la propia sociedad civil en las elecciones parlamentarias del año 2005. Allí, con una exigua votación que no llegó al 20% del electorado venezolano, el bloque oficial se apoderó de la totalidad de los 167 puestos de la Asamblea Nacional. La estrategia abstencionista significó pues, un duro golpe para la reconstrucción del equilibrio democrático en el país. Incluso, luego de cuatro años; aún la nación sufre las consecuencias de una Asamblea Nacional hegemonizada por un solo sector ideológico y, sin ningún equilibrio ni control político.

Las elecciones a la Presidencia de la República del año 2006, representaron un duro reto para los factores democráticos (político y ciudadanos), en tanto se tenía que remontar la cuesta empinada que constituía la reorganización de un movimiento social disperso y la recuperación y relanzamiento de las organizaciones partidistas frente a un bloque oficial fortalecido por los resultados electorales inmediatamente anteriores. Sin embargo, y a pesar de la derrota un nuevo perfil de la oposición comenzaba a trazarse. Una oposición política y social más curtida y sobre todo sin la sombra de una proposición golpista ni de salidas cortoplacistas.

El cierre arbitrario de Radio Caracas Televisión, a principios de 2007, va a propiciar un nuevo y aparente y definitivo despertar de los movimientos sociales venezolanos. El cierre de un canal televisivo con más de 53 años de trayectoria en el país, se tradujo en la concreción de una amenaza autoritaria que muchos venezolanos y venezolanas no querían terminar de aceptar. La defensa del canal televisivo RCTV se transformó en un emblema para la defensa de los derechos democráticos y, sirvió para la incorporación de un nuevo actor social: el movimiento estudiantil venezolano.

La incorporación del movimiento estudiantil representó la activación de un sector poblacional con tradición de lucha por las libertades y derechos democráticos. Si bien, los jóvenes venían acompañando las luchas emprendidas por la oposición, su participación era dispersa y no se encontraba focalizada como sector específico. Además y, por definición el movimiento estudiantil es una expresión crítica de la “institucionalidad del sistema”; tanto en el ámbito universitario como en la sociedad. Por otra parte, el movimiento estudiantil universitario no podía ser acusado por el bloque oficialista de haber participado en los procesos de protesta y desobediencia civil realizados entre 2001 y 2003; entre otras cosas, por la edad con la que contaban para ese momento. Pero además, la participación de la vanguardia de jóvenes universitarios a la lucha por la democracia por sí misma, significó una dura derrota para el gobierno nacional.

El mismo año 2007 se produce otro amplio proceso de movilización popular; esta vez alrededor de la propuesta de reforma de la Constitución Bolivariana presentada desde el gobierno nacional. Y es así que en Diciembre de ese mismo año se produce la histórica derrota político electoral de la propuesta gubernamental. Tras un amplio y febril despliegue de las distintas manifestaciones asociativas de la sociedad civil venezolana se detiene estratégicamente y de manera democrática, el proyecto revolucionario impulsado por el socialismo oficialista. Las cosas habían cambiado en Venezuela. Un nuevo tejido democrático había surgido del aprendizaje de las derrotas y los pequeños avances previos; y ahora se expresaba de manera contundente en las urnas electorales con una victoria inobjetable. Con el triunfo del 2-D de 2007 se abrieron las esperanzas para la restitución del equilibrio democrático en Venezuela y para el impulso de los mecanismos cívicos de control sobre el gobierno.

En las pasadas elecciones regionales del 23-N de 2008 se sintió el cambio en la correlación de fuerzas del país; a pesar de los “errores tácticos” de la oposición en muchos municipios y gobernaciones del país. Con estos antecedentes y en un contexto electoralmente polarizado se realizará en el país, este 15 de Febrero de 2009, una nueva consulta popular sobre una nueva propuesta de reelección indefinida impulsada por el Presidente Chávez. Este planteamiento reeleccionista desconoce los resultados que sobre el particular arrojó el referendo realizado el pasado 2007.

Para esta consulta, el bloque oficialista ha emprendido una inversión multimillonaria en propaganda con el propósito de convencer a un “electorado aburrido y cansado” de que el actual Presidente de la República sería el único dirigente político capaz de gobernar el país. Sin embargo, la realización de la utopía presidencial tropieza con una dura realidad; una realidad compuesta por su gestión pública, que confunde el enfoque de derechos con el clientelismo; por su acción institucional, que supedita la transparencia a los intereses de la nueva elite gubernamental y, su propia concepción política que mal entiende la democracia con el culto a la personalidad. Pero por encima de todo, la utopía reeleccionista muy probablemente tropezará con un pueblo movilizado y organizado, cada día más consciente de sus potencialidades y de sus derechos democráticos.

VENEZUELA: RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Uno de los problemas centrales que atraviesa nuestro país en la actualidad es la creciente ola de intolerancia que se ha venido impulsando desde el gobierno por el bloque oficialista. Lamentablemente, hoy en día en Venezuela, las libertades democráticas y los derechos humanos se encuentran comprometidos y en situación de riesgo.

Los reprochables sucesos de violencia (que rayan en el terrorismo político) realizados en contra de autoridades independientes legítimamente electas por el voto popular en las elecciones del pasado 23 de noviembre; y, el atroz atentado perpetrado en contra de la Sinagoga judía ubicada en la ciudad de Caracas, son un claro indicativo de la consolidación de un clima político totalitario que no acepta los principios más elementales de la convivencia democrática.

Afortunadamente, existen organizaciones sociales privadas, que de manera tesonera continuan su labor de difusión y de educación en materia de derechos humanos, en muchas comunidades del país. Y esa labor voluntaria y contributiva de la sociedad civil venezolana sin duda siembra, renueva y fortalece nichos de esperanza alrededor de una cultura ciudadana fundamentada en valores democráticos y en la vigencia de los derechos humanos como vínculo de igualdad y de equidad social y como auténtica expresión suprema de paz y libertad.

Así como reconocemos la labor de las entidades voluntarias en su recorrido y peregrinar defendiendo la vigencia y la necesidad de los derechos humanos en nuestro país, reclamamos al gobierno nacional su obligación de RECONOCER, RESPETAR, PROTEGER, PROMOVER Y CUMPLIR con los derechos humanos fundamentales contemplados en los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país y, recogidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

¡ALTO A LA VIOLENCIA POLÍTICA! ¡NO A LA INTOLERANCIA!