Los procesos electorales son los mecanismos de participación ciudadana por excelencia, para producir cambios políticos. Los venideros procesos electorales del año 2010 suponen una trascendencia -casi definitiva-, para el futuro inmediato de Venezuela; dada la situación actual de extrema polarización, deslegitimación institucional e ineficacia gubernamental que atraviesa. Así de la nueva conformación de la Asamblea Nacional se definirá -en gran parte-, la confrontación actual entre la propuesta del socialismo-centralista contra la opción de la democracia/descentralizada.
En el presente (y como todos sabemos, producto de la poco afortunada estrategia abstencionista asumida por la oposición en el 2005), la Asamblea Nacional está dominada por sectores ideológico-políticos afectos al Presidente de la República; con lo cual la máxima expresión parlamentaria del país se ha convertido en un apéndice acrítico y subalterno del Ejecutivo Nacional.
Si las próximas elecciones expresan la nueva correlación de fuerzas que existe en Venezuela, la composición política de la Asamblea Nacional puede variar sustancialmente. Y eso sería un evento decisivo en el acontecer político nacional. Por ejemplo, la conformación de los otros poderes públicos (Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Poder Moral) dependen la Asamblea Nacional; pero además, las leyes de orientación social-estatista que han venido siendo aprobadas –a golpe y porrazo-, pudieran ser revisadas. De la misma forma, una Asamblea Nacional auténticamente plural y equilibrada incrementaría el necesario control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo.
Esta posibilidad, ha puesto en alerta; tanto al bloque oficial-socialista como a los factores democráticos alternativos. Desde el gobierno, se implementan -hace algún tiempo-, ciertas medidas tendentes a neutralizar el avance de la oposición, como lo son: la inhabilitación de sus líderes (Manuel Rosales y Leopoldo López), el cierre de treinta y cuatro medios de comunicación independientes, el “desmantelamiento legal” de la Alcaldía Metropolitana o la “guerra psicológica contra los gobernantes opositores de los estados Táchira y Zulia. Por otra parte, con la aprobación de la nueva Ley de Procesos Electorales, hay fundadas especulaciones sobre la manipulación de los circuitos electorales para tratar de reducir los efectos de unos resultados electorales adversos. En el plano estrictamente organizativo, el bloque oficialista comenzó la preparación de su plataforma partidista; mediante la elección de sus delegados a su congreso ideológico a realizarse a finales de este mes de noviembre; evento que debería culminar con las tradicionales ratificaciones y vivas propagandísticas alrededor del tema anti-imperialista y la construcción del socialismo. Allí no habrá mayores sorpresas.
Del otro lado, la oposición tiene sus propios retos. En realidad, a los sectores políticos y sociales democráticos de Venezuela les ha costado entender las nuevas condiciones políticas del país y, sobre esa base emprender la construcción de una alternativa consistente y convincente, frente al oficialismo. Superado el abstencionismo y la negación militante, la oposición sigue estando atomizada y dispersa; aún el anti-partidismo mantiene su fuerza y suele ser esgrimido como argumento en forma “cíclica y oportuna” y en cada coyuntura electoral, por líderes y grupos políticos que intentan obtener y garantizar un espacio propio para sus intereses.
Con la instalación de la Mesa de la Unidad Democrática, los sectores alternativos al oficialismo lograron un avance estratégico y fundamental: establecer un espacio para el diálogo y la negociación y, además construir un referente ideológico y político para todo el país. Sin embargo, esa tarea no ha sido fácil. Es más, pudiera concluirse que ha predominado cierta lentitud e ineficacia en el desarrollo de las actividades estratégicas y operativas de la Mesa de la Unidad Democrática. Por supuesto, que no es sencillo de hilvanar; bajo un propósito común, una amplia diversidad de enfoques e intereses no siempre coincidentes en forma, tiempo y espacio. En ese contexto, se ubica la preparación de las fórmulas unitarias de los factores democráticos, para su participación en las elecciones del 2010. En el presente, en ese lado político hay un duro debate, en torno a la instrumentación operativa de la unidad, centrado en dos aspectos: i) en cuanto al método de selección de las candidaturas; y ii) sobre la identificación electoral de esas candidaturas.
En el debate por el método de selección de las candidaturas de oposición, se ha querido imponer la tesis que la realización de las primarias se contrapone a la opción de la selección de candidaturas por consenso; siendo la primera más democrática. En mi opinión, -y pudiera estar equivocado- la verdadera contradicción en este caso, se origina en el interés de individualidades y representantes de sectores empresariales y sociales que aspiran cuotas de participación y puestos salidores dentro las planchas unitarias elaboradas por los partidos políticos y, que perciben en el método del consenso, pocas posibilidades de lograr sus objetivos.
¿Es válido el interés de líderes económicos, sociales y de opinión en participar en las planchas unitarias que logren conformar los partidos políticos de oposición? La respuesta es ampliamente positiva. Además, resulta saludable que las organizaciones políticas incorporen a sus plataformas figuras independientes representativas de la diversidad social del país. ¿Es necesario para ello realizar unas primarias? No, necesariamente. La Mesa de la Unidad Democrática puede generar los mecanismos de consenso para ello. Pero además, ¿resulta acaso indefectible la realización de primarias para lanzar; por ejemplo: las candidaturas de Ismael García por el estado Aragua, de Julio Borges y Alfonzo Marquina por Miranda, de Andrés Velásquez por el estado Bolívar o de Enrique Márquez por el estado Zulia? La respuesta desde mi punto vista es no.
La aplicación de las primarias pudiera ser una opción en aquellos circuitos donde confluyan varias candidaturas, con similares posibilidades electorales; y aún así, la posibilidad de lograr acuerdos políticos siempre será una vía más eficiente. Otra cosa es que, las primarias no son una garantía de éxito electoral; y prueba de esto se tiene en las pasadas elecciones de gobernadores y alcaldes; en las que la realización de primarias no estuvo atada a las victorias de la oposición en los casos de las gobernaciones de Carabobo, Miranda, Zulia, Nueva Esparta y del Distrito Capital. Lo que sí fue determinante en la victoria opositora en esas entidades federales, fue la participación unitaria de los factores democráticos. En tal sentido, la utilización de las primarias; por parte de un sector como un elemento de ataque y descalificación de la Mesa de la Unidad Democrática y de los propios partidos políticos, es absolutamente insostenible.
Uno de los aspectos que deben entender los factores de oposición es que tanto en las organizaciones de la denominada “sociedad civil” (que por cierto, no es política) como en los partidos políticos hay gente valiosa y preparada. A veces olvidamos que, en los partidos políticos hay dirigentes y militantes comunitarios, estudiantiles, juveniles, de las mujeres, sindicales, sociales y trabajadores. Otras veces obviamos que, en las organizaciones comunitarias, empresariales, gremiales y sociales hay gente pensante, preparada y con firmes convicciones ideológicas. En tal sentido, contraponer a los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil, como vienen planteando solapadamente por allí, constituye por lo menos, o un craso error estratégico o una simple muestra de oportunismo electoralista. Nada más.
La Mesa de la Unidad Democrática se encuentra pues, en la obligación insoslayable de definir unos criterios de estructuración de las candidaturas considerando al menos: los circuitos electorales que defina el Consejo Nacional Electoral, la distribución de los diputados por entidad federal, las cuotas de participación de la mujer establecidas en el marco legal, los resultados electorales previos por las organizaciones políticas y la trayectoria de los aspirantes. Es una dura tarea que debe emprenderse ya. ¿Acaso podrá la Mesa de la Unidad Democrática con esa tarea? Pues, si no puede que se olvide de gobernar.
El otro tema que también es debatido en el sector opositor oscila sobre la conveniencia de participar con una tarjeta única o respetar la identidad de cada organización partidista. Este es un asunto, un tanto más sencillo. Para algunos, la tarjeta única ofrecería la ventaja de presentar una imagen y un mensaje unitario sólido y consistente ante el electorado. De la misma manera, presentaría una opción presuntamente inequívoca y simple al momento de emitir el voto; y también permitiría ahorrar costos financieros en el desarrollo de la campaña. Pero hay otra visión del tema. Por ejemplo, para algunos expertos, la tarjeta única afectaría a los partidos políticos de la oposición que tendrían de nuevo que recoger firmas para re-legitimarse; quedando sometido su reconocimiento a la discrecionalidad de un Consejo Nacional Electoral dominado por el bloque oficial.
En realidad, lo verdaderamente importante es la consecución de candidatos unitarios para cada uno de los circuitos de las entidades federales. Como todos sabemos, a la Asamblea Nacional se elegirán ciento ochenta y siete diputados principales con sus respectivos suplentes; lo cual implica que haya una buena cantidad de candidaturas por cubrir en forma unitaria. Resguardar la identidad de los partidos, tampoco parece descabellado. Al respecto, vale la pena citar de nuevo los resultados de las elecciones de gobernadores y alcaldes, en las que se respetó la identidad propia y la diversidad de las organizaciones partidistas sin representar fracturas en el resultado de la campaña. ¿Por qué entonces, se propone ahora borrar en los venideros comicios la identidad de los partidos que son los canales naturales de participación electoral y política? El verdadero centro del problema es la estructuración de unas planchas unitarias que reúnan la diversidad representativa de los sectores políticos y sociales que conforman la mayoría democrática del país. Es allí, donde se debe focalizar la atención de la Mesa de la Unidad Democrática.
En medio de este debate, la posposición de las elecciones de concejales y juntas parroquiales ha quedado en un lamentable segundo plano. Esta nueva posposición de tan importante evento participativo, constituye una flagrante lesión a los derechos democráticos de todos los ciudadanos (as) de cada uno de los trescientos treinta y cinco municipios de nuestro país. Fueron muy pocas las organizaciones políticas, las asociaciones vecinales y de la sociedad civil que se pronunciaron, con contundencia sobre este caso. ¿Cómo podemos defender la descentralización y la participación ciudadana, si ignoramos la tropelía cometida con las elecciones de concejales y de miembros de las juntas parroquiales? Craso error. En tal sentido, ha quedado una deuda pendiente con una de las expresiones democráticas más genuinas de nuestro sistema político, como lo es la elección de estas instancias de poder local y de indubitable influencia directa en la vida de cada vecindad venezolana.
La agenda de la Mesa de la Unidad Democrática, se sigue llenando. Los temas del método de selección de las candidaturas y su identificación en el tarjetón electoral no debería ser impedimento para la selección de las candidaturas unitarias. Avanzar hacia la victoria en el año 2010, requiere la conjugación constructiva de todos los esfuerzos individuales y colectivos. Venezuela nos lo reclama.
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