CLPP-004-C-30/09/10
Nro. 04
AGENDA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA A CELEBRARSE EL DÍA JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.
(30-09-10)
LUGAR: SALÓN DE SESIONES CONCEJO MUNICIPAL
HORA: 4.00 PM
ORDEN DEL DÍA
PUNTOS A TRATAR:
1.- Cambio de denominación: Del Nombre Original “Estudio y Proyecto Hidráulico para la Reparación de Aguas Servidas, Calle Guamal, Urb. Lomas de La Trinidad (Presupuesto Participativo)” por Nombre Propuesto, “Estudio y Proyecto para la Construcción de Drenajes en la Calle Guamal, Urb. Lomas de La Trinidad (Presupuesto Participativo)”, solicitado por la Dirección de Infraestructura, de acuerdo a la opinión técnica respectiva.
2.- PRESENTACIÓN DE PROYECTO CON RECURSOS FIDES.
2.1.- Tuberías de Aguas Servidas “Escaleras del Carmén, El Placer de María. (Presupuesto Participativo).
2.2.- Estabilización de Taludes a lo largo del Boulevard el Cafetal. (Presupuesto Participativo ).
2.3.- Recuperación de Asfaltado en la Urbanización Piedra Azul. (Presupuesto Participativo).
2.4.- Repavimentación de la Avenida Principal y Calles de la Urbanización Santa Marta, El Cafetal. (Presupuesto Participativo).
2.5- Reconstrucción de la Calle Los Mangos, las Dalias, Santa Cruz del Este. (Presupuesto Participativo).
2.6.- Adquisición de trece (13) Vehículos por la Dirección de Administración y Servicios para suplir las necesidades de las Direcciones y Dependencias de la Alcaldía de Baruta. http://192.9.201.46/intranet/
2.7.- Construcción de Alcantarillado para Recolección de Aguas de Lluvias que Desbordan por la Veredas El Pozo y Los Mangos, Provenientes de la Calle El Rosario, las Minas de Baruta.
2.8.- Construcción de Cerca Perimetral, Tipo Ciclón, Linderos con las Minas, Urbanización Coracrevi. (Presupuesto Participativo).
2.9.- Arreglo del Polideportivo Cumbres de Curumo “Arreglo General”, (Presupuesto Participativo).
2.10.- Sustitución del Concreto de la Prolongación Calle Páez, vía La Palomera, Piedras Pintadas. La Palomera Baruta. (Presupuesto Participativo).
2.11.- Adquisición de Cajas Compactadoras y Equipamiento para el punto de Transferencia Primaria de Desechos Sólidos, que estará ubicado en la Avenida Río Paragua, Santa Cruz del Este.
3.- PRESENTACIÓN DE PROYECTO CON RECURSOS LAEE.
3.1.- Acondicionamiento de Carpeta Asfáltica, Calles Internas: A, C y Av. Principal Urb. Monte Alto. (Presupuesto Participativo).
3.2.- Sustitución del Techo de Asbesto de las Gradas de Beisbol del Polideportivo Cesar del Vecchio. Avenida Principal de Alto Prado. (Presupuesto Participativo).
3.3.- Remodelaciones y Mejoras de la Cancha de Usos Múltiples El Güire, Sector El Güire. (Presupuesto Participativo).
3.4.- Canalización de la Quebrada Sartenejas, frente a los Bloques de la Trinidad. (Presupuesto Participativo).
4.- Derecho de Palabra Consejera Kiomara Scovino, sobre las Intervenciones Urbanísticas del Gobierno Nacional en el Municipio Baruta.
5.- Derecho de palabra Consejero Harold Cova, para referirse a la situación de las Personas de la Tercera Edad y el Transporte Colectivo en el Municipio Baruta.
martes, septiembre 28, 2010
sábado, septiembre 25, 2010
ELECCIONES PARLAMENTARIAS: 26-S Y VOLVIERON DE NUEVO
Sin lugar a dudas, el retorno de las fuerzas políticas democráticas a la Asamblea Nacional (espacio que nunca debieron ceder); constituye un triunfo inobjetable. A partir de ese mismo día, un amplio –si no mayoritario- sector de la población venezolana, contará con unos legítimos representantes que defenderán sus derechos, frenarán su exclusión y fundamentalmente propiciarán el equilibrio político en un país que ha venido siendo “calculadamente polarizado”, con el único propósito de preservar los beneficios de la elite que lo gobierna en la actualidad.
Además, la reincorporación de los partidos democráticos venezolanos a la Asamblea Nacional trae un conjunto de beneficios institucionales para nuestra nación. Por ejemplo, a partir del 5 de Enero de 2011, las entidades federales contarán con una bancada parlamentaria que defienda el modelo federal, descentralizado y participativo que consagra la Constitución de 1999, frente a las pretensiones centralistas del gobierno actual. De igual manera, ocurrirá con los movimientos sociales (de mujeres, jóvenes y trabajadores) que también pasarán a poseer una vocería significativa y autónoma en el nuevo parlamento venezolano, frente a las marcadas intenciones de cooptación oficialista.
Tanto la defensa del modelo institucional consagrado en nuestra Carta Magna como la defensa de la agenda impulsada por los movimientos sociales, suponen dos componentes estratégicos y de largo alcance que tienen que ser abordados en la gestión legislativa de la nueva Asamblea Nacional. El aspecto político-territorial es crucial. La arremetida desde el poder central hacia la descentralización ha sido sostenida durante los últimos años. De hecho, a la constitucionalidad del modelo federal descentralizado, se le ha colocado el paralelismo unilateral de un modelo unitario centralizado. Como un elemento adicional, hay que señalar que 19 de las 23 gobernaciones y 236 de las 335 alcaldías del país son dirigidas por mandatarios que responden a las líneas del gobierno central. La ofensiva contra la descentralización tiene un componente financiero que implica el estrangulamiento de la disponibilidad de los ingresos de estados y municipios; mediante la reducción del situado constitucional por subestimación de los ingresos petroleros en el presupuesto y, la reducción (o eliminación) de los recursos FIDES y LAEE por decisión de destinar una proporción a los consejos comunales -bajo administración del poder nacional-; por medio del nuevo Fondo de Compensación Interterritorial que manejará el Consejo Federal de Gobierno.
La estrategia de recentralización en el aspecto jurídico, ha jugado un papel fundamental con la promulgación o reforma de un conjunto de leyes que se contraponen de manera abierta a la Constitución Nacional: i) con la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización se revirtieron las transferencias de las competencias concedidas a los estados; de la misma manera se abrió la posibilidad de decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios; ii) la creación de la Comisión Central de Planificación tiene entre sus objetivos: la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada, el establecimiento de un estado socialista, la eliminación de la autonomía organizativa y la de planificación financiera de la administración pública; así como el crear comisiones regionales y sectoriales para el cumplimiento de su misión; iii) con la Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional y la ley de Creación del Fondo Social para la Captación y Disposición de Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública se plantea un modelo de toma de decisiones, de planificación y de distribución de recursos que, puede afectar las transferencias financieras a las entidades federales y a los municipios y, iv) con la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (y su Reglamento) se crean la condiciones institucionales -para modificar de manera inconsulta-; por lo menos, la división político-territorial vigente en el país (con los distritos motores de desarrollo y las comunas), para impulsar un régimen de propiedad colectivista y estatal; mediante la denominada propiedad social y la restricción al acceso de los recursos financieros a los estados y municipios.
El segundo eje que he señalado, corresponde a las deficiencias legislativas para el ejercicio pleno de los derechos humanos y derechos sociales de toda la población; a pesar que el bloque oficialista pregona una acción destinada a la asistencia social de los sectores más necesitados. En este caso, el desempeño de la actual Asamblea Nacional ha sido realmente bajo. En materia de seguridad social los trabajadores; por una parte siguen sin un marco legal que proteja sus derechos y por la otra, se les quiere imponer instancias organizativas (como los consejos de trabajadores), por encima de sus órganos naturales de defensa como lo son los sindicatos. El ejercicio de la libertad de expresión ha encontrado durante los últimos años serias restricciones que incluso han ameritado el pronunciamiento de organismos internacionales especializados. Las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, han venido siendo amenazadas y hostigadas desde el bloque oficial en un intento reiterado de descalificar su acción social y comunitaria; y con el proyecto de Ley de Cooperación Internacional (aprobado en primera discusión) se pretendería restar cualquier tipo de iniciativa autónoma mediante el control de su financiamiento desde la administración pública nacional.
En el plano legislativo, la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales generó serías limitaciones para el desarrollo de la libre asociación de los habitantes de cada una de las vecindades del país, al tratar de imponer un esquema ideologizante socialista como único fin de estas organizaciones populares. Pero además, desde el Ministerio de la Comunas y FUNDACOMUNAL se viene realizando una política de exclusión hacia aquellos consejos comunales que son considerados como NO OFICIALISTAS o más exactamente, como escuálidos; consolidando de esta manera a la exclusión política como un método de acción pública en este ámbito.
Dos proyectos de leyes orgánicas deja en reserva la actual Asamblea Nacional: la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular y, la Ley de las Comunas. Ambos proyectos de leyes se encuentran aprobados en primera discusión y ambos están articulados entre sí. El proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular; además de reducir el derecho a la participación ciudadana al ámbito comunitario y a la construcción del socialismo; nos presenta una nuevo Estado denominado “Estado comunal” y una nueva división político-territorial basada en comunas, ciudades comunales y unión de comunas. Pero también, nos agrega el concepto propiedad social, como derecho del Estado de posesionarse de los medios de producción privados en “función de alcanzar la suprema felicidad social”. Por su parte, la Ley de las Comunas, presenta los nuevos mecanismos de organización comunitaria fundamentados en la disolución del derecho a la elección directa, universal y secreta de las autoridades públicas locales; así como también la sustitución de estados y municipios por las denominadas comunas.
La nueva representación democrática y popular que volverá a la Asamblea Nacional tiene ya una agenda marcada por la defensa de la Constitución Bolivariana en dos componentes fundamentales la defensa del modelo democrático, federal y descentralizado; y, la defensa de la vigencia de los derechos humanos y de la actividad autónoma de las expresiones asociativas de la sociedad civil venezolana.
La presencia renovada de los partidos políticos democráticos como Acción Democrática (AD), Primero Justica (MPJ), Un Nuevo Tiempo (UNT), entre otros y la representación parlamentaria independiente vinculada a los movimientos sociales les corresponderá reivindicar la práctica política con un enfoques democráticos, modernos, responsables e incluyentes que garanticen la viabilidad de la restitución de la constitucionalidad en Venezuela. Creo que el esfuerzo en esta campaña valió la para retomar aquellos espacios que nunca debieron ser abandonados.
Además, la reincorporación de los partidos democráticos venezolanos a la Asamblea Nacional trae un conjunto de beneficios institucionales para nuestra nación. Por ejemplo, a partir del 5 de Enero de 2011, las entidades federales contarán con una bancada parlamentaria que defienda el modelo federal, descentralizado y participativo que consagra la Constitución de 1999, frente a las pretensiones centralistas del gobierno actual. De igual manera, ocurrirá con los movimientos sociales (de mujeres, jóvenes y trabajadores) que también pasarán a poseer una vocería significativa y autónoma en el nuevo parlamento venezolano, frente a las marcadas intenciones de cooptación oficialista.
Tanto la defensa del modelo institucional consagrado en nuestra Carta Magna como la defensa de la agenda impulsada por los movimientos sociales, suponen dos componentes estratégicos y de largo alcance que tienen que ser abordados en la gestión legislativa de la nueva Asamblea Nacional. El aspecto político-territorial es crucial. La arremetida desde el poder central hacia la descentralización ha sido sostenida durante los últimos años. De hecho, a la constitucionalidad del modelo federal descentralizado, se le ha colocado el paralelismo unilateral de un modelo unitario centralizado. Como un elemento adicional, hay que señalar que 19 de las 23 gobernaciones y 236 de las 335 alcaldías del país son dirigidas por mandatarios que responden a las líneas del gobierno central. La ofensiva contra la descentralización tiene un componente financiero que implica el estrangulamiento de la disponibilidad de los ingresos de estados y municipios; mediante la reducción del situado constitucional por subestimación de los ingresos petroleros en el presupuesto y, la reducción (o eliminación) de los recursos FIDES y LAEE por decisión de destinar una proporción a los consejos comunales -bajo administración del poder nacional-; por medio del nuevo Fondo de Compensación Interterritorial que manejará el Consejo Federal de Gobierno.
La estrategia de recentralización en el aspecto jurídico, ha jugado un papel fundamental con la promulgación o reforma de un conjunto de leyes que se contraponen de manera abierta a la Constitución Nacional: i) con la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización se revirtieron las transferencias de las competencias concedidas a los estados; de la misma manera se abrió la posibilidad de decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios; ii) la creación de la Comisión Central de Planificación tiene entre sus objetivos: la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada, el establecimiento de un estado socialista, la eliminación de la autonomía organizativa y la de planificación financiera de la administración pública; así como el crear comisiones regionales y sectoriales para el cumplimiento de su misión; iii) con la Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional y la ley de Creación del Fondo Social para la Captación y Disposición de Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública se plantea un modelo de toma de decisiones, de planificación y de distribución de recursos que, puede afectar las transferencias financieras a las entidades federales y a los municipios y, iv) con la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (y su Reglamento) se crean la condiciones institucionales -para modificar de manera inconsulta-; por lo menos, la división político-territorial vigente en el país (con los distritos motores de desarrollo y las comunas), para impulsar un régimen de propiedad colectivista y estatal; mediante la denominada propiedad social y la restricción al acceso de los recursos financieros a los estados y municipios.
El segundo eje que he señalado, corresponde a las deficiencias legislativas para el ejercicio pleno de los derechos humanos y derechos sociales de toda la población; a pesar que el bloque oficialista pregona una acción destinada a la asistencia social de los sectores más necesitados. En este caso, el desempeño de la actual Asamblea Nacional ha sido realmente bajo. En materia de seguridad social los trabajadores; por una parte siguen sin un marco legal que proteja sus derechos y por la otra, se les quiere imponer instancias organizativas (como los consejos de trabajadores), por encima de sus órganos naturales de defensa como lo son los sindicatos. El ejercicio de la libertad de expresión ha encontrado durante los últimos años serias restricciones que incluso han ameritado el pronunciamiento de organismos internacionales especializados. Las organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, han venido siendo amenazadas y hostigadas desde el bloque oficial en un intento reiterado de descalificar su acción social y comunitaria; y con el proyecto de Ley de Cooperación Internacional (aprobado en primera discusión) se pretendería restar cualquier tipo de iniciativa autónoma mediante el control de su financiamiento desde la administración pública nacional.
En el plano legislativo, la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales generó serías limitaciones para el desarrollo de la libre asociación de los habitantes de cada una de las vecindades del país, al tratar de imponer un esquema ideologizante socialista como único fin de estas organizaciones populares. Pero además, desde el Ministerio de la Comunas y FUNDACOMUNAL se viene realizando una política de exclusión hacia aquellos consejos comunales que son considerados como NO OFICIALISTAS o más exactamente, como escuálidos; consolidando de esta manera a la exclusión política como un método de acción pública en este ámbito.
Dos proyectos de leyes orgánicas deja en reserva la actual Asamblea Nacional: la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular y, la Ley de las Comunas. Ambos proyectos de leyes se encuentran aprobados en primera discusión y ambos están articulados entre sí. El proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular; además de reducir el derecho a la participación ciudadana al ámbito comunitario y a la construcción del socialismo; nos presenta una nuevo Estado denominado “Estado comunal” y una nueva división político-territorial basada en comunas, ciudades comunales y unión de comunas. Pero también, nos agrega el concepto propiedad social, como derecho del Estado de posesionarse de los medios de producción privados en “función de alcanzar la suprema felicidad social”. Por su parte, la Ley de las Comunas, presenta los nuevos mecanismos de organización comunitaria fundamentados en la disolución del derecho a la elección directa, universal y secreta de las autoridades públicas locales; así como también la sustitución de estados y municipios por las denominadas comunas.
La nueva representación democrática y popular que volverá a la Asamblea Nacional tiene ya una agenda marcada por la defensa de la Constitución Bolivariana en dos componentes fundamentales la defensa del modelo democrático, federal y descentralizado; y, la defensa de la vigencia de los derechos humanos y de la actividad autónoma de las expresiones asociativas de la sociedad civil venezolana.
La presencia renovada de los partidos políticos democráticos como Acción Democrática (AD), Primero Justica (MPJ), Un Nuevo Tiempo (UNT), entre otros y la representación parlamentaria independiente vinculada a los movimientos sociales les corresponderá reivindicar la práctica política con un enfoques democráticos, modernos, responsables e incluyentes que garanticen la viabilidad de la restitución de la constitucionalidad en Venezuela. Creo que el esfuerzo en esta campaña valió la para retomar aquellos espacios que nunca debieron ser abandonados.
sábado, septiembre 18, 2010
FORO ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE VECINOS DE VENEZUELA
EL NACIONAL - Sábado 18 de Septiembre de 2010 Economía/6
Economía
FORO Cuestionan leyes socialistas pendientes
Consejos comunales defienden la propiedad
Los bienes adquiridos por esfuerzo propio no pueden ser colectivizados, señalaron dirigentes de instituciones sociales
ANA DÍAZ
anadiaz@el-nacional.com
--------------------------------------------------------------------------------
Los consejos comunales desaprueban la eliminación de la propiedad privada, pues los bienes adquiridos por el propio esfuerzo de la persona no pueden ser colectivizados por el Estado, señalaron dirigentes de esas organizaciones.
La Escuela de Vecinos de Venezuela organizó el foro Los Consejos Comunales y el Municipio ante los Nuevos Proyectos de Leyes Socialistas (entre ellas, la de comunas y de participación y poder popular) pendientes en la Asamblea Nacional.
Ana Zerpa, directiva del consejo comunal Natalicio del Libertador el cual abarca Terrazas de Las Acacias y San Agustín del Sur- dijo que "cada quien tiene derecho a tener lo que ha ganado con su trabajo". Agregó que las comunidades sí tienen injerencia en las áreas comunes como las canchas, escuelas y centros de atención a los ancianos y madres adolescentes.
Zerpa indicó que en su comunidad hacen gestiones para tener la titularidad de la tierra, en lo que hasta ahora el municipio no ha puesto objeciones. Sobre las comunas prefirió no adelantar opinión porque la legislación no está aprobada.
Jesús López, del consejo del barrio Ojo de Agua, sector La Planada, de Baruta, manifestó su rechazo a que el Estado sea el propietario. "Mi casa es mía", dijo. Tampoco comparte la implantación del socialismo, como ocurre en Cuba.
Ambos dirigentes insistieron que la seguridad ciudadana no es competencia de los consejos comunales, sino del Estado a través de los organismos correspondientes.
"No estamos preparados para eso: Cada quien que cumpla su rol", recomendó López.
José Delgado, coordinador general de la Escuela de Vecinos de Venezuela, refirió que los municipios y los consejos comunales trabajan en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar colectivo de las comunidades, pero advirtió que las leyes pendientes en la Asamblea Nacional son anticonstitucionales, porque la carta magna no menciona para nada el modelo socialista.
Miguel González Marregot, director ejecutivo de la ONG "Gestión de Cambio", sostuvo que la "propiedad individual no es estatizable ni puede colectivizarse en una sociedad participativa y democrática".
Destacó que el fracaso del modelo cubano se debe precisamente al desconocimiento del derecho a la propiedad.
Durante el foro, González expuso que en los contactos y actividades con los consejos comunales y comunidades de las zonas populares, la mayoría de los habitantes manifiesta que quiere vivir en democracia, sin comunismo.
Economía
FORO Cuestionan leyes socialistas pendientes
Consejos comunales defienden la propiedad
Los bienes adquiridos por esfuerzo propio no pueden ser colectivizados, señalaron dirigentes de instituciones sociales
ANA DÍAZ
anadiaz@el-nacional.com
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Los consejos comunales desaprueban la eliminación de la propiedad privada, pues los bienes adquiridos por el propio esfuerzo de la persona no pueden ser colectivizados por el Estado, señalaron dirigentes de esas organizaciones.
La Escuela de Vecinos de Venezuela organizó el foro Los Consejos Comunales y el Municipio ante los Nuevos Proyectos de Leyes Socialistas (entre ellas, la de comunas y de participación y poder popular) pendientes en la Asamblea Nacional.
Ana Zerpa, directiva del consejo comunal Natalicio del Libertador el cual abarca Terrazas de Las Acacias y San Agustín del Sur- dijo que "cada quien tiene derecho a tener lo que ha ganado con su trabajo". Agregó que las comunidades sí tienen injerencia en las áreas comunes como las canchas, escuelas y centros de atención a los ancianos y madres adolescentes.
Zerpa indicó que en su comunidad hacen gestiones para tener la titularidad de la tierra, en lo que hasta ahora el municipio no ha puesto objeciones. Sobre las comunas prefirió no adelantar opinión porque la legislación no está aprobada.
Jesús López, del consejo del barrio Ojo de Agua, sector La Planada, de Baruta, manifestó su rechazo a que el Estado sea el propietario. "Mi casa es mía", dijo. Tampoco comparte la implantación del socialismo, como ocurre en Cuba.
Ambos dirigentes insistieron que la seguridad ciudadana no es competencia de los consejos comunales, sino del Estado a través de los organismos correspondientes.
"No estamos preparados para eso: Cada quien que cumpla su rol", recomendó López.
José Delgado, coordinador general de la Escuela de Vecinos de Venezuela, refirió que los municipios y los consejos comunales trabajan en el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar colectivo de las comunidades, pero advirtió que las leyes pendientes en la Asamblea Nacional son anticonstitucionales, porque la carta magna no menciona para nada el modelo socialista.
Miguel González Marregot, director ejecutivo de la ONG "Gestión de Cambio", sostuvo que la "propiedad individual no es estatizable ni puede colectivizarse en una sociedad participativa y democrática".
Destacó que el fracaso del modelo cubano se debe precisamente al desconocimiento del derecho a la propiedad.
Durante el foro, González expuso que en los contactos y actividades con los consejos comunales y comunidades de las zonas populares, la mayoría de los habitantes manifiesta que quiere vivir en democracia, sin comunismo.
domingo, septiembre 05, 2010
VENEZUELA: UNA ASAMBLEA PARA EL CAMBIO
La realización de las elecciones parlamentarias del próximo 26 de Septiembre marcará el regreso a la Asamblea Nacional de la representación de las fuerzas democráticas alternativas y de oposición del país. Y ese regreso marcará un hito importante y un cambio sustancial en la dinámica política de la Venezuela actual. Por primera vez, durante los últimos años, la mayoría del país tendrá a unos representantes legítimamente electos que hagan cumplir con la Constitución y las leyes y, que defiendan los derechos humanos y la democracia. Y eso desde ya, constituye un triunfo inobjetable.
El oficialismo ha manejado a su antojo -durante los últimos cinco años-, la actividad de la Asamblea Nacional; omitiendo de manera intencional el cumplimiento de sus funciones como son la de legislar de acuerdo a los intereses supremos del país, la de representar los intereses de todos los venezolanos y venezolanas sin exclusión alguna y la de ejercer el control de la actividad del Ejecutivo Nacional, con autonomía y eficacia. Durante el último lustro, el país ha padecido de la gestión de un cuerpo legislativo nacional que supeditó su acción a los objetivos e intereses de una facción política.
El proceso electoral –y su campaña- se desarrolla en condiciones materialmente desiguales. El gobierno ha comenzado a utilizar en su beneficio “la institucionalidad pública” que tiene a su favor; modificando de acuerdo a sus propósitos los circuitos electorales del país. Sobre este particular, distintas organizaciones no gubernamentales como “Ojo Electoral” y la A.C. “SUMATE” han venido denunciando este tipo de abusos. Muy recientemente, Vicente Brito, rector principal del Consejo Nacional Electoral, denunciaba en forma pública el ventajismo comunicacional ejercido por el gobierno; a través de las intervenciones del ciudadano Presidente de la República.
El bloque oficial tiene otras ventajas. Una de ellas, es el mayor grado organizativo que ha venido consolidando en todo el territorio nacional. No cabe duda que, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mantiene una amplia presencia político-organizativa que le permite desarrollar con un margen de mayor holgura su campaña electoral. A esto se suma, el mayor número de gobernaciones y sobre todo el número de alcaldías que controla el sector oficialista. Otra ventaja, es el arrastre que aún pueda mantener el Presidente en amplios sectores del país; a pesar de que su popularidad se encuentra en su momento más bajo, según encuestadoras especializadas. Por último, el oficialismo posee una cobertura mediática importante muy superior a las fuerzas opositoras.
Ahora bien, para el PSUV no todo está fácil. Por el contrario, el panorama para esta opción luce complicada a pesar de las ventajas institucionales y de circuitos, de las cuales disfruta. Una notable debilidad la constituye la pésima evaluación que tiene la población en general sobre la gestión de la Asamblea Nacional. Sus embates a la descentralización, su reiterado y acrítico silencio a las erradas ejecutorias gubernamentales y su contribución a la intolerancia y exclusión política, son una pesada carga que heredan sus candidatos. Por otra parte, esos mismos candidatos (con muy contadas excepciones) lucen débiles y absolutamente dependientes de la figura presidencial. En general, las candidaturas oficialistas representan “más de lo mismo” de estos últimos cinco años. Por último, el ambiente que predomina en las bases oficialistas es de decepción y desencanto, ante una revolución que sólo ha agravado los problemas y ha incrementado el enfrentamiento entre los venezolanos.
Las candidaturas al parlamento nacional aglutinadas alrededor de la plataforma de la Mesa Unidad Democrática poseen una perspectiva más atractiva. En principio, representan una alianza electoral “tejida” con mucho esfuerzo y sacrificio. Esta alianza significó una respuesta a las demandas unitarias que exigían vastos sectores del “electorado opositor”. La plataforma de la MUD recuperó en parte, la credibilidad perdida de las fuerzas políticas ante su público natural y le permitió también romper el bloqueo al cual estaban sometidas. Así mismo, los partidos políticos opositores, aún débiles, han logrado recuperarse luego de las elecciones de gobernadores y alcaldes. De esta forma, acuden a este proceso electoral en mejores condiciones que en ocasiones anteriores. Las candidaturas opositoras (con sus excepciones) presentan también un mejor discurso y vienen en general con una trayectoria de lucha frente a los abusos del régimen. Finalmente, una diferencia sustancial a favor de los candidatos democráticos frente al bloque oficial la constituye sin lugar a dudas, las “100 Propuestas Legislativas” que lleva la oposición como marco referencial de su futura gestión en la Asamblea Nacional.
También la plataforma unitaria posee sus debilidades. Su dispersión organizativa y la dificultosa relación entre sus asociados inciden de manera directa en la eficacia de su campaña. Además los recursos financieros del sector democrático son escasos y, esto también contribuye a limitar sus movilizaciones. De la misma manera, la escasa presencia mediática de los candidatos opositores afectan el impacto de sus mensajes y propuestas.
El 26-S la composición de la Asamblea Nacional variará de manera significativa. Esto es indefectible. El alcance cuantitativo de esa victoria dependerá de capacidad de movilización de los sectores democráticos, de su paciencia y de su compromiso con el cambio. El 26-S también nacerá en la Asamblea Nacional un nuevo liderazgo político democrático; cuya principal responsabilidad será asumir con unidad y firmeza el timón del cambio que necesita Venezuela.
El oficialismo ha manejado a su antojo -durante los últimos cinco años-, la actividad de la Asamblea Nacional; omitiendo de manera intencional el cumplimiento de sus funciones como son la de legislar de acuerdo a los intereses supremos del país, la de representar los intereses de todos los venezolanos y venezolanas sin exclusión alguna y la de ejercer el control de la actividad del Ejecutivo Nacional, con autonomía y eficacia. Durante el último lustro, el país ha padecido de la gestión de un cuerpo legislativo nacional que supeditó su acción a los objetivos e intereses de una facción política.
El proceso electoral –y su campaña- se desarrolla en condiciones materialmente desiguales. El gobierno ha comenzado a utilizar en su beneficio “la institucionalidad pública” que tiene a su favor; modificando de acuerdo a sus propósitos los circuitos electorales del país. Sobre este particular, distintas organizaciones no gubernamentales como “Ojo Electoral” y la A.C. “SUMATE” han venido denunciando este tipo de abusos. Muy recientemente, Vicente Brito, rector principal del Consejo Nacional Electoral, denunciaba en forma pública el ventajismo comunicacional ejercido por el gobierno; a través de las intervenciones del ciudadano Presidente de la República.
El bloque oficial tiene otras ventajas. Una de ellas, es el mayor grado organizativo que ha venido consolidando en todo el territorio nacional. No cabe duda que, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mantiene una amplia presencia político-organizativa que le permite desarrollar con un margen de mayor holgura su campaña electoral. A esto se suma, el mayor número de gobernaciones y sobre todo el número de alcaldías que controla el sector oficialista. Otra ventaja, es el arrastre que aún pueda mantener el Presidente en amplios sectores del país; a pesar de que su popularidad se encuentra en su momento más bajo, según encuestadoras especializadas. Por último, el oficialismo posee una cobertura mediática importante muy superior a las fuerzas opositoras.
Ahora bien, para el PSUV no todo está fácil. Por el contrario, el panorama para esta opción luce complicada a pesar de las ventajas institucionales y de circuitos, de las cuales disfruta. Una notable debilidad la constituye la pésima evaluación que tiene la población en general sobre la gestión de la Asamblea Nacional. Sus embates a la descentralización, su reiterado y acrítico silencio a las erradas ejecutorias gubernamentales y su contribución a la intolerancia y exclusión política, son una pesada carga que heredan sus candidatos. Por otra parte, esos mismos candidatos (con muy contadas excepciones) lucen débiles y absolutamente dependientes de la figura presidencial. En general, las candidaturas oficialistas representan “más de lo mismo” de estos últimos cinco años. Por último, el ambiente que predomina en las bases oficialistas es de decepción y desencanto, ante una revolución que sólo ha agravado los problemas y ha incrementado el enfrentamiento entre los venezolanos.
Las candidaturas al parlamento nacional aglutinadas alrededor de la plataforma de la Mesa Unidad Democrática poseen una perspectiva más atractiva. En principio, representan una alianza electoral “tejida” con mucho esfuerzo y sacrificio. Esta alianza significó una respuesta a las demandas unitarias que exigían vastos sectores del “electorado opositor”. La plataforma de la MUD recuperó en parte, la credibilidad perdida de las fuerzas políticas ante su público natural y le permitió también romper el bloqueo al cual estaban sometidas. Así mismo, los partidos políticos opositores, aún débiles, han logrado recuperarse luego de las elecciones de gobernadores y alcaldes. De esta forma, acuden a este proceso electoral en mejores condiciones que en ocasiones anteriores. Las candidaturas opositoras (con sus excepciones) presentan también un mejor discurso y vienen en general con una trayectoria de lucha frente a los abusos del régimen. Finalmente, una diferencia sustancial a favor de los candidatos democráticos frente al bloque oficial la constituye sin lugar a dudas, las “100 Propuestas Legislativas” que lleva la oposición como marco referencial de su futura gestión en la Asamblea Nacional.
También la plataforma unitaria posee sus debilidades. Su dispersión organizativa y la dificultosa relación entre sus asociados inciden de manera directa en la eficacia de su campaña. Además los recursos financieros del sector democrático son escasos y, esto también contribuye a limitar sus movilizaciones. De la misma manera, la escasa presencia mediática de los candidatos opositores afectan el impacto de sus mensajes y propuestas.
El 26-S la composición de la Asamblea Nacional variará de manera significativa. Esto es indefectible. El alcance cuantitativo de esa victoria dependerá de capacidad de movilización de los sectores democráticos, de su paciencia y de su compromiso con el cambio. El 26-S también nacerá en la Asamblea Nacional un nuevo liderazgo político democrático; cuya principal responsabilidad será asumir con unidad y firmeza el timón del cambio que necesita Venezuela.
jueves, septiembre 02, 2010
LA ASAMBLEA NACIONAL QUE QUEREMOS SUMA TU OPNIÓN
Ante la realización del proceso electoral del 26 de septiembre de 2010 que permitirá renovar la Asamblea Nacional, máxima expresión del poder legislativo de la República Bolivariana de Venezuela; los ciudadanos, ciudadanas, comunidades organizadas y organizaciones sociales firmantes, ejerciendo nuestro legítimo derecho a libre expresión del pensamiento y a la participación popular, presentamos ante todo el país, las instituciones públicas, los partidos políticos, así como el resto de las redes de derechos humanos y desarrollo social de Venezuela; las siguientes propuestas para fortalecer y desarrollar una gestión legislativa democrática, plural y participativa:
1. Cumplir con la función legislativa de acuerdo con los principios constitucionales que propugnan la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos y la ética y el pluralismo político.
2. Respetar la soberanía popular, la supremacía de la Constitución, la división de los poderes y la legalidad en su actuación institucional.
3. Impulsar y garantizar el ejercicio de la participación ciudadana y la inclusión social en el ejercicio de las potestades legislativas y la formación de leyes a nivel nacional.
4. Cumplir de manera independiente y eficaz con los mandatos constitucionales de control de la gestión de gobierno, la administración pública nacional, y, los demás poderes públicos.
5. Cumplir con los principios constitucionales de promover la descentralización como política nacional para profundizar la democracia y para impulsar la prestación de eficaz y eficiente de los cometidos estatales.
6. Impulsar una gestión legislativa orientada a promover el desarrollo soberano, armónico, equilibrado y sustentable del país.
7. Desarrollar los mecanismos legales e institucionales para el acceso a la información pública, así como garantizar la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la misma gestión legislativa nacional.
8. Promover proyectos de adiestramiento y capacitación que modifiquen la cultura del funcionariado público y revaloricen el servicio civil en el marco de la ética, la inclusión social, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas
9. Establecer las oficinas de atención legislativa a los ciudadanos y las comunidades organizadas en cada estado. A partir del establecimiento de las oficinas de los diputados en las capitales de cada estado o en los diferentes circuitos electorales, para atender las solicitudes y las comunicaciones de los electores para atender a los problemas de interés para las comunidades propias de los circuitos electorales en que se dividen los diferentes estados, así como tener un espacio a donde recurrir para tener información y formular solicitudes relacionadas con las leyes y las investigaciones de la AN.
10. Formalizar y reglamentar la práctica del “parlamentarismo social de calle” en la AN. Un mecanismo concreto para ejercer el protagonismo social en el futuro, para que los diputados y diputadas sean verdaderos representantes de las comunidades, presenten sus informes, genere comunicación permanente con sus electores y su gestión pueda someterse a la evaluación. Que sea una herramienta para el pluralismo y la presentación de observaciones, desde una perspectiva democrática.
11. Establecer las asambleas de ciudadanos y ciudadanas como instancias de consulta legislativa. Espacios colectivos para el debate y la toma de decisiones, como experiencia de educación ciudadana y corresponsabilidad en materia legislativa, reuniones y encuentros con los diputados, foros, talleres con las comunidades organizadas, así como contactos con los medios de comunicación social, organizar campañas sobre las actividades del parlamento y sus decisiones.
12. Garantizar el respeto a los horarios de las sesiones parlamentarias y exigir la participación ciudadana en la función legislativa y contralora que le corresponde a la AN. Conocer la agenda legislativa para ejercer la contraloría social, ejerciendo los diferentes mecanismos de participación ciudadana, utilizando espacios y encuentros con el diputado del circuito, promovidos periódicamente, a partir del ejercicio de sus funciones, la exigencia de rendición de cuentas, la petición de las renuncias, la organización de los ciudadanos-electores, hacerle seguimiento y promover una ley que facilite la rendición de cuentas y la contraloría social sobre los diputados.
1. Cumplir con la función legislativa de acuerdo con los principios constitucionales que propugnan la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos y la ética y el pluralismo político.
2. Respetar la soberanía popular, la supremacía de la Constitución, la división de los poderes y la legalidad en su actuación institucional.
3. Impulsar y garantizar el ejercicio de la participación ciudadana y la inclusión social en el ejercicio de las potestades legislativas y la formación de leyes a nivel nacional.
4. Cumplir de manera independiente y eficaz con los mandatos constitucionales de control de la gestión de gobierno, la administración pública nacional, y, los demás poderes públicos.
5. Cumplir con los principios constitucionales de promover la descentralización como política nacional para profundizar la democracia y para impulsar la prestación de eficaz y eficiente de los cometidos estatales.
6. Impulsar una gestión legislativa orientada a promover el desarrollo soberano, armónico, equilibrado y sustentable del país.
7. Desarrollar los mecanismos legales e institucionales para el acceso a la información pública, así como garantizar la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la misma gestión legislativa nacional.
8. Promover proyectos de adiestramiento y capacitación que modifiquen la cultura del funcionariado público y revaloricen el servicio civil en el marco de la ética, la inclusión social, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas
9. Establecer las oficinas de atención legislativa a los ciudadanos y las comunidades organizadas en cada estado. A partir del establecimiento de las oficinas de los diputados en las capitales de cada estado o en los diferentes circuitos electorales, para atender las solicitudes y las comunicaciones de los electores para atender a los problemas de interés para las comunidades propias de los circuitos electorales en que se dividen los diferentes estados, así como tener un espacio a donde recurrir para tener información y formular solicitudes relacionadas con las leyes y las investigaciones de la AN.
10. Formalizar y reglamentar la práctica del “parlamentarismo social de calle” en la AN. Un mecanismo concreto para ejercer el protagonismo social en el futuro, para que los diputados y diputadas sean verdaderos representantes de las comunidades, presenten sus informes, genere comunicación permanente con sus electores y su gestión pueda someterse a la evaluación. Que sea una herramienta para el pluralismo y la presentación de observaciones, desde una perspectiva democrática.
11. Establecer las asambleas de ciudadanos y ciudadanas como instancias de consulta legislativa. Espacios colectivos para el debate y la toma de decisiones, como experiencia de educación ciudadana y corresponsabilidad en materia legislativa, reuniones y encuentros con los diputados, foros, talleres con las comunidades organizadas, así como contactos con los medios de comunicación social, organizar campañas sobre las actividades del parlamento y sus decisiones.
12. Garantizar el respeto a los horarios de las sesiones parlamentarias y exigir la participación ciudadana en la función legislativa y contralora que le corresponde a la AN. Conocer la agenda legislativa para ejercer la contraloría social, ejerciendo los diferentes mecanismos de participación ciudadana, utilizando espacios y encuentros con el diputado del circuito, promovidos periódicamente, a partir del ejercicio de sus funciones, la exigencia de rendición de cuentas, la petición de las renuncias, la organización de los ciudadanos-electores, hacerle seguimiento y promover una ley que facilite la rendición de cuentas y la contraloría social sobre los diputados.
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