Ante la realización del proceso electoral del 26 de septiembre de 2010 que permitirá renovar la Asamblea Nacional, máxima expresión del poder legislativo de la República Bolivariana de Venezuela; los ciudadanos, ciudadanas, comunidades organizadas y organizaciones sociales firmantes, ejerciendo nuestro legítimo derecho a libre expresión del pensamiento y a la participación popular, presentamos ante todo el país, las instituciones públicas, los partidos políticos, así como el resto de las redes de derechos humanos y desarrollo social de Venezuela; las siguientes propuestas para fortalecer y desarrollar una gestión legislativa democrática, plural y participativa:
1. Cumplir con la función legislativa de acuerdo con los principios constitucionales que propugnan la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, los derechos humanos y la ética y el pluralismo político.
2. Respetar la soberanía popular, la supremacía de la Constitución, la división de los poderes y la legalidad en su actuación institucional.
3. Impulsar y garantizar el ejercicio de la participación ciudadana y la inclusión social en el ejercicio de las potestades legislativas y la formación de leyes a nivel nacional.
4. Cumplir de manera independiente y eficaz con los mandatos constitucionales de control de la gestión de gobierno, la administración pública nacional, y, los demás poderes públicos.
5. Cumplir con los principios constitucionales de promover la descentralización como política nacional para profundizar la democracia y para impulsar la prestación de eficaz y eficiente de los cometidos estatales.
6. Impulsar una gestión legislativa orientada a promover el desarrollo soberano, armónico, equilibrado y sustentable del país.
7. Desarrollar los mecanismos legales e institucionales para el acceso a la información pública, así como garantizar la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la misma gestión legislativa nacional.
8. Promover proyectos de adiestramiento y capacitación que modifiquen la cultura del funcionariado público y revaloricen el servicio civil en el marco de la ética, la inclusión social, la responsabilidad, la eficacia, la eficiencia y la rendición de cuentas
9. Establecer las oficinas de atención legislativa a los ciudadanos y las comunidades organizadas en cada estado. A partir del establecimiento de las oficinas de los diputados en las capitales de cada estado o en los diferentes circuitos electorales, para atender las solicitudes y las comunicaciones de los electores para atender a los problemas de interés para las comunidades propias de los circuitos electorales en que se dividen los diferentes estados, así como tener un espacio a donde recurrir para tener información y formular solicitudes relacionadas con las leyes y las investigaciones de la AN.
10. Formalizar y reglamentar la práctica del “parlamentarismo social de calle” en la AN. Un mecanismo concreto para ejercer el protagonismo social en el futuro, para que los diputados y diputadas sean verdaderos representantes de las comunidades, presenten sus informes, genere comunicación permanente con sus electores y su gestión pueda someterse a la evaluación. Que sea una herramienta para el pluralismo y la presentación de observaciones, desde una perspectiva democrática.
11. Establecer las asambleas de ciudadanos y ciudadanas como instancias de consulta legislativa. Espacios colectivos para el debate y la toma de decisiones, como experiencia de educación ciudadana y corresponsabilidad en materia legislativa, reuniones y encuentros con los diputados, foros, talleres con las comunidades organizadas, así como contactos con los medios de comunicación social, organizar campañas sobre las actividades del parlamento y sus decisiones.
12. Garantizar el respeto a los horarios de las sesiones parlamentarias y exigir la participación ciudadana en la función legislativa y contralora que le corresponde a la AN. Conocer la agenda legislativa para ejercer la contraloría social, ejerciendo los diferentes mecanismos de participación ciudadana, utilizando espacios y encuentros con el diputado del circuito, promovidos periódicamente, a partir del ejercicio de sus funciones, la exigencia de rendición de cuentas, la petición de las renuncias, la organización de los ciudadanos-electores, hacerle seguimiento y promover una ley que facilite la rendición de cuentas y la contraloría social sobre los diputados.
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