En abril del año 2010, se aprobó la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y posteriormente su reglamento, a través del cual se incorporan nuevos actores en la dinámica político territorial del país como las Regiones Administrativas, la Autoridad Unica del Distrito Motor de Desarrollo y toda la estructura que permitirá al Consejo Federal de Gobierno ejercer su función de administrar los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial.
Como vecinos de una ciudad, que creemos en la participación ciudadana, enmarcada en un Estado Federal y Descentralizado, como lo establece la Constitución Nacional, elevamos nuestra voz de alerta ante las definiciones que se hacen en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su reglamento sobre sociedad organizada, porque legaliza la participación de un sector y obvia incorporar a quienes han creado espacios que históricamente eran verdaderos canales de participación: asociaciones de vecinos, gremios, ONGs, etc.
Alcaldes y Concejales, independientemente de sus posturas políticas, tienen en sus manos la potestad legal de aprobar un presupuesto para el año 2011, el mismo tiene directo impacto en el desarrollo de nuestra ciudad y en la calidad de vida de cada uno de nosotros como ciudadanos, por lo tanto exhortamos a los Alcaldes y a los Concejos Municipales a que activen espacios como el Cabildo Abierto o Asambleas y a los integrantes de los Consejos Locales de Planificación para que informen a los vecinos sobre la realidad del presupuesto 2011 en cuanto a la inversión, considerando el nuevo Baremo Técnico Político que ha diseñado la Secretaria del Consejo Federal de Gobierno como metodología para evaluar proyectos y acordar la distribución de recursos desde el Fondo de Compensación Interterritorial, en cuya estructura el 65% del valor está concentrado en criterios exclusivamente políticos e inspirados en el Poder Popular.
La nueva metodología para la distribución de los Recursos tiene elementos que no permiten dudar que el Consejo Federal de Gobierno, acompañado de la Comisión Central de Planificación y de la Comisión Permanente de Impulso de las Comunas, se convierten en tres actores políticos fundamentales en el diseño del nuevo esquema de Estado, que debilita la figura de los municipios y estados, favoreciendo la estructura del denominado Estado Comunal.
Exhortamos a todos los vecinos a que nos acerquemos a nuestras autoridades y les acompañemos en la defensa de la ciudad, en la defensa del municipio y en la defensa de la descentralización, pues si nuestra inacción favorece el fortalecimiento financiero de las Comunas, entonces estaremos contribuyendo a sustituir la ciudad como la conocemos hoy, por las Comunas cuyo rostro real no es conocido en las páginas de nuestra historia.
domingo, noviembre 28, 2010
Pronunciamiento de la "Red de Encuentro Ciudadano" sobre la Nueva Geometría del Poder
La Nueva Geometría del Poder fue propuesta en la Reforma Constitucional rechazada en Referéndum del 2007. En consecuencia, su implementación por vía de leyes es INCONSTITUCIONAL y evidencia el desconocimiento de la voluntad del pueblo cuando fue consultado. Es una propuesta ideológica que crea una nueva conformación territorial con el objeto de concentrar, centralizar y monopolizar el poder político y económico en el Ejecutivo Nacional.
La Nueva Geometría del Poder se está impulsando a través de la imposición de un conjunto de leyes que propician la exclusión política y ciudadana al reconocer solo el Estado Socialista. Esas Leyes son:
1. Ley Orgánica y Reglamento del Consejo Federal de Gobierno
2. Ley Orgánica de Las Comunas
3. Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular
4. Ley Orgánica del Sistema de Economía Comunal
5. Ley Orgánica de Contraloría Social
6. Ley Orgánica de Planificación Pública
Los impactos que la Nueva Geometría del Poder tendrán sobre los ciudadanos son:
-Se establecen restricciones al ejercicio de los derechos económicos con la imposición de la Propiedad Social, a través de la cual el gobierno nacional conserva, maneja y decide todo sobre los medios de producción.
-Prevalece la Propiedad Colectiva sobre la Propiedad Individual y esta no es susceptible de enajenación ni de sucesión, terminando siempre por ser Propiedad del Estado, aunque bajo el eufemismo de “propiedad social” o colectiva: “NADIE ES DUEÑO DE NADA”.
-La Participación Ciudadana está supeditada solo al modelo de Sociedad Socialista, perdiéndose la libertad de pensamiento, de asociación política y el derecho al sufragio directo, universal y secreto.
-Se crea una “camisa de fuerza” para los Municipios y Estados, al privárseles de garantías de asignación de recursos, con el fin de hacerlos desaparecer paulatinamente.
-La exclusión a la que son sometidos quienes no comulguen con la ideología socialista, se manifiesta en la no certificación de los Consejos Comunales de oposición en el Ministerio de las Comunas.
En consecuencia, la RED DE ENCUENTRO CIUDADADANO en defensa de nuestros Derechos Constitucionales y en aras de la Descentralización de un Estado Democrático y Federal, tal como lo establece nuestra Carta Magna, exige:
• Respeto a la participación de los ciudadanos sin exclusión por diferencias de pensamiento político, religión y raza.
• Igualdad ante la ley con la Certificación de los Consejos Comunales no afectos al oficialismo
• Revalorización de los Gobiernos Estadales y Municipales sin prácticas de exclusión política y cercenamiento de sus asignaciones económicas por parte del Consejo Federal de Gobierno.
• Respeto a la decisión soberana del pueblo expresada de manera clara e inequívoca el 02 de Diciembre de 2007.
La Nueva Geometría del Poder se está impulsando a través de la imposición de un conjunto de leyes que propician la exclusión política y ciudadana al reconocer solo el Estado Socialista. Esas Leyes son:
1. Ley Orgánica y Reglamento del Consejo Federal de Gobierno
2. Ley Orgánica de Las Comunas
3. Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular
4. Ley Orgánica del Sistema de Economía Comunal
5. Ley Orgánica de Contraloría Social
6. Ley Orgánica de Planificación Pública
Los impactos que la Nueva Geometría del Poder tendrán sobre los ciudadanos son:
-Se establecen restricciones al ejercicio de los derechos económicos con la imposición de la Propiedad Social, a través de la cual el gobierno nacional conserva, maneja y decide todo sobre los medios de producción.
-Prevalece la Propiedad Colectiva sobre la Propiedad Individual y esta no es susceptible de enajenación ni de sucesión, terminando siempre por ser Propiedad del Estado, aunque bajo el eufemismo de “propiedad social” o colectiva: “NADIE ES DUEÑO DE NADA”.
-La Participación Ciudadana está supeditada solo al modelo de Sociedad Socialista, perdiéndose la libertad de pensamiento, de asociación política y el derecho al sufragio directo, universal y secreto.
-Se crea una “camisa de fuerza” para los Municipios y Estados, al privárseles de garantías de asignación de recursos, con el fin de hacerlos desaparecer paulatinamente.
-La exclusión a la que son sometidos quienes no comulguen con la ideología socialista, se manifiesta en la no certificación de los Consejos Comunales de oposición en el Ministerio de las Comunas.
En consecuencia, la RED DE ENCUENTRO CIUDADADANO en defensa de nuestros Derechos Constitucionales y en aras de la Descentralización de un Estado Democrático y Federal, tal como lo establece nuestra Carta Magna, exige:
• Respeto a la participación de los ciudadanos sin exclusión por diferencias de pensamiento político, religión y raza.
• Igualdad ante la ley con la Certificación de los Consejos Comunales no afectos al oficialismo
• Revalorización de los Gobiernos Estadales y Municipales sin prácticas de exclusión política y cercenamiento de sus asignaciones económicas por parte del Consejo Federal de Gobierno.
• Respeto a la decisión soberana del pueblo expresada de manera clara e inequívoca el 02 de Diciembre de 2007.
Pronunciamiento de la "Red de Encuentro Ciudadano" sobre omisión del CNE en convocar las Elecciones Municipales
La Red de Encuentro Ciudadano, consciente de la importancia que reviste para el proceso de descentralización y de autonomía municipal, el contar con un poder legislativo local plural, con suficiente legitimidad para lograr construir las ordenanzas que permitan una mejor convivencia ciudadana, y de las juntas parroquiales, como facilitadores del proceso efectivo de participación ciudadana en la gestión local, reconocemos la importancia de ambas estructuras en elevar la calidad de vida, el desarrollo local y el fortalecimiento del rol del municipio como expresión constitucional de la organización territorial de Venezuela.
Expresamos nuestra Alerta ante la omisión evidente, clara y consciente del Consejo Nacional Electoral de posponer la convocatoria de las elecciones para concejales y juntas parroquiales; así como también, la pasiva actitud de la gran mayoría de Alcaldes, concejales, miembros de juntas parroquiales y partidos políticos en articular esfuerzos colectivos, para demandar el cumplimiento de las leyes y la constitución en la renovación de estas autoridades locales, lo que contribuye aún más con el debilitamiento del poder público municipal como expresión de poder político de una colectividad.
Así mismo y ejerciendo nuestro derecho a participar, invitamos a los demás sectores de la sociedad civil a que se activen con la urgencia debida en espacios públicos y participativos para entender, comprender, y medir el impacto que tendrá en la relación entre los vecinos y el poder público municipal, la aprobación de las leyes del poder popular y la postergación de las elecciones locales que debieron realizarse en Agosto de 2009.
En este sentido demandamos en respeto a la Constitución, que la Asamblea Nacional saliente reforme a la brevedad la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para permitir la realización de estas elecciones lo antes posible, y de no hacerlo, elevamos a los diputados electos la urgencia de que activen tal reforma para que no queden en un limbo jurídico estas importantes elecciones.
Como RED invitamos a unir esfuerzos entre el gobierno local y los vecinos para evaluar acciones que contribuyan a exigir del TSJ el pronunciamiento sobre el recurso de inconstitucionalidad intentado en el 2009 por SUMATE contra la reforma de la LOPPM.
Exhortamos a la Unidad Democrática a que abran las puertas para lograr el consenso necesario en miras a las elecciones locales, a través de una mayor participación directa y decisiva de los propios vecinos.
Conscientes de que el pasado 2 de diciembre 2007 se rechazó legítima y legalmente la reforma de la Constitución, y que hoy se ha venido obviando tal decisión soberana, proponemos que en cada ciudad, los gobiernos locales y los ciudadanos, en el marco del CLPP o de Cabildos Abiertos, se pronuncien y establezcan acciones en defensa de la Constitución, del interés colectivo y de la institucionalidad democrática y plural que se representa en esta instancia a través del Poder Público Municipal.
“Como en el referendo del 2D dijimos NO y luego el 26S se logró un parlamento plural, una elección municipal separada puede contribuir a llegar al 2012 con espacios políticos recuperados”
Expresamos nuestra Alerta ante la omisión evidente, clara y consciente del Consejo Nacional Electoral de posponer la convocatoria de las elecciones para concejales y juntas parroquiales; así como también, la pasiva actitud de la gran mayoría de Alcaldes, concejales, miembros de juntas parroquiales y partidos políticos en articular esfuerzos colectivos, para demandar el cumplimiento de las leyes y la constitución en la renovación de estas autoridades locales, lo que contribuye aún más con el debilitamiento del poder público municipal como expresión de poder político de una colectividad.
Así mismo y ejerciendo nuestro derecho a participar, invitamos a los demás sectores de la sociedad civil a que se activen con la urgencia debida en espacios públicos y participativos para entender, comprender, y medir el impacto que tendrá en la relación entre los vecinos y el poder público municipal, la aprobación de las leyes del poder popular y la postergación de las elecciones locales que debieron realizarse en Agosto de 2009.
En este sentido demandamos en respeto a la Constitución, que la Asamblea Nacional saliente reforme a la brevedad la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para permitir la realización de estas elecciones lo antes posible, y de no hacerlo, elevamos a los diputados electos la urgencia de que activen tal reforma para que no queden en un limbo jurídico estas importantes elecciones.
Como RED invitamos a unir esfuerzos entre el gobierno local y los vecinos para evaluar acciones que contribuyan a exigir del TSJ el pronunciamiento sobre el recurso de inconstitucionalidad intentado en el 2009 por SUMATE contra la reforma de la LOPPM.
Exhortamos a la Unidad Democrática a que abran las puertas para lograr el consenso necesario en miras a las elecciones locales, a través de una mayor participación directa y decisiva de los propios vecinos.
Conscientes de que el pasado 2 de diciembre 2007 se rechazó legítima y legalmente la reforma de la Constitución, y que hoy se ha venido obviando tal decisión soberana, proponemos que en cada ciudad, los gobiernos locales y los ciudadanos, en el marco del CLPP o de Cabildos Abiertos, se pronuncien y establezcan acciones en defensa de la Constitución, del interés colectivo y de la institucionalidad democrática y plural que se representa en esta instancia a través del Poder Público Municipal.
“Como en el referendo del 2D dijimos NO y luego el 26S se logró un parlamento plural, una elección municipal separada puede contribuir a llegar al 2012 con espacios políticos recuperados”
jueves, noviembre 25, 2010
Pronunciamiento de la Sociedad Civil ante posibilidad de aprobación de la Ley de Cooperación Internacional
El Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos, y Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, nos dirigimos a la opinión pública a fin de presentar nuevamente nuestra posición sobre la posibilidad de que sea aprobado el Proyecto Ley sobre Cooperación Internacional, dado que el contenido del mismo lesiona la vida, la esencia y el accionar independiente del movimiento asociativo en el país, en sus más diversas expresiones:
1. La acción de las ONG, a lo largo y ancho del país, favorece de múltiples formas a diversos sectores de la sociedad, principalmente a los más excluidos. Es un trabajo permanente para favorecer y acompañar a las víctimas de violaciones a sus derechos y para brindar capacitación y apoyo a miles de personas para que mejoren sus condiciones de vida. Nuestros destinatarios son principalmente las personas más vulnerables. Por esa razón, las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social requerimos mayores espacios, condiciones y facilidades para atender a las víctimas y para proponer políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población venezolana.
2. Las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social se configuran y actúan en ejercicio del derecho de toda persona a asociarse libremente con fines lícitos, consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
3. Asumimos nuestro compromiso con la sociedad y el país participando solidariamente en la vida política y civil, en contacto con las comunidades y otras organizaciones sociales.
4. Nos preocupa y condenamos el intento de crear una matriz de opinión que genere dudas y sospechas sobre la actuación de las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social.
5. En la actualidad, las ONG en Venezuela están sujetas al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente —están reguladas por un marco jurídico para su constitución y actuación, así como para la recepción de divisas provenientes de la cooperación internacional.
6. La promoción y protección de los derechos humanos configuran un derecho y un deber constitucional y humano de toda persona, individual o colectivamente, como una labor que fortalece la convivencia democrática y permite lograr un mejor nivel de vida para toda la población. La garantía de su ejercicio es, por lo tanto, de interés nacional y social.
7. Cualquier regulación legislativa que pretenda imponerse sobre el marco de actuación de las ONG deberá cumplir con el contenido y los límites establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscrito por el Estado Venezolano.
8. En otras palabras, la Asamblea Nacional no es libre de establecer cualquier limitación o restricción a este derecho. Las únicas limitaciones o restricciones legales que resultan aceptables del derecho de libre asociación, son aquellas “que sean necesarias en una sociedad democrática”
9. No es por el camino equivocado de organizar un régimen de restricciones inaceptables en una sociedad democrática como el Estado venezolano podrá estimular y garantizar el derecho de participación de la sociedad. Más y mejor democracia solo será posible facilitando la expresión, organización y movilización social. El estímulo y ejercicio de la contraloría social sobre la gestión del Estado, requiere facilitar a las personas posibilidades reales de organizarse y de actuar con autonomía, sin el temor a ser perjudicadas por las opiniones y valoraciones que expresen sobre la gestión de los funcionarios. Si ello no se garantiza, el protagonismo del pueblo no será más que una aspiración y un discurso vacío que hoy crea ilusiones y mañana nuevas frustraciones de todos aquellos que aspiran una relación diferente entre el Estado, el gobierno y la sociedad.
Caracas, 25 de noviembre de 2010
1. La acción de las ONG, a lo largo y ancho del país, favorece de múltiples formas a diversos sectores de la sociedad, principalmente a los más excluidos. Es un trabajo permanente para favorecer y acompañar a las víctimas de violaciones a sus derechos y para brindar capacitación y apoyo a miles de personas para que mejoren sus condiciones de vida. Nuestros destinatarios son principalmente las personas más vulnerables. Por esa razón, las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social requerimos mayores espacios, condiciones y facilidades para atender a las víctimas y para proponer políticas públicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población venezolana.
2. Las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social se configuran y actúan en ejercicio del derecho de toda persona a asociarse libremente con fines lícitos, consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
3. Asumimos nuestro compromiso con la sociedad y el país participando solidariamente en la vida política y civil, en contacto con las comunidades y otras organizaciones sociales.
4. Nos preocupa y condenamos el intento de crear una matriz de opinión que genere dudas y sospechas sobre la actuación de las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo social.
5. En la actualidad, las ONG en Venezuela están sujetas al cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente —están reguladas por un marco jurídico para su constitución y actuación, así como para la recepción de divisas provenientes de la cooperación internacional.
6. La promoción y protección de los derechos humanos configuran un derecho y un deber constitucional y humano de toda persona, individual o colectivamente, como una labor que fortalece la convivencia democrática y permite lograr un mejor nivel de vida para toda la población. La garantía de su ejercicio es, por lo tanto, de interés nacional y social.
7. Cualquier regulación legislativa que pretenda imponerse sobre el marco de actuación de las ONG deberá cumplir con el contenido y los límites establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscrito por el Estado Venezolano.
8. En otras palabras, la Asamblea Nacional no es libre de establecer cualquier limitación o restricción a este derecho. Las únicas limitaciones o restricciones legales que resultan aceptables del derecho de libre asociación, son aquellas “que sean necesarias en una sociedad democrática”
9. No es por el camino equivocado de organizar un régimen de restricciones inaceptables en una sociedad democrática como el Estado venezolano podrá estimular y garantizar el derecho de participación de la sociedad. Más y mejor democracia solo será posible facilitando la expresión, organización y movilización social. El estímulo y ejercicio de la contraloría social sobre la gestión del Estado, requiere facilitar a las personas posibilidades reales de organizarse y de actuar con autonomía, sin el temor a ser perjudicadas por las opiniones y valoraciones que expresen sobre la gestión de los funcionarios. Si ello no se garantiza, el protagonismo del pueblo no será más que una aspiración y un discurso vacío que hoy crea ilusiones y mañana nuevas frustraciones de todos aquellos que aspiran una relación diferente entre el Estado, el gobierno y la sociedad.
Caracas, 25 de noviembre de 2010
domingo, noviembre 21, 2010
Nos adherimos “FORO POR LA VIDA”: DECÁLOGO DE LOS DERECHOS HUMANOS
POR PARTE DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS ELECTAS Y ELECTOS
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010
I -
Nosotros, firmantes identificados, integrantes del “FORO POR LA VIDA”, coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela conformada el 15 de Enero de 1997, para lograr la plena vigencia de los derechos humanos y contribuir al estado de derecho, con la misión de contribuir a la consolidación de un clima favorable para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela,
Al fundamentar nuestra acción en las normas coherentes con los derechos humanos contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado.
Actuamos con base en la garantía humanitaria, moral, cultural, religiosa y educativa de los Derechos humanos, a través de la orientación teórica o de estudios ,y de actividades prácticas que pueden consistir tanto en una acción participativa y directa con las personas víctimas, en situación de vulnerabilidad de sus Derechos Humanos e injusticia, así como en una acción crítica o de gestión ante las instancias Estatales, los grupos sociales y las personas individuales a favor de la protección de los derechos fundamentales, y medularmente, por el mismísimo derecho a la vida, universalmente único.
II -
En el marco del principio de la participación ciudadana y protagónica en los asuntos públicos, constitucionalmente reconocido como derecho y exigido como forma de corresponsabilidad sin afectar la autonomía, que transversaliza el texto constitucional, así como los instrumentos normativos, ejecutivos, y operativos de la administración y gestión pública, incluso como medio “necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo”,
Nos dirigimos a ustedes en su condición de ciudadanos y ciudadanas, candidatos y candidatas a ser electos como Diputados a la Asamblea Nacional, mediante acto de votación ejercido en elección periódica universal, prevista por el Poder electoral a ser celebrada el 26 de septiembre de 2010, a objeto de presentarles el DECÁLOGO DE LOS DERECHOS HUMANOS, como parte de la Agenda por la Vida, para su consideración, compromiso moral y observancia en el marco de sus facultades y competencias constitucionalmente establecidas en la función pública durante su ejercicio de representación popular, ante el Poder Legislativo Nacional del Estado venezolano.
III -
Siendo que la suprema norma establece taxativamente que, a la Asamblea Nacional, Rama Legislativa del Poder Público Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde, entre otras competencias señaladas en la Constitución y las leyes, según el Artículo 187°, numerales: 1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional, 2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en ésta, 3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley, 4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia, 8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional, 18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución,
Y que la presente iniciativa identifica las necesidades, reales y sentidas de las comunidades, refiere a los principios esenciales de la vida como fundamentos de los Derechos Humanos y define las normas claves para la conformación efectiva, transparente y articulada de la Agenda Legislativa del próximo período 2010-2014, con incidencia en la agenda pública del Estado venezolano, además de directriz y bajo cooperación de las demás ramas del poder público estatal, de la sociedad en general, de las familias y hombres y mujeres de cualquier edad en particular.
IV
“DECÁLOGO DE LOS DERECHOS HUMANOS”
Primero: Derecho a la Vida
Incidencia en la(s) Norma(s): Dar cumplimiento a la disposición transitoria cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al aprobar legislación sobre la tortura, ya sea mediante ley especial o reforma del código penal.
Segundo: Derecho a la Seguridad ciudadana
Incidencia en la(s) Norma(s): 1.-Promover un debate y diálogo nacional sobre normas y políticas públicas para afrontar la criminalidad. 2.- Activar normas claras que propicien el fin de la impunidad como garantía de justicia y el resarcimiento de las victimas secundarias de la violencia criminal y de género. 3.- Modificar las disposiciones legislativas para garantizar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, salvo situaciones excepcionales. 4.- Eliminar las normas que organizan y conforman Cuerpos de Combatientes en los sectores públicos y privados para la defensa integral de la nación como función de la Milicia Nacional Bolivariana. 5.- Incluir lo relativo a la necesidad del diseño e implantación de un programa de control de armas y desarme como política para lograr la seguridad ciudadana. 6.- Proponer garantías de protección a las y los sobrevivientes de las víctimas de la criminalidad y la violencia de género, y asistencia para la superación de los traumas producto del hecho violento, a fin de frenar el desarrollo de nuevas carreras de violencia.
Tercero: Derecho a la libertad de asociación y libertad sindical
Incidencia en la(s) Norma(s): 1.- Evitar la promulgación de marcos normativos y desaplicar normas legales que restrinjan u obstaculicen la libre asociación de personas con fines lícitos como lo es la defensa y promoción de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia social, incluyendo normas que limiten o condicionen la autonomía de las organizaciones y criminalice la recepción de fondos de la cooperación internacional. 2.- Reformar la Ley Orgánica del Trabajo, con la finalidad que el Consejo Nacional Electoral no intervenga en las elecciones de representantes sindicales y sus formas de autogobierno.
Cuarto: Derecho a la libertad de expresión e información
Incidencia en la(s) Norma(s): 1. Adecuar la legislación penal al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos; de modo que se deroguen los tipos penales que penalizan los delitos de opinión y se sustituyan las responsabilidades penales por responsabilidad civil en los casos de vilipendio, difamación e injuria. 2. Garantizar el acceso a la información de carácter público a todas las personas de manera oportuna y adecuada, aprobando una ley de acceso a la información pública que garantice el ejercicio del derecho. 3. Desaplicar cualquier norma legal que establezca restricciones o condiciones de reserva de la información pública. 4. Reformar la Ley de Telecomunicaciones para garantizar la autonomía e independencia de CONATEL.
Quinto: Derecho a la manifestación pacífica
Incidencia en la(s) Norma(s): Conforme al libre ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica en forma individual o colectivamente, inherente a los derechos de expresión, asociación y reunión en una sociedad democrática, La eliminación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot.
Sexto: Derecho a la seguridad social: al trabajo, pensión y la salud
Incidencia en la(s) Norma(s): 1.- Dar cumplimiento inmediato a la disposición transitoria cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y promulgar una nueva Ley Orgánica del Trabajo, en un proceso legislativo que garantice la más amplia y plural consulta a todos los sectores sociales. 2.- Aprobación definitiva de las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones. 3.- Aprobar una ley de salud que se adecue a los parámetros y disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando una atención pública en salud universal y descentralizada, prestada en forma oportuna y sin ningún tipo de discriminación, en cumplimiento con el derecho a la salud como parte del derecho a la vida, y desarrollando todos los elementos necesarios para garantizar el más alto nivel de salud de la población a través de políticas de prevención, sanitarias y de calidad de vida. Adaptar dicha Ley a las normas internacionales de salud sexual y salud reproductiva con énfasis en NNA de ambos sexos.
Séptimo: Derecho de la educación
Incidencia en la(s) Norma(s): Incluir la Educación en Derechos Humanos con perspectiva de géneros, la posibilidad de certificación de estudios de NNA indocumentados y la necesidad de promover incentivos en la adecuación de la infraestructura educativa a la matrícula escolar que supera la disponibilidad de planteles educativos, generando altos índices de deserción.
Octavo: Derecho de las personas privadas de libertad
Incidencia en la(s) Norma(s): Aprobar la(s) norma(s) y la asignación presupuestaria de recursos financieros necesarios para dar cumplimiento a la Garantía Estatal constitucionalmente establecida en el Artículo 272°, impulsar lo concerniente al establecimiento de un Sistema Penitenciario que asegure en igualdad para internos e internas, la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos y ejercer especial competencia controladora durante la ejecución hasta su culminación, incluyendo la asistencia post-penitenciaria. Así cómo el respeto a las y los familiares que visitan y apoyan a los detenidos, prohibiendo medidas de seguridad indignas y violatorias de sus derechos humanos.
Noveno: Derecho a las Garantías institucionales internas y a la Justicia
Incidencia en la(s) Norma(s): Modificar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana que establecen causales subjetivas para la destitución y suspensión de magistrados.
Décimo: Derecho a las Garantías institucionales internacionales:
Incidencia en la(s) Norma(s): Promulgar una ley de cumplimiento de decisiones de organismos internacionales de protección de derechos humanos y sancionar a aquellas que aun esperan por su ratificación de cumplimiento con lo establecido en los artículos 23 y 31 de la Constitución.
-V-
Firmantes identificados, Organizaciones no gubernamentales de promoción de los derechos humanos en Venezuela, miembros del “Foro por la Vida”, a saber:
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Espacio Público
Carita Venezuela
Caritas Los Teques
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación, Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM)
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Acción Solidaria (ACSOL)
Comité de Familiares de Víctimas del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic)
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (COVICIL)
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Grupo de Monitores de Derechos Humanos de Táchira
Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui
EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010
I -
Nosotros, firmantes identificados, integrantes del “FORO POR LA VIDA”, coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela conformada el 15 de Enero de 1997, para lograr la plena vigencia de los derechos humanos y contribuir al estado de derecho, con la misión de contribuir a la consolidación de un clima favorable para la vigencia de los derechos humanos en Venezuela,
Al fundamentar nuestra acción en las normas coherentes con los derechos humanos contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado.
Actuamos con base en la garantía humanitaria, moral, cultural, religiosa y educativa de los Derechos humanos, a través de la orientación teórica o de estudios ,y de actividades prácticas que pueden consistir tanto en una acción participativa y directa con las personas víctimas, en situación de vulnerabilidad de sus Derechos Humanos e injusticia, así como en una acción crítica o de gestión ante las instancias Estatales, los grupos sociales y las personas individuales a favor de la protección de los derechos fundamentales, y medularmente, por el mismísimo derecho a la vida, universalmente único.
II -
En el marco del principio de la participación ciudadana y protagónica en los asuntos públicos, constitucionalmente reconocido como derecho y exigido como forma de corresponsabilidad sin afectar la autonomía, que transversaliza el texto constitucional, así como los instrumentos normativos, ejecutivos, y operativos de la administración y gestión pública, incluso como medio “necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo”,
Nos dirigimos a ustedes en su condición de ciudadanos y ciudadanas, candidatos y candidatas a ser electos como Diputados a la Asamblea Nacional, mediante acto de votación ejercido en elección periódica universal, prevista por el Poder electoral a ser celebrada el 26 de septiembre de 2010, a objeto de presentarles el DECÁLOGO DE LOS DERECHOS HUMANOS, como parte de la Agenda por la Vida, para su consideración, compromiso moral y observancia en el marco de sus facultades y competencias constitucionalmente establecidas en la función pública durante su ejercicio de representación popular, ante el Poder Legislativo Nacional del Estado venezolano.
III -
Siendo que la suprema norma establece taxativamente que, a la Asamblea Nacional, Rama Legislativa del Poder Público Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, le corresponde, entre otras competencias señaladas en la Constitución y las leyes, según el Artículo 187°, numerales: 1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional, 2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos establecidos en ésta, 3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley, 4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia, 8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional, 18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución,
Y que la presente iniciativa identifica las necesidades, reales y sentidas de las comunidades, refiere a los principios esenciales de la vida como fundamentos de los Derechos Humanos y define las normas claves para la conformación efectiva, transparente y articulada de la Agenda Legislativa del próximo período 2010-2014, con incidencia en la agenda pública del Estado venezolano, además de directriz y bajo cooperación de las demás ramas del poder público estatal, de la sociedad en general, de las familias y hombres y mujeres de cualquier edad en particular.
IV
“DECÁLOGO DE LOS DERECHOS HUMANOS”
Primero: Derecho a la Vida
Incidencia en la(s) Norma(s): Dar cumplimiento a la disposición transitoria cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al aprobar legislación sobre la tortura, ya sea mediante ley especial o reforma del código penal.
Segundo: Derecho a la Seguridad ciudadana
Incidencia en la(s) Norma(s): 1.-Promover un debate y diálogo nacional sobre normas y políticas públicas para afrontar la criminalidad. 2.- Activar normas claras que propicien el fin de la impunidad como garantía de justicia y el resarcimiento de las victimas secundarias de la violencia criminal y de género. 3.- Modificar las disposiciones legislativas para garantizar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, salvo situaciones excepcionales. 4.- Eliminar las normas que organizan y conforman Cuerpos de Combatientes en los sectores públicos y privados para la defensa integral de la nación como función de la Milicia Nacional Bolivariana. 5.- Incluir lo relativo a la necesidad del diseño e implantación de un programa de control de armas y desarme como política para lograr la seguridad ciudadana. 6.- Proponer garantías de protección a las y los sobrevivientes de las víctimas de la criminalidad y la violencia de género, y asistencia para la superación de los traumas producto del hecho violento, a fin de frenar el desarrollo de nuevas carreras de violencia.
Tercero: Derecho a la libertad de asociación y libertad sindical
Incidencia en la(s) Norma(s): 1.- Evitar la promulgación de marcos normativos y desaplicar normas legales que restrinjan u obstaculicen la libre asociación de personas con fines lícitos como lo es la defensa y promoción de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia social, incluyendo normas que limiten o condicionen la autonomía de las organizaciones y criminalice la recepción de fondos de la cooperación internacional. 2.- Reformar la Ley Orgánica del Trabajo, con la finalidad que el Consejo Nacional Electoral no intervenga en las elecciones de representantes sindicales y sus formas de autogobierno.
Cuarto: Derecho a la libertad de expresión e información
Incidencia en la(s) Norma(s): 1. Adecuar la legislación penal al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos; de modo que se deroguen los tipos penales que penalizan los delitos de opinión y se sustituyan las responsabilidades penales por responsabilidad civil en los casos de vilipendio, difamación e injuria. 2. Garantizar el acceso a la información de carácter público a todas las personas de manera oportuna y adecuada, aprobando una ley de acceso a la información pública que garantice el ejercicio del derecho. 3. Desaplicar cualquier norma legal que establezca restricciones o condiciones de reserva de la información pública. 4. Reformar la Ley de Telecomunicaciones para garantizar la autonomía e independencia de CONATEL.
Quinto: Derecho a la manifestación pacífica
Incidencia en la(s) Norma(s): Conforme al libre ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica en forma individual o colectivamente, inherente a los derechos de expresión, asociación y reunión en una sociedad democrática, La eliminación de los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot.
Sexto: Derecho a la seguridad social: al trabajo, pensión y la salud
Incidencia en la(s) Norma(s): 1.- Dar cumplimiento inmediato a la disposición transitoria cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y promulgar una nueva Ley Orgánica del Trabajo, en un proceso legislativo que garantice la más amplia y plural consulta a todos los sectores sociales. 2.- Aprobación definitiva de las leyes que regularán los regímenes prestacionales de salud y pensiones. 3.- Aprobar una ley de salud que se adecue a los parámetros y disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantizando una atención pública en salud universal y descentralizada, prestada en forma oportuna y sin ningún tipo de discriminación, en cumplimiento con el derecho a la salud como parte del derecho a la vida, y desarrollando todos los elementos necesarios para garantizar el más alto nivel de salud de la población a través de políticas de prevención, sanitarias y de calidad de vida. Adaptar dicha Ley a las normas internacionales de salud sexual y salud reproductiva con énfasis en NNA de ambos sexos.
Séptimo: Derecho de la educación
Incidencia en la(s) Norma(s): Incluir la Educación en Derechos Humanos con perspectiva de géneros, la posibilidad de certificación de estudios de NNA indocumentados y la necesidad de promover incentivos en la adecuación de la infraestructura educativa a la matrícula escolar que supera la disponibilidad de planteles educativos, generando altos índices de deserción.
Octavo: Derecho de las personas privadas de libertad
Incidencia en la(s) Norma(s): Aprobar la(s) norma(s) y la asignación presupuestaria de recursos financieros necesarios para dar cumplimiento a la Garantía Estatal constitucionalmente establecida en el Artículo 272°, impulsar lo concerniente al establecimiento de un Sistema Penitenciario que asegure en igualdad para internos e internas, la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos y ejercer especial competencia controladora durante la ejecución hasta su culminación, incluyendo la asistencia post-penitenciaria. Así cómo el respeto a las y los familiares que visitan y apoyan a los detenidos, prohibiendo medidas de seguridad indignas y violatorias de sus derechos humanos.
Noveno: Derecho a las Garantías institucionales internas y a la Justicia
Incidencia en la(s) Norma(s): Modificar las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana que establecen causales subjetivas para la destitución y suspensión de magistrados.
Décimo: Derecho a las Garantías institucionales internacionales:
Incidencia en la(s) Norma(s): Promulgar una ley de cumplimiento de decisiones de organismos internacionales de protección de derechos humanos y sancionar a aquellas que aun esperan por su ratificación de cumplimiento con lo establecido en los artículos 23 y 31 de la Constitución.
-V-
Firmantes identificados, Organizaciones no gubernamentales de promoción de los derechos humanos en Venezuela, miembros del “Foro por la Vida”, a saber:
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Espacio Público
Carita Venezuela
Caritas Los Teques
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación, Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM)
Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI)
Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Acción Solidaria (ACSOL)
Comité de Familiares de Víctimas del 27 de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic)
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara (COVICIL)
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
Grupo de Monitores de Derechos Humanos de Táchira
Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui
jueves, noviembre 18, 2010
Comunicado de la Red de Encuentro Ciudadano (REC) en apoyo a la propiedad privada
Nosotros, ciudadanos miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil, agrupados bajo la “Red de Encuentro Ciudadano”, ante la oleada injustificada de expropiaciones ordenadas por el Presidente de la República a partir de las elecciones del 26 de septiembre del año en curso, las cuales se suman a las cientos de expropiaciones ejecutadas a lo largo de sus casi doce años de gobierno, decidimos manifestarnos en defensa de la propiedad privada y en contra de la política de destrucción sostenida contra este derecho garantizado en el Artículo 115 de la Constitución del año 1999.
Estamos convencidos que los ataques a la propiedad privada, en particular cuando se trata de la propiedad de los medios de producción, solo buscan garantizar la supremacía económica del Estado y el sometimiento de la sociedad, para asegurar en última instancia la permanencia indefinida en el poder.
Los hechos demuestran que al Presidente y a sus colaboradores inmediatos poco les importa poner en riesgo la estabilidad económica y la seguridad alimentaria de los venezolanos. Además, comprometen los recursos de las finanzas públicas al pagar -¡cuando lo hacen!- tal cantidad de expropiaciones y al mantener muchas empresas improductivas o ineficientes.
Ejemplos de esto lo hemos visto en diferentes sectores de la economía nacional,
especialmente lo que ocurre en el sector agroalimentario. En éste se evidencia el deseo de dominación del gobierno, que lo ha llevado a un ataque feroz al sector privado -en algunos casos rayano en lo personal- y en el cual se comprueba el rotundo fracaso, por infidencia y corrupción, en iniciativas como los Fundos ZAMORANOS, MERCAL y PDVAL, donde aún se están encontrando alimentos descompuestos.
También observamos con horror como el gobierno ha llegado a extremos que muchos creían imposible, bajo el dudoso argumento de defender los intereses de los ciudadanos, al expropiar numerosos complejos habitacionales que ya habían sido comprados por familias venezolanas. La realidad es que esta acción es un adelanto, un globo de ensayo, para medir la reacción de nuestro pueblo ante las acciones que pretenden abolir hasta el más elemental concepto de propiedad privada.
El gobierno niega la realidad histórica: solo la inversión e iniciativa privadas son capaces de generar riqueza sostenida y la libre competencia -con la oportuna y necesaria regulación- es la mejor manera para que los ciudadanos obtengan la mejor relación costo/beneficio en bienes y servicios.
Así mismo argumenta que la propiedad de los medios de producción no debe pertenecer a una persona o grupo, sino a los trabajadores y a la comunidad; sin embargo, lejos de aplicar lo que predica, mantiene control en las empresas expropiadas y se niega a dar títulos de propiedad de las tierras y viviendas, las cuales entrega únicamente para su uso.
Nos oponemos a esta política que solo busca el empobrecimiento de nuestro pueblo y su sometimiento a un Estado comunista.
Es por todo lo anterior que:
· Instamos a todos los partidos políticos y organizaciones sociales que defienden la Democracia a manifestarse contra la agresión a la propiedad privada y a la Constitución.
· Emplazamos a los Diputados de la Asamblea Nacional que están de salida en este momento, a abstenerse de aprobar las solicitudes de expropiación dictados por el Presidente, y diferirlas para que sean considerados por los nuevos Diputados que tomarán posesión de sus curules el próximo 5 de enero de 2011.
· Exigimos a las instituciones del país a que respeten y hagan respetar la Constitución Nacional y los principios consagrados en ella.
Finalmente, hacemos un llamado a toda la Sociedad Civil y fuerzas vivas de Venezuela a activarse dentro del marco constitucional vigente, en contra de este atropello a la propiedad privada la cual nos compete a todos, pues todos somos propietarios y el gobierno nos quiere quitar este derecho humano y constitucional.
Firman por la Red de Encuentro Ciudadano:
Antonio Delgado (Asamblea de Ciudadanos de La Trinidad, Mun. Baruta)
Rafael Ochoa (Asamblea de Ciudadanos de La Trinidad, Mun. Baruta)
Olga Guedez (Asamblea de Ciudadanos de Sorocaima, Mun. Baruta)
Elsa Carezis (Asamblea de Ciudadanos de Sorocaima, Mun. Baruta)
Camilo Parra (Asamblea de Ciudadanos de Lomas de La Trinidad, Mun. Baruta)
Armida de Alvarez (Asamblea de Ciudadanos El Recreo, Mun. Libertador)
Enrique Sierra (Apertura Venezuela)
Manfredo González Comunidanas Mun. Sucre)
Maribel Ferrer
Mimina Orellana
Anaty Kenyery
Abg. Carlos Romero
Abg. Adriana Vigilanza
Miguel Gonzalez Marregot
Estamos convencidos que los ataques a la propiedad privada, en particular cuando se trata de la propiedad de los medios de producción, solo buscan garantizar la supremacía económica del Estado y el sometimiento de la sociedad, para asegurar en última instancia la permanencia indefinida en el poder.
Los hechos demuestran que al Presidente y a sus colaboradores inmediatos poco les importa poner en riesgo la estabilidad económica y la seguridad alimentaria de los venezolanos. Además, comprometen los recursos de las finanzas públicas al pagar -¡cuando lo hacen!- tal cantidad de expropiaciones y al mantener muchas empresas improductivas o ineficientes.
Ejemplos de esto lo hemos visto en diferentes sectores de la economía nacional,
especialmente lo que ocurre en el sector agroalimentario. En éste se evidencia el deseo de dominación del gobierno, que lo ha llevado a un ataque feroz al sector privado -en algunos casos rayano en lo personal- y en el cual se comprueba el rotundo fracaso, por infidencia y corrupción, en iniciativas como los Fundos ZAMORANOS, MERCAL y PDVAL, donde aún se están encontrando alimentos descompuestos.
También observamos con horror como el gobierno ha llegado a extremos que muchos creían imposible, bajo el dudoso argumento de defender los intereses de los ciudadanos, al expropiar numerosos complejos habitacionales que ya habían sido comprados por familias venezolanas. La realidad es que esta acción es un adelanto, un globo de ensayo, para medir la reacción de nuestro pueblo ante las acciones que pretenden abolir hasta el más elemental concepto de propiedad privada.
El gobierno niega la realidad histórica: solo la inversión e iniciativa privadas son capaces de generar riqueza sostenida y la libre competencia -con la oportuna y necesaria regulación- es la mejor manera para que los ciudadanos obtengan la mejor relación costo/beneficio en bienes y servicios.
Así mismo argumenta que la propiedad de los medios de producción no debe pertenecer a una persona o grupo, sino a los trabajadores y a la comunidad; sin embargo, lejos de aplicar lo que predica, mantiene control en las empresas expropiadas y se niega a dar títulos de propiedad de las tierras y viviendas, las cuales entrega únicamente para su uso.
Nos oponemos a esta política que solo busca el empobrecimiento de nuestro pueblo y su sometimiento a un Estado comunista.
Es por todo lo anterior que:
· Instamos a todos los partidos políticos y organizaciones sociales que defienden la Democracia a manifestarse contra la agresión a la propiedad privada y a la Constitución.
· Emplazamos a los Diputados de la Asamblea Nacional que están de salida en este momento, a abstenerse de aprobar las solicitudes de expropiación dictados por el Presidente, y diferirlas para que sean considerados por los nuevos Diputados que tomarán posesión de sus curules el próximo 5 de enero de 2011.
· Exigimos a las instituciones del país a que respeten y hagan respetar la Constitución Nacional y los principios consagrados en ella.
Finalmente, hacemos un llamado a toda la Sociedad Civil y fuerzas vivas de Venezuela a activarse dentro del marco constitucional vigente, en contra de este atropello a la propiedad privada la cual nos compete a todos, pues todos somos propietarios y el gobierno nos quiere quitar este derecho humano y constitucional.
Firman por la Red de Encuentro Ciudadano:
Antonio Delgado (Asamblea de Ciudadanos de La Trinidad, Mun. Baruta)
Rafael Ochoa (Asamblea de Ciudadanos de La Trinidad, Mun. Baruta)
Olga Guedez (Asamblea de Ciudadanos de Sorocaima, Mun. Baruta)
Elsa Carezis (Asamblea de Ciudadanos de Sorocaima, Mun. Baruta)
Camilo Parra (Asamblea de Ciudadanos de Lomas de La Trinidad, Mun. Baruta)
Armida de Alvarez (Asamblea de Ciudadanos El Recreo, Mun. Libertador)
Enrique Sierra (Apertura Venezuela)
Manfredo González Comunidanas Mun. Sucre)
Maribel Ferrer
Mimina Orellana
Anaty Kenyery
Abg. Carlos Romero
Abg. Adriana Vigilanza
Miguel Gonzalez Marregot
miércoles, noviembre 03, 2010
CONVERSATORIO AGENDA CIUDADANA
El pasado domingo 31 de Octubre de 2010 se realizó el Conversatorio “Agenda Sociedad Civil” en las instalaciones de La Escuela de Vecinos de Venezuela. El evento reunió a representantes de 15 organizaciones no gubernamentales de ocho entidades del país en una jornada de trabajo destinada a crear un espacio para la formulación de propuestas para la organización y gestión de la vida local.
En ese contexto se abordaron temas tales como: como las elecciones de concejales y miembros de juntas parroquiales, que han sufrido una postergación continua desde el 2009; la creación de las comunas y próxima promulgación de un conjunto de leyes que atentaría contra el espíritu de Constitución Nacional vigente (Proyectos de leyes orgánicas de Participación Ciudadana y Poder Popular; de Planificación Pública; de Economía Comunal; y, la de Contraloría Social).
La reunión contó con la presentación de tres ponencias básicas para la discusión, a saber: i) la cuestión electoral en el ámbito local (concejos municipales y juntas parroquiales) a cargo de Miguel González Marregot, de la A.C. “Gestión de Cambio”; ii) la cuestión política, el significado de la Ley de las Comunas, a cargo de Iván Zambrano, de la A.C. “Ciudadanía y Desarrollo”; y, iii) la visión estratégica; a cargo de Carmelo Ecarri de la A.C. “Gente de Soluciones”.
La coordinación del Conversatorio “Agenda Sociedad Civil” estuvo a cargo de José Gregorio Delgado, de “La Escuela de Vecinos de Venezuela”; la dirección de debates fue realizada por Carlota Salazar de A.C. “Libertad Ciudadana”; y la relatoría fue desarrollada por Nuvia Aristimuño de A.C. “Espacio Civil”.
Durante la jornada José Quintero y Marlene Mora presentaron a nombre de A.C. “Procatia” la propuesta ciudadana denominada “Catia Municipio”. El evento reunión un conjunto de propuestas y líneas de acción que serán informadas e implementadas oportunamente. De hecho, en el estado Zulia, FAVEZULIA (Federación de Asociaciones de Vecinos del estado Zulia), bajo la coordinación de Ángela Pirela; realizó el conversatorio “Comunas y Municipio”, el pasado 2 de noviembre; mientras en Carabobo hará una actividad similar el próximo 16 de noviembre.
Las organizaciones participantes fueron las siguientes:
- A.C. La Escuela de Vecinos de Venezuela: Franklin Fray, Franklin Cisneros e Israel Jaspe.
- A.C. Ciudadanía y Desarrollo: Iván Zambrano.
- A.C. Espacio Civil: Alejandro Armas, Nuvia Aristimuño.
- A.C. Gestión de Vida: Luz Arias.
- Fundación Sector Ciudadano: Juan Carlos Pinto.
- A.C. Pro-Catia: Marlene Mora y José Quintero.
- A.C. Comunidades Ciudadanas del Municipio Sucre: José Luis Vera.
- Asamblea de Ciudadanos de El Recreo: Armida Álvarez.
- A.C. Libertad Ciudadana: Ángel Arellano, Ludmila Ostos, Carlota Salazar.
- UNIANDES: José Gregorio Delgado.
- A.C. Mujer y Ciudadanía: Aixa Armas.
- A.C. Gente de Soluciones: Carmelo Ecarri, Régulo Lugo.
- Federación de Asociaciones de Vecinos del estado Zulia: Ángela Pirela.
- A.C. Unión Vecinal para la Participación: William Requejo.
- A.C. La Ciudad que Aprende: Luz Elena Aldazoro.
- A.C. Gestión de Cambio: Miguel González Marregot.
En ese contexto se abordaron temas tales como: como las elecciones de concejales y miembros de juntas parroquiales, que han sufrido una postergación continua desde el 2009; la creación de las comunas y próxima promulgación de un conjunto de leyes que atentaría contra el espíritu de Constitución Nacional vigente (Proyectos de leyes orgánicas de Participación Ciudadana y Poder Popular; de Planificación Pública; de Economía Comunal; y, la de Contraloría Social).
La reunión contó con la presentación de tres ponencias básicas para la discusión, a saber: i) la cuestión electoral en el ámbito local (concejos municipales y juntas parroquiales) a cargo de Miguel González Marregot, de la A.C. “Gestión de Cambio”; ii) la cuestión política, el significado de la Ley de las Comunas, a cargo de Iván Zambrano, de la A.C. “Ciudadanía y Desarrollo”; y, iii) la visión estratégica; a cargo de Carmelo Ecarri de la A.C. “Gente de Soluciones”.
La coordinación del Conversatorio “Agenda Sociedad Civil” estuvo a cargo de José Gregorio Delgado, de “La Escuela de Vecinos de Venezuela”; la dirección de debates fue realizada por Carlota Salazar de A.C. “Libertad Ciudadana”; y la relatoría fue desarrollada por Nuvia Aristimuño de A.C. “Espacio Civil”.
Durante la jornada José Quintero y Marlene Mora presentaron a nombre de A.C. “Procatia” la propuesta ciudadana denominada “Catia Municipio”. El evento reunión un conjunto de propuestas y líneas de acción que serán informadas e implementadas oportunamente. De hecho, en el estado Zulia, FAVEZULIA (Federación de Asociaciones de Vecinos del estado Zulia), bajo la coordinación de Ángela Pirela; realizó el conversatorio “Comunas y Municipio”, el pasado 2 de noviembre; mientras en Carabobo hará una actividad similar el próximo 16 de noviembre.
Las organizaciones participantes fueron las siguientes:
- A.C. La Escuela de Vecinos de Venezuela: Franklin Fray, Franklin Cisneros e Israel Jaspe.
- A.C. Ciudadanía y Desarrollo: Iván Zambrano.
- A.C. Espacio Civil: Alejandro Armas, Nuvia Aristimuño.
- A.C. Gestión de Vida: Luz Arias.
- Fundación Sector Ciudadano: Juan Carlos Pinto.
- A.C. Pro-Catia: Marlene Mora y José Quintero.
- A.C. Comunidades Ciudadanas del Municipio Sucre: José Luis Vera.
- Asamblea de Ciudadanos de El Recreo: Armida Álvarez.
- A.C. Libertad Ciudadana: Ángel Arellano, Ludmila Ostos, Carlota Salazar.
- UNIANDES: José Gregorio Delgado.
- A.C. Mujer y Ciudadanía: Aixa Armas.
- A.C. Gente de Soluciones: Carmelo Ecarri, Régulo Lugo.
- Federación de Asociaciones de Vecinos del estado Zulia: Ángela Pirela.
- A.C. Unión Vecinal para la Participación: William Requejo.
- A.C. La Ciudad que Aprende: Luz Elena Aldazoro.
- A.C. Gestión de Cambio: Miguel González Marregot.
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