martes, enero 31, 2017

¿UN ESTADO MAYOR DE CENTRALISMO CLIENTELAR PARA CARACAS?




El pasado domingo 29 de enero el presidente Maduro anunció, un reajuste en la burocracia oficial destinada a atender al ámbito de la ciudad de Caracas, mediante la creación de un “estado mayor de gobierno”. Dicha instancia gubernamental estará bajo la conducción del alcalde del municipio bolivariano Liberador Jorge de Rodríguez y sumará Carolina Cestari y Juan Escalona designados en ese mismo acto como nuevo jefa del Distrito Capital y comisionado presidencial de para proyectos de la Gran Caracas, respectivamente.
La creación de ese estado mayor es producto de la visión centralista y poco democrática del Ejecutivo Nacional para abordar los problemas de la ciudad capital y de su entorno urbano. De paso, se solicitó la ayuda especial a la Fuerza Amada Nacional Bolivariana (FANB) por medio de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y la Región de Defensa Estratégica Integral (REDI). Por supuesto, resulta obvio que el gobierno nacional se preocupe por los problemas de la ciudad de Caracas, pero también parece necesario la coordinación de sus iniciativas con las políticas públicas decididas por las autoridades locales legítimamente electas; y eso no ha ocurrido.  
Como sabemos desde el gobierno nacional se ha desconocido a la Alcaldía Metropolita de Caracas y su titular Antonio Ledezma se encuentra detenido de manera injusta. Entonces, ¿cómo abordar los problemas de Caracas y su área metropolitana excluyendo a las autoridades locales y las propuestas de sus equipos técnicos y profesionales? ¿Por qué no valorar e impulsar el Plan Caracas 2020, elaborado por la Alcaldía Metropolitana? Queda claro que le cuesta demasiado al gobierno central adoptar una decisión verdaderamente constructiva.  
Por otra parte, agregar al denominado “carnet de la patria” como herramienta de trabajo al recién designado “estado mayor de Caracas” devela una concepción clientelar que se alejaría de la verdadera intención de diseñar e implementar las políticas públicas que requiere con urgencia el área metropolitana. En tal sentido, la creación de ese “estado mayor” basado un enfoque centralista y clientelar apunta hacia una gestión pública poco trasparente y más excluyente, que es justamente lo que no necesitamos.
 @migonzalezm

viernes, enero 27, 2017

MUD fija posición ante documento de los facilitadores


UNIDAD PLANTEARÁ DOCUMENTO PROPIO A FACILITADORES
COMUNIDAD INTERNACIONAL
“Tal y como lo advirtió la Mesa de la Unidad Democrática, ni el pasado 6 de diciembre ni el reciente 13 de enero hubo ningún tipo de “diálogo” entre gobierno y oposición. Esto ocurrió como consecuencia del incumplimiento a los compromisos contraídos por el Gobierno Venezolano en la Mesa de Diálogo, tal y como lo expresara Su Excelencia Monseñor Pietro Cardenal Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, en su comunicación de fecha 1/12/2016.
En la semana del lunes 16 al viernes 20 de enero estuvieron presentes en nuestro país el Secretario General saliente de UNASUR, Ernesto Samper, y los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martin Torrijos y Leonel Fernández, quienes —acompañados por el Nuncio Apostólico en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano— hicieron entrega en reuniones separadas al Gobierno y a la Unidad Democrática de un proyecto de documento titulado “Acuerdo de Convivencia Democrática”, contentivo de 21 puntos relativos a diversos aspectos (institucionales, electorales, económicos, sociales y de derechos humanos) de la aguda crisis venezolana. Ante ese proyecto de documento, la Mesa de la Unidad Democrática fija posición en los siguientes términos:
1. El experimento de “diálogo” que se desarrolló en Venezuela del 30 de octubre al 6 de diciembre de 2016 es un capítulo cerrado que no se volverá a abrir. El incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno y sobre todo la respuesta soberbia y grosera del régimen a las demandas formuladas en la Carta del Vaticano suscrita por Monseñor Pietro Cardenal Parolin revelaron ante el mundo lo que ya el pueblo venezolano sabe de sobra: Que el régimen no tiene palabra, y que sin garantías no tiene sentido llegar a “acuerdos” con quien no tiene la menor intención de cumplirlos. El incumplimiento oficial dinamitó ese experimento de diálogo, a pesar de que el mismo contó con el respaldo de amplios sectores de la comunidad internacional. Por ello, ese experimento de diálogo (mal planteado desde el principio, al carecer de mecanismos para la verificación y garantía del cumplimiento de acuerdos) no tendrá por parte nuestra ni continuidad ni “segundas partes”.
2. Con la misma rotunda claridad decimos que el diálogo como racionalidad y como instrumento siempre tiene que estar en el conjunto de herramientas con que los demócratas debemos trabajar, sobre todo en situaciones críticas. La democracia es un sistema político, y la política tiene como misión solucionar con la palabra, con la organización social, con la movilización popular y con el voto las situaciones que de otra manera se enfrentarían con las armas y derramando sangre. En un país como Venezuela, en el que sin padecer un conflicto civil abierto hemos tenido en los últimos cuatro años 100 mil víctimas fatales a manos del hampa (muchas más que las víctimas totales de la guerra en Siria o en los Balcanes) construir una solución pacífica, constitucional y electoral a la presente crisis es una necesidad fundamental.
3. En el marco de estos considerandos estudiamos crítica y detenidamente el proyecto de documento consignado por los facilitadores, y tal estudio nos ha llevado a la convicción de la necesidad de elaborar otro texto, uno en que no sólo las organizaciones políticas sino toda la sociedad democrática plantee a la Comunidad Internacional sus demandas y propuestas para la restitución del hilo constitucional en Venezuela y el retorno de nuestro país a la democracia. En ese sentido estamos trabajando intensamente y haciendo las consultas a los diversos actores sociales, pues lo que hoy ocurre en Venezuela no es un simple forcejeo entre organizaciones políticas sino que es una lucha existencial de una Nación entera contra un proyecto ideológico y un régimen corrupto que ha destruido la economía que hasta hace poco fue la que tenía mas recursos en América Latina, y ha destrozado la democracia que hasta el pasado reciente fue asilo y refugio para los perseguidos de toda la región.
4. El que estemos dispuestos a elaborar y debatir con los facilitadores este documento alternativo no significa en modo alguno “borrón y cuenta nueva”. Por el contrario: la confiabilidad de cualquier mecanismo futuro de verificación y cumplimiento de acuerdos se basa en lograr que los acuerdos anteriores sean honrados. La Mesa de la Unidad Democrática reitera que la satisfacción de las cuatro demandas planteadas por El Vaticano en la carta de S.E. Monseñor Pietro Cardenal Parolin (atención urgente a la víctimas de la crisis humanitaria, respeto a las competencias y atribuciones que la Constitución asigna y reconoce a la Asamblea Nacional, activación de los mecanismos conducentes a la libertad plena de los presos políticos y establecimiento CONCERTADO de un cronograma electoral) configuran la base de cualquier proceso de negociación política futura, porque no tiene sentido construir acuerdos nuevos con quien ya ha incumplido anteriormente su palabra y compromisos.
5. Llamamos al pueblo venezolano a intensificar la protesta pacífica, constitucional y democrática: Ninguna diligencia dialogante, ninguna negociación política, ningún acuerdo de ninguna naturaleza tendrá éxito en el logro del cambio político urgente y en la defensa de los derechos económicos y sociales de la población si no esta respaldada por una creciente y sostenida movilización ciudadana. Tal movilización debe ser siempre combativa y pacífica, contundente y democrática, combinando las grandes movilizaciones con las actividades de contacto directo cara a cara y casa por casa, alternando las convocatorias expresas con las actividades sorpresivas, integrando la dura lucha del pueblo venezolano por el acceso a alimentos, medicinas y seguridad ciudadana con el legítimo y urgente reclamo de cambio político. Esta activación política de la calle social es la que podrá rescatar la hoy bloqueada Ruta Electoral, para que los venezolanos podamos ejercer el derecho al voto en las elecciones que nos deben, regionales y municipales, y podamos también concertar el necesario adelanto de elecciones presidenciales, para dotar a Venezuela de un Gobierno de Unidad Nacional, capaz de llevar adelante exitosamente un Proyecto de Reconstrucción Nacional que tenga el apoyo de la determinante mayoría de los venezolanos”.
MESA DE UNIDAD DEMOCRÁTICA
Caracas, 26 de Enero 2017

martes, enero 24, 2017

2017 un año muy duro para la gestión local




El año 2017 se inició muy duro para la gestión de las entidades sub-nacionales (estados y municipios). El progresivo deterioro institucional y la crisis económica del país apuntan a consolidar un escenario donde los gobiernos locales padecerán serias restricciones financieras tanto para honrar sus compromisos laborales como cumplir con los programas planificados. El resultado directo será un mayor deterioro en la calidad de vida de la población.  

Como complemento a las restricciones financieras de las entidades sub-nacionales, este 2017 constituye un año electoral. Y en efecto, deberían realizarse las elecciones a gobernadores y legisladores estadales cuyos períodos se encuentras vencidos; así como también los comicios municipales que comprenderían a alcaldes y concejales, sin olvidar el caso de las juntas parroquiales, que fueron abolidas de manera inconstitucional con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) realizada en 2010. 
  
Las restricciones institucionales de los municipios se incrementaron por la enorme carga presupuestaria que representa el aumento del 50% en el salario mínimo decretado por Ejecutivo Nacional en los gastos y compromisos laborales de esas entidades. Si bien, las obligaciones derivadas de los aumentos salariales pudieran ser paliados mediante la revisión y aumento de su capacidad recaudatoria (p.ej. el cobro de impuestos), si el gobierno central no hace la transferencia de los recursos correspondientes los municipios se enfrentan a un “cierre técnico”. En una situación similar se encontrarían los gobiernos estadales cercanos al incumplimiento de sus obligaciones en caso de que no reciban a tiempo las transferencias económicas correspondientes. 

En tal sentido, la gestión de las entidades regionales y locales nos luce francamente  comprometida si además la ubicamos en el marco de la crisis de gobernabilidad consolidada en el país. Las primeras víctimas locales serían aquellos municipios pequeños y con baja capacidad de generación de ingresos propios. Tales entidades caerían en una situación conflicto interno y de gestión sustantiva frente a la ciudadanía al verse muy comprometidos para cumplir con su función pública.  
  
La Asociación de Alcaldes por Venezuela (AAV) en su reunión del 13 de enero de 2017, decidió emprender unos lineamientos de acción política dirigidos a la defensa de la democracia, la descentralización y la autonomía municipal. Al respecto, cabe destacar: las exigencias ante CNE del cumplimiento del cronograma electoral, la defensa del derecho al sufragio; la exigencia de los recursos para atender los compromisos laborales creados por el Ejecutivo Nacional y la entrega oportuna del situado constitucional, así como la agilización de un conjunto de leyes necesarias para la defensa de los municipios.

Por supuesto, que la situación de precariedad institucional que atraviesa el país será un obstáculo para el avance y desarrollo de este programa; sin embargo esta iniciativa resulta trascendente y esperanzadora. Puede ser determinante que los  alcaldes unidos emprendan y contribuyan desde sus espacios locales al rescate de la institucionalidad democrática venezolana.
@migonzalezm

viernes, enero 06, 2017

PRIMERAS ESPECULACIONES DE ENERO 2017



A propósito de la eventual aplicación del artículo 233 de la CRBV (en su variante abandono del cargo), al presidente de Maduro por parte de la Asamblea Nacional, habría que considerar con toda frialdad, que el presidente acate o no, la decisión del Poder Legislativo. En un escenario de su acatamiento y dependiendo de la fecha de la decisión parlamentaria habría que elegir o no, a un nuevo presidente de la República para culminar el actual período. Pero en el escenario, más probable, de que el presidente Maduro no acate la decisión de la Asamblea Nacional, cabe preguntarse lo qué ocurriría entonces.
Uno pudiera imaginarse que el país entraría una situación de enfrentamiento total entre los 2 poderes públicos fundamentales de la República: el poder ejecutivo y el poder legislativo. Muy seguramente, desde el Ejecutivo Nacional se denunciará una violación de la Carta Magna y se acudirá al Tribunal Supremo de Justicia en búsqueda de una sentencia favorable. Mientras desde la oposición se exigirá el cumplimiento de la decisión tomada en la Asamblea Nacional en ejercicio de su soberanía y de acuerdo sus atribuciones constitucionales y se llamará a la movilización de calle.
Por supuesto, que el primer escenario también producirá dificultades para su aplicación, por diversidad de intereses político-electorales que se dispararán tanto en la oposición democrática como en el oficialismo. En ese contexto, imagino que la presión que se ejercerá sobre las fuerzas armadas será muy dura; y al respecto, solamente aspiraría que esa institución cumpla con su deber constitucional, nada más. Sí me queda claro, que en ambos escenarios la intermediación de factores externos será indefectible y de nuevo necesaria.
En este 2017, todo indica que se nos viene un enfrentamiento político abierto y sin final cierto en el corto plazo. A pesar de todo, soy de los ciudadanos que piensa que la solución a la casi irreversible crisis que como país que atraviesa Venezuela nacerá de un proceso político, electoral y pacífico. Veremos lo que pasará…