A partir de este próximo sábado,
4 de marzo, un total de cincuenta y nueve (59) organizaciones políticas (tanto
oficialistas como democráticas) deberán recoger firmas para legitimarse de
nuevo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. El proceso que ya
ha sido cuestionado por la dificultad que reúne en sus condiciones, se
realizará por lotes de partidos políticos y en fines de semanas consecutivos
(sábados y domingos) en un sitio abierto seleccionado por el CNE en cada uno de
los trescientos treinta y cinco (335) municipios del país.
Las organizaciones políticas
contarán solamente con 14 horas hábiles (7 por día) para recoger el 0.5% de
firmas del electorado inscrito en al menos 12 de las 23 entidades federales en
que se haya organizado el territorio nacional. Aunque la cifra del 0.5% del
electorado es baja y variable por la densidad poblacional de cada región, el
proceso luce “cuesta arriba” para aquellas organizaciones que cuenten con los
recursos suficientes para sufragar los costos de organización, de movilización
y de atención de sus militantes y simpatizantes a los centros de validación y
así cumplir con el mandato establecido por el CNE.
Cabe agregar, que los
adherentes tendrán que pasar y someterse
a un control biométrico de sus huellas dactilares, lo cual constituye un evento
sin precedentes para el registro de apoyo y adhesiones a un partido político. Para
muchos críticos con estas medidas el Consejo Nacional Electoral (CNE) busca
desalentar u obstaculizar el proceso de renovación electoral partidista con el
propósito de facilitar ciertas condiciones electorales al bloque oficialista
que encabeza el propio Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Por otra parte, el llamado a la
renovación de los partidos políticos también es considerado como una estrategia
gubernamental para continuar retrasando el proceso de elecciones de
gobernadores y diputados a los consejos legislativos que tendrían que haberse
producido en 2016. Pero quizás el mayor problema que presenta el proceso de
renovación convocado por el CNE, es justo su baja credibilidad institucional ante
la mayoría del pueblo venezolano. En efecto, y luego de la suspensión del
proceso revocatorio iniciado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) el
pasado 2016, el prestigio y la credibilidad
del órgano rector electoral quedó sepultada de manera definitiva.
Aún así, las principales organizaciones
de la oposición venezolana como Acción Democrática (liderada por Henry Ramos),
Movimiento Primero Justicia (del gobernador Henrique Capriles), Voluntad
Popular (organización fundada por Leopoldo López) y Un Nuevo Tiempo (cuyo líder
es Manuel Rosales), han decidido asumir el proceso de renovación entendiendo el
riesgo que supondría para la oposición y para todo el país quedarse sin organizaciones
democráticas legalizadas en un momento como el actual. Del otro lado, algunas agrupaciones
oficialistas como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) han anunciado que no
participaran en la relegitimación. Al respecto, y sin temor a equivocarme,
estimo que la no comparecencia del PCV e incluso de otros partidos oficialistas
a ese evento no significará problema alguno para ellos. Caso contrario para la
oposición.
Por otra parte, coincido con la apreciación
general, de que existe un firme propósito del bloque gubernamental de reducir por
“vías legales y procedimentales” la presencia de los factores del cambio
democrático en el país. El mejor ejemplo de ello, podemos observarlo en la
conducta anti-democrática que el gobierno nacional practica contra la Asamblea
Nacional y por ende, contra la soberanía popular expresada a través del voto
directo, universal y secreto en las elecciones parlamentarias del año 2015.
Cabe alertar, que las firmas recogidas
en los centros de validación dispuestos por el CNE serán sometidas a un período
de “revisión” por parte de las autoridades electorales y donde personas
interesadas podrán presentar objeciones si consideran que sus adhesiones han
sido usadas de manera fraudulenta. Y es aquí, en esta fase, donde se puede
presentar el mayor riesgo de manipulación e impugnación por parte de sectores
del oficialismo con el propósito de invalidar a posteriori a cualquier partido
opositor según su conveniencia. En tal sentido, y mucho ojo, los partidos
democráticos que asistan a la validación deben prestar la mayor atención y actuar
con la mayor rigurosidad a lo largo de su jornada de renovación.
No hay duda que será un proceso difícil
y tortuoso. A las organizaciones partidistas les toca mostrar su musculo
organizativo, la disciplina de sus dirigentes y militantes y la solidaridad y
cooperación necesarias. Cada error se que cometa puede tener un costo muy alto;
una firma invalidada puede significar una demanda civil o penal; y por lo
tanto, una oportunidad para que el oficialismo proceda por la vía jurisdiccional
contra las opciones político de cambio democrático. Vamos a validar, pero teniendo
que se va a cruzar un campo minado, rodeado de francotiradores.
