Declaración de la Asociación Venezolana de Concejales

DECLARACION DE LA ASOCIACION VENEZOLANA DE CONCEJALES
1 ABRIL 2017
La Asociación Venezolana de Concejales se dirige al pueblo venezolano para fijar posición sobre los graves y delicados acontecimientos que ocurren en nuestro país.
Como es del conocimiento de la opinión pública, esta semana el Tribunal Supremo de Justicia dictó dos sentencias que han constituido un golpe de estado al parlamento venezolano, el cual está compuesto por 167 diputados electos por el voto popular, siendo la más cabal expresión de la voluntad libérrima de los venezolanos.
En sus disposiciones, las sentencias atropellan el estado de derecho, violentan la Constitución Nacional, vulneran la autonomía de los poderes que conforman el estado, ignoran las limitaciones que el propio poder judicial tiene al inmiscuirse en asuntos propios del poder legislativo, usurpan funciones legislativas y de control a la gestión del poder ejecutivo que están consagradas constitucionalmente y de manera exclusiva a la Asamblea Nacional, se extralimitan en sus competencias al otorgar poderes especiales y supraconstitucionales al Presidente para legislar y abusan de esa competencia que es exclusiva del poder legislativo, al aplicarla para que legisle en materias que solamente puede hacer el propio poder legislativo.
Con estas decisiones, el Tribunal Supremo de Justicia ha consumado un vulgar golpe de Estado al Parlamento y ha erosionado de manera indudable la institucionalidad democrática del país. Con la ruptura del hilo constitucional, tal como se ha afirmado desde la Fiscalía General de la República, se reitera una práctica sostenida desde hace años por el régimen autoritario que nos gobierna, con la metodología reiterada que aplican para sustituir autoridades electas por otras designadas a su conveniencia. Es oportuno recordar que en 2009 propiciaron el asalto a las instalaciones de la Alcaldía Metropolitana de Caracas por parte de colectivos violentos, que desalojaron al Alcalde Mayor de sus instalaciones y por medio de una ley arbitraria e inconstitucional, dieron un golpe de estado al gobierno metropolitano cuando eliminaron la figura del Distrito Metropolitano de Caracas, concebida y creada por la Asamblea Nacional Constituyente bajo el amparo de la propia Constitución Nacional y la sustituyeron creando la figura de Gobierno del Distrito Capital, arrebatándole así las competencias y recursos financieros al Alcalde Antonio Ledezma y asignándoselos a la entonces Jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías. De igual manera lo han hecho cuando forzaron juicios y detenciones a alcaldes en pleno ejercicio de sus funciones para apartarlos del cargo para el cual el pueblo los eligió, como son los casos de los alcaldes Delson Guarate del Municipio Mario Briceño Iragorri, Maracay, Estado Aragua, Warner Jiménez del Municipio Maturín, Estado Monagas, Enzo Scarano del Municipio San Diego, Estado Carabobo y Daniel Ceballos del Municipio San Cristóbal, Estado Táchira. Igualmente ejecutaron otro golpe de estado al Gobernador Henrique Capriles cuando inventaron la figura de Protector del Estado Miranda, figura que no existe en la administración pública, y le quitaron competencias, instituciones y presupuesto al gobernador mirandino para entregárselos a esa figura ilegal concebida por el gobierno nacional.
Hay que recordar igualmente que en 2007 el pueblo derrotó al gobierno cuando negó la reforma constitucional que entre otras cosas, procuraba la creación de las comunas como nivel de gobierno local en sustitución del gobierno municipal y su consiguiente organización por parroquias y la conformación de las organizaciones vecinales en cada ámbito territorial de cada sector, sea en barrios o en urbanizaciones. Sin embargo el gobierno hizo caso omiso de ello y violentando nuevamente la constitución, que establece el poder público municipal como el nivel de gobierno básico y fundamental en la organización del estado, dieron un golpe de estado al poder público municipal,  poder concebido en la  constitución, y crearon ilegal e inconstitucionalmente la figura de las comunas y los consejos comunales que no son formas de organización del estado, a las cuales le otorgan los recursos que les niegan a los gobiernos municipales.
Despues de la aplastante derrota sufrida en las elecciones parlamentarios en Diciembre de 2015 y antes de finalizar el año, en medio de oscuras diligencias tribunalicias, procedieron a iniciar una serie de acciones que se han constituido en un golpe de estado continuado al parlamento venezolano, cuando de manera concatenada han venido emitiendo una serie de sentencias para restarle competencias al poder legislativo. El primer paso fue elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de manera ilegal e ilegítima por parte de los diputados salientes que ya no gozaban del mandato popular, por cuanto los recién electos diputados ya habían recibido sus credenciales como diputados electos, gozando estos últimos de todas las prerrogativas de su cargo incluso la inmunidad parlamentaria.
Y a horas de instalarse el nuevo parlamento venezolano se emitió la primera de una serie de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo la condición de diputados a cuatro de los recién electos, provenientes del Estado Amazonas, tres de ellos electos en las planchas de la Mesa de la Unidad Democrática opositora y un cuarto diputado en las planchas del partido de gobierno PSUV. Esa arbitraria sentencia ha servido para desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional y de sus decisiones; para desconocer todas las leyes sancionadas, las cuales no han sido publicadas en la Gaceta Oficial como lo ordena la Ley y además para desconocer al poder legislativo en el resto de sus competencias, entre las cuales esta revisar sus propios actos, con lo cual le niegan que pueda revisar la designación de los magistrados, evitando con ello que puedan ser removidos de sus cargos; o el de resolver otros asuntos de la conformación del estado como lo es la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, conocer y aprobar el presupuesto de la nación, los créditos adicionales, la adquisición de deuda pública mediante empréstitos o emisión de bonos públicos y el control de la gestión del poder ejecutivo, entre sus muchas funciones y competencias.
La última de las arremetidas que integran el golpe de estado continuado en contra del poder legislativo fue cometida esta semana cuando magistrados del Tribunal Supremo de Justicia inhabilitaron a la Asamblea por medio de dos sentencias inconstitucionales y se transfirieron a sí mismos las competencias del poder legislativo, resignándolas en última instancia en manos del presidente de la República, con el agravante de que vulneraron los preceptos establecidos en la carta magna y le confirieron una habilitación especial para legislar en todo tipo de materias, bajo el amparo de la emergencia económica que el propio gobierno invento y se habilitó, a pesar de ser negada reiteradamente por el legislativo nacional. Todo ello conforma un nuevo régimen unipersonal y autoritario, contrario a lo establecido en nuestra legislación y muy especialmente en nuestra Constitución Nacional
Las malhadadas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia no han sido derogadas ni suprimidas  y es por lo que se mantiene el golpe de estado consumado en contra el poder legislativo, a pesar de las aclaratorias y supresiones anunciadas por el TSJ de manera extraordinaria, lo cual, de paso, contradice lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que señala que los jueces no pueden revocar o modificar sus propias decisiones. Esta situación revela patéticamente el estado de anomia de las principales instituciones del país, que han perdido su legitimidad de origen, por lo que urge la búsqueda de salidas concertadas para poder atender la grave crisis institucional que vive el país.
Mientras todos estos abusos y violaciones a la constitución se mantienen, el poder ejecutivo, que pretende asumir funciones y competencias ajenas, ha renunciado a sus propias funciones y competencias, lo que se evidencia en el aumento del hambre y la miseria en nuestra población; las carencias y falta de atención médica en hospitales y ambulatorios públicos; la delincuencia desatada que controla, a través de bandas organizadas, territorios en nuestras ciudades, pueblos y campos, donde dictan un auténtico toque de queda contra la población desguarnecida de atención policial; el deterioro de los servicios públicos en general, la quiebra de las empresas del estado, la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, el crecimiento imparable de los índices de inflación, la pérdida de la soberanía nacional en la frontera y en muchas instituciones públicas, incluyendo la fuerza armada nacional, por la injerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Venezuela.
Desde esta tribuna, la Asociación Venezolana de Concejales alza la voz de la representación genuina de nuestro pueblo para exigir de todos los órganos del poder público nacional, que cumplan con sus deberes constitucionales. Por todo lo antes expuesto, la Asociación de Concejales acuerda lo siguiente:
1- Denunciamos el golpe de estado continuado por parte del Tribunal Supremo de Justicia y la consumación del delito de conspiración contra la forma republicana de la Nación, tipificado en el artículo 132 del Código Penal y exigimos en nombre del pueblo venezolano la restitución de todas las competencias al poder legislativo nacional .
2- Exigimos que se reincorporen los cuatro diputados provenientes del Estado Amazonas, legítimamente electos, para que se ejerza plenamente la voluntad del pueblo venezolano, expresada en Diciembre de 2015.
3- Pedimos que cese el acoso al que ha sido sometido el poder legislativo por parte del gobierno nacional y que se cumpla con los aportes financieros derivados de la ejecución presupuestaria legalmente aprobada por la Asamblea Nacional.
4- Hacemos llegar nuestro saludo a la comunidad internacional, tan preocupada por los eventos que se suceden en nuestro país y también les hacemos un llamado para que sigan dando sus aportes y su apoyo al pueblo venezolano, hasta garantizar una salida democrática, pacífica, electoral y constitucional a la grave crisis que atravesamos.
5- Exigimos que el Consejo Nacional Electoral apruebe y publique el cronograma electoral para las elecciones regionales, cuyos mandatos de gobernadores y diputados venció el pasado año; y para las elecciones municipales, cuyo mandato para alcaldes y concejales vence el próximo mes de diciembre, todo de conformidad con los compromisos adquiridos el año pasado en las mesas de dialogo entre el gobierno y la oposición democrática.
Hacemos votos porque unidos, el pueblo de Venezuela se fortalezca y entre todos saquemos adelante al país. El futuro nos espera, caminemos hacia él sin miedos.
En Caracas, 1ro de Abril de 2017.-
Por la Asociación Venezolana de Concejales:
Gustavo Ruiz Adrián
Presidente

Edinson Ferrer Arteaga
Vicepresidente

Omar Villalba
Secretario Ejecutivo

Reinaldo Díaz
Secretario Ejecutivo