Es inevitable que el tratamiento público del Covid-19 sea un tema político por su naturaleza propia de un asunto de interés colectivo y que por tanto, le corresponde al Estado su principal atención.
El punto es que el Estado, no es neutro y que es gestionado por gobernantes de diversa naturaleza ideológico-política. Unos gobiernos son democrático-liberales otros son más cerrados (autoritarios).
En nuestro caso, la crisis del Covid-19 está siendo atendido por una administración que:
1) nos es reconocida por 56 gobiernos,
2) que tiene serios señalamientos en materia de corrupción y de violación de DDHH,
3) que acumula un cúmulo de sanciones (a personeros políticos y gubernamentales oficialistas).
¿Es posible entonces confiar en que un régimen con las características enumeradas pueda resolver la pandemia en el país? Pareciera que no.
Por otra parte, y muy seguramente, luego que pase la crisis del Conavid-19, (eso esperamos todos), los Estados y los gobiernos pasen a desempeñar una mayor incidencia en sus sociedades y en sus economías respectivas. Esa situación plantea una enorme incertidumbre en una sociedad como la nuestra ya tan debilitada y fraccionada justo por una perversa acción del Estado y de su actual administración.
En tal sentido, pienso que además de las contribuciones a la superación de la crisis sanitaria pareciera que hace falta una estrategia política de parte del sector democrático que contemple acciones asociativas que fortalezcan tanto a la población y a la sociedad civil, como a los intereses de la República.
De hecho, el oficialismo ha comenzado una campaña con un doble objetivo:
1) liberarse de ciertas sanciones internacionales utilizando a la crisis del Coronavirus para ello.
2) consolidar su control hegemónico sobre la sociedad.
Estamos en un juego político complicado en el cual hay que participar con asertividad para rescatar la salud pública y la República.
