En Venezuela, para cerrar el año 2020 se realizarán dos
eventos electorales: uno propiciado por el régimen y, otro convocado por la
oposición democrática en lo que será –sin duda alguna-, una clara medición de
fuerzas políticas que demarcará el futuro en el corto y mediano plazo. Ambos eventos
que reúnen propósitos, organización y repercusiones distintas comparten; sin
embargo, el desánimo del electorado y la crisis político-institucional y
económico-social que se ha consolidado en el país y que anuncia una perspectiva
mucho más desalentadora.
El bloque oficialista busca recuperar la Asamblea
Nacional que perdiera de manera abrumadora en las elecciones de 2015. Para el
actual régimen resulta vital tener un Parlamento dócil y funcional; tanto para
su “legitimación” internacional ante organismos multilaterales, como en sus
aspiraciones de imponer su modelo de Estado comunal basado en la participación
tutelada, la propiedad social y un nuevo ordenamiento territorial centralizado.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional convoca a la
denominada Consulta Popular; ejerciendo los derechos a la participación
recogidos en el artículo 70 de la Constitución Nacional vigente. Mediante la
realización de la Consulta Popular, la oposición mayoritaria que lidera Juan
Guaidó busca enviar un mensaje a la comunidad internacional y a la propia
sociedad venezolana de fuerza y organización política. Se trata de una
reafirmación de liderazgo frente a las luchas que vienen.
El PSUV cuenta con todo el aparato estatal; incluyendo al
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al propio Consejo Nacional Electoral (CNE)
para la realización de sus comicios parlamentarios. Las elecciones oficiales
del 6-D contarán con la participación de un grupo de partidos orientado a dar cierta
credibilidad al evento, a cambio de obtener algunos escaños en la nueva
Asamblea Nacional.
La Consulta Popular del 12-D se basará en la
participación de la ciudadanía, convocada dentro y fuera del país. Para el
éxito de esta consulta resultará vital la conciencia y el nivel de compromiso
con la necesidad de cambio cada vez mayor en nuestra realidad. Otro elemento
fundamental será la actividad de los partidos políticos; además de la
participación del voluntariado de la sociedad organizada en todo el país. No
cabe duda que, la Consulta Popular por constituir un proceso abierto estará
expuesta a las probables intentonas de saboteo gubernamental. Es allí, cuando
el liderazgo de Juan Guaidó junto a los diputados de la actual Asamblea
Nacional y de los cuadros de los partidos políticos, les tocará hacerse sentir
de manera positiva.
Las repercusiones de los eventos del 6 y del 12 de
diciembre serán notables. Por una parte, el bloque oficialista obtendrá -aunque
de manera fraudulenta-, el control de una Asamblea Nacional que le serviría
fundamentalmente como agencia legitimadora de sus pretensiones autoritarias y
hegemónicas con lo cual solamente se profundizará la crisis institucional,
económica y social que padecemos. Por otra parte, se podrá afirmar que en
nuestro país no habrá poderes públicos legítimos, lo que creará una situación
sin precedentes en toda la región.
El sector democrático opositor liderado por Juan Guaidó
le será impostergable capitalizar política y organizativamente la movilización
que haya logrado alcanzar el 12 de diciembre con un mensaje claro y,
reafirmando la ruta de la lucha por la democracia. Cabe agregar, y es
importante hacerlo que Guaidó y los parlamentarios representarán la principal
referencia democrática válida. Una referencia democrática que se encontrará bajo
la presión de unas condiciones políticas internas muy agresivas; tanto de parte
del oficialismo como de aquellos sectores partidistas no alineados que quieran
sacar provecho de la nueva situación que se vivirá en Venezuela
a partir del 5 de enero de 2021.
