El
2 de enero de este año, Nicolás Maduro anunció en una entrevista su propósito
de reformar la Constitución
Bolivariana (1999) aún vigente en Venezuela.
El origen de esta iniciativa radica en la vieja herida política que dejó para
el oficialismo la derrota política y electoral del proyecto de modificación
constitucional presentado por el presidente Chávez en 2007, que contemplaba
sesenta y nueve (69) artículos.
Esa
derrota efectivamente frustró la utopía chavista de implantar un Estado
socialista o Estado comunal que cambiaría la estructura territorial, los
mecanismos democráticos de la relación Estado-sociedad y, las reglas de
propiedad y actividad económica del país. De la exposición de motivos de la
propuesta presentada por Chávez ante la Asamblea Nacional tomamos los
siguientes ejemplos:
(…)
desmontar la superestructura que le da soporte a la reproducción capitalista,
tanto en el plano constitucional y legal como en lo epistemológico y ético
dejar atrás la democracia representativa para consolidar la democracia
participativa y protagónica donde se contemple la insurgencia del poder popular
como hecho histórico necesario en la construcción de la sociedad socialista del
siglo XXI (…)
(…)
crear un enfoque socialista nuevo “a la venezolana”, inventar, ingeniar y
construir de acuerdo a las enseñanzas de nuestros pueblos originarios, la
afro-venezolanidad y el aporte cultural de nuestros próceres (…)
(…)
sentar las bases de un nuevo modo de producción fundamentado en nuevas
relaciones de producción, nuevas formas de propiedad, la democratización del
capital que permita el control del poder popular en la producción y la
distribución de bienes y servicios (…)
(…) inclusión
del derecho fáctico de la propiedad social de todos los venezolanos y
venezolanas como forma de distribución de la riqueza colectiva de la nación
incluyendo, en el proceso productivos todos los sectores del país, haciendo uso
razonable de los recursos naturales (…)
(…) la
continuidad presidencial (…)
Un
par años después en 2009, la fallida reforma constitucional tuvo alguna
compensación (o desquite), cuando el oficialismo logró aprobar una enmienda que
permitía la reelección indefinida de todos los cargos públicos electos por
votación popular.
A
partir de 2010, el gobierno de Chávez trató de imponer los principales aspectos
políticos e institucionales de la fracasada reforma del 2007 mediante la
aprobación de un paquete leyes aprobadas por el PSUV en la Asamblea Nacional.
En efecto, para tratar de implantar el estado comunal se sancionaron leyes
referidas al denominado poder popular, a las comunas, al sistema económico
comunal, a la contraloría social, al Consejo Federal de Gobierno y, también se
reformaron la ley orgánica de
planificación, la ley de los consejos comunales y la ley de los consejos
locales de planificación pública. Incluso en 2013, se mencionó la posibilidad de reformar la CRBV en aquel momento para combatir la corrupción imperante en el país.
Transcurridos 9 años, Maduro reconoció en 2022,
la poca eficacia política de las leyes del poder popular y comunal aprobadas
hasta entonces (pues en realidad, el Estado comunal no terminaba de arrancar) y
exigió a la Asamblea Nacional salir de ese atolladero mediante una serie de
reformas legales, para lograr edificar el modelo socialista y comunal de
Chávez. Cabe agregar, que ese mismo año, el diputado Herman Escarrá propuso elaborar y realizar una
serie de enmiendas a la Constitución Bolivariana con un doble propósito: saldar
la deuda pendiente con el proyecto histórico chavista y, ajustar el marco
constitucional a la nueva realidad de las comunas.
Ahora, transcurridos 3 años, parece que el bloque oficialista encontró la oportunidad de
saldar esa deuda histórica y avanzar su proyecto pese a la precaria situación política del país y del mismo PSUV, después de los resultados electorales del 28 de julio de 2024.
El 15 de enero de este año, se nombró una comisión que acometería la elaboración del
proyecto de reforma y, también se designó un secretariado ejecutivo de la
misma. Para presidir la comisión se designó a Tarek Saab (Fiscal General de la
República), mientras que el secretariado ejecutivo estaría conformado por Delcy
Rodríguez (Vicepresidenta Ejecutiva), Cilia Flores (Primera Dama y dirigente nacional del PSUV) y Herman
Escarrá (Diputado a la Asamblea Nacional).
Como
es natural hay interés sobre el contenido y alcance de la nueva propuesta de
reforma. En medio de las especulaciones que predominan en la actualidad, es posible apuntar algunos sesgos partiendo
de los antecedentes que dejó el intento de reforma anterior (de 2007), tales
como:
i) un
nuevo ordenamiento territorial (o nueva geometría del poder), pues la
organización del territorio siempre ha sido una prioridad para el proyecto del
PSUV,
ii) un nuevo
modelo económico (sistema económico comunal), basado en la planificación
centralizada, la imposición de un modo de producción colectivizado con la
concentración de inversiones públicas en regiones determinadas
y,
iii) nuevas
formas de organización y participación en la gestión de gobierno (autogobiernos
comunales) que suprimirían los medios de representación mediante la creación de
otros órganos burocráticos y métodos de elección indirecta.
Por
otra parte, el PSUV ha dejado ver otros aspectos que podrían integrar la nueva
constitución y que forman parte de leyes como: la ley Orgánica de los Consejos
Comunales, la
ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares,
la Ley Orgánica del Poder Popular,
la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las
Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro,
entre otras. Cabe agregar, que aspectos como la ampliación del período presidencial y la creación del tan mencionado parlamento comunal pudieran
estar incluidos en la propuesta. En todo caso, el propósito del bloque del PSUV
con la reforma está muy claro: eliminar la democracia liberal y representativa
en Venezuela y finalmente, consolidar un claro control sobre la sociedad. Que lo consiga es otra cosa.
