La elección
presidencial en Venezuela se desarrolla en el marco de una profunda crisis
institucional que apunta hacia el establecimiento de nuevas condiciones políticas
de restricción de la democracia. Este proceso de desdemocratización se
fundamenta en el ventajismo por parte del bloque oficialista de las
instituciones públicas electorales (Consejo Nacional Electoral), que impide la
realización de unos comicios libres y justos.
La
discrecionalidad hegemónica del gobierno de Maduro apunta a conseguir una nueva
reelección presidencial sin considerar los acuerdos internacionales firmados en
Barbados (2023) e ignorando incluso las advertencias y recomendaciones de
distintos gobiernos (cercanos y lejanos) sobre las posibles consecuencias de realizar
de nuevo unos comicios irregulares. Al respecto, cabe agregar que Nicolás
Maduro es objeto de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI).
La
oposición en Venezuela además de que no pudo inscribir la candidatura designada
por su líder María Corina Machado, sigue padeciendo del acoso y la persecución
de sus activistas e incluso de la detención y desaparición de algunas de sus
líderes por parte del régimen del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
La jugada oficialista es muy clara: impedir a cualquier costo la participación
de aquellos factores políticos que amenacen su permanencia en el poder.
Ojo:
el proyecto societal que impulsa el bloque oficialista es una revolución. Sí, una
revolución que se fundamenta en la centralización del poder político y su
ejercicio hegemónico y, que persigue el control de la sociedad por parte del
Estado. Por lo tanto, es un proyecto alterno y paralelo al que tiene la
Constitución del año 1999 que es de naturaleza democrática, liberal,
representativa y participativa. En otras palabras, el proyecto del PSUV no
admite competencia electoral.
La
paradójico de todo esto, es que la mejor manera de detener esa propuesta
societal es con la participación política y la participación electoral aún en
las actuales condiciones restrictivas impuestas por el gobierno de Maduro. Cabe
recordar, que la oposición o la mayoría social de Venezuela carece de
representación en instituciones clave del país -como la Asamblea Nacional- que
hubieran podido regular la actividad oficialista.
Esa
precariedad de representación política de parte de amplios sectores sociales
del país ha favorecido el avance y posicionamiento institucional de un proyecto
totalitario. En ese juego, el PSUV se reservó las mejores cartas: como la
cooptación y usurpación (vía judicial) de partidos políticos, la detención de
activistas y dirigentes, el impedimento de inscripción de candidaturas e
incluso el establecimiento de un largo período de transición (de por lo menos 6
meses) entre el 28 de julio y la fecha de entregar el gobierno, en caso de
perder las elecciones.
La
mejor oposición al totalitarismo del PSUV se basa en la unidad de los partidos
políticos y también de actores sociales del país en la construcción de un
amplio movimiento social (recomendado tantas veces por estudiosos y académicos),
que permita reposicionarse en el país y rescatar los espacios institucionales
que hoy se carecen y que son indefectiblemente necesarios para impulsar un
cambio de orientación política en el país: el anhelado cambio democrático.
Lo anterior
nos lleva a ubicar la elección del 28J, en un contexto de mayor amplitud
temporal. Sí, un espacio que comprenda por lo menos, toda la transición
prevista luego del 28J y las elecciones previstas para el próximo año 2025, que
ofrecen una oportunidad única y formidable para rescatar (por ejemplo), la Asamblea
Nacional y avanzar en la reconquista de otros órganos ejecutivos y legislativos
regionales y locales. Por otra parte, la candidatura de los sectores de
oposición requiere con urgencia un programa mínimo de actuación tanto para un
eventual ejercicio del gobierno nacional (y su conformación), como para la
elaboración de las bases unitarias mínimas para los futuros eventos comiciales
del 2025.
Quizá
la mayor debilidad de las fuerzas democráticas no sea su precariedad
organizativa sino más bien el cierto canibalismo inútil que predomina entres sus
dirigentes y, también la indiferencia de sectores de la sociedad civil
organizada que hasta ahora han volteado su mirada hacia otro lado olvidando que
la revolución propuesta por el PSUV también involucra su propia existencia. Y
es que, la responsabilidad de detener el autoritarismo no es un asunto exclusivo
de los políticos tradicionales sino también de todo aquel ciudadano que crea en
los valores democráticos.
Un
elemento crucial es reconocer que tanto en la arena política como la electoral, María Corina Machado es una fuerza social en Venezuela ineludible, fue electa
en una votación popular y ha venido organizando su calado ciudadano. La fuerza
social que representa la señora Machado es una realidad que si no se acepta
será difícil avanzar en el proceso de cambio político.
@migonzalezm
