Una de las características del actual gobierno ha sido su incapacidad para resolver la amplia problemática económica y social que afecta a la población venezolana. Dentro de esa agenda de asuntos pendientes destaca sobremanera el problema del suministro continuo y confiable de un servicio eléctrico de calidad; y, en el cual el mes de marzo es sinónimo de crisis y de bajones en la prestación de ese servicio.
La fallas de electricidad han tenido explicaciones pintorescas tales como la intervención de una iguana (Iguana iguana)o un tanto más elaboradas (y especulativas) como las vinculadas al saboteo, pero nunca a la incapacidad de las agencias gubernamentales responsables. En esta oportunidad, y ante la sequía que afectaría al país, se propone una racionalización del servicio por seis (6) semanas lo que sugiere cierta previsión del Estado, aunque no evita la incertidumbre. Esa racionalización del comprende y se basa fundamentalmente en la reducción de la jornada laboral de la actividad de la administración pública nacional (también la estadal y municipal) a tres (3) días laborables por semana. Es decir, por un lapso de seis semanas las administraciones públicas tendrán un horario laboral en cada semana de un 1x1. En tal sentido y como consecuencia directa esta intermitencia de la actividad administrativa retrasará todos los procesos.
Además y curiosamente la decisión gubernamental ordena a los empleados públicos (siempre víctimas, por cierto) que apoyen durante los días que no tendrán que acudir a sus oficinas a unas entidades llamadas autogobiernos comunales de personalidad jurídica privada (pues no son del Estado sino pertenecen a la esfera del partido de gobierno el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) y cuya relación con la administración pública no está clara legal ni éticamente.
