Los truculentos sucesos ocurridos; tanto en la instalación del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas, como posteriormente en su primera reunión extraordinaria, constituyen un indicativo inocultable de la muy baja capacidad de gobierno que poseen las autoridades públicas del Área Metropolitana de Caracas. Pero además, nos revela la escasa valoración de esas mismas autoridades oficiales por los derechos constitucionales y legales a la participación y al protagonismo popular; es decir, la ciudad y sus habitantes se encuentran en un estado de absoluta indefensión.
¿Pero qué es el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas del Distrito Metropolitano de Caracas?
Inicialmente, y según la Ley de Régimen Especial del Distrito Metropolitano de Caracas (Marzo, 2000) el CMPPP estará presidido por el Alcalde Metropolitano e integrado por los Alcaldes de los municipios que conformen el Distrito Metropolitano (Baruta, Bolivariano Libertador, Chacao, El Hatillo y Sucre), por un concejal de cada uno de estos municipios, por un representante de la gobernación del estado Miranda, por los presidentes de la juntas parroquiales y, por representantes de las organizaciones vecinales y de organizaciones sociales.
La Ordenanza del Consejo Metropolitano de Planificación Políticas Públicas -de fecha 31-08-2005-, desarrolla el objeto y funciones de dicha instancia y modifica la conformación de los integrantes de su plenario. Así agrega al Ministerio de Planificación, a un diputado de la Asamblea Nacional de los electos en el Distrito Metropolitano de Caracas, a los trece concejales del Cabildo Metropolitano, a los Presidentes de los Concejos Municipales, a los Jefes Civiles de las treinta y dos parroquias, y eleva a noventa y dos el número de representantes de la comunidad organizada.
Nos indica además esta ordenanza que, el cumplimiento de las funciones del CMPPP es ad-honorem; aunque se le reconocerá una compensación (por alimentación y transporte) a los consejeros vecinales y sectoriales, correspondiente a tres unidades tributarias por su asistencia a las sesiones ordinarias de ese organismo.
El producto institucional fundamental del CMPPP, sería el Plan Metropolitano de Desarrollo para un lapso de cuatro años; así como el Plan de Seguridad Metropolitano de Bienes y Personas; las políticas dirigidas a la atención del niño, niña y del adolescente; y los planes de Desarrollo Urbano Metropolitano y el de Ordenación Urbanística. Por último, cabe destacar, que la Ordenanza del 31-08-2005 establece que el CMPPP, impulsará un Plan Metropolitano de Inversión dirigido al desarrollo humano, social, cultural y económico en el Distrito Metropolitano de Caracas.
¿Ha sido trascendente la actividad del CMPPP para Caracas?
La respuesta es muy sencilla. No ha sido trascendente. De la gestión de Alfredo Peña poco o casi nada se recuerda en esta área. De hecho, se desconoce si esa gestión administrativa elaboró un plan destinado a visualizar el desarrollo territorial y urbanístico del Área Metropolitana de Caracas de largo plazo. De hecho, todo parece indicar que la actividad de esta instancia durante el anterior período fue muy pobre. Y de la gestión Barreto sobre la planificación territorial y urbanística tampoco hay mucho que decir. Incluso aquella iniciativa del Alcalde Metropolitano de impulsar una “Estatuyente Metropolitana”, que fuera suscrita por los alcaldes Leopoldo López y Henrique Capriles quedó sepultada ante la incapacidad (¿o falta de voluntad política?) de las autoridades públicas responsables. Todo un desperdicio de oportunidades.
En síntesis, las deficiencias de vialidad, de recolección de desechos sólidos, de seguridad pública, de espacios para el deporte y la recreación, y de urbanismo en general han desbordado las capacidades de gobernar de las autoridades metropolitanas. Eso es un hecho, lamentablemente inobjetable y que no tiene solución bajo el enfoque ideológicamente peregrino y excluyente de la “lucha de clases”.
¿La confiscación de los derechos a la participación ciudadana?
El nuevo lanzamiento del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas comenzó de manera incierta, opaca y poco ciudadana. Y esto lo afirmo al margen de los “costosos fuegos artificiales” del día de su instalación.
Una observación importante son las irregularidades detectadas en los procesos de elección de algunos de los representantes comunitarios. Por ejemplo, grupos vecinales de la parroquia Petare han impugnado ante el Cabildo Metropolitano y ante la Sala Técnica del mismo CMPPP, el proceso de elección del representante de esa parroquia.
Por otra parte, en el municipio Baruta los vecinos y vecinas de las parroquias Nuestra Señora del Rosario y de El Cafetal, se fajaron y lograron desmontar un “madrugonazo electoral” preparado desde oficialismo con el objetivo de colocar, allí a unos representantes comunitarios ¿incondicionales? Igual ocurrió en el Municipio El Hatillo, en el que, con otras proporciones también hubo una intentona por secuestrar la representación comunitaria.
La poca claridad de las reglas de funcionamiento del CMPPP pareciera ser otro factor clave en la calidad del desempeño de esa instancia. Hay dudas en cuanto a las convocatorias, y a la forma de análisis, preparación y presentación de proyectos comunitarios. Además la necesaria coordinación entre los gobiernos locales ha quedado seriamente golpeada y obstruida después de los sucesivos “shows” ocurridos la semana pasada.
En tal sentido, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas le ha quedado grande a sus principales promotores. Y aunque la ciudad y sus habitantes seamos los principales afectados de tamaña incapacidad directiva; aún estamos dispuestos a mostrarles las diferencias existentes entre la Comuna de París de 1871 y las necesidades de desarrollo humano y urbanístico del Área Metropolitana de Caracas del siglo XXI.
martes, agosto 29, 2006
domingo, agosto 27, 2006
Sr. Alcalde Metropolitano de Caracas: ¡LOS GOLPES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO NOS DETENDRÁN!
La participación ciudadana es un derecho constitucional. La democracia, la pluralidad, la tolerancia, la inclusión, el respeto al prójimo y a los derechos humanos son valores y actitudes inherentes a la participación ciudadana.
Los espacios constitucionales y legales para la participación tales como: los consejos comunales, los consejos locales de planificación pública, los consejos estadales y el consejo metropolitano de planificación de políticas públicas son espacios deliberantes y técnicos para todos los ciudadanos y ciudadanas, por igual.
Por esto manifestamos nuestro categórico rechazo a la manipulación, el insulto y la agresión realizada en contra de los ciudadanos y ciudadanas, las autoridades públicas y los representantes vecinales y sociales asistentes a la instalación del Consejo Metropolitano de Políticas Públicas, el día martes 22 de Agosto, de 2006.
Sr. Alcalde Metropolitano Juan Barreto usted se peló. El pueblo de Caracas y de su área metropolitana, exige soluciones urbanísticas sostenibles y sustentables para su problemática.
Y sobre todo Sr. Alcalde Metropolitano, el pueblo venezolano quiere vivir en paz, en democracia y en libertad. No lo olvide jamás.
¡Basta de golpes a la participación ciudadana!
¡El Consejo Metropolitano es un espacio
para la ciudad y todos sus habitantes!
Los espacios constitucionales y legales para la participación tales como: los consejos comunales, los consejos locales de planificación pública, los consejos estadales y el consejo metropolitano de planificación de políticas públicas son espacios deliberantes y técnicos para todos los ciudadanos y ciudadanas, por igual.
Por esto manifestamos nuestro categórico rechazo a la manipulación, el insulto y la agresión realizada en contra de los ciudadanos y ciudadanas, las autoridades públicas y los representantes vecinales y sociales asistentes a la instalación del Consejo Metropolitano de Políticas Públicas, el día martes 22 de Agosto, de 2006.
Sr. Alcalde Metropolitano Juan Barreto usted se peló. El pueblo de Caracas y de su área metropolitana, exige soluciones urbanísticas sostenibles y sustentables para su problemática.
Y sobre todo Sr. Alcalde Metropolitano, el pueblo venezolano quiere vivir en paz, en democracia y en libertad. No lo olvide jamás.
¡Basta de golpes a la participación ciudadana!
¡El Consejo Metropolitano es un espacio
para la ciudad y todos sus habitantes!
viernes, agosto 25, 2006
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES
La nueva batalla por el control del Estado y la sociedad venezolanos ha entrado en su fase más abierta. El campo electoral, el terreno ciudadano, el espacio cívico de la política (gracias a Dios) ha sido el medio donde los defensores de la revolución bolivariana, de una parte; y los defensores de la democracia libre por la otra, aspiran medir sus fuerzas.
Se enfrentan dos bloques con visiones contrapuestas sobre el futuro de nuestro país. Por un lado, la opción revolucionaria supedita toda iniciativa individual o colectiva a la suprema conducción de un liderazgo mesiánico y hegemónico. Del otro lado, la oposición democrática pretende ahora relanzar al país hacia la modernidad; con base a la inclusión social y la libertad. ¿Cuál alternativa triunfará, en las elecciones presidenciales? Pues, me atrevo a escribir que hoy no lo sé; porque pese a la abundancia propagandística y al ventajismo oficial, la competencia apunta hacia un final disputado.
La alternativa revolucionaria
La oferta básica del gobierno es muy simple. Nos propone la implantación del socialismo (del siglo XXI), como modelo de organización político, económico y social. De ese socialismo del siglo XXI, conocemos poco. Pero lo poco que sabemos no nos entusiasma. Porque en estos casos, la mejor referencia sobre el modelo propuesto sería la conducta gubernamental. Y esa conducta oficial tampoco resulta alentadora.
Si bien el gobierno intentó impulsar una democracia participativa; y también aumentó la oferta y la acción de una serie de programas asistenciales para los sectores sociales menos favorecidos; por otra parte, la persecución y la exclusión política, el despilfarro de inmensos recursos fiscales; la corrupción administrativa, las violaciones a la propiedad pública y privada; y el armamentismo se convirtieron en una constante inequívoca de su gestión.
En tal sentido, y después de ocho años de revolución bolivariana o de revolución bonita, la oferta oficialista luce débil y desgastada. Porque salvo ese socialismo del siglo XXI (y que la mayoría de los venezolanos no quiere; según las encuestas), en el mensaje electoral del gobierno no hay nada nuevo. Es decir, la campaña no está fácil.
El gobierno también presenta otras dificultades políticas. La creciente ola de protestas sociales es una de ellas. Y en realidad, grandes sectores poblacionales han venido padeciendo de la ineficacia de las ejecutorias públicas, sin que el gobierno pueda garantizarles en el corto plazo una solución concreta. El rechazo popular a las continuas donaciones de los ingresos fiscales es otra. Así también, la inseguridad personal que ha cobrado más de sesenta mil vidas durante el actual gobierno.
Por supuesto, que el gobierno tiene amplias posibilidades de triunfo. Pero esas posibilidades pueden reducirse día a día. La fortaleza electoral del oficialismo se asienta; sin lugar a dudas, en su candidato. Y en efecto, además de la enorme simpatía y carisma con que cuenta el Jefe de Estado, su entorno ha venido trabajando a lo largo de los últimos años en sembrarlo como un hito en la imaginería popular venezolana. Y este es un factor, que pesa decisivamente en una coyuntura electoral como la venezolana.
Una vez escuché a un alcalde revolucionario, que en una reunión comunitaria les recordaba a los vecinos, que así como ellos recibían la ayuda oficial; en Diciembre tenían que devolver ese apoyo votando por el candidato del proceso. Así les arengaba, diciendo: “yo los ayudo, ustedes nos ayudan”. Esa lógica clientelista suma votos.
Hay amplios sectores sociales que sí quieren a su Presidente; porque han encontrado en su gestión socorro y asistencia, que quizás antes no habían encontrado. Esas personas desaprueban los “ataques inclementes” de los medios de comunicación social que se dedican a criticar todo lo que hace el Presidente de la República. Y para ellos, el Presidente ha sido engañado una y otra vez por sus funcionarios, que no cumplen sus órdenes. Y esto es cierto, hay un pueblo chavista dispuesto a apoyar a su líder. Porque el ejercicio del gobierno, con amplios poderes y abundancia de recursos fiscales, permite construir y organizar una amplia base social de apoyo a un líder, a un régimen y hasta una idea. No lo olviden.
La alternativa democrática
Después de un largo trajinar la oposición democrática parece haberse reencontrado. La candidatura unitaria parece haberse hallado con Manuel Rosales. Atrás quedaron las primarias. La tesis del consenso finalmente se impuso, para la satisfacción (o felicidad) de la otra gran parte del pueblo venezolano. En este contexto, otras candidaturas como la de Roberto Smith y Benjamín Rausseo carecen de mayor trascendencia.
La oposición no sólo tiene el reto de derrotar el continuismo oficial; sino que también está obligada a consolidarse como una fuerza política y social contributiva y propositiva. Gran parte del desafuero gubernamental se ha originado en las ineficaces estrategias oposicionistas. Y la abstención haya sido quizás la más mortífera de todas.
Bajo el esquema abstencionista se pretendió ingenuamente; por decir lo menos, “deslegitimar al régimen” entregándole a cambio: concejos municipales, alcaldías, gobernaciones y hasta la Asamblea Nacional. Con el mensaje abstencionista se desprestigió -a placer-, a cualquier líder político que mantuviera a las elecciones como salida a la crisis de la democracia venezolana. Pero además se manipuló, se desmovilizó y se desarticuló a la propia oposición durante largo tiempo. Esto es parte de la realidad de la oposición democrática.
Además en la oposición se sustituyó a los políticos por los opinadores, analistas y periodistas y a los partidos por los medios de comunicación social. Y no trata de descalificar el aporte y la función democrática de esos factores inherentes, indispensables y propios de sociedades abiertas, plurales y libres. Pero sí afirmo, que en medio de esta lucha por la libertad y la democracia, la acción política no debe reducirse a un fenómeno mediático o contemplativo.
La lucha contra el totalitarismo requiere del esfuerzo diario y constructivo de todos. Se trata de una cruzada activa vinculada a un sentido ético de la vida que requiere dedicación, inclusión y firmeza. Comprender esto y asumirlo es la llave que pudiera darle un sonado triunfo a la democracia, y a todo el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales de Diciembre.
Hasta el momento, la candidatura unitaria desmontó el discurso oficialista, simplemente diciendo la verdad; mediante un lenguaje sencillo y directo. No en balde ahora en los sectores populares se nota una mayor animación y hasta debate con el representante oficialista. ¿Y saben, por qué? Es sencillo: ahora hay alguien de carne y hueso, que representa la esperanza de vivir en paz, en democracia y en libertad.
Es evidente que la lucha no será fácil. Hay poco tiempo. Hay también muchos temores. Y todavía quedan por allí algunos “líderes de micrófono” que sólo buscan desalentar cualquier salida electoral o ¿me equivoco?
La oposición aumentará o disminuirá sus posibilidades en la medida de su convencimiento y dedicación a la campaña de su candidato unitario. Será una faena ardua, dura y difícil; porque se trata de enfrentar de una manera ciudadana a todo el poder político, institucional y financiero, que ha acumulado un régimen que ahora viene por nuestra libertad.
Se enfrentan dos bloques con visiones contrapuestas sobre el futuro de nuestro país. Por un lado, la opción revolucionaria supedita toda iniciativa individual o colectiva a la suprema conducción de un liderazgo mesiánico y hegemónico. Del otro lado, la oposición democrática pretende ahora relanzar al país hacia la modernidad; con base a la inclusión social y la libertad. ¿Cuál alternativa triunfará, en las elecciones presidenciales? Pues, me atrevo a escribir que hoy no lo sé; porque pese a la abundancia propagandística y al ventajismo oficial, la competencia apunta hacia un final disputado.
La alternativa revolucionaria
La oferta básica del gobierno es muy simple. Nos propone la implantación del socialismo (del siglo XXI), como modelo de organización político, económico y social. De ese socialismo del siglo XXI, conocemos poco. Pero lo poco que sabemos no nos entusiasma. Porque en estos casos, la mejor referencia sobre el modelo propuesto sería la conducta gubernamental. Y esa conducta oficial tampoco resulta alentadora.
Si bien el gobierno intentó impulsar una democracia participativa; y también aumentó la oferta y la acción de una serie de programas asistenciales para los sectores sociales menos favorecidos; por otra parte, la persecución y la exclusión política, el despilfarro de inmensos recursos fiscales; la corrupción administrativa, las violaciones a la propiedad pública y privada; y el armamentismo se convirtieron en una constante inequívoca de su gestión.
En tal sentido, y después de ocho años de revolución bolivariana o de revolución bonita, la oferta oficialista luce débil y desgastada. Porque salvo ese socialismo del siglo XXI (y que la mayoría de los venezolanos no quiere; según las encuestas), en el mensaje electoral del gobierno no hay nada nuevo. Es decir, la campaña no está fácil.
El gobierno también presenta otras dificultades políticas. La creciente ola de protestas sociales es una de ellas. Y en realidad, grandes sectores poblacionales han venido padeciendo de la ineficacia de las ejecutorias públicas, sin que el gobierno pueda garantizarles en el corto plazo una solución concreta. El rechazo popular a las continuas donaciones de los ingresos fiscales es otra. Así también, la inseguridad personal que ha cobrado más de sesenta mil vidas durante el actual gobierno.
Por supuesto, que el gobierno tiene amplias posibilidades de triunfo. Pero esas posibilidades pueden reducirse día a día. La fortaleza electoral del oficialismo se asienta; sin lugar a dudas, en su candidato. Y en efecto, además de la enorme simpatía y carisma con que cuenta el Jefe de Estado, su entorno ha venido trabajando a lo largo de los últimos años en sembrarlo como un hito en la imaginería popular venezolana. Y este es un factor, que pesa decisivamente en una coyuntura electoral como la venezolana.
Una vez escuché a un alcalde revolucionario, que en una reunión comunitaria les recordaba a los vecinos, que así como ellos recibían la ayuda oficial; en Diciembre tenían que devolver ese apoyo votando por el candidato del proceso. Así les arengaba, diciendo: “yo los ayudo, ustedes nos ayudan”. Esa lógica clientelista suma votos.
Hay amplios sectores sociales que sí quieren a su Presidente; porque han encontrado en su gestión socorro y asistencia, que quizás antes no habían encontrado. Esas personas desaprueban los “ataques inclementes” de los medios de comunicación social que se dedican a criticar todo lo que hace el Presidente de la República. Y para ellos, el Presidente ha sido engañado una y otra vez por sus funcionarios, que no cumplen sus órdenes. Y esto es cierto, hay un pueblo chavista dispuesto a apoyar a su líder. Porque el ejercicio del gobierno, con amplios poderes y abundancia de recursos fiscales, permite construir y organizar una amplia base social de apoyo a un líder, a un régimen y hasta una idea. No lo olviden.
La alternativa democrática
Después de un largo trajinar la oposición democrática parece haberse reencontrado. La candidatura unitaria parece haberse hallado con Manuel Rosales. Atrás quedaron las primarias. La tesis del consenso finalmente se impuso, para la satisfacción (o felicidad) de la otra gran parte del pueblo venezolano. En este contexto, otras candidaturas como la de Roberto Smith y Benjamín Rausseo carecen de mayor trascendencia.
La oposición no sólo tiene el reto de derrotar el continuismo oficial; sino que también está obligada a consolidarse como una fuerza política y social contributiva y propositiva. Gran parte del desafuero gubernamental se ha originado en las ineficaces estrategias oposicionistas. Y la abstención haya sido quizás la más mortífera de todas.
Bajo el esquema abstencionista se pretendió ingenuamente; por decir lo menos, “deslegitimar al régimen” entregándole a cambio: concejos municipales, alcaldías, gobernaciones y hasta la Asamblea Nacional. Con el mensaje abstencionista se desprestigió -a placer-, a cualquier líder político que mantuviera a las elecciones como salida a la crisis de la democracia venezolana. Pero además se manipuló, se desmovilizó y se desarticuló a la propia oposición durante largo tiempo. Esto es parte de la realidad de la oposición democrática.
Además en la oposición se sustituyó a los políticos por los opinadores, analistas y periodistas y a los partidos por los medios de comunicación social. Y no trata de descalificar el aporte y la función democrática de esos factores inherentes, indispensables y propios de sociedades abiertas, plurales y libres. Pero sí afirmo, que en medio de esta lucha por la libertad y la democracia, la acción política no debe reducirse a un fenómeno mediático o contemplativo.
La lucha contra el totalitarismo requiere del esfuerzo diario y constructivo de todos. Se trata de una cruzada activa vinculada a un sentido ético de la vida que requiere dedicación, inclusión y firmeza. Comprender esto y asumirlo es la llave que pudiera darle un sonado triunfo a la democracia, y a todo el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales de Diciembre.
Hasta el momento, la candidatura unitaria desmontó el discurso oficialista, simplemente diciendo la verdad; mediante un lenguaje sencillo y directo. No en balde ahora en los sectores populares se nota una mayor animación y hasta debate con el representante oficialista. ¿Y saben, por qué? Es sencillo: ahora hay alguien de carne y hueso, que representa la esperanza de vivir en paz, en democracia y en libertad.
Es evidente que la lucha no será fácil. Hay poco tiempo. Hay también muchos temores. Y todavía quedan por allí algunos “líderes de micrófono” que sólo buscan desalentar cualquier salida electoral o ¿me equivoco?
La oposición aumentará o disminuirá sus posibilidades en la medida de su convencimiento y dedicación a la campaña de su candidato unitario. Será una faena ardua, dura y difícil; porque se trata de enfrentar de una manera ciudadana a todo el poder político, institucional y financiero, que ha acumulado un régimen que ahora viene por nuestra libertad.
lunes, agosto 14, 2006
LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PODER POPULAR
La Asamblea Nacional nos promete aprobar en el segundo período legislativo del presente año 2006, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular (LOPCYPP). Esta ley constituye una pieza estratégica en la construcción del nuevo modelo de “democracia participativa” propuesto para Venezuela. Desde aspectos ideológicos y temas como las condiciones y principios para el ejercicio de la participación, las bases del sistema social de participación y planificación hasta los procedimientos para la activación de las distintas modalidades de referenda, están allí. Por lo tanto, la LOPCYPP resulta una interesante vitrina de la propuesta de democracia participativa que maneja el oficialismo.
Algunos comentarios preliminares sobre la LOPCYPP
Esta ley fue aprobada en primera discusión hace casi cinco años. Fue el 29 de Noviembre del año 2001, cuando la Asamblea Nacional (de aquella época y con una conformación plural) aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Participación Ciudadana como se le conoció en esa oportunidad. Hubo varias propuestas legales en consideración y análisis sobre este tema; pero luego de su aprobación formal (en primera discusión), el asunto fue lamentablemente engavetado.
Lo cierto es que este año 2006, considerado por la renovada Asamblea Nacional como “el año de la participación protagónica y el poder popular”, se retoma la discusión de la ahora Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular. Pero resulta que, el nuevo proyecto legal -pese a su singular trascendencia-, fue pasado por una sesión cuasi clandestina del denominado Parlamentarismo Social de Calle, a finales del mes de Julio. Y es que no nos cansaremos de criticar la escasa difusión con que se vienen realizando estas jornadas. La Asamblea Nacional no comprende o no le interesa, su función de ser el foro político de participación de todos los venezolanos y venezolanas; sin exclusión de ningún tipo.
Algunos propuestas y temas positivos en la LOPCYPP
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular, nos trae algunos temas interesantes como el establecimiento del deber de la sociedad y la obligación del Estado de facilitar la formación de los ciudadanos y ciudadanas para ejercer sus derechos a la participación. Así también determina la obligatoriedad de todos los organismos públicos de crear e impulsar los procesos de inclusión ciudadana de manera correcta. Por otra parte, la LOPCYPP valida los diagnósticos comunitarios, el trabajo en redes, y sobre todo propicia y define el uso del recurso de amparo como un mecanismo de defensa de los derechos a la participación, frente a cualquier obstrucción de parte de las autoridades públicas. Estos elementos parecen ampliamente positivos.
El sistema social de participación y planificación
Un elemento central (y quizás el más novedoso) de la propuesta LOPCYPP es la creación del llamado sistema social de participación y planificación. Según la propuesta de ley este sistema es: una instancia socio-gubernamental creada para articular la actividad relacionada con la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y control social entre el pueblo y los distintos niveles de gobierno nacional, estadal y municipal. Sin embargo, esta relación supuesta entre el pueblo y el gobierno no se da de manera directa; sino que se pretende realizar por medio de una red de consejos. Veamos.
La comunicación se encuentra mediada (o mediatizada) por la propuesta de red de consejos sociales comunales. Así que, ahora además de los consejos comunales -que según los cálculos iniciales del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (MINPADES), serían alrededor de 50 mil en futuro cercano-, se propone crear los consejos sociales comunales parroquiales (uno por cada parroquia del país); luego los consejos comunales sociales municipales (uno por cada municipio), luego vendrían los consejos comunales sociales regionales (uno por cada ¿estado o región?), para finalmente concentrarse en un gran Consejo Nacional de lo Comunal. Pero allí no termina esto.
Por otra parte, estos consejos sociales comunales estarían en relación con los Consejos Locales de Planificación Pública en los municipios, con los Consejos Estadales de Planificación Pública de cada entidad federal, y con el Consejo Federal de Gobierno, en el ámbito nacional (el cual tiene una mora de siete años) y con cualquier otra instancia gubernamental. Pero tampoco termina allí el sistema propuesto.
El Consejo Nacional de lo Comunal (lo recuerdan), se unirá con el Consejo Federal de Gobierno en una plenaria. De allí se elegirá un Consejo Directivo Nacional, compuesto por un número de doce a catorce voceros. Y finalmente, habrá un Consejo de Coordinación compuesto por tan sólo tres voceros.
¿No es esto la más pura expresión del centralismo y la burocracia? Porque si realmente se desea cumplir con los mandatos constitucionales de participación y protagonismo popular, lo que tendría que hacerse es simplificar las estructuras, las normas y los procedimientos del aparato estatal para garantizar una gestión pública eficaz, transparente y cercana al pueblo. ¿No les parece más adecuado, honorables diputadas y diputados de la Asamblea Nacional?
¿Y además, de dónde sacaron ustedes que la participación ciudadana y el poder popular, pasa y se reduce a la creación de más burocracia, de más compartimientos, estancos y de más trabas entre el gobierno y el pueblo? Y es que uno de lo mayores males que ha padecido el pueblo venezolano a lo largo de su historia político-petrolera ha sido la enorme presencia asfixiante del Estado en casi todos los ámbitos de actividad de la sociedad civil. ¿Y dónde queda el ciudadano, el hombre o mujer sencillo, en medio de esa madeja de consejos sociales comunales parroquiales, municipales y regionales? Que abuso.
¿Por qué ilustres diputadas y diputados no se ocupan de aprobar la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal o la Ley del Consejo Federal de Gobierno? ¿O por qué no investigan los mecanismos de distribución de los entes del gobierno central de los recursos destinados a las comunidades? Eso sí que contribuiría a la promoción de los derechos de protagonismo y participación popular.
¿Y sabían amigas y amigos de la Asamblea, que ante cualquier problema, ahora los organismos públicos nacionales, regionales y locales se la pasan exigiéndole recaudos, firmas y hasta los proyectos de inversión a las comunidades? ¿No es eso una arbitrariedad? Y otra cosa, señores miembros de la Asamblea Nacional, resultaría muy provechosa una evaluación del funcionamiento y la forma de elección de los Consejos Estadales de Planificación Pública, y también de los Consejos Locales de Planificación Pública. Allí hay mucho que corregir.
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular bajo este esquema nos prefigura un modelo de organización social fundamentado en el estatismo y la burocracia. Y ese enfoque no se ajusta ni a los principios de la Constitución Bolivariana (actual), ni a los propósitos que se tratan de alcanzar con la propia LOPCYPP. Es todo por ahora. Pero volveremos a tratar sobre esta estratégica ley que compete a todos los venezolanos y venezolanas.
Algunos comentarios preliminares sobre la LOPCYPP
Esta ley fue aprobada en primera discusión hace casi cinco años. Fue el 29 de Noviembre del año 2001, cuando la Asamblea Nacional (de aquella época y con una conformación plural) aprobó en primera discusión la Ley Orgánica de Participación Ciudadana como se le conoció en esa oportunidad. Hubo varias propuestas legales en consideración y análisis sobre este tema; pero luego de su aprobación formal (en primera discusión), el asunto fue lamentablemente engavetado.
Lo cierto es que este año 2006, considerado por la renovada Asamblea Nacional como “el año de la participación protagónica y el poder popular”, se retoma la discusión de la ahora Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular. Pero resulta que, el nuevo proyecto legal -pese a su singular trascendencia-, fue pasado por una sesión cuasi clandestina del denominado Parlamentarismo Social de Calle, a finales del mes de Julio. Y es que no nos cansaremos de criticar la escasa difusión con que se vienen realizando estas jornadas. La Asamblea Nacional no comprende o no le interesa, su función de ser el foro político de participación de todos los venezolanos y venezolanas; sin exclusión de ningún tipo.
Algunos propuestas y temas positivos en la LOPCYPP
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular, nos trae algunos temas interesantes como el establecimiento del deber de la sociedad y la obligación del Estado de facilitar la formación de los ciudadanos y ciudadanas para ejercer sus derechos a la participación. Así también determina la obligatoriedad de todos los organismos públicos de crear e impulsar los procesos de inclusión ciudadana de manera correcta. Por otra parte, la LOPCYPP valida los diagnósticos comunitarios, el trabajo en redes, y sobre todo propicia y define el uso del recurso de amparo como un mecanismo de defensa de los derechos a la participación, frente a cualquier obstrucción de parte de las autoridades públicas. Estos elementos parecen ampliamente positivos.
El sistema social de participación y planificación
Un elemento central (y quizás el más novedoso) de la propuesta LOPCYPP es la creación del llamado sistema social de participación y planificación. Según la propuesta de ley este sistema es: una instancia socio-gubernamental creada para articular la actividad relacionada con la formulación, planificación, ejecución, seguimiento y control social entre el pueblo y los distintos niveles de gobierno nacional, estadal y municipal. Sin embargo, esta relación supuesta entre el pueblo y el gobierno no se da de manera directa; sino que se pretende realizar por medio de una red de consejos. Veamos.
La comunicación se encuentra mediada (o mediatizada) por la propuesta de red de consejos sociales comunales. Así que, ahora además de los consejos comunales -que según los cálculos iniciales del Ministerio de Participación Popular y Desarrollo Social (MINPADES), serían alrededor de 50 mil en futuro cercano-, se propone crear los consejos sociales comunales parroquiales (uno por cada parroquia del país); luego los consejos comunales sociales municipales (uno por cada municipio), luego vendrían los consejos comunales sociales regionales (uno por cada ¿estado o región?), para finalmente concentrarse en un gran Consejo Nacional de lo Comunal. Pero allí no termina esto.
Por otra parte, estos consejos sociales comunales estarían en relación con los Consejos Locales de Planificación Pública en los municipios, con los Consejos Estadales de Planificación Pública de cada entidad federal, y con el Consejo Federal de Gobierno, en el ámbito nacional (el cual tiene una mora de siete años) y con cualquier otra instancia gubernamental. Pero tampoco termina allí el sistema propuesto.
El Consejo Nacional de lo Comunal (lo recuerdan), se unirá con el Consejo Federal de Gobierno en una plenaria. De allí se elegirá un Consejo Directivo Nacional, compuesto por un número de doce a catorce voceros. Y finalmente, habrá un Consejo de Coordinación compuesto por tan sólo tres voceros.
¿No es esto la más pura expresión del centralismo y la burocracia? Porque si realmente se desea cumplir con los mandatos constitucionales de participación y protagonismo popular, lo que tendría que hacerse es simplificar las estructuras, las normas y los procedimientos del aparato estatal para garantizar una gestión pública eficaz, transparente y cercana al pueblo. ¿No les parece más adecuado, honorables diputadas y diputados de la Asamblea Nacional?
¿Y además, de dónde sacaron ustedes que la participación ciudadana y el poder popular, pasa y se reduce a la creación de más burocracia, de más compartimientos, estancos y de más trabas entre el gobierno y el pueblo? Y es que uno de lo mayores males que ha padecido el pueblo venezolano a lo largo de su historia político-petrolera ha sido la enorme presencia asfixiante del Estado en casi todos los ámbitos de actividad de la sociedad civil. ¿Y dónde queda el ciudadano, el hombre o mujer sencillo, en medio de esa madeja de consejos sociales comunales parroquiales, municipales y regionales? Que abuso.
¿Por qué ilustres diputadas y diputados no se ocupan de aprobar la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal o la Ley del Consejo Federal de Gobierno? ¿O por qué no investigan los mecanismos de distribución de los entes del gobierno central de los recursos destinados a las comunidades? Eso sí que contribuiría a la promoción de los derechos de protagonismo y participación popular.
¿Y sabían amigas y amigos de la Asamblea, que ante cualquier problema, ahora los organismos públicos nacionales, regionales y locales se la pasan exigiéndole recaudos, firmas y hasta los proyectos de inversión a las comunidades? ¿No es eso una arbitrariedad? Y otra cosa, señores miembros de la Asamblea Nacional, resultaría muy provechosa una evaluación del funcionamiento y la forma de elección de los Consejos Estadales de Planificación Pública, y también de los Consejos Locales de Planificación Pública. Allí hay mucho que corregir.
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular bajo este esquema nos prefigura un modelo de organización social fundamentado en el estatismo y la burocracia. Y ese enfoque no se ajusta ni a los principios de la Constitución Bolivariana (actual), ni a los propósitos que se tratan de alcanzar con la propia LOPCYPP. Es todo por ahora. Pero volveremos a tratar sobre esta estratégica ley que compete a todos los venezolanos y venezolanas.
martes, agosto 08, 2006
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA
Si la democracia y la libertad de expresión van indefectiblemente unidas. Los medios de comunicación social son los pilares de esa relación. De allí que, en Venezuela la muy comprometida defensa de la democracia haya encontrado en los medios un importante refugio. Y es que líderes y partidos políticos e incluso la mayoría de organizaciones de la sociedad civil –ante su propia debilidad-, han venido delegando en los medios de comunicación el ejercicio de su posición opositora frente al gobierno de turno.
Esta delegación nos indica la drástica caída y retroceso sufridos por los partidos políticos y otras formas asociativas civiles como canales de participación política y de participación ciudadana. Al revisar la historia reciente encontramos que los partidos políticos fueron borrados de la Constitución Bolivariana e incluso ya ni gozan de una representación formal en el Consejo Nacional Electoral. Pero además, el movimiento ciudadano también se ha replegado resistiéndose a aceptar las distintas modalidades de participación social impulsadas desde el Estado.
El refugio opositor en los medios también nos expresa la baja credibilidad que padece el liderazgo opositor en la Venezuela de hoy. Producto de lo anterior, pareciera que la oposición estuviera bajo la conducción de analistas, opinadores, y periodistas, y no de los dirigentes políticos. Y no se trata de censurar la opinión pública, sino de estimularla aún más con la reincorporación de sus voceros y operadores naturales.
Por otra parte, los medios de comunicación social son sólo eso: medios de comunicación social. Nada más. Los medios no son partidos, ni sindicatos, ni grupos vecinales organizados. Por supuesto, que desde ellos además de informar, se impulsan y debaten ideas y proyectos; se denuncian arbitrariedades oficiales y privadas; y se apoyan o atacan candidaturas políticas, sindicales o gremiales. Y otra cosa es que esas instituciones poseen sus propios intereses y aspiraciones como corporaciones privadas orientadas al lucro.
En tal sentido, la oposición al gobierno no debe limitarse a la dependencia mediática. Esto resultaría un error estratégico. Mucho más en las actuales condiciones en las que nuestra democracia se pierde. Y mucho más después de las tantas agresiones y represalias sufridas por los editores, periodistas y opinadores venezolanos. La pelea por la democracia va más allá de leer, escuchar o mirar una opinión o una noticia.
Esta delegación nos indica la drástica caída y retroceso sufridos por los partidos políticos y otras formas asociativas civiles como canales de participación política y de participación ciudadana. Al revisar la historia reciente encontramos que los partidos políticos fueron borrados de la Constitución Bolivariana e incluso ya ni gozan de una representación formal en el Consejo Nacional Electoral. Pero además, el movimiento ciudadano también se ha replegado resistiéndose a aceptar las distintas modalidades de participación social impulsadas desde el Estado.
El refugio opositor en los medios también nos expresa la baja credibilidad que padece el liderazgo opositor en la Venezuela de hoy. Producto de lo anterior, pareciera que la oposición estuviera bajo la conducción de analistas, opinadores, y periodistas, y no de los dirigentes políticos. Y no se trata de censurar la opinión pública, sino de estimularla aún más con la reincorporación de sus voceros y operadores naturales.
Por otra parte, los medios de comunicación social son sólo eso: medios de comunicación social. Nada más. Los medios no son partidos, ni sindicatos, ni grupos vecinales organizados. Por supuesto, que desde ellos además de informar, se impulsan y debaten ideas y proyectos; se denuncian arbitrariedades oficiales y privadas; y se apoyan o atacan candidaturas políticas, sindicales o gremiales. Y otra cosa es que esas instituciones poseen sus propios intereses y aspiraciones como corporaciones privadas orientadas al lucro.
En tal sentido, la oposición al gobierno no debe limitarse a la dependencia mediática. Esto resultaría un error estratégico. Mucho más en las actuales condiciones en las que nuestra democracia se pierde. Y mucho más después de las tantas agresiones y represalias sufridas por los editores, periodistas y opinadores venezolanos. La pelea por la democracia va más allá de leer, escuchar o mirar una opinión o una noticia.
martes, agosto 01, 2006
MUNICIPIO, PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
¿Quién no se ha quejado alguna vez de la eficacia en la recolección de los desechos sólidos, de la insuficiente información sobre la gestión local o del cambio de zonificación de un área residencial hacia su uso comercial? Estas situaciones, y otras más complejas se suceden a diario en la dinámica de cualquier municipio del país. Y es que, los municipios constituyen el espacio territorial donde la relación entre la representación del Estado y los ciudadanos es más cercana.
El municipio; según nuestra Constitución es la división político-territorial primaria del país. Además, los municipios gozan de personalidad jurídica y de autonomía dentro del marco constitucional. Específicamente, esa autonomía comprende la elección de sus autoridades, la gestión de sus atribuciones y competencias, y también en materia fiscal mediante la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
En ese contexto, la planificación de la gestión pública es una obligación central de las autoridades locales. Y hay varios tipos de planes. El plan municipal de desarrollo o el presupuesto de inversión municipal, son dos de ellos. Pero de todos, el plan de desarrollo urbano local o PDUL, -como también se le conoce-, es el más polémico. Pero ¿qué hace que el PDUL sea convierta en un asunto polémico entre vecinos y alcaldes o concejales?
Al respecto, consideremos dos aspectos importantes. Uno, los PDUL contienen la definición de suelos, la determinación de áreas de desarrollo, las estrategias que orientan el desarrollo de la ciudad y el establecimiento de los programas de adquisición de tierras. El segundo es que por mandato constitucional, los habitantes en cada municipio tienen el derecho de participar en la formación, ejecución y control de los asuntos públicos locales. Y esos derechos a la participación vecinal incluyen los planes. En tal sentido, en los procesos de elaboración de los planes de desarrollo urbano local tendrían que participar los ciudadanos y eso NO ocurre, ni de lejos. ¿Se comprende ahora, la polémica alrededor del PDUL?
En todos los municipios del Área Metropolitana de Caracas, con mayor o menor énfasis, ocurre esa situación. De allí que, haya una acelerada utilización y depredación ambiental y urbanística amparada en la pasividad de unos gobiernos locales; aún ajenos a los preceptos legales vigentes. Craso error.
El municipio está llamado a ser el espacio donde ciudadanos y autoridades converjan alrededor de un propósito común: la calidad vida de todos. ¿O acaso será muy difícil cumplir con las leyes?
El municipio; según nuestra Constitución es la división político-territorial primaria del país. Además, los municipios gozan de personalidad jurídica y de autonomía dentro del marco constitucional. Específicamente, esa autonomía comprende la elección de sus autoridades, la gestión de sus atribuciones y competencias, y también en materia fiscal mediante la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
En ese contexto, la planificación de la gestión pública es una obligación central de las autoridades locales. Y hay varios tipos de planes. El plan municipal de desarrollo o el presupuesto de inversión municipal, son dos de ellos. Pero de todos, el plan de desarrollo urbano local o PDUL, -como también se le conoce-, es el más polémico. Pero ¿qué hace que el PDUL sea convierta en un asunto polémico entre vecinos y alcaldes o concejales?
Al respecto, consideremos dos aspectos importantes. Uno, los PDUL contienen la definición de suelos, la determinación de áreas de desarrollo, las estrategias que orientan el desarrollo de la ciudad y el establecimiento de los programas de adquisición de tierras. El segundo es que por mandato constitucional, los habitantes en cada municipio tienen el derecho de participar en la formación, ejecución y control de los asuntos públicos locales. Y esos derechos a la participación vecinal incluyen los planes. En tal sentido, en los procesos de elaboración de los planes de desarrollo urbano local tendrían que participar los ciudadanos y eso NO ocurre, ni de lejos. ¿Se comprende ahora, la polémica alrededor del PDUL?
En todos los municipios del Área Metropolitana de Caracas, con mayor o menor énfasis, ocurre esa situación. De allí que, haya una acelerada utilización y depredación ambiental y urbanística amparada en la pasividad de unos gobiernos locales; aún ajenos a los preceptos legales vigentes. Craso error.
El municipio está llamado a ser el espacio donde ciudadanos y autoridades converjan alrededor de un propósito común: la calidad vida de todos. ¿O acaso será muy difícil cumplir con las leyes?
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