¿Quién no se ha quejado alguna vez de la eficacia en la recolección de los desechos sólidos, de la insuficiente información sobre la gestión local o del cambio de zonificación de un área residencial hacia su uso comercial? Estas situaciones, y otras más complejas se suceden a diario en la dinámica de cualquier municipio del país. Y es que, los municipios constituyen el espacio territorial donde la relación entre la representación del Estado y los ciudadanos es más cercana.
El municipio; según nuestra Constitución es la división político-territorial primaria del país. Además, los municipios gozan de personalidad jurídica y de autonomía dentro del marco constitucional. Específicamente, esa autonomía comprende la elección de sus autoridades, la gestión de sus atribuciones y competencias, y también en materia fiscal mediante la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.
En ese contexto, la planificación de la gestión pública es una obligación central de las autoridades locales. Y hay varios tipos de planes. El plan municipal de desarrollo o el presupuesto de inversión municipal, son dos de ellos. Pero de todos, el plan de desarrollo urbano local o PDUL, -como también se le conoce-, es el más polémico. Pero ¿qué hace que el PDUL sea convierta en un asunto polémico entre vecinos y alcaldes o concejales?
Al respecto, consideremos dos aspectos importantes. Uno, los PDUL contienen la definición de suelos, la determinación de áreas de desarrollo, las estrategias que orientan el desarrollo de la ciudad y el establecimiento de los programas de adquisición de tierras. El segundo es que por mandato constitucional, los habitantes en cada municipio tienen el derecho de participar en la formación, ejecución y control de los asuntos públicos locales. Y esos derechos a la participación vecinal incluyen los planes. En tal sentido, en los procesos de elaboración de los planes de desarrollo urbano local tendrían que participar los ciudadanos y eso NO ocurre, ni de lejos. ¿Se comprende ahora, la polémica alrededor del PDUL?
En todos los municipios del Área Metropolitana de Caracas, con mayor o menor énfasis, ocurre esa situación. De allí que, haya una acelerada utilización y depredación ambiental y urbanística amparada en la pasividad de unos gobiernos locales; aún ajenos a los preceptos legales vigentes. Craso error.
El municipio está llamado a ser el espacio donde ciudadanos y autoridades converjan alrededor de un propósito común: la calidad vida de todos. ¿O acaso será muy difícil cumplir con las leyes?
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