El proyecto de reforma constitucional oficialista vislumbra –pese a la cláusula de confidencialidad que evita su escrutinio público- el propósito de establecer una institucionalidad centralista, burocrática y estatista; bajo un enfoque meramente clientelar. Es decir, se prepara una reforma constitucional que no responde a aspiraciones populares; sino que se ajusta al gusto de un gobernante (y de la elite que lo acompaña), en su aspiración de perpetuarse en el ejercicio y disfrute del poder.
El sesgo autoritario dominante en el proyecto oficialista de reforma, ratifica de nuevo la pobreza ideológico-conceptual y democrática que predomina en el núcleo dirigente de la revolución venezolana. Al parecer, para ellos, lo verdaderamente importante es su permanencia indefinida en el usufructo del poder. En tal sentido, la propuesta de “reelección continua y exclusiva” para el cargo de Presidente de la República, viene como anillo al dedo, para esa clásica visión hegemónica del ejercicio del gobierno que predomina hoy en el sector oficial venezolano. Así, desde ese añejo enfoque ideológico, la institucionalidad estatal se convierte en un “preciado botín”, desde donde se imponen regulaciones y condiciones al resto de la sociedad. Por supuesto, que tales regulaciones y condiciones institucionales sólo favorecen a los intereses y propósitos de quienes detentan el poder, en detrimento de las grandes mayorías. Es hacia allá, donde apunta la reforma constitucional.
Una reforma con tales propósitos, no admite una discusión ni un debate democrático. De allí que, el gobierno y su cuerpo de asesores revolucionarios (criollos y extranjeros) hayan descartado la realización de un proceso constituyente tratando de evadir, de esta manera una confrontación abierta y libre de ideas, que no les favorecería en lo absoluto. Una Asamblea Nacional Constituyente permitiría muy seguramente, el reagrupamiento y la legitimación de las fuerzas democráticas del país.
Y es que, pese al control y la influencia que posee la revolución sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), la elección y conformación de una Asamblea Nacional Constituyente podría contar con una fuerte representación –si no mayoritaria- de los sectores democráticos; lo cual significaría un contrapeso popular, que pudiera colocar en riesgo el alcance de los objetivos del régimen. Por otra parte y, en esas condiciones, la pluralidad de una Asamblea Nacional Constituyente –por su naturaleza supraconstitucional-, pondría al gobierno por primera vez, en una verdadera situación de control ciudadano.
El campo democrático venezolano debe prepararse para esta nueva batalla política. Y debe hacerlo con seriedad, transcendiendo la simple lamentación discursiva y la postura mediática fácil. La reforma constitucional es un tema que pertenece a todo el pueblo venezolano; sin discriminación alguna. Cada venezolano y cada venezolana tienen el legítimo derecho de estar informados y de opinar en tan trascendente asunto.
En tal sentido, alrededor de la reforma constitucional es muy factible y necesario construir espacios para la defensa de la democracia venezolana. Nadie duda que esto requiera de un gran y desinteresado esfuerzo ciudadano, organizativo y político. Eso es verdad, pero también es cierto que la defensa de la libertad, la paz y la democracia venezolana merecen eso y un poco más. Sabemos con antelación que desde el oficialismo se usarán “discrecionalmente” y bajo cualquier pretexto, los recursos institucionales del Estado para tratar de imponer su visión hegemónica del mundo, del país y de la sociedad. Eso ya está escrito, pero no hay que temerle.
La propuesta de reforma oficialista tiene; sin embargo sus utilidades. Por una parte, indica lo que NO debe hacerse para construir una democracia social; y por la otra, es un poderoso incentivo para el debate por la defensa activa –y con más fuerza y convicción- de la libertad, la inclusión y la paz. Llegó la hora, de defender la democracia.
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