LA BATALLA POR LA BASE AÉREA DE LA CARLOTA

La construcción de un núcleo de viviendas en los terrenos de la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” generó un conflicto de intereses entre los movimientos sociales, las autoridades públicas y los operadores políticos que confluyen en el Área Metropolitana de Caracas. La disputa sobre el uso de los terrenos del aeropuerto de “La Carlota”, no parece tener una solución cierta; por ahora. Sin embargo, el caso replantea de nuevo el debate –también inconcluso- sobre la calidad de las políticas públicas, en cuanto a la utilización de los espacios públicos en el ámbito capitalino.

El aeródromo de “La Carlota”, fue creado en 1945 por iniciativa privada. A partir de 1947 fue integrado al componente aéreo de las Fuerzas Armadas Nacionales, convirtiéndose de esa manera, en una base militar. Esto no impidió, que en la base aérea cohabitara la aviación militar con la civil, por casi sesenta años; hasta que el gobierno nacional restringiera su uso mediante Decreto 38.087, de fecha 15-12-2004. Con esta medida, más de doscientas aeronaves privadas tuvieron que ser “mudadas” por sus dueños a otros aeródromos o aeropuertos nacionales.

La base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” es una instalación militar; allí estuvo la sede del Comando Estratégico de la Aviación de la Fuerza Armada Nacional, hasta su reciente traslado a la ciudad de Maracay. Por su naturaleza jurídica, la gestión de esta dependencia militar corresponde al poder central. Ahora bien, la base militar se encuentra ubicada justo en el Área Metropolitana de Caracas. Su extensión alcanza unas 108 hectáreas; y, limita con tres de los cinco municipios (Baruta, Chacao y Sucre), que integran la capital de la República. Por ende, la administración de “La Carlota” tiene que considerar a las autoridades públicas metropolitanas y municipales; y mucho más en un marco de competencias gubernamentales descentralizado y concurrente.

La ubicación geográfica del “enclave militar” determina su relación directa con la ciudad; y, con la calidad de vida de los habitantes de sus zonas aledañas. A lo largo de su historia, el aeródromo de “La Carlota” ha funcionado como un espacio público, si se quiere hasta natural, con el que cuenta el Área Metropolitana de Caracas, para ocasiones relevantes. En tal sentido, baste recordar que la base aérea ha sido utilizada para la realización de espectáculos públicos musicales, para ferias y exposiciones nacionales e internacionales. ¿Y no fue acaso, en la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda” donde el Papa Juan Pablo II, realizó su histórico encuentro con miles de feligreses en Febrero de 1996? ¿Y no ha sido justamente allí, en ese mismo espacio, donde el gobierno nacional ha organizado últimamente las denominadas ferias internacionales del turismo?

La disputa por el destino final de los terrenos de “La Carlota” delata además, las inconsistencias de los actores involucrados en el problema. Primero que nada, quedó clara la violación del Presidente Chávez de los mecanismos de consulta ciudadana que contempla el ordenamiento constitucional y legal vigente en el país; y, que sin duda aplican a ese tipo de decisiones. Y es que una decisión de esta cualidad específica tiene que ser sometida a un proceso de consulta popular. No realizar ese proceso consultivo, podría acarrear la nulidad de ese acto administrativo.

Otro elemento álgido, ha sido la incapacidad pública y manifiesta de los distintos niveles de gobierno -nacional, estadal, metropolitano y municipal- para establecer una visión de conjunto sobre el desarrollo sostenible y sustentable de los espacios públicos en la ciudad de Caracas. De igual manera, el respeto de los derechos de todos los habitantes y su inclusión en los procesos de formulación, gestión y control de las políticas públicas ha sido de nuevo vulnerado por esas mismas autoridades.

La actitud de las agencias gubernamentales involucradas; tales como: los ministerios de Vivienda y Habitat y de Ciencia y Tecnología no han cumplido con la obligación de brindar información veraz y oportuna; y de rendir cuentas a los sectores sociales interesados e involucrados. Estas circunstancias podrían generar inevitables opacidades, en cuanto a la ejecución de los presupuestos públicos asignados para las obras proyectadas por el gobierno. El Cabildo Metropolitano; aunque con bastante retraso, y de forma reactiva ante la presión vecinal, trata ahora de reconducir políticamente el conflicto, buscando la conciliación de las visiones contrapuestas.

Un pequeño grupo de asociaciones vecinales del sureste de Caracas –representante de los sectores medios que habitan en esa zona- asumió el liderazgo de la lucha social, contra la construcción de las seiscientas viviendas y del parque temático en la base aérea “Generalísimo Francisco de Miranda”, anunciadas como obras por el gobierno nacional. Y en realidad, las protestas y las iniciativas presentadas por esta “alianza vecinal” no carecen de legitimidad; por el contrario, indican un alto compromiso para defender sus intereses particulares o las causas que perciben como justas. Otra cosa muy distinta, es que el propósito de la lucha de los vecinos de estas urbanizaciones, sea entendido y compartido por el resto de las comunidades organizadas del municipio Baruta y del resto del Área Metropolitana de Caracas. Su capacidad de establecer redes de cooperación y alianzas con otros sectores; aún está por verse. Si esto no ocurre, el movimiento se debilitará progresivamente.

Por otra parte, el movimiento vecinal pareciera agotar su actividad con la introducción de un recurso jurídico de amparo que logre detener las obras que se adelantan hasta ahora, en la base aérea. De la misma forma, la propuesta del “parque verde” debería ser sustentada técnicamente para que logre superar el nivel superficial de “consigna de lucha”, que por ahora ostenta. ¿Además, no podrían acaso conjugarse los proyectos de un parque verde con un parque tecnológico?

Una de las expresiones asociativas que mantiene una posición más contundente y seria en este proceso es el Colegio de Arquitectos de Venezuela. En efecto, el CAV viene proponiendo desde hace meses la realización de un “concurso de ideas” que pueda generar sinergia alrededor del tema del desarrollo urbano sustentable de la zona de La Carlota. El problema básico de esta propuesta es su alcance, que puede ser limitado sino es asumido por algunos de los actores que protagonizan el conflicto en la actualidad. En todo caso, desaprovechar las propuestas del CAV sería cometer un craso error.

Los actores políticos son los otros factores se han presentes en este evento. La movilización social alrededor de la base aérea se produce en una zona catalogada de interés estratégico por el gobierno. Por si fuera poco, el conflicto se produce justamente antes de las elecciones regionales y locales de las autoridades públicas de ese ámbito. En tal sentido y, pese a la objeción de algunos sectores vecinales, la participación de algunos precandidatos en los eventos aparenta ser un fenómeno natural. Después de todo, son figuras públicas que pudieran aportar conocimientos específicos a la lucha emprendida por los vecinos; y obtener para ellos, algunos apoyos específicos que les hagan subir en las encuestas.

Por otra parte, el oficialismo luce replegado y sin mucha capacidad de respuesta. El Alcalde Metropolitano ha insinuado su desacuerdo con la construcción de viviendas. Otros voceros oficialistas -esta vez desde el Cabildo Metropolitano-, han mantenido una posición institucional de bajo perfil; mientras quizás esperan el desgaste natural del movimiento. Desde esa misma instancia, la oposición ha sido un tanto más proactiva y ha propuesto un proceso de consulta que involucre a autoridades, académicos y ciudadanos. El Concejo Municipal de Baruta–conciente de la fuerza que tiene el movimiento vecinal en Chuao-, otorgó un derecho de palabra a los representantes vecinales para que expongan en esa Cámara, sus puntos de vista sobre el problema (la actividad se realizará el próximo Martes 1° de Abril). Mientras que el Cabildo Metropolitano realizará otro cabildo abierto (el jueves 3 de Abril); esta vez en el Parque del Este. En todo caso, y con relación a las implicaciones de este caso, los actores políticos encendieron sus alarmas. Ellos están muy claros en la trascendencia del asunto que tienen frente a sí.

La problemática de La Carlota no se resolverá en el corto plazo; salvo que se vuelvan a omitir los derechos que tienen todos los ciudadanos al disfrute democrático y equitativo de la ciudad y de sus espacios públicos. El tema de la base aérea de La Carlota tiene que evaluarse bajo una perspectiva de inclusión, de solidaridad y donde el tratamiento de los espacios públicos y el suelo urbano se correspondan con el interés ambiental, cultural y social de todos los ciudadanos y ciudadanas.

La batalla por el aeródromo de La Carlota trasciende por mucho el debate sobre la construcción de un grupo de viviendas o de un parque verde o temático. En esta batalla, se pelea por el ejercicio pleno de la ciudadanía y de su participación corresponsable en la planificación y la gestión de la ciudad. De la misma forma, es el momento de exigir y hacer valer los derechos por el diseño y ejecución de políticas públicas urbanas y ambientales de calidad, sustentables, presupuestadas con responsabilidad, con respeto al patrimonio histórico y cultural de Caracas y, orientadas estratégicamente hacia la prevención de su crecimiento urbanístico desordenado.

OTRA LEY, PARA LOS CONSEJOS COMUNALES

El gobierno nacional viene preparando –en el marco de la Ley Habitante-, una nueva ley para los consejos comunales. Esta reforma se produciría transcurridos; tan sólo dos años de la promulgación de la ley vigente. Y es que en ese lapso; aún no se tiene una evaluación técnica del impacto real de estas instancias, en la calidad de vida de aquellas comunidades donde han venido operando.

No se tiene una cifra confiable sobre la cantidad de consejos comunales registrados legalmente o de aquellos que se encuentran; aún activos. Muchos consejos comunales se encuentran próximos a cumplir con su primer período de gestión; lo cual obligaría a renovar o confirmar los voceros actuales.

Retomando el tema -antes de formular los comentarios sobre la reforma-, es importante señalar que trabajé sobre una versión de dicha propuesta del 3 de Marzo de 2008. Por consiguiente, es lógico suponer que desde entonces el proyecto de reforma considerado por el gobierno nacional, haya sido modificado en alguno de sus aspectos, que por supuesto no se comentan aquí. Pero, vayamos al punto.

I) Un primer cambio que trae la reforma de la ley es en la denominación de los consejos comunales que ahora pasarían a denominarse Consejos Comunales del Poder Popular; quizás con el propósito de identificarlos con la membresía otorgada a las dependencias ministeriales.

II) La reforma circunscribe a los Consejos Comunales del Poder Popular a la formulación, gestión, ejecución y contraloría de las políticas públicas planes y proyectos; en el marco del “Plan de la Nación” vigente; es decir, ignora la existencia de planes regionales, planes estadales y muy importante, los planes municipales de desarrollo. Esta cualidad limita las potencialidades de incidencia pública de los consejos, en su entorno inmediato.

III) La reforma de la ley, también omite –o por lo menos no menciona- a los distintos niveles de gobierno que constitucionalmente existen; quedando de esta manera subsumidos a la categoría de “órganos del Estado”.

IV) La reforma no se preocupa por definir los procesos de formulación, ejecución, gestión, control y evaluación de políticas públicas ni tampoco define las condiciones institucionales y técnicas ni tecnológicas para su ejercicio.

V) La propuesta incrementa de trece (13) a veintidós (22) los principios bolivarianos: la soberanía popular, la democracia, la integridad territorial, el respeto, la complementariedad y diversidad cultural, la corresponsabilidad, la cogestión, la autogestión comunal, la cooperación, la solidaridad, la transparencia, la honestidad, la eficacia, la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas, la responsabilidad, la contraloría social, el trabajo voluntario como escuela creadora de conciencia, la sustentabilidad ambiental, la equidad, la justicia, la igualdad social y de género y la defensa de la soberanía nacional.

VII) El proyecto de reforma determina que tanto el área geográfica como la base poblacional del consejo comunal será decidida por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas; de acuerdo a las particularidades de cada comunidad. En el caso, de la base poblacional del ámbito urbano se establece un tope de cuatrocientas familias por consejo.

VIII) Un punto importante, para la nueva ley sería la incorporación del denominado ciclo comunal, como proceso de planificación que involucraría cinco fases, a saber: diagnóstico, planificación, presupuesto, ejecución, y contraloría. Cada uno de estos procesos es tratado de manera desigual en la propuesta de reforma de la ley. De la misma manera, parecieran que no guardarían relación con los procesos de planificación, regional, estadal y municipal establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. El presupuesto comunal; por ejemplo, es considerado importante para el presupuesto nacional; pero el presupuesto participativo que se desarrolla a nivel local, ni siquiera es mencionado en la nueva ley.

IX) Otra innovación sería la creación de las comunas. Las comunas son entendidas como un conglomerado de varias comunidades agrupadas entre sí, con fines político-administrativos orientadas hacia la consecución de un modelo de sociedad colectiva. Las comunas estarían articuladas mediante un plan de gobierno común y una declaración conjunta. Estas “mancomunidades” podrían conformarse con un mínimo de dos (2) y con un máximo de diez (10) consejos comunales.

X) Quizás el elemento que más llame la atención es la inclusión de la condición “de producción socialista”, para que tanto la asamblea de ciudadanos y ciudadanas como el comité ejecutivo del consejo comunal aprueben, gestionen o ejecuten proyectos comunitarios. Con esta condición se colocaría al margen del marco constitucional vigente -y reafirmado el pasado 2 de Diciembre de 2007-, la actividad de los consejos comunales. En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no contempla el modo de producción socialista ni como principio del modelo productivo ni como condición para la presentación de solicitudes o propuestas de inversión, ante las autoridades públicas. Esta propuesta sólo agregará más dificultades a la consolidación de los consejos comunales, como medios de participación. Al parecer, el oficialismo está dispuesto a anotarse otro autogol.

XI) El proceso de elección de los consejos comunales fue simplificado notablemente. Eso se lograría mediante la concentración en una sola Comisión Organizadora de todo el proceso de estructuración y de elección del Consejo Comunal del Poder Popular. Sin embargo, la propuesta trae consigo un par de sorpresas. Una, que los miembros del comité ejecutivo serán postulados por las comisiones de trabajo o por las organizaciones existentes en la comunidad; y dos, que la Comisión Organizadora podrá constituir esas comisiones de trabajo o entidades de base comunal, en caso de que las mismas no existieran. En otras palabras, al proceso de elección del consejo comunal se le adereza un factor que restringe las condiciones de verdadera participación popular directa.

XII) La duración de los voceros será ahora de tres (3) años en funciones, con derecho a reelección. El carácter de la vocería seguirá siendo ad-honorem. Asimismo, se elimina la compensación de las erogaciones de los voceros en el cumplimento de sus funciones; por parte del fondo de gastos del consejo comunal. Un detalle adicional, es que la propuesta agrega como condición que, los integrantes del consejo comunal no posean entre sí, parentesco hasta de segundo grado de consanguinidad o afinidad.

XIII) La propuesta para la nueva ley, elimina las Comisiones Presidenciales del Poder Popular en los tres niveles político-territoriales de la República. Estas comisiones nunca funcionaron y constituyeron la mejor demostración que el burocratismo como método para la organización popular no funciona.


No hay duda que, la organización popular ha sido la gran prioridad para el gobierno nacional. Sin embargo, tampoco hay dudas que esa prioridad, es matizada por el erróneo objetivo de cooptar y someter la autonomía del movimiento popular venezolano. Innegables hijos de este proceso, los consejos comunales seguirán allí; llenos de esperanzas y de proyectos y, enfrentando a diario la dura realidad de una burocracia pública auto-referenciada, centralista y minada por la corrupción, que no ha entendido el verdadero significado de la participación popular. No en balde los consejos comunales se han convertido en la vanguardia de la protesta social en Venezuela.

EL RETORNO DE LOS PRÍNCIPES

El proceso político por el cual transita Venezuela, continúa su lenta evolución y reacomodo. Es una secuencia de eventos donde los actores en pugna, retroceden o avanzan en el tablero; de acuerdo a sus méritos propios o también por los errores que comete el contrario.

Los dos grandes bloques ideológico-políticos que han contrapuesto visiones distintas del país, nos ofrecen tratamientos diferentes, sobre sus posibilidades de organización partidista. En la actual coyuntura, el tema de los partidos políticos retoma su importancia estratégica como herramienta de trabajo; ante las sucesivas confrontaciones políticas y electorales que se avecinan indefectiblemente en el futuro.

La conformación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) nos ofrece varias lecturas. Una de ellas, es la firme determinación del Presidente Chávez de reinstalar el binomio Estado-partido (predominante en la IV República; por cierto) como paradigma dinamizador de las relaciones en el sistema político venezolano. Por otra parte, nos indica la prioridad del Presidente Chávez por estructurar una plataforma político-organizativa, que permita articular la movilización y el soporte popular necesario para la prospectiva de su proyecto.

En este contexto, la creación del PSUV, podría significar para el oficialismo, la última oportunidad de “barnizar cívicamente” el substrato militarista que caracteriza su propuesta. De hecho, el sector militar del chavismo (sea de izquierda, sea de derecha; ora exógeno o endógeno), recibió una clara y contundente derrota en los comicios internos que dieron origen a la dirección nacional de ese partido.

El hecho que un dirigente social, de vieja y larga trayectoria, como Aristóbulo Istúriz obtuviera la mayor votación, pudiera indicarnos la preferencia mayoritaria del chavismo de base, hacia una visión social y no militarista de la revolución. Igual interpretación se desprendería del acceso a la dirección del PSUV, de ciertos opinadores del canal de televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV) o también de la emergencia de militantes identificados con movimientos sociales; tales como el indígena o el estudiantil oficialista.

El descalabro político sufrido por algunos “dirigentes revolucionarios” nos augura, revanchas y nuevos enfrentamientos por el control del partido entre los distintos sectores que conviven en el oficialismo. Las próximas batallas se darán alrededor de dos importantes eventos: la conformación de las direcciones regionales (estadales y municipales) y la selección de los candidatos a las elecciones de gobernadores, alcaldes y legisladores regionales.

Quizás lo más difícil para el naciente PSUV y su dirección nacional, sea sobreponerse al liderazgo y al culto a la personalidad que ya se le rinde al Presidente de la República. La dirección nacional del PSUV deberá asumir en forma plena su función y, tratar de compartir la conducción del proceso. De lo contrario, será una dirección política inútil, carente de sentido; y por lo tanto, absolutamente prescindible. Y de ocurrir eso todo el esfuerzo emprendido se habrá perdido.

La oposición democrática venezolana tiene su propio laberinto. Allí, luego de los procesos electorales de Diciembre 2006 y Diciembre 2007 han comenzado a emerger en el panorama político nacional dos plataformas partidistas. Ellas son: “Un Nuevo Tiempo” (UNT) y el Movimiento Primero Justicia (MPJ). Ambas organizaciones, la primera con acento hacia la centro-izquierda, la otra, con un mayor énfasis hacia la derecha (moderada) parecieran encaminarse –si no cometen errores trágicos-, a desempeñar la función de principales fuerzas que permitan establecer el necesario “equilibrio democrático” que reclama el país.

Sin embargo, “Un Nuevo Tiempo” (UNT), con una relativa presencia nacional y poseedor del mayor reservorio de jóvenes líderes políticos, cometió un error táctico al postergar su proceso de definición ideológico-política. “Un Nuevo Tiempo” desaprovechó una formidable oportunidad para proyectar a toda la población, su visión de país y sus propuestas programáticas.

Por su parte, el Movimiento Primero Justicia (MPJ), quizás con mayor arraigo organizativo; tampoco ha sabido perfilar su propuesta de país e incluso no ha podido fijar con mayor fuerza posiciones alternativas, frente a las ejecutorias gubernamentales. Del resto, merece destacar el sostenido esfuerzo político-organizativo del partido COPEI por renovar sus cuadros directivos. Mientras que Acción Democrática (AD), el otrora gran partido socialdemócrata, luce perdido y oscilante, sin una estrategia clara.

A diferencia del polo gubernamental, la oposición viene de obtener algunos triunfos notables. Empero la oposición democrática sigue con dificultades para consolidar esas conquistas en el plano político-organizativo. Esos problemas radican en la escasa comprensión que aún tienen varios dirigentes de la oposición, sobre la trascendencia que justamente tienen los partidos en la política.

En múltiples ocasiones vemos que, desde la propia oposición se pretende sustituir o contraponer a los partidos políticos con otras figuras asociativas denominadas genéricamente como “sociedad civil”; cuando en realidad, ambas expresiones sociales no son antagónicas entre sí y tienen su campo de acción bastante bien delimitado. Los partidos políticos y las expresiones asociativas de la sociedad civil pueden coexistir en el marco de un sistema político democrático; combinando su gestión e incluso cooperando entre sí o defendiendo puntos de vista diferentes, como es natural.

A partir de los años ochenta, los partidos políticos han sufrido una crítica constante (y, a veces ampliamente justificada) que ha puesto en duda su vigencia como canales de participación e intermediación entre el Estado y la sociedad. Ese cuestionamiento y desaprobación (atribuido, en ocasiones y, sin pensarlo mucho a una “concepción neoliberal”) se acentuó en Venezuela a lo largo de la década de los noventa; lo que condujo finalmente a la progresiva sustitución de las maquinarias partidistas -representadas fundamentalmente por AD y COPEI-, por otros medios de organización política; tales como: el movimiento vecinal, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación o simplemente, la plataforma aluvional de algún candidato electoral “outsider” como justamente ocurrió con el MVR en las elecciones de 1998.

El cuestionamiento a los partidos encierra un desprecio por la política (y en consecuencia, por los eventos electorales); lo cual constituye un craso error. En muchas ocasiones, la consecuencia directa del aborrecimiento a los partidos y a la política suele ser la “simpatía” por salidas no democráticas, como mecanismo de resolución de conflictos. Y sin lugar a dudas, ciertos componentes minoritarios de la oposición jugaron durante un tiempo con la idea de estrategias no-democráticas para enfrentar paradójicamente al autoritarismo chavista.

Otro elemento que quizás haya debilitado las posibilidades de organización del “capital político” opositor, es el desaprovechamiento de los partidos como centros de deliberación y preparación de políticas públicas o como medios de formación y movilización popular. Otra cosa, es que para muchos ciudadanos y ciudadanas, los partidos no pasan de constituir referencias electoralistas y clientelistas y, nada más. Y ejemplos saltan a la vista.

El proceso político del país está creando las condiciones objetivas para impulsar un nuevo tejido político democrático. Al respecto, hay varios indicadores; tales como: el fracaso del concepto de partido único en el campo oficialista, la victoria de los candidatos “cívicos” dentro del PSUV, el fortalecimiento de una nueva opción de la izquierda socialista encarnada en el partido PODEMOS, la aparición de los partidos “Un Nuevo Tiempo” y “Primero Justicia”, la renovación de COPEI; y sobre todo el rescate en la salidas democráticas a través del sufragio.

Por supuesto, que un nuevo tejido político pasa por el relanzamiento de los partidos en su verdadera dimensión; es decir, como medios de articulación y encuentro popular, como tribunas para el debate ideológico-político democrático y de calidad y, como centros colectivos plurales para la regulación del ejercicio del poder. Este tejido político democrático tendrá que abrir espacios para la participación de ese nuevo conjunto de expresiones asociativas que han venido surgiendo, durante los últimos años. ¿Ha comenzado entonces, el retorno de los príncipes de Gramsci? Yo creo que sí. Al menos, hay condiciones para que ello ocurra.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA ALCALDÍA METROPOLITANA DE CARACAS

La participación es un derecho humano. En el caso venezolano, la participación ciudadana en los asuntos públicos es un derecho constitucional. La participación se encuentra articulada a la gestión de gobierno, en todos los niveles político-territoriales de la República. En las instancias político-territoriales menores, la participación ciudadana es un elemento sustancial para el gobernante y los ciudadanos.

Venezuela, en los últimos nueve años ha experimentado distintas modalidades participativas. Esos ensayos no siempre han tenido éxito; sin embargo, están allí y, han dejado su secuela. Por lo tanto, la red de instancias participativas y de sus procesos directos son una realidad ineludible que debe ser analizada de manera objetiva, en toda su magnitud para determinar y emprender los correctivos necesarios.

En el caso de la Alcaldía Metropolitana es necesario revisar críticamente, el tratamiento otorgado al ejercicio de la participación. Por ejemplo, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas (CMPPP), nunca desempeñó un papel trascendente para el desarrollo de la vida capitalina. Esta instancia ni siquiera tuvo incidencia en el diseño del plan urbano metropolitano (PUM). De igual manera, el presupuesto participativo no fue potenciado lo suficiente como medio de financiamiento de proyectos comunitarios. Los mecanismos de rendición de cuentas recíprocos, entre esa alcaldía y las comunidades, los consejos locales y consejos comunales; tampoco funcionaron de manera eficaz. Estos fracasos conducen al desaliento de los vecinos y del voluntariado capitalino.

El relanzamiento de la plataforma participativa en el ámbito metropolitano debe enmarcarse bajo tres condiciones: i) su valoración como derecho humano; lo cual implica una actitud ética en la relación gobierno-sociedad; ii) su utilización como una herramienta que brinda cercanía, corresponsabilidad y transparencia a la gestión de los gobiernos; y, iii) la asimilación adecuada de prácticas participativas exitosas emprendidas en otros municipios. En todo caso, en la Alcaldía Metropolitana se requiere en materia de participación, un cambio sustancial; y, las próximas elecciones locales son la oportunidad para ello.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRACIA SOCIAL

La recomposición de la democracia venezolana pasa inevitablemente por un nuevo modo de relación entre el Estado y la sociedad civil, basado en la corresponsabilidad, la inclusión y la libertad; es decir, sustentado en la propuesta ideológica de la democracia social.

En ese contexto, la noción de participación ciudadana y de participación del pueblo como sujeto de la gestión de gobierno, deben ser principios ineludibles de todo activista, militante o dirigente social, comunitario o político vinculado a la democracia social.

Para la democracia social, la organización y la participación debe constituir indefectiblemente la apertura a toda la ciudadanía, a todas las comunidades y a la sociedad en general, de ámbitos de gestión y de decisión de carácter político, económico y social; que se han secuestrado bajo el monopolio del Estado y, de la exclusión de un esquema de gobierno que pretende ser hegemónico.

Para la democracia social, la organización y participación popular debe estar orientada hacia un mayor acercamiento entre el Estado y la población; propiciando de esta manera un mayor control ciudadano en las ejecutorias gubernamentales, y por lo tanto, una mayor legitimidad en las decisiones adoptadas por los funcionarios públicos.

Lamentablemente bajo la actual gestión gubernamental los mecanismos de participación popular, contemplados en el marco jurídico vigente, en instancias clientelistas y sin ninguna legitimidad se convirtieron.

Al mismo tiempo, la inadecuada atención técnica oficial a las múltiples manifestaciones de participación popular se convirtió en un argumento disuasivo y desalentador a distintas comunidades que inicialmente atendieron el llamado de la “democracia participativa y protagónica”.

Otra notable desviación fue la ideologización y partidización de los medios de instancias de participación e incidencia ciudadana de ámbitos sectoriales. Las redes de Contralorías Sociales por ejemplo terminaron convirtiéndose en instancias persecutorias de aquellas que no eran afectos al régimen.

En otros casos, hubo una clara manipulación de las instancias de participación comunitaria. Así desde algunas instancias estatales se trató de cooptar a los consejos comunales; favoreciendo a aquellos cercanos a la gestión oficialista e imponiéndoles trabas y dificultades burocráticas a los consejos comunales “considerados como escuálidos”.

Es así, que como ciudadanos, hemos sido testigos de los múltiples intentos del gobierno nacional por manipular la participación ciudadana y reducirla a un mecanismo clientelar y de cooptación ideológica. Y esa manipulación ideológica-partidista de la organización y de la participación popular sólo conduce en última instancia hacia la desmovilización de lo ciudadanos y a la destrucción de su tejido social.

Es por ello que, un reto fundamental para el rescate y relanzamiento de la democracia venezolana es impostergable revalorizar el tema de la participación ciudadana como un elemento inherente a una nueva gestión de gobierno; y, como un valor doctrinario estratégico de la democracia social.

JUGANDO A LA GUERRA

Con el inadecuado tratamiento otorgado por el Gobierno Nacional al conflicto colombiano-ecuatoriano, Venezuela perdió una oportunidad formidable para asumir una posición constructiva, contributiva y de mediación entre las dos naciones andinas. El Gobierno Nacional no entendió que, a nuestro país le correspondía ejercer una posición de verdadero liderazgo; abriendo espacios hacia la reflexión y el entendimiento entre Colombia y Ecuador. Por el contrario, finalmente se impuso la visión beligerante, prevaleció el enfoque militarista quedando de esta manera, nuestro país atrapado en una indeseable situación conflictiva.

La violación de la soberanía de un país por otro, representa un acto absolutamente inaceptable; y, es además rechazada por la comunidad internacional. En ese contexto, la intromisión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano constituye un evento jurídica e institucionalmente reprochable. En tal sentido, la baja del dirigente de las FARC, Raúl Reyes si bien, otorga un éxito innegable a la política de “seguridad democrática”, implementada por la administración Uribe; contiene a su vez, un alto costo político en el ámbito internacional para Colombia. De ello, no hay duda.

La respuesta venezolana no estuvo a la altura de las circunstancias. El anuncio presidencial del pasado Domingo 2 de Marzo, sobre la movilización de 10 batallones de tanques y el despliegue de la aviación militar sonó más a propaganda que a otra cosa. Sin embargo, ese anuncio colocó a nuestro país, en una situación aislada y de poca eficacia política; frente a la posición tomada por el resto de la comunidad latinoamericana de naciones, que focalizó su atención adecuadamente en el conflicto fronterizo colombo-ecuatoriano.

El día Martes 4 de Marzo, y en una proporción directa, al anuncio dominical venezolano, el gobierno colombiano prometió que denunciará al Presidente Chávez ante la Corte Penal Internacional por un presunto “financiamiento y patrocinio a genocidas”. En otras palabras, se ha servido la mesa para generar, por lo menos una “escaramuza fronteriza” innecesaria entre dos naciones históricamente hermanadas; con 2 mil kilómetros de frontera, y con una próspera relación económica bilateral. Como un dato adicional, debe señalarse que en Venezuela reside una amplísima colonia colombiana que sobrepasa ligeramente los 4 millones de personas.

Las consecuencias en la población venezolana de estos pronunciamientos oficiales no se han hecho esperar: han producido ansiedad e incertidumbre; pero también un creciente sentimiento de desaprobación ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre Colombia y Venezuela. En medio de esta situación, lo que sí parece claro es la pretensión del oficialismo de capitalizar en forma política, organizativa o electoral la actual coyuntura. El mismo Martes 4 de Marzo, una pintoresca manifestación de sectores oficialistas autodenominados “radicales y milicias populares” pretendía reivindicar para la revolución bolivariana un posible conflicto con Colombia; mientras desde la Asamblea Nacional se denunciaba la relación de sectores colaboracionistas con el enemigo externo (que estarían ubicados en la oposición).

Las organizaciones comunitarias y sociales independientes defensoras de las libertades democráticas y de los derechos humanos deben “encender sus luces de alerta” y permanecer vigilantes frente a cualquier iniciativa del oficialismo que, bajo la actual crisis pretenda restringir los derechos constitucionales del pueblo. No sería extraña una ola represiva en contra de la oposición democrática venezolana.

La guerra NO es un juego. La guerra sólo trae consigo muerte, destrucción y resentimiento. Ningún pueblo del mundo merece padecer un enfrentamiento bélico. Y nuestro pueblo tampoco. En buena hora, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha comenzado su gestión.

LA GRAN REVANCHA

El Presidente de la República viene anunciando con motivo de las elecciones de gobernadores, diputados estadales, alcaldes metropolitanos y alcaldes municipales del próximo mes de Noviembre que se producirá una revancha. Y es posible que eso ocurra; porque al parecer, el pueblo se cansó de la ineficacia oficial y luce aburrido de su discurso disfuncional. En otras palabras, en Noviembre el gobierno podría sufrir otra importante derrota.

El oficialismo está sumergido en una delicada operación de “cirugía política” con la cual pretende afrontar la crisis de su frente interno político-organizativo y también su bajo rendimiento como gobierno. En su ámbito interno, la dispersión y el desánimo se han convertido en una tendencia casi irreversible después de la estratégica derrota política y electoral sufrida el pasado 2 Diciembre. Por otra parte, el rendimiento decreciente de la gestión pública se ha convertido en otro motor que carcome la credibilidad de la revolución: ya van nueve años de gobierno.

Frente a esto, el reimpulso revolucionario recaerá de nuevo sobre la figura del Presidente Chávez (y no podía ser de otra manera; según esa lógica de pensamiento). Así, el portaviones presidencial; aunque un poco más gastado asumirá otra vez, la vanguardia para el repunte electoral que el oficialismo necesita a gritos. Para ello, el discurso anti-imperialista, la exaltación emotiva de las clásicas consignas radicales y la “exhibición” de la obra de gobierno se ventilarán con progresiva intensidad de ahora en adelante; y hasta Noviembre.

La formación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) constituye un elemento vital para el reimpulso oficialista o para intentar cualquier tipo de revancha. De allí, el empeño presidencial en articular a través del PSUV un “brazo político sólido” que le permita controlar al movimiento popular y cooptarlo, para su particular visión del mundo, de la sociedad y del país.

El naciente PSUV ya expresa la lucha entre las distintas “burocracias políticas” del oficialismo por su control. La expulsión de Luis Tascón (ahora pre-candidato a la Alcaldía del Municipio Libertador), es una ligera muestra de ello. Pero más allá, lo verdaderamente importante es que ese enfrentamiento interno no se corresponde con las aspiraciones de las bases oficialistas. De tal manera, que ese conflicto podría convertirse en un elemento disuasivo para la clientela más cercana al proyecto bolivariano. Y ojo con esto, porque desde allí también puede gestarse otra revancha, que el gobierno no espera. En ese contexto, la designación del Presidente Chávez como presidente del PSUV no representa novedad alguna; y más bien pasó casi inadvertida.

Por último, la reaparición de la violencia en el país puede indicar el grado de desesperación y de desorientación que se padece en las filas del oficialismo. Y es que, ante la incapacidad pública y notoria de la “dirección política del proceso”, de fijar una estrategia de acción y reagrupamiento, sectores extremistas optaron por desarrollar una especie de “terrorismo niplero” en determinadas zonas de Caracas. El resultado ha sido la infortunada pérdida de la vida de un venezolano.

En Venezuela, a pesar de su actual bonanza petrolera, la escasez y la carestía de alimentos vitales, la inseguridad personal y la decadencia de ciertos programas sociales se consolidan cada día. El oficialismo ha tomado conciencia de ello; por lo que emprendió una amplia campaña propagandística, acompañada de algunas medidas de emergencia para enfrentar la grave problemática en temas como la seguridad y la distribución de alimentos.

Hasta ahora las políticas públicas propuestas por el gobierno son muy pobres. Al tema de seguridad se le ha otorgado un tinte ideológico que sólo crea más opacidades. Mientras al tema alimentario se le trata de afrontar; mediante importaciones masivas y el ataque político (tampoco podía faltar) al sector privado empresarial venezolano.


El cierre del canal de noticias Globovisión luce como un paso más de esa gran revancha. Pareciera que, el gobierno comenzó una campaña de “preparación” para intentar el cese de transmisiones de esa planta televisiva. ¿Cederá el oficialismo finalmente a la tentación de suprimir otro medio de comunicación independiente? Al respecto, ya hay precedentes. El cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) es un hecho que los venezolanos no olvidan. La “revolución venezolana” ha sido hostil contra periodistas, reporteros gráficos, editores y medios de comunicación social independientes. ¿Asumirá entonces, el gobierno el costo político de esta revancha, de cara a las elecciones de Noviembre?

El oficialismo y, fundamentalmente el Presidente Chávez comprenden su situación desventajosa en la que se encuentran frente a la oposición, los factores alternativos del chavismo; y de manera primordial ante un pueblo que cansado de manipulaciones amenaza con incrementar la protesta social.

Ha comenzado el reimpulso hacia la gran revancha. Sin embargo, factores como la crisis interna del oficialismo con su “chavismo extremista” operando sin control alguno, sumado al bajo rendimiento en las políticas públicas y la clara tendencia autoritaria del proyecto bolivariano; atentan contra el éxito de esa posibilidad. No lo olviden, el 2 de Diciembre de 2007, Venezuela cambió para siempre. Venezuela decidió ser soberana e independiente.