Los resultados electorales obtenidos el pasado Domingo en la Alcaldía Metropolitana reflejan la realidad diversa y plural del Distrito Metropolitano de Caracas. Así encontramos a un nuevo bloque de autoridades locales procedentes de seis organizaciones políticas distintas, como Antonio Ledezma de Alianza Bravo Pueblo (ABP) en la Alcaldía Metropolitana, Jorge Rodríguez del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el Municipio Libertador, Gerardo Blyde de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el Municipio Baruta, Carlos Ocariz de Primero Justicia (PJ) en el Municipio Sucre, Miriam Do Nascimento de Acción Democrática (AD) en el Municipio El Hatillo y Emilio Graterón de factores independientes en el Municipio Chacao.
Esta cualidad variopinta de las nuevas autoridades metropolitanas, nos indica -desde ya-, el tramado complejo de concertación y negociación que rodeará previamente el diseño, ejecución y control de las políticas públicas en el ámbito de la ciudad de Caracas. Ahora más que nunca se necesita una visión compartida e integrada de la amplia problemática de nuestra ciudad capital. Comienza así, un período de gestión gubernamental que pondrá a prueba la capacidad de entendimiento político y de gestión eficaz y coordinada de cada uno de los alcaldes recientemente electos.
Los problemas de ambiente, infraestructura, urbanismo y seguridad que padece nuestra ciudad van a requerir del esfuerzo mancomunado de cada una de las nuevas autoridades; enfocar la resolución de los problemas de la ciudad de manera aislada y competitiva, sólo conducirá al agravamiento de las deficiencias que en materia de calidad de vida vienen afectando a los habitantes del Área Metropolitana de Caracas. En tal sentido, instancias como el Consejo Metropolitano de Gobierno y el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas pueden ser espacios que se utilicen para la construcción de consensos y de acuerdos, en cuanto al diseño de las grandes orientaciones programáticas que pudieran dar forma a una mejor ciudad.
La pluralidad y la diversidad ciudadana han ganado el espacio que merecen en las instancias del gobierno metropolitano. Eso es un buen comienzo, que las nuevas autoridades públicas no deben desaprovechar.
lunes, noviembre 24, 2008
lunes, noviembre 17, 2008
EL 23-N: LA DECISIÓN LE CORRESPONDE AL PUEBLO
Cada uno de los principales bloques políticos en disputa -electoralmente por los espacios de gobierno regional-, ha venido cumpliendo su parte. Dos propuestas de gestionar el desarrollo regional han sido puestas sobre la mesa. Ahora le corresponde al pueblo decidir; mediante el sufragio a favor de la oferta electoral que le haya resultado más atractiva. ¿Hacia dónde se inclinará esta vez la balanza electoral? Sobre ese particular, hay opiniones diversas y encontradas. Lo que sí parece claro, es que cualquiera que sea el resultado del 23 de Noviembre, continuará en el país la polarización ideológico-política.
La campaña electoral desarrollada por el sector oficial giró en torno a una figura central: la del Presidente de la República y los logros de su gestión. Como complemento se emplearon ciertos recursos legales como las inhabilitaciones políticas, para así descartar a rivales electorales con muy seguras probabilidades de triunfo y, también se usó un discurso agresivo y violento para tratar de cohesionar y evitar la migración del electorado oficialista hacia el campo de la oposición. Esto ha traído consigo algunas lamentables perversiones como el reforzamiento al personalismo y sobretodo el resurgimiento de la intolerancia; mediante el insulto, la descalificación personal y la amenaza e intimidación del adversario, en forma pública y notoria.
En contraposición al oficialismo, la oferta alternativa, la oferta de los sectores democráticos ha tratado de fundamentarse en una propuesta de unidad, de inclusión y de cambio. Por supuesto, que la oferta opositora ha sido mucho más difusa -y quizás hasta más abstracta- empero ha tenido la firme intención de constituirse en una propuesta programática alternativa al oficialismo. Quizás la mayor debilidad de la oposición sea su atomización y dispersión. Al respecto, cabe señalar que los sectores democráticos e independientes presentaron unos 1696 candidatos frente a los 808 candidatos oficialistas (a gobernaciones y alcaldías, principalmente). Esta situación provocó serias dificultades para la elaboración de agendas locales concretas y, para impulsar y debatir la gestión del 70% de gobernaciones y alcaldías, en manos del oficialismo.
Se debe rescatar como un valor agregado de esta campaña electoral, el aporte democrático de distintas entidades de la sociedad civil organizada. Organizaciones como “Ojo Electoral” o la Asociación Civil “SÚMATE” desarrollaron una intensa actividad preparando testigos y observadores electorales independientes. “SUMATE” dirigió la realización de un proceso de primarias en el estado Aragua, con el propósito de escoger al candidato de la oposición en esa entidad federal. El grupo social “CESAP” por su parte impulsó a nivel nacional una campaña denominada “Agendas Ciudadanas”, que propiciaron el encuentro entre ciudadanos y candidatos para la discusión cercana de las propuestas y las necesidades más sentidas desde el punto de vista de las comunidades. Otras ONG´s como la A.C. “CONVITE”, y el Instituto Latinoamericano de Organizaciones Sociales (ILDIS), emprendieron el seguimiento a las agendas sociales electorales propuestas por los candidatos, difundiendo los resultados de su estudio en buena parte del país. Así mismo, la asociación nacional de organizaciones de la sociedad civil “SINERGIA” inició la campaña denominada “Pa´ Dónde Vas Venezuela” orientada hacia la motivación de la participación y del fortalecimiento de la democracia.
Hay que estar claros, los comicios regionales nos ofrecerán unos resultados regionalizados con una correlación de fuerzas político-electoral distribuida de una forma variable por todo el país. Bajo esta premisa, será difícil para el gobierno nacional emprender un proceso de control hegemónico de la sociedad venezolana. Sin embargo, esto no quiere decir que el bloque oficial abandone sus intentos por imponer su visión ideológica, con lo cual sólo profundizará la división del país. La lucha ideológica y política se acentuará de nuevo, después de las elecciones regionales del próximo domingo. Por ello, es importante participar.
La población en general debe comprender que la distribución de gobernaciones y alcaldías obtenidas por el oficialismo, por sus sectores disidentes o por la oposición determinará la fluidez institucional del procesamiento de la agenda de desarrollo regional que tiene planteada el país, hoy. Cabe agregar que, ese procesamiento no será muy fluido si consideramos la contraposición y la distancia de las dos propuestas de gestión del desarrollo local (centralismo/descentralización) que se medirán en los comicios. Hay que prepararse para el debate ideológico.
La defensa y aplicación del modelo federal descentralizado contenido en la Constitución Bolivariana debería convertirse en un elemento distintivo de la acción de los sectores democráticos, luego del 23-N. En tal sentido, temas relacionados con el ejercicio de las potestades federales como: la descentralización y la transferencia de programas, la articulación de vínculos institucionales entre los tres niveles de gobierno (el Consejo Federal de Gobierno), la defensa de las finanzas estadales y municipales y de los recursos que constitucional y legalmente le pertenecen a los mismos (situado constitucional); así como la incorporación efectiva del pueblo a la gestión pública deben convertirse en la bandera de lucha de las nuevas autoridades públicas electas y sobretodo de la ciudadanía en general; es decir, del pueblo organizado.
Esta misma semana se nos presenta a todos los venezolanos y venezolanas una oportunidad formidable para impulsar; mediante el sufragio, la necesaria y requerida democratización de la gestión de gobierno y el restablecimiento del equilibrio político en Venezuela. Vamos a votar para consolidar en todo el territorio nacional una alternativa emergente, fundamentada en el respeto de los principios y derechos democráticos, de las libertades públicas, de la inclusión social y de la tolerancia. Rescatemos el futuro, votemos todos el Domingo 23 de Noviembre.
miguelgmarregot@gmail.com
La campaña electoral desarrollada por el sector oficial giró en torno a una figura central: la del Presidente de la República y los logros de su gestión. Como complemento se emplearon ciertos recursos legales como las inhabilitaciones políticas, para así descartar a rivales electorales con muy seguras probabilidades de triunfo y, también se usó un discurso agresivo y violento para tratar de cohesionar y evitar la migración del electorado oficialista hacia el campo de la oposición. Esto ha traído consigo algunas lamentables perversiones como el reforzamiento al personalismo y sobretodo el resurgimiento de la intolerancia; mediante el insulto, la descalificación personal y la amenaza e intimidación del adversario, en forma pública y notoria.
En contraposición al oficialismo, la oferta alternativa, la oferta de los sectores democráticos ha tratado de fundamentarse en una propuesta de unidad, de inclusión y de cambio. Por supuesto, que la oferta opositora ha sido mucho más difusa -y quizás hasta más abstracta- empero ha tenido la firme intención de constituirse en una propuesta programática alternativa al oficialismo. Quizás la mayor debilidad de la oposición sea su atomización y dispersión. Al respecto, cabe señalar que los sectores democráticos e independientes presentaron unos 1696 candidatos frente a los 808 candidatos oficialistas (a gobernaciones y alcaldías, principalmente). Esta situación provocó serias dificultades para la elaboración de agendas locales concretas y, para impulsar y debatir la gestión del 70% de gobernaciones y alcaldías, en manos del oficialismo.
Se debe rescatar como un valor agregado de esta campaña electoral, el aporte democrático de distintas entidades de la sociedad civil organizada. Organizaciones como “Ojo Electoral” o la Asociación Civil “SÚMATE” desarrollaron una intensa actividad preparando testigos y observadores electorales independientes. “SUMATE” dirigió la realización de un proceso de primarias en el estado Aragua, con el propósito de escoger al candidato de la oposición en esa entidad federal. El grupo social “CESAP” por su parte impulsó a nivel nacional una campaña denominada “Agendas Ciudadanas”, que propiciaron el encuentro entre ciudadanos y candidatos para la discusión cercana de las propuestas y las necesidades más sentidas desde el punto de vista de las comunidades. Otras ONG´s como la A.C. “CONVITE”, y el Instituto Latinoamericano de Organizaciones Sociales (ILDIS), emprendieron el seguimiento a las agendas sociales electorales propuestas por los candidatos, difundiendo los resultados de su estudio en buena parte del país. Así mismo, la asociación nacional de organizaciones de la sociedad civil “SINERGIA” inició la campaña denominada “Pa´ Dónde Vas Venezuela” orientada hacia la motivación de la participación y del fortalecimiento de la democracia.
Hay que estar claros, los comicios regionales nos ofrecerán unos resultados regionalizados con una correlación de fuerzas político-electoral distribuida de una forma variable por todo el país. Bajo esta premisa, será difícil para el gobierno nacional emprender un proceso de control hegemónico de la sociedad venezolana. Sin embargo, esto no quiere decir que el bloque oficial abandone sus intentos por imponer su visión ideológica, con lo cual sólo profundizará la división del país. La lucha ideológica y política se acentuará de nuevo, después de las elecciones regionales del próximo domingo. Por ello, es importante participar.
La población en general debe comprender que la distribución de gobernaciones y alcaldías obtenidas por el oficialismo, por sus sectores disidentes o por la oposición determinará la fluidez institucional del procesamiento de la agenda de desarrollo regional que tiene planteada el país, hoy. Cabe agregar que, ese procesamiento no será muy fluido si consideramos la contraposición y la distancia de las dos propuestas de gestión del desarrollo local (centralismo/descentralización) que se medirán en los comicios. Hay que prepararse para el debate ideológico.
La defensa y aplicación del modelo federal descentralizado contenido en la Constitución Bolivariana debería convertirse en un elemento distintivo de la acción de los sectores democráticos, luego del 23-N. En tal sentido, temas relacionados con el ejercicio de las potestades federales como: la descentralización y la transferencia de programas, la articulación de vínculos institucionales entre los tres niveles de gobierno (el Consejo Federal de Gobierno), la defensa de las finanzas estadales y municipales y de los recursos que constitucional y legalmente le pertenecen a los mismos (situado constitucional); así como la incorporación efectiva del pueblo a la gestión pública deben convertirse en la bandera de lucha de las nuevas autoridades públicas electas y sobretodo de la ciudadanía en general; es decir, del pueblo organizado.
Esta misma semana se nos presenta a todos los venezolanos y venezolanas una oportunidad formidable para impulsar; mediante el sufragio, la necesaria y requerida democratización de la gestión de gobierno y el restablecimiento del equilibrio político en Venezuela. Vamos a votar para consolidar en todo el territorio nacional una alternativa emergente, fundamentada en el respeto de los principios y derechos democráticos, de las libertades públicas, de la inclusión social y de la tolerancia. Rescatemos el futuro, votemos todos el Domingo 23 de Noviembre.
miguelgmarregot@gmail.com
miércoles, noviembre 12, 2008
SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE FUNCIONES Y DECISIONES EN EL ALTO GOBIERNO NACIONAL
El gobierno nacional ha emprendido un amplio proceso de concentración y centralización de funciones administrativas con el claro propósito de fortalecer sus capacidades de gestión estratégica que le permita impulsar, negociar y hasta imponer con eficacia sus políticas y acciones con los gobiernos estaduales y locales, la sociedad civil y el resto de los actores del sistema político venezolano. Este reacomodo institucional –que puede ser legítimo; según se vea- se viene realizando; sin embargo, bajo un enfoque concentrador y propiciador de una “delegación en la toma de decisiones hacia arriba”, donde la función decisora del Ejecutivo Nacional y, más aún la intervención de la figura de la Presidencia de la República desempeña un papel relevante. Y este enfoque, entorpece y obstruye las iniciativas hacia una gestión pública descentralizada.
En este contexto, se ubicó el proceso habilitante mediante el cual el Presidente de la República, en un lapso de dieciocho meses (entre el 01-02-2007 y el 31-07-2008), promulgó sesenta y seis (66) leyes, en algunas de las cuales se propone o se acentúa por lo menos:
- el desarrollo de un nuevo modelo de organización para el país como es el modelo socialista, que no se encuentra contemplado en el marco constitucional vigente.
- el reforzamiento de las funciones rectoras de los ministerios y su relación operativa desconcentrada con las comunidades organizadas para el avance de los programas públicos.
- el impulso de las bases para un nuevo ordenamiento territorial (la Nueva Geometría del Poder); mediante la designación de autoridades regionales y autoridades únicas de área para la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio (Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional, Decreto Nº 6.217 del 15 de Julio de 2008); y
- la intervención de agentes estatales y militares en la actividad de las organizaciones sociales y comunitarias; a través de las milicias contempladas en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Decreto Nº 6.239 de fecha 22 de Julio de 2008).
Por otra parte, desde el mismo bloque gubernamental se han ensayado algunas propuestas políticas destinadas a sentar las bases para una reversión de algunos avances obtenidos en pasado por el proceso de descentralización y transferencias de competencias. En efecto, este año 2008 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión –y por urgencia reglamentaria- un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias del Poder Público (año 1990). Mediante dicha reforma el Ejecutivo Nacional, por órgano del Presidente de la República podría revertir las transferencias de las competencias concedidas a los estados; así como también decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios públicos trasferidos (El Nacional, 18 de Abril de 2008). Cabe señalar que, pocos días después; y bajo supuestas “órdenes superiores”; la misma Asamblea Nacional “acordó suspender por tiempo indefinido la discusión del proyecto de la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, cambios que de haber sido aprobados revertirían la transferencia de competencias de bienes y servicios” (El Nacional, 23 de Abril de 2008).
Un elemento adicional en el proceso de revisión y rectificación que sobre el modelo federal y descentralizado adelanta el sector gubernamental venezolano está relacionado con el Distrito Metropolitano de Caracas. Se trata de la creación de la Comisión Presidencial de Planes y Proyectos para la Gran Caracas; según el Decreto Presidencial Nº 6.090 de fecha 27 de Mayo de 2008 (y que fuera posteriormente reformada; según Gaceta Oficial Nº 38.969 de fecha 9 de Julio de 2008).
El objeto de dicha entidad sería proyectar las acciones urbanísticas de carácter extraordinario que permitan al gobierno nacional su ejecución en la ciudad de Caracas y sus áreas de influencia; a través de de los diferentes organismos públicos (El Universal, 11-07-2008). Con la creación de esta Comisión Presidencial se trataría indudablemente de centralizar en el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, la ejecución de todos los planes de desarrollo urbanístico, con lo cual se vulnera al Distrito Metropolitano de Caracas como entidad político-territorial descentralizada del ejercicio de ciertas competencias propias establecidas en la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, (Gaceta Oficial Nº 36.906 de fecha 08 de Marzo de 2001); a saber: la planificación y ordenación urbanística, ambiental, arquitectura civil y viviendas de interés social y, la atención de los parques y espacios abiertos de carácter metropolitano.
En este contexto, se ubicó el proceso habilitante mediante el cual el Presidente de la República, en un lapso de dieciocho meses (entre el 01-02-2007 y el 31-07-2008), promulgó sesenta y seis (66) leyes, en algunas de las cuales se propone o se acentúa por lo menos:
- el desarrollo de un nuevo modelo de organización para el país como es el modelo socialista, que no se encuentra contemplado en el marco constitucional vigente.
- el reforzamiento de las funciones rectoras de los ministerios y su relación operativa desconcentrada con las comunidades organizadas para el avance de los programas públicos.
- el impulso de las bases para un nuevo ordenamiento territorial (la Nueva Geometría del Poder); mediante la designación de autoridades regionales y autoridades únicas de área para la planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas, planes y proyectos de ordenación y desarrollo del territorio (Ley Orgánica de la Administración Pública Nacional, Decreto Nº 6.217 del 15 de Julio de 2008); y
- la intervención de agentes estatales y militares en la actividad de las organizaciones sociales y comunitarias; a través de las milicias contempladas en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Decreto Nº 6.239 de fecha 22 de Julio de 2008).
Por otra parte, desde el mismo bloque gubernamental se han ensayado algunas propuestas políticas destinadas a sentar las bases para una reversión de algunos avances obtenidos en pasado por el proceso de descentralización y transferencias de competencias. En efecto, este año 2008 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión –y por urgencia reglamentaria- un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias del Poder Público (año 1990). Mediante dicha reforma el Ejecutivo Nacional, por órgano del Presidente de la República podría revertir las transferencias de las competencias concedidas a los estados; así como también decretar la intervención de bienes y prestaciones de servicios públicos trasferidos (El Nacional, 18 de Abril de 2008). Cabe señalar que, pocos días después; y bajo supuestas “órdenes superiores”; la misma Asamblea Nacional “acordó suspender por tiempo indefinido la discusión del proyecto de la reforma de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, cambios que de haber sido aprobados revertirían la transferencia de competencias de bienes y servicios” (El Nacional, 23 de Abril de 2008).
Un elemento adicional en el proceso de revisión y rectificación que sobre el modelo federal y descentralizado adelanta el sector gubernamental venezolano está relacionado con el Distrito Metropolitano de Caracas. Se trata de la creación de la Comisión Presidencial de Planes y Proyectos para la Gran Caracas; según el Decreto Presidencial Nº 6.090 de fecha 27 de Mayo de 2008 (y que fuera posteriormente reformada; según Gaceta Oficial Nº 38.969 de fecha 9 de Julio de 2008).
El objeto de dicha entidad sería proyectar las acciones urbanísticas de carácter extraordinario que permitan al gobierno nacional su ejecución en la ciudad de Caracas y sus áreas de influencia; a través de de los diferentes organismos públicos (El Universal, 11-07-2008). Con la creación de esta Comisión Presidencial se trataría indudablemente de centralizar en el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, la ejecución de todos los planes de desarrollo urbanístico, con lo cual se vulnera al Distrito Metropolitano de Caracas como entidad político-territorial descentralizada del ejercicio de ciertas competencias propias establecidas en la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, (Gaceta Oficial Nº 36.906 de fecha 08 de Marzo de 2001); a saber: la planificación y ordenación urbanística, ambiental, arquitectura civil y viviendas de interés social y, la atención de los parques y espacios abiertos de carácter metropolitano.
domingo, noviembre 02, 2008
LA DESCENTRALIZACIÓN COMO CAMINO A UN DESARROLLO REGIONAL DEMOCRÁTICO
La descentralización territorial está vinculada a la democracia política; lo cual implica que se realice una efectiva redistribución del poder mediante procedimientos también democráticos. La descentralización representa un mecanismo para revalorizar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. La descentralización requiere de un proceso de reestructuración interno del Estado (y de la administración pública en sus distintos niveles político-territoriales); así como también del fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales y de las comunidades organizadas para aceptar las nuevas responsabilidades que ese proceso trae consigo.
Por otra parte, una gestión local descentralizada -si bien ofrece innegables ventajas por la cercanía y empoderamiento ciudadano, alrededor de las decisiones de unas autoridades públicas elegidas de manera directa, universal y secreta; mediante el sufragio-, también se encuentra en la obligación de seguir los lineamientos nacionales de política y de desarrollo. La descentralización no supone la ruptura político-territorial ni la desintegración de un país por su carácter federal. Lo que sí conlleva es al necesario desarrollo de mecanismos de coordinación entre las distintas autoridades públicas para lograr un mejoramiento en las ejecutorias gubernamentales que a cada uno le corresponda realizar en un mismo o diferente sector de actividad pública.
Y es que, la descentralización de la gestión pública no se contrapone con la desconcentración administrativa que suelen implementar los gobiernos centrales. Por supuesto que, la delegación de atribuciones y competencias del gobierno central en sus agentes estadales –o nivel desconcentrado-, es un paso importante para promover una gestión relativamente cercana a las realidades regionales y locales; sin embargo, la desconcentración administrativa es insuficiente para alcanzar la descentralización y la democratización de la actividad gubernamental.
En el contexto descrito, una gestión local descentralizada tendría obligatoriamente que fijarse como propósito; por lo menos, lo siguiente: el aumento de la eficacia y de la eficiencia en la realización de los programas y proyectos locales; tanto de carácter urbano como rural, el impulso de una mayor participación de la población en el diseño, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y, lograr una adecuada articulación con la representación gubernamental del nivel central.
De igual manera, los procesos de descentralización y transferencia requieren de un apropiado proceso de definición, convenimiento, planificación y ejecución. De allí, la importancia de la presencia –o más bien existencia- de una instancia como el Consejo Federal de Gobierno (CRBV, artículo 185) y de su componente financiero como es el Fondo de Compensación Interterritorial. El tema económico-financiero resulta crucial para el desarrollo de los procesos de descentralización y transferencia, en atención a las dificultades que representaría la existencia espacios federales muy pequeños y con escaso acceso a los mecanismos de financiamiento establecidos en la Constitución Bolivariana y el marco legal vigente.
El fortalecimiento de las agencias oficiales de gobierno estadal y local constituye un evento fundamental para el sistema político venezolano en un doble sentido: para impulsar y contribuir a la consolidación del modelo federal, descentralizado y cooperativo que determina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, para lograr impulsar una gestión eficaz, eficiente, transparente y responsable de las políticas públicas en cada región del país en correspondencia con sus aspiraciones, necesidades y propuestas.
Por otra parte, una gestión local descentralizada -si bien ofrece innegables ventajas por la cercanía y empoderamiento ciudadano, alrededor de las decisiones de unas autoridades públicas elegidas de manera directa, universal y secreta; mediante el sufragio-, también se encuentra en la obligación de seguir los lineamientos nacionales de política y de desarrollo. La descentralización no supone la ruptura político-territorial ni la desintegración de un país por su carácter federal. Lo que sí conlleva es al necesario desarrollo de mecanismos de coordinación entre las distintas autoridades públicas para lograr un mejoramiento en las ejecutorias gubernamentales que a cada uno le corresponda realizar en un mismo o diferente sector de actividad pública.
Y es que, la descentralización de la gestión pública no se contrapone con la desconcentración administrativa que suelen implementar los gobiernos centrales. Por supuesto que, la delegación de atribuciones y competencias del gobierno central en sus agentes estadales –o nivel desconcentrado-, es un paso importante para promover una gestión relativamente cercana a las realidades regionales y locales; sin embargo, la desconcentración administrativa es insuficiente para alcanzar la descentralización y la democratización de la actividad gubernamental.
En el contexto descrito, una gestión local descentralizada tendría obligatoriamente que fijarse como propósito; por lo menos, lo siguiente: el aumento de la eficacia y de la eficiencia en la realización de los programas y proyectos locales; tanto de carácter urbano como rural, el impulso de una mayor participación de la población en el diseño, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y, lograr una adecuada articulación con la representación gubernamental del nivel central.
De igual manera, los procesos de descentralización y transferencia requieren de un apropiado proceso de definición, convenimiento, planificación y ejecución. De allí, la importancia de la presencia –o más bien existencia- de una instancia como el Consejo Federal de Gobierno (CRBV, artículo 185) y de su componente financiero como es el Fondo de Compensación Interterritorial. El tema económico-financiero resulta crucial para el desarrollo de los procesos de descentralización y transferencia, en atención a las dificultades que representaría la existencia espacios federales muy pequeños y con escaso acceso a los mecanismos de financiamiento establecidos en la Constitución Bolivariana y el marco legal vigente.
El fortalecimiento de las agencias oficiales de gobierno estadal y local constituye un evento fundamental para el sistema político venezolano en un doble sentido: para impulsar y contribuir a la consolidación del modelo federal, descentralizado y cooperativo que determina la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, para lograr impulsar una gestión eficaz, eficiente, transparente y responsable de las políticas públicas en cada región del país en correspondencia con sus aspiraciones, necesidades y propuestas.
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