El Distrito Metropolitano de Caracas requiere un proceso de transformación integral y de largo plazo; orientado hacia la mejora de la calidad de vida de todos sus ciudadanos. Esa transformación integral tendría que basarse en una alianza del binomio gobierno-ciudadanía, impulsada desde la Alcaldía Metropolitana. Esta alianza serviría de plataforma para los cambios que requiere nuestra ciudad, garantizando a la vez un acento participativo y social.
Convertir a Caracas en una “ciudad para la vida” requiere de una variada gama de acciones en distintos campos como: la gobernabilidad y la participación, la seguridad, la inclusión y la habilitación de barrios, la economía, el bienestar y la solidaridad social, la renovación urbana, la movilidad y, el rescate del medio ambiente y los espacios públicos.
Tales transformaciones suponen una ciudad dirigida bajo una visión autónoma, descentralizada y moderna; con un gobierno transparente y fortalecido, con una clara delimitación de sus competencias y atribuciones y, con sostenibilidad financiera y presupuestaria que permita elevar el desempeño en la ejecución de las políticas públicas. Caracas reclama la elaboración de un Plan Estratégico de Desarrollo, que recoja la diversidad de opiniones de las fuerzas vivas de su área metropolitana; privilegiando así la corresponsabilidad, la descentralización y la desconcentración como medios de gestión.
La transformación ciudadana de Caracas implica la renovación democrática del Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas, el mejoramiento de instancias de participación; tales como: los consejos comunales, la justicia de paz, las contralorías sociales y el presupuesto participativo otorgándoles el sentido de la eficacia, la inclusión y la pluralidad que han perdido. Un amplio proyecto de educación y de apoyo institucional para la organización y participación comunitaria, serían –sin duda alguna-, parte sustancial de esa agenda ciudadana para el cambio.
jueves, enero 22, 2009
miércoles, enero 14, 2009
VENEZUELA: LA QUIMERA DE LA ENMIENDA
La acción política del bloque socialista oficial -definitivamente perturbada por un oscuro afán reeleccionista-, se aleja cada vez más del marco constitucional bolivariano vigente en el país. Y es que ahora, además de la proposición de reelección indefinida para el cargo de Presidente de la República, se ha extendido la misma intención continuista para todos los cargos de elección popular como diputados a la Asamblea Nacional, a las Gobernaciones de las entidades federales, a las Alcaldías Metropolitanas, a las Alcaldías Municipales y, los diputados a los Consejos Legislativos Regionales, a los Concejos Municipales y a las Juntas Parroquiales. Es decir, el oficialismo “dió su salto cualitativo” y, de una propuesta de enmienda (ampliamente desaprobada; por cierto) pasó a una propuesta de reforma constitucional de las bases de elección de nuestro sistema republicano. La enmienda es ahora una reforma.
En realidad y, aunque en Venezuela se haya impuesto lamentablemente un escepticismo en cuanto a la vigencia de la aplicación de la Constitución y del resto del marco legal; no puede dejar de mencionarse que, la nueva propuesta presidencial supone la reforma de seis (6) artículos sustanciales de nuestra Constitución Bolivariana como lo son: el número 160 (referido a la elección de gobernadores), el 162 (vinculado a la elección de diputados a los consejos legislativos regionales), el 174 (que toca a los alcaldes), el 175 (relacionado con los concejales), el 192 (relacionado con la elección de diputados a la Asamblea Nacional y, por supuesto, el 230 –el más codiciado- que comprende la reelección del cargo del Presidente de la República. Pero además, la sugerencia oficial también supondría la reforma de otros instrumentos legales como: la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y las leyes especiales referidas a los Distritos Metropolitanos de Caracas y del Alto Apure.
La propuesta encierra una pretensión por el “usufructo clientelar y monopólico” del ejercicio de gobierno y, además representa un golpe directo a los principios fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela. Así, el oficialismo quiere “colocarse” por encima de la Carta Magna, tratando de desconocer que se encuentra sujeto a ella, en forma indefectible. En este contexto, la “institucionalidad revolucionaria” se alista para agilizar la realización de la consulta electoral, a paso de vencedores. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ya ha declarado sobre la constitucionalidad de la solicitud de enmienda; la Asamblea Nacional se apresta a sancionar la enmienda; incorporando en su segunda discusión la “reforma” de los artículos constitucionales vinculados al tema. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral también ha dado su paso al frente, postergando la creación de nuevos centros de votación, omitiendo la revisión del registro electoral y excluyendo a casi ochocientos mil nuevos electores que tendrían derecho a opinar. Por último, el gobierno comenzó su campaña electoral, sin ningún tipo de control o restricción institucional. Ya hasta en las estaciones del Metro de Caracas se escucha música con letra en apoyo a la enmienda.
Quizás desde la óptica gubernamental todo lo anterior pudiera estar muy bien. Pero la realidad es otra. La propuesta reeleccionista no termina de conseguir el arraigo en la población venezolana. Además, el viraje táctico emprendido por el Presidente Chávez; extendiendo la propuesta de reelección hacia el resto de los cargos de elección popular fue percibido –de la manera más piadosa- como una demostración de mero oportunismo político, frente al rechazo que viene despertando la propuesta continuista. El bloque oficial y su liderazgo optaron por la “quimera totalitaria” que siempre acompañó a las viejas revoluciones socialistas: la eternización en el poder. Una quimera, que por cierto, sólo sirvió para sepultar la libertad de pueblos y naciones. Pero en Venezuela, el próximo 15 de Febrero -por decisión del pueblo- esa quimera, ese desvarío autoritario no pasará.
En realidad y, aunque en Venezuela se haya impuesto lamentablemente un escepticismo en cuanto a la vigencia de la aplicación de la Constitución y del resto del marco legal; no puede dejar de mencionarse que, la nueva propuesta presidencial supone la reforma de seis (6) artículos sustanciales de nuestra Constitución Bolivariana como lo son: el número 160 (referido a la elección de gobernadores), el 162 (vinculado a la elección de diputados a los consejos legislativos regionales), el 174 (que toca a los alcaldes), el 175 (relacionado con los concejales), el 192 (relacionado con la elección de diputados a la Asamblea Nacional y, por supuesto, el 230 –el más codiciado- que comprende la reelección del cargo del Presidente de la República. Pero además, la sugerencia oficial también supondría la reforma de otros instrumentos legales como: la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y las leyes especiales referidas a los Distritos Metropolitanos de Caracas y del Alto Apure.
La propuesta encierra una pretensión por el “usufructo clientelar y monopólico” del ejercicio de gobierno y, además representa un golpe directo a los principios fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela. Así, el oficialismo quiere “colocarse” por encima de la Carta Magna, tratando de desconocer que se encuentra sujeto a ella, en forma indefectible. En este contexto, la “institucionalidad revolucionaria” se alista para agilizar la realización de la consulta electoral, a paso de vencedores. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ya ha declarado sobre la constitucionalidad de la solicitud de enmienda; la Asamblea Nacional se apresta a sancionar la enmienda; incorporando en su segunda discusión la “reforma” de los artículos constitucionales vinculados al tema. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral también ha dado su paso al frente, postergando la creación de nuevos centros de votación, omitiendo la revisión del registro electoral y excluyendo a casi ochocientos mil nuevos electores que tendrían derecho a opinar. Por último, el gobierno comenzó su campaña electoral, sin ningún tipo de control o restricción institucional. Ya hasta en las estaciones del Metro de Caracas se escucha música con letra en apoyo a la enmienda.
Quizás desde la óptica gubernamental todo lo anterior pudiera estar muy bien. Pero la realidad es otra. La propuesta reeleccionista no termina de conseguir el arraigo en la población venezolana. Además, el viraje táctico emprendido por el Presidente Chávez; extendiendo la propuesta de reelección hacia el resto de los cargos de elección popular fue percibido –de la manera más piadosa- como una demostración de mero oportunismo político, frente al rechazo que viene despertando la propuesta continuista. El bloque oficial y su liderazgo optaron por la “quimera totalitaria” que siempre acompañó a las viejas revoluciones socialistas: la eternización en el poder. Una quimera, que por cierto, sólo sirvió para sepultar la libertad de pueblos y naciones. Pero en Venezuela, el próximo 15 de Febrero -por decisión del pueblo- esa quimera, ese desvarío autoritario no pasará.
lunes, enero 12, 2009
UN NUEVO PLAN PARA BARUTA
El Plan Municipal de Desarrollo; además de constituir un mandato legal y un requerimiento técnico, para garantizar una visión equilibrada entre el desarrollo urbano y la preservación del medio ambiente y el patrimonio humano de cada entidad local; representa un espacio para impulsar la inclusión y la participación ciudadana de la manera más amplia, democrática y eficaz.
En Baruta, con la nueva gestión que recién se inicia se presenta una nueva oportunidad de emprender la construcción de un plan de desarrollo para el municipio que sirva como instrumento de consolidación y concertación de voluntades entre el gobierno local y las distintas fuerzas comunitarias, culturales, económicas y sociales que hacen vida en el municipio.
Los lineamientos programáticos que presentó -durante la pasada campaña electoral-, el actual Alcalde Gerardo Blyde, representaría el elemento base, técnico y político para la construcción del nuevo Plan de Desarrollo del municipio de Baruta. Por supuesto que, la alcaldía tendría que diseñar y estructurar los mecanismos de consulta pública y de participación ciudadana que acompañe la progresiva elaboración del plan municipal de desarrollo.
La participación de los vecinos y vecinas de las comunidades organizadas y de los distintos sectores del municipio, agregarían un mayor compromiso social que le brindaría mayores oportunidades de una realización responsable y, por lo tanto, exitosa del Plan Municipal de Desarrollo. Por otra parte, la visión estratégica del municipio que propiciaría el PMD, contribuiría una mejor definición de otros instrumentos de gestión como el Plan de Desarrollo Urbano Local.
Estamos claros que, el tema de la planificación local no ha sido totalmente comprendido por las distintas autoridades públicas que con anterioridad han dirigido algunos de los municipios del Distrito Metropolitano de Caracas; sin embargo, la temprana convocatoria al CLPP para discutir el plan de inversión 2009, constituye una buena señal de la nueva administración, en materia de planificación. En todo caso, la realización de una planificación local con inclusión de los ciudadanos resulta una oportunidad formidable para incrementar la calidad de vida en Baruta.
En Baruta, con la nueva gestión que recién se inicia se presenta una nueva oportunidad de emprender la construcción de un plan de desarrollo para el municipio que sirva como instrumento de consolidación y concertación de voluntades entre el gobierno local y las distintas fuerzas comunitarias, culturales, económicas y sociales que hacen vida en el municipio.
Los lineamientos programáticos que presentó -durante la pasada campaña electoral-, el actual Alcalde Gerardo Blyde, representaría el elemento base, técnico y político para la construcción del nuevo Plan de Desarrollo del municipio de Baruta. Por supuesto que, la alcaldía tendría que diseñar y estructurar los mecanismos de consulta pública y de participación ciudadana que acompañe la progresiva elaboración del plan municipal de desarrollo.
La participación de los vecinos y vecinas de las comunidades organizadas y de los distintos sectores del municipio, agregarían un mayor compromiso social que le brindaría mayores oportunidades de una realización responsable y, por lo tanto, exitosa del Plan Municipal de Desarrollo. Por otra parte, la visión estratégica del municipio que propiciaría el PMD, contribuiría una mejor definición de otros instrumentos de gestión como el Plan de Desarrollo Urbano Local.
Estamos claros que, el tema de la planificación local no ha sido totalmente comprendido por las distintas autoridades públicas que con anterioridad han dirigido algunos de los municipios del Distrito Metropolitano de Caracas; sin embargo, la temprana convocatoria al CLPP para discutir el plan de inversión 2009, constituye una buena señal de la nueva administración, en materia de planificación. En todo caso, la realización de una planificación local con inclusión de los ciudadanos resulta una oportunidad formidable para incrementar la calidad de vida en Baruta.
viernes, enero 02, 2009
MAS PARTICIPACIÓN EN EL 2009
El año 2009 comienza lleno de esperanzas y retos, colectivos e individuales. Será pues, otro año de sueños y de luchas para alcanzar esas aspiraciones. La enmienda constitucional ocupará un lugar privilegiado dentro del curso del debate ideológico-político que viene sucediéndose en el país, durante los últimos años. No cabe duda que, para un planteamiento de tal alcance estratégico este es el mejor momento para intentarlo. A medida que se acerque el final del actual período presidencial, resultará más difícil realizar una consulta popular de ese nivel. Cabe agregar que, hasta el momento, el bloque oficial socialista ha carecido de fuerza y de capacidad de convencimiento para tratar de imponer su propuesta reeleccionista en la opinión pública y, sobre todo en la opinión del público. El oficialismo comienza el 2009, perdiendo el debate sobre la reelección presidencial indefinida.
La defensa de la descentralización es otro asunto estratégico pendiente con el cual se inicia este nuevo año. La defensa de la descentralización requiere de un esfuerzo firme y sincero de aquellos gobernadores y alcaldes comprometidos con la Constitución Bolivariana vigente (y reafirmada el pasado Diciembre de 2007) en nuestro país; pero también exige la incidencia y la participación decidida de los movimientos sociales y comunitarios comprometidos con una visión incluyente y democrática de la sociedad y de la vida. La implementación plena del modelo federal contenido en nuestra Carta Magna, se encuentra en mora desde 1999. De hecho, las leyes que permitirían la estructuración del Consejo Federal del Gobierno, el Fondo de Compensación Interterritorial y la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal fueron devueltas por el Ejecutivo Nacional; quedando así demostrado su bajo interés y valoración por el desarrollo institucional descentralizado que se contempla en la Constitución.
Las elecciones de Concejos Municipales y Juntas Parroquiales que también tendrían que realizarse en el segundo semestre de este año, representan una oportunidad formidable para rescatar estos espacios políticos-institucionales de legislación y control de los gobiernos locales, recientemente elegidos. En tal sentido, los partidos políticos y las organizaciones comunitarias y sociales se encuentran en la obligación de escoger y presentar candidatos de calidad, que garanticen el cumplimiento de las leyes de la República y que contribuyan a una gestión local verdaderamente articulada a las necesidades y demandas de la población, en cada uno de los municipios y parroquias del país. Las entidades políticos-territoriales menores constituyen espacios donde las comunidades reclaman una mayor atención oficial con el objeto de elevar cualitativamente su calidad de vida y, donde se necesita una gestión de las entidades públicas locales fundamentadas en la corresponsabilidad, la descentralización y la participación ciudadana.
A propósito de la descentralización y la participación ciudadana, este año hay que proponerse rescatar del burocratismo y la inoperancia, a la diversidad de mecanismos institucionales que contiene la Constitución del año 1999. En efecto, la mayoría de los veintitrés Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) se encuentran con sus períodos vencidos; mientras que los trescientos treinta y cinco Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) están próximos a emprender la renovación de sus voceros vecinales y sectoriales. Por si fuera poco, buena parte de los veintisiete mil Consejos Comunales que han logrado registrarse en las instancias oficiales, también se encuentran en la misma situación. En el caso específico del Distrito Metropolitano de Caracas, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas necesita ser revisado y fortalecido institucionalmente. Sería una verdadera estupidez obviar su vigencia.
Otro punto a resaltar es la necesaria evaluación y reflexión que sobre el rendimiento de esta red institucional de participación deben emprender la ciudadanía en general y los movimientos sociales y comunitarios, este mismo año. De la misma manera, la Asamblea Nacional se encuentra obligada a abrir los procesos de diálogo, consulta y concertación sobre el conjunto de leyes que tiene en su agenda legislativa y que comprende entre otras, las siguientes: la reforma de la Ley de los Consejos Comunales, la promulgación de la Ley de Transferencia Estado Pueblo y, la reforma a la Ley Orgánica de Poder Público Municipal, por citar tan sólo tres de los casos emblemáticos.
Los ciudadanos y las comunidades organizadas tendríamos que asumir plenamente nuestras responsabilidades cívicas para contribuir y exigir un mejor desempeño de la gestión pública por las autoridades locales. La defensa de los principios y derechos humanos fundamentales representan una causa sustancial. En Venezuela, la situación de los derechos humanos ha continuado empeorando, según estudios y evaluaciones realizadas por organizaciones sociales especializadas como PROVEA y CONVITE.
El acceso oportuno a la justicia, la defensa de los derechos a la contratación colectiva de los trabajadores, el resguardo del ejercicio de la libertad de expresión e información, la lucha por la libertad de los perseguidos y presos políticos venezolanos, completarían una agenda propia de participación ciudadana en este 2009. La clave para avanzar con firmeza y éxito en cada uno de estos aspectos de la lucha social y política será la mancomunidad de esfuerzos entre la diversidad de organizaciones y sectores sociales creyentes y activistas en defensa de la democracia, de la libertad y la inclusión social. Sólo con la unidad del pueblo, con la auténtica unidad popular -en su sentido más amplio y organizado-, se podrá enfrentar con éxito; tanto las pretensiones hegemónicas como las acciones para emprender la restitución del equilibrio democrático e institucional que necesita nuestro país.
La defensa de la descentralización es otro asunto estratégico pendiente con el cual se inicia este nuevo año. La defensa de la descentralización requiere de un esfuerzo firme y sincero de aquellos gobernadores y alcaldes comprometidos con la Constitución Bolivariana vigente (y reafirmada el pasado Diciembre de 2007) en nuestro país; pero también exige la incidencia y la participación decidida de los movimientos sociales y comunitarios comprometidos con una visión incluyente y democrática de la sociedad y de la vida. La implementación plena del modelo federal contenido en nuestra Carta Magna, se encuentra en mora desde 1999. De hecho, las leyes que permitirían la estructuración del Consejo Federal del Gobierno, el Fondo de Compensación Interterritorial y la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal fueron devueltas por el Ejecutivo Nacional; quedando así demostrado su bajo interés y valoración por el desarrollo institucional descentralizado que se contempla en la Constitución.
Las elecciones de Concejos Municipales y Juntas Parroquiales que también tendrían que realizarse en el segundo semestre de este año, representan una oportunidad formidable para rescatar estos espacios políticos-institucionales de legislación y control de los gobiernos locales, recientemente elegidos. En tal sentido, los partidos políticos y las organizaciones comunitarias y sociales se encuentran en la obligación de escoger y presentar candidatos de calidad, que garanticen el cumplimiento de las leyes de la República y que contribuyan a una gestión local verdaderamente articulada a las necesidades y demandas de la población, en cada uno de los municipios y parroquias del país. Las entidades políticos-territoriales menores constituyen espacios donde las comunidades reclaman una mayor atención oficial con el objeto de elevar cualitativamente su calidad de vida y, donde se necesita una gestión de las entidades públicas locales fundamentadas en la corresponsabilidad, la descentralización y la participación ciudadana.
A propósito de la descentralización y la participación ciudadana, este año hay que proponerse rescatar del burocratismo y la inoperancia, a la diversidad de mecanismos institucionales que contiene la Constitución del año 1999. En efecto, la mayoría de los veintitrés Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) se encuentran con sus períodos vencidos; mientras que los trescientos treinta y cinco Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) están próximos a emprender la renovación de sus voceros vecinales y sectoriales. Por si fuera poco, buena parte de los veintisiete mil Consejos Comunales que han logrado registrarse en las instancias oficiales, también se encuentran en la misma situación. En el caso específico del Distrito Metropolitano de Caracas, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas necesita ser revisado y fortalecido institucionalmente. Sería una verdadera estupidez obviar su vigencia.
Otro punto a resaltar es la necesaria evaluación y reflexión que sobre el rendimiento de esta red institucional de participación deben emprender la ciudadanía en general y los movimientos sociales y comunitarios, este mismo año. De la misma manera, la Asamblea Nacional se encuentra obligada a abrir los procesos de diálogo, consulta y concertación sobre el conjunto de leyes que tiene en su agenda legislativa y que comprende entre otras, las siguientes: la reforma de la Ley de los Consejos Comunales, la promulgación de la Ley de Transferencia Estado Pueblo y, la reforma a la Ley Orgánica de Poder Público Municipal, por citar tan sólo tres de los casos emblemáticos.
Los ciudadanos y las comunidades organizadas tendríamos que asumir plenamente nuestras responsabilidades cívicas para contribuir y exigir un mejor desempeño de la gestión pública por las autoridades locales. La defensa de los principios y derechos humanos fundamentales representan una causa sustancial. En Venezuela, la situación de los derechos humanos ha continuado empeorando, según estudios y evaluaciones realizadas por organizaciones sociales especializadas como PROVEA y CONVITE.
El acceso oportuno a la justicia, la defensa de los derechos a la contratación colectiva de los trabajadores, el resguardo del ejercicio de la libertad de expresión e información, la lucha por la libertad de los perseguidos y presos políticos venezolanos, completarían una agenda propia de participación ciudadana en este 2009. La clave para avanzar con firmeza y éxito en cada uno de estos aspectos de la lucha social y política será la mancomunidad de esfuerzos entre la diversidad de organizaciones y sectores sociales creyentes y activistas en defensa de la democracia, de la libertad y la inclusión social. Sólo con la unidad del pueblo, con la auténtica unidad popular -en su sentido más amplio y organizado-, se podrá enfrentar con éxito; tanto las pretensiones hegemónicas como las acciones para emprender la restitución del equilibrio democrático e institucional que necesita nuestro país.
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