El año 2009 comienza lleno de esperanzas y retos, colectivos e individuales. Será pues, otro año de sueños y de luchas para alcanzar esas aspiraciones. La enmienda constitucional ocupará un lugar privilegiado dentro del curso del debate ideológico-político que viene sucediéndose en el país, durante los últimos años. No cabe duda que, para un planteamiento de tal alcance estratégico este es el mejor momento para intentarlo. A medida que se acerque el final del actual período presidencial, resultará más difícil realizar una consulta popular de ese nivel. Cabe agregar que, hasta el momento, el bloque oficial socialista ha carecido de fuerza y de capacidad de convencimiento para tratar de imponer su propuesta reeleccionista en la opinión pública y, sobre todo en la opinión del público. El oficialismo comienza el 2009, perdiendo el debate sobre la reelección presidencial indefinida.
La defensa de la descentralización es otro asunto estratégico pendiente con el cual se inicia este nuevo año. La defensa de la descentralización requiere de un esfuerzo firme y sincero de aquellos gobernadores y alcaldes comprometidos con la Constitución Bolivariana vigente (y reafirmada el pasado Diciembre de 2007) en nuestro país; pero también exige la incidencia y la participación decidida de los movimientos sociales y comunitarios comprometidos con una visión incluyente y democrática de la sociedad y de la vida. La implementación plena del modelo federal contenido en nuestra Carta Magna, se encuentra en mora desde 1999. De hecho, las leyes que permitirían la estructuración del Consejo Federal del Gobierno, el Fondo de Compensación Interterritorial y la Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal fueron devueltas por el Ejecutivo Nacional; quedando así demostrado su bajo interés y valoración por el desarrollo institucional descentralizado que se contempla en la Constitución.
Las elecciones de Concejos Municipales y Juntas Parroquiales que también tendrían que realizarse en el segundo semestre de este año, representan una oportunidad formidable para rescatar estos espacios políticos-institucionales de legislación y control de los gobiernos locales, recientemente elegidos. En tal sentido, los partidos políticos y las organizaciones comunitarias y sociales se encuentran en la obligación de escoger y presentar candidatos de calidad, que garanticen el cumplimiento de las leyes de la República y que contribuyan a una gestión local verdaderamente articulada a las necesidades y demandas de la población, en cada uno de los municipios y parroquias del país. Las entidades políticos-territoriales menores constituyen espacios donde las comunidades reclaman una mayor atención oficial con el objeto de elevar cualitativamente su calidad de vida y, donde se necesita una gestión de las entidades públicas locales fundamentadas en la corresponsabilidad, la descentralización y la participación ciudadana.
A propósito de la descentralización y la participación ciudadana, este año hay que proponerse rescatar del burocratismo y la inoperancia, a la diversidad de mecanismos institucionales que contiene la Constitución del año 1999. En efecto, la mayoría de los veintitrés Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPLACOP) se encuentran con sus períodos vencidos; mientras que los trescientos treinta y cinco Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP) están próximos a emprender la renovación de sus voceros vecinales y sectoriales. Por si fuera poco, buena parte de los veintisiete mil Consejos Comunales que han logrado registrarse en las instancias oficiales, también se encuentran en la misma situación. En el caso específico del Distrito Metropolitano de Caracas, el Consejo Metropolitano de Planificación de Políticas Públicas necesita ser revisado y fortalecido institucionalmente. Sería una verdadera estupidez obviar su vigencia.
Otro punto a resaltar es la necesaria evaluación y reflexión que sobre el rendimiento de esta red institucional de participación deben emprender la ciudadanía en general y los movimientos sociales y comunitarios, este mismo año. De la misma manera, la Asamblea Nacional se encuentra obligada a abrir los procesos de diálogo, consulta y concertación sobre el conjunto de leyes que tiene en su agenda legislativa y que comprende entre otras, las siguientes: la reforma de la Ley de los Consejos Comunales, la promulgación de la Ley de Transferencia Estado Pueblo y, la reforma a la Ley Orgánica de Poder Público Municipal, por citar tan sólo tres de los casos emblemáticos.
Los ciudadanos y las comunidades organizadas tendríamos que asumir plenamente nuestras responsabilidades cívicas para contribuir y exigir un mejor desempeño de la gestión pública por las autoridades locales. La defensa de los principios y derechos humanos fundamentales representan una causa sustancial. En Venezuela, la situación de los derechos humanos ha continuado empeorando, según estudios y evaluaciones realizadas por organizaciones sociales especializadas como PROVEA y CONVITE.
El acceso oportuno a la justicia, la defensa de los derechos a la contratación colectiva de los trabajadores, el resguardo del ejercicio de la libertad de expresión e información, la lucha por la libertad de los perseguidos y presos políticos venezolanos, completarían una agenda propia de participación ciudadana en este 2009. La clave para avanzar con firmeza y éxito en cada uno de estos aspectos de la lucha social y política será la mancomunidad de esfuerzos entre la diversidad de organizaciones y sectores sociales creyentes y activistas en defensa de la democracia, de la libertad y la inclusión social. Sólo con la unidad del pueblo, con la auténtica unidad popular -en su sentido más amplio y organizado-, se podrá enfrentar con éxito; tanto las pretensiones hegemónicas como las acciones para emprender la restitución del equilibrio democrático e institucional que necesita nuestro país.
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