Desde nuestra visión, para que la propiedad sea auténticamente social debe estar en manos de los ciudadanos y ciudadanas y no bajo el control estatal. La propiedad como derecho humano y como derecho constitucional también representa un medio de participación; y salvo las regulaciones legales ambientales, económico-financieras y de carácter ético para su adecuado desarrollo, no tendría que admitir mayor intervencionismo estatal.
Por otra parte, el fomento de la responsabilidad social empresarial contenida en la CRBV, podría resultar un incentivo formidable y mucho más productivo para el país, para la articulación de las iniciativas del sector privado (con o sin fines de lucro) con los objetivos y metas establecidas por los distintos niveles de gobierno del Estado venezolano.
Si hay algo que ha quedado claro en la historia de la humanidad, es que el estatismo sólo conduce a la restricción de las inicativas ciudadanas (incluyendo el ejercicio pleno de sus derechos) aún cuando el mismo pretenda fundamentarse discursivamente en una supuesta solidaridad y justicia social. Es por ello, que la auténtica propiedad social sólo puede estar en manos de los ciudadanos y no bajo el dominio discrecional de una burocracia pública.
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