Clpp Sucre aprobó recursos para ejecución de 9 obras

escrito por Rodney Añez/DLA Mérida miércoles, 25 de abril de 2012 Con consenso mayoritario, el Consejo Local de Planificación de Sucre, estado Zulia, procedió la mañana de ayer con la aprobación de los recursos para 9 obras en beneficio colectivo Cerca de las 11:30 de la mañana de ayer martes, se llevó a cabo la tercera reunión del Consejo Local de Planificación y Políticas Públicas (Clpp), del municipio Sucre en el estado Zulia. El encuentro tuvo lugar en la sede de la Cámara Municipal de la entidad, ubicada en Bobures. El acto contó con la presencia de Jorge Barboza, alcalde del municipio y Presidente del Clpp, miembros de consejos comunales y cinco de los seis concejales que conforman la Cámara Municipal. De inmediato, la secretaria del órgano, Fabiola Morales, dio inicio a la asamblea con la presentación del único punto en discusión: la aprobación de 2 millones 457 mil 284 bolívares, provenientes del Fondo de Compensación Integral (FCI), dinero que forma parte del tercer crédito adicional aprobado durante el año 2011. Proyectos a realizar Una vez aprobados los recursos por el Clpp, acordaron que los proyectos a ejecutar serán la culminación de dos aulas de clase en la escuela La Trinidad de la parroquia Monseñor Álvarez; rehabilitación del preescolar de Tucanicito y cambio de cubierta en un aula de básica en la parroquia Heras; construcción del módulo de la cocina en la escuela de La Encarnación de la parroquia Bobures; culminación de la cancha de usos múltiples del sector Puerto Rico y electrificación en el sector Las Veritas, ambos de la parroquia Gibraltar; reparación de falla de borde en la vía Caja Seca-Bobures de la parroquia Rómulo Gallegos; Ordenamiento del casco central de Caja Seca con mejoras de los locales comerciales informales y rehabilitación del matadero municipal del sector Monte Adentro en la parroquia El Batey. Vale mencionar, que dentro del encuentro los consejeros instaron al alcalde y la secretaria del Clpp, mostrar durante el próximo encuentro, un seguimiento de las obras que fueron aprobadas en sesiones anteriores y que actualmente fueron culminadas o están siendo puestas en marcha. Finalmente, el alcalde del municipio Sucre y presidente del Clpp, Jorge Barboza, manifestó que el trabajo se ha mantenido fluido entre los consejeros y el personal de la Alcaldía. Seguimiento a las obras El grupo de consejeros del Clpp, exhortó de forma directa al alcalde del municipio sucre, a presentar durante cada asamblea, un seguimiento de cada obra que se apruebe dentro del consejo local, a fin de ejercer una fuerte contraloría en dichas obras. Oliver Peraza, vicepresidente del Clpp, dijo que "hoy celebramos una nueva asamblea con el consejo en pleno y aprobamos el tercer crédito adicional del 2011 con obras distribuidas equitativamente en todo el municipio" Felipe Amado, asesor de Proyectos del Clpp, señaló que "tenemos 9 proyectos aprobados y tiene mayor relevancia la parte educativa basado en solicitudes de consejos comunales" Jorge Barboza, alcalde, expuso que "habíamos tenido reuniones previas donde se le presentó al Clpp en pleno los proyectos que teníamos pensado incluir y siempre estamos informando al consejo sobre qué se va a hacer"

Proyecto de Ley para la Garantía de la Protección Social y de los Derechos Sociales

8 de abril de 2012 Exposición de Motivos La situación de riesgo y necesidad y carencias en la protección de los venezolanos es manifiesta. Para millones de ciudadanos la acción de Estado es distante y no en pocas veces condicionada a las preferencias políticas. Entre 1997 y 2007 se ha triplicado el número de familias en viviendas vulnerables. Más de 1.100.000 personas se encontraban desocupadas el finalizar el año 2011. Más del 45% de la población económicamente activa se encuentra en condiciones de informalidad. El 40% de los niños entre 3 y 6 años no asiste al pre-escolar y al menos 30% de los menores de 3 años necesitan protección alimentaria y de salud. El promedio de educación de los venezolanos incorporados al mercado laboral se mantiene cerca del 8vo grado, con evidente perjuicio para la productividad del trabajo y la remuneración del trabajador. Entre un millón y un millón doscientos mil jóvenes ni estudia ni trabaja. Más del 60% de los empleos son precarios lo que condena a muchas familias a vivir con lo justo, cuando no en clara situación de pobreza. Desde el año 2007, la proporción de familias con ingresos al nivel de la pobreza se mantiene en aproximadamente 27%. Por lo menos un 20% adicional viven en entornos sociales precarios y llenos de dificultades para satisfacer las necesidades básicas. Esto significa que en el país, por lo menos tres millones de hogares requieren ser atendidos por programas especiales de protección social en distintas áreas a fin de garantizarles sus derechos sociales. Actualmente el país no cuenta con un sistema eficiente, universal y democrático de protección social. Los programas que actualmente existen se han caracterizado por la politización y la improvisación en su puesta en marcha. Los beneficiarios de estos programas se utilizan como “maquinaria política” en períodos electorales. Esto se debe a que en su origen prevalece un cálculo político que conduce a identificar una determinada carencia y/o grupo como valioso en términos de clientela política, al margen del análisis técnico y justo acerca de la prioridad del problema o la pertinencia de la solución. Predomina un enfoque asistencialista e inmediatista, desvinculado del logro de objetivos de formación de capacidades en plazos más largos, o impacto en las causas últimas de los problemas sociales. No se aplican criterios, normas y procedimientos que aseguren un diseño eficaz y eficiente. Esto redunda en la instrumentación inconexa y fragmentada, en la medida en que no hay un sistema de atención social verdadero: ni las Misiones entre sí, ni las Misiones y las políticas sociales más estructurales establecen coordinación adecuada en cuanto a las metas o los procedimientos. Las Misiones fueron creadas como entidades paralelas a la institucionalidad existente, donde privan los objetivos políticos antes que los sociales, con instancias de coordinación designadas por el Presidente a fin de generar un vínculo directo con él, una dependencia directa con el Presidente, haciendo ver que un solo hombre recibe las demandas y asigna los recursos como si fuera dinero de su bolsillo, a través de procedimientos poco transparentes, vía extrapresupuestaria, creando las condiciones para inmensas corruptelas. Luego de nueve (9) años de su creación, existen fundadas dudas sobre sus verdaderos resultados. Era y sigue siendo necesaria una respuesta del Estado frente a las graves situaciones de desigualdad existentes, pero los errores cometidos en el diseño e implementación de los programas sociales deben ser corregidos, adoptando políticas institucionalizadas, aunque no burocratizadas; universales, en lugar de sectarias; estables, en vez de ocasionales. Los programas hasta ahora aplicados solo evidencian un exacerbado centralismo en la toma de decisiones, exclusión de las personas que no están con la ideología oficial, falta de transparencia en la asignación de los recursos, lo que ha creado un ambiente propicio al clientelismo y la corrupción; en general, un mayor deterioro de la calidad de los servicios públicos y por ende de la calidad de vida de los venezolanos. Las Misiones se han transformado en mecanismos de adhesión política y asistencialismo y no han logrado consolidar una verdadera vía para la garantía de los derechos sociales de los venezolanos y en especial para los grupos más vulnerables. No abordaron de manera sistemática, coherente, responsable y transparente el conjunto de problemas que afectaban a los ciudadanos, al contrario desarticularon los distintos niveles de servicios, descuidando el mantenimiento y la construcción de infraestructura, la dotación de materiales e insumos y el mejoramiento continuo de las remuneraciones de educadores, trabajadores de la salud y otros empleados públicos. Todo ello con el fin de favorecer los intereses políticos de una persona, antes que el interés social de todo un pueblo. Es por ello fundamental establecer una nueva institucionalidad en la cual se vincule la protección social con oportunidades de mejora de la población, especialmente con la garantía de derechos a servicios sociales y al aumento de las posibilidades para el empleo de calidad. De allí que es prioritario conformar un Sistema de Garantía de la Protección Social y de los Derechos Sociales (SGPSDS) que asegure el acceso y calidad a los servicios sociales de la población más necesitada. Un sistema de esta naturaleza es la mejor alternativa para reducir, además de la pobreza de ingresos, la pobreza de oportunidades, y aumentar la inclusión social. El Sistema de Garantía de los Derechos Sociales debe ser transparente. Tanto el Estado como la sociedad deben contar con los mecanismos para realizar el seguimiento y la evaluación de la prestación de servicios sociales, esto es, conocer los recursos que se asignan, el grado de acceso de los beneficiarios, la utilización de los recursos, y la efectividad de los programas. De este modo podrá verificarse y exigirse calidad en los servicios prestados, tanto en la pertinencia como en la formación asociada. Finalmente, el SGPSDS debe promover la cooperación innovadora entre el sector público y la amplia gama de organizaciones comunitarias y sociales, por ejemplo, en la comercialización de alimentos, en la puesta en marcha de modalidades para la prestación de servicios sociales y en nuevas modalidades de capacitación e inserción laboral. Todos los beneficios adquiridos por los venezolanos a través de las Misiones y las Grandes Misiones serán garantizados y mejorados en el marco del SGPSDS. También se deberán incorporar organizacionalmente en los ministerios correspondientes a su actividad respetando el disfrute de los beneficios laborales de las personas que ahora se encuentran prestando sus servicios en ellas. Los servicios sociales que se presten a través del SGPSDS, deberán adaptarse a las mejores prácticas de Venezuela y América Latina y el Caribe. LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DECRETA la siguiente, LEY PARA LA GARANTÍA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Y DE LOS DERECHOS SOCIALES Capítulo I Disposiciones generales Del objeto Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto desarrollar el Sistema de Garantía de la Protección y de Derechos Sociales (SGPSDS) para ejecutar programas que contribuyan a mejorar las capacidades de las personas y las familias para salir de la pobreza o enfrentar otro tipo de vulnerabilidades que puedan devenir en situaciones de pobreza. De los derechos Artículo 2. El SGPSDS asegurará a través de sus programas los derechos sociales y, en particular, los siguientes: A. Derecho a la identidad de los niños; B. Derecho a la alimentación y a la salud de los grupos en riesgo; C. Derecho a la protección de la salud y al acceso a los servicios para su prevención y restablecimiento; D. Derecho al cuido y la enseñanza básica de los menores de 12 años; E. Derecho de los jóvenes a culminar los estudios (prevención de la violencia y embarazo precoz); F. Derecho a la educación de calidad; G. Derecho a la inserción social del joven al empleo; H. Derecho a un ingreso familiar de calidad (Transferencias Hambre Cero); I. Derecho al abastecimiento comunitario (Alimentos y medicinas); J. Derecho a una vivienda adecuada; K. Derecho de la madre trabajadora a la inserción productiva; L. Derecho a capacitación laboral para el trabajador; M. Derecho a la asistencia social del adulto mayor; N. Derecho a la recreación sana y en comunidad; O. Derecho a la disponibilidad y acceso oportuno y suficiente de alimentos de calidad; P. Derecho a la atención especial de las personas con discapacidad. Artículo 3. El SGPSDS se concibe como un conjunto organizado y coherente de servicios cuyas funciones se dirigen a compensar la ausencia de ingresos familiares suficientes, según el límite establecido; y la falta de cobertura de servicios sociales, así como a promover la inserción laboral de la población con mayores desventajas para ingresar al mercado laboral. Adicionalmente, el SGPSDS administrará aquellos programas sociales que procuren el acceso de la población a la educación, la disponibilidad de alimentos y el acceso a servicios de salud. Artículo 4. Se asegurará y fortalecerá la institucionalidad prevista en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, y la que se encuentra en funcionamiento derivada de la aplicación de las Leyes de Servicios Sociales, del Régimen Prestacional de Empleo, Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y de Vivienda y Hábitat. Capítulo II Del Sistema Artículo 5. El SGPSDS constará de tres (3) componentes: 1. Programas de transferencias en dinero. 2. Transferencias bajo la forma de programas o servicios en áreas de protección social prioritarias, cuales son: modalidades de cuidado, educación, salud, habitabilidad, alimentación y apoyo legal. También se deben incluir grupos específicos de la población que requieran atención urgente, sea por su situación de exclusión, por desastres naturales, o por la situación de riesgo en que se encuentren. 3. Programas o servicios de apoyo al empleo: capacitación y formación laboral, nivelación de estudios, generación directa e indirecta de empleo, micro-emprendimientos y servicios de intermediación que facilitan la comunicación entre la oferta y la demanda como lo son las oficinas de empleo o las bolsas de trabajo, entre otros. Artículo 6. Los tres componentes del SGPSDS están interrelacionados. Los programas y servicios que involucran transferencias están llamados a mejorar los ingresos de las familias brindándoles la posibilidad de tomar decisiones laborales más adecuadas, evitar la pérdida de sus activos como estrategia de sobrevivencia y, en definitiva, realizar inversiones productivas. Del otro lado, mejores condiciones de salud, educación y habitabilidad, acceso a la alimentación, así como el disponer de opciones de cuidado para las familias que lo ameriten, facilitan el acceso a medidas para el fortalecimiento de las capacidades laborales y el mejor aprovechamiento de las oportunidades en el mercado de trabajo. Artículo 7. “El pueblo, y no el Estado ni el gobierno, es el dueño del Sistema de Garantía de la Protección Social y de los Derechos Sociales. Por tanto, la presente ley obliga al Estado a establecer de manera clara y constatable una serie de criterios de medición o de estándares que garanticen que los ciudadanos puedan exigir en todo momento el cabal cumplimiento de sus derechos. Las familias usuarias conocerán con precisión la cantidad y calidad de los beneficios inherentes a cada una de los servicios articulados al SGPSDS, dispondrán de indicadores sobre la medida en que el Estado asume sus obligaciones al respecto y, en consecuencia, contarán con los elementos para exigir el ejercicio de sus derechos en caso de fallas o incumplimiento. Artículo 8. Para garantizar la continuidad, transparencia, eficacia y cobertura de los programas sociales, y evitar que puedan ser descuidados o abandonados por razones de cálculo político u otros intereses ajenos al pueblo, el SGPSDS deberá estar y mantenerse articulado a la institucionalidad del Estado y estará sujeto a los controles fiscales generales. Capítulo III De la implementación Artículo 9. Para garantizar no sólo su continuidad sino la mejora en su eficacia y cobertura, se iniciará la implementación del SGPSDS con una auditoría pública, en la que participan conjuntamente el pueblo y los responsables del Sistema, de los programas sociales y de las llamadas “misiones”, tanto las que existen en la actualidad como las que han sido abandonadas o descuidadas. El tratamiento de los diferentes fondos y programas sociales deben ser expuestos para conocimiento de los ciudadanos y para el establecimiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas necesarios. Artículo 10. Se estructurará un equipo intergubernamental que, con participación de los Estados y Municipios y de las distintas manifestaciones de la comunidad organizada, y en coordinación con el Consejo Federal de Gobierno, examine y adelante la transferencia de servicios y recursos a los Estados y Municipios o de éstos a las comunidades, en el marco de las competencias concurrentes, especialmente en las áreas de educación, salud, deportes, turismo, vivienda, alimentación y desarrollo económico. Artículo 11. Corresponderá a cada Ministerio, en lo que respecta a los programas nacionales, identificar solapamientos, inadecuadas asignaciones de tareas, confusión entre los programas sociales, fusionar instituciones según su naturaleza y propósito o separar sectores con funciones coherentes, así como asumir la toma de decisiones y la preparación de las políticas públicas en las diferentes áreas en las que se vienen implementando las Misiones y Grandes Misiones creadas. Artículo 12. El SGPSDS tiene carácter universal, inclusivo y no excluyente. Pero, además, el Sistema prevé una “opción preferencial” para aquellos grupos de personas que poseen mayor vulnerabilidad o condición de ayuda. Artículo 13. Algunos de los criterios de opción preferencial serán, por ejemplo, el ingreso familiar, la edad de la madre o encargado del grupo familiar, la presencia de alguna patología social (alcoholismo, drogadicción), la precaria inserción en el mercado de trabajo, la existencia de un padre o madre que asuma en solitario las cargas de la crianza de los hijos, la residencia en una vivienda en malas condiciones o en hacinamiento. Artículo 14. Las opciones preferenciales se plantean articuladas a la generación de capacidades como incentivo para el desarrollo de una vida familiar autónoma. Por ningún motivo los criterios de opción preferencias podrán significar exclusión de grupos vulnerables. Artículo 15. La generación de criterios de opción preferencial supone el diseño de parámetros simples y fácilmente verificables para determinar la ubicación de las familias respecto a “niveles mínimos y máximos de riesgo” o “fuera de riesgo” o al carácter permanente o transitorio de una situación de vulnerabilidad. Artículo 16. Para evitar la actuación discrecional por parte de quienes toman decisiones relacionadas con el ingreso o salida del sistema, los estándares para cada prestación, los criterios para las opciones preferenciales, y los indicadores de “niveles de riesgo” constarán en un cuerpo de normas accesible a todos los ciudadanos. Artículo 17. La instrumentación del SGPSDS se fundamentará en herramientas de gestión accesibles al conocimiento público. El Sistema trabajará con base en: (1) un Manual de Operación donde esté claramente expresada su normativa y procedimientos; (2) un Plan de Garantía de Derechos Sociales, flexible y sujeto a concertación; y (3) un Plan Operativo Anual. Artículo 18. El financiamiento del SGPSDS se hará con recursos públicos regulares. Para evitar poner en riesgo su sostenibilidad financiera y el deterioro de la calidad y cantidad de las prestaciones, se fijará su participación en los recursos presupuestarios con parámetros verificables. La asignación presupuestaria debe ser transparente y eficiente, vía presupuesto ministerial.   Capítulo IV De los derechos de los trabajadores de los programas sociales Artículo 19. Como parte del SGPSDS se otorgará y reconocerá a todos los trabajadores y trabajadoras de las Misiones sociales, todos los beneficios laborales establecidos en la legislación del trabajo o funcionarial, de la seguridad social, así como los beneficios de las convenciones colectivas de la Administración Pública nacional, estadal o municipal, según corresponda. Artículo 20. El Ejecutivo Nacional, por órgano de la Presidencia de la República, o del Ministerio competente según la materia, creará una estructura de personal para cada una de las Misiones que se integrarán al organismo respectivo, y que llevarán a cabo los programas y proyectos estipulados. Artículo 21. Los ingresos del personal que labore en los programas del SGPSDS se realizará, a través de los criterios establecidos para cada Ministerio y en la Ley del Estatuto de la Función Pública, en cargos de libre nombramiento y remoción, cargos de confianza o cargos de carrera, o a través de contratos, a tiempo determinado o indeterminado. Todo el personal que actualmente se desempeña en las Misiones tendrá la oportunidad de incorporarse al SGDS, sin sufrir en ningún caso desmejora en su condición laboral o de contratación. Artículo 22. Los trabajadores de los programas del SGPSDS percibirán una remuneración de conformidad con lo establecido en la estructura de personal aplicada. Artículo 23. Los trabajadores que presten sus servicios en los programas del SGPSDS percibirán todos los beneficios de la seguridad social, entre ellos, Seguro Social Obligatorio, Ley del Régimen Prestacional de Empleo, Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones, Seguro de Hospitalización Cirugía, Maternidad, Vida, Servicios Funerarios, Tickets de Alimentación y todos los beneficiarios derivados de las Convenciones colectivas que se celebren. Artículo 24. Los trabajadores y las trabajadoras de los programas del SGPSDS, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen el derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República. Artículo 25. En virtud del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de los derechos otorgados mediante la presente Ley. Artículo 26. En virtud del principio constitucional conforme al cual en las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias, el Estado establecerá, a través del órgano competente, la responsabilidad que corresponda a los funcionarios en caso de simulación o fraude llevados a cabo con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de lo previsto en la presente Ley. Artículo 27. Los trabajadores de las misiones percibirán una remuneración de conformidad con lo establecido en la estructura de personal aplicada. Capítulo V Disposiciones finales Primera. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Segunda. Queda derogada cualquier disposición que altere la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales que aquí se otorgan a los trabajadores y trabajadoras de las misiones sociales. Dada, firmada y sellada en el Palacio federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a los , del mes de de dos mil doce. Año 201 de la Independencia y 152 de la Federación.

¿Con qué se come eso del "Poder Comunal"?

RAFAEL BELLO ROSAL | EL UNIVERSAL
sábado 14 de abril de 2012 03:57 PM

Durante mi desarrollo personal y profesional he tenido la oportunidad de recorrer varias veces todo el país, pero desde hace varios meses he podido ir recorriéndolo profundamente, pueblo por pueblo, casa por casa, inmerso en una campaña presidencial que pretende hacer las cosas diferentes, convencidos que esa es la única forma para obtener resultados distintos.

He visto de cerca las necesidades insatisfechas de miles de venezolanos; en muchas caras he visto una expresión de esperanza y en muchas otras, el sinsabor de la decepción. He conversado con madres que añoran a sus hijos secuestrados por la guerrilla; converso a diario con aquellos que sueñan progresar y con los que se sienten a gusto con el acostumbrado paternalismo de nuestros gobernantes, he visto que la dictadura es más cercana a lo que pensamos, o que al menos la plataforma está montada para aplicarla cuando los ciudadanos decidamos dejar de luchar por los valores democráticos.

En este parapeto de gobierno juega un papel muy importante eso que han denominado Poder Comunal. La "Revolución Bolivariana" ha levantado la bandera de este poder como una de las bases fundamentales de su estrategia continuista. Es cierto que la fortaleza de Hugo Chávez reside en las comunidades más pobres del país y que ese poderío le ha permitido mantener unos niveles de popularidad realmente sorprendente a pesar de 13 años de un mandato que ha carecido de gestión eficiente, sin embargo, es importante conocer el porqué de ese arraigo en los sectores populares cuando desde hace años el Presidente no visita ninguno de ellos.

En las comunidades más pobres del país, en los pueblos más alejados de las ciudades más importantes de cada estado, se ha constituido con una eficiencia y penetración envidiable toda la estructura del Poder Comunal. Los consejos comunales constituyen en cada uno de estos sitios, una forma de delegación del poder que ha sido utilizado para mantener el apoyo incondicional a la revolución. Toda esta plataforma permite asignar a aquellos fieles servidores de la revolución, adoctrinados en el socialismo del siglo XXI, una cuota de poder de bajo costo y muy alto impacto. En mis visitas he constatado que en muchos casos el presidente del Consejo Comunal es el encargado de dirigir el Mercal o Pdval de la zona, controlando a su juicio la "soberanía alimentaria" de su zona de poder. He visto mercales donde se les prohíbe la entrada a cualquier persona que milite en un partido de oposición o que desde una posición independiente esté en desacuerdo con las políticas oficialistas, también he visto como en algunos consejos comunales se les niega algún trámite que se concede sin recelo a cualquier "activista" del oficialismo. He conversado con muchas personas que me dicen que deben ser "chavistas" para poder tener acceso a la comida o algún beneficio que en lugar de ser para todos los venezolanos, sólo favorece a los que visten la franela del partido de gobierno... orgullosamente.

En este sentido, el Poder Comunal no es más que el mecanismo de chantaje donde se fundamenta todo este entramado antidemocrático que utiliza el miedo, la coerción y el abuso de poder para ganar adeptos al socialismo. El reto de la oposición venezolana se centrará en vencer el miedo en cada uno de esos sectores, el del oficialismo será acrecentarlo así como fortalecer la relación de dependencia gubernamental. Sin duda, uno de los grandes retos de un nuevo gobierno será reformar la estructura del Poder Comunal para que realmente sea un mecanismo ciudadano enfocado en lograr beneficios para la comunidad y no un artificio gubernamental para comprar voluntades.

Finalmente y como reflexión personal, creo que hace mucho tiempo Chávez vivía en el corazón de los venezolanos, pero hoy vive en sus bolsillos o en sus estómagos, así como lo hacen los líderes de los grandes imperios. Qué curioso viniendo de alguien que ha declarado su lucha frontal contra el imperialismo, ¿no creen?

@rafbello
rafbello@gmail.com

Hacia una Agenda descentralizadora con gobiernos locales más fuertes y empoderados.

ExperienciaAmérica 2012
Quienes concurrimos a la VI Cumbre Latinoamericana de Ciudades y
Autoridades Locales queremos expresar nuestro reconocimiento a la
Asociación Chilena de Municipalidades, a sus autoridades, alcaldes y
alcaldesas, concejales, directivos del nivel ejecutivo, personal técnico,
administrativo y de servicios especializados, que han coordinado los
múltiples aspectos de promoción nacional e internacional, han prestado su
contingente para abastecer logísticamente al evento y amplia concurrencia, y
han contribuido para garantizar los servicios de comunicación, feria
empresarial, registro y acreditación, coordinación internacional con FLACMA,
y la gestión de coordinación académica, por la excelente organización y
realización de este Congreso, que ha reunido a mas de 1500 autoridades
locales (alcaldes, alcaldesas, concejales) de 21 países de la Región, a
representantes de las agencias de cooperación internacional, de organismos
multilaterales de desarrollo, de centros de investigación, universidades e
institutos académicos de alto nivel, y, a un importante número de alcaldes y
alcaldesas, concejales y técnicos municipales de Chile.Destacar y reiterar nuestra complacencia por la importante, sugerente y objetiva participación de nuestros pares asociativos de España, Francia, y
Turquía.

LA FEDERACION LATINOAMERICANA DE
CIUDADES, MUNICIPIOS Y ASOCIACIONES DE
GOBIERNOS LOCALES - FLACMA -

De las máximas autoridades, Presidente Mundial, co Presidente mundial por
América Latina y Secretario General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos -
CGLU-, (Kadir Topbas, Jhonny Araya y Josep Roig), tanto como del Secretario
General de METROPOLIS, (Alain Le Saux), del Secretario General de MEWA, (
Memet Duman), del Director Regional de ONU Habitat, (Alain Grimard), del
Secretario General de la OEA, (José Miguel Insulza), del Representante
Especial de UNASUR (Rafael Follonier), del Vicepresidente de la Comisión de
Asuntos Internacionales de la FEMP (Ramón Ropero), de la Secretaria General
de UCCI (Mercedes de la Merced) y de los senadores y diputados del
PARLATINO, (Jorge Pizarro, Ramón Galindo, Jorge Gandini y Daniel Caggiani),
de los ponentes e invitados especiales, entre muchas otras autoridades y
representaciones oficiales que nos honraron con su presencia.
Decirles que la hospitalidad y deferencia con que hemos sido tratados en
este evento dignifica el buen prestigio de Chile como anfitrión y
compromete, no solo nuestro reconocimiento, sino nuestra reciprocidad y la
necesidad de emular estas acciones y compromisos para con el
municipalismo y la vida en vecindad que alentamos, valoramos y
garantizamos.

Agradecer por igual, al señor Presidente de la REPUBLICA de Chile, Don
Sebastián Piñera Echenique, su nota de bienvenida a las concejalas,
concejales, alcaldesas y alcaldes latinoamericanos que concurrieron a este
cónclave, tanto como a la Cancillería de la REPUBLICA y a otros funcionarios
de Estado que cumplieron diligentes gestiones en beneficio de todos
nosotros.

Nuestro agradecimiento particular por este gesto encomiable de amistad y
fraternidad a los alcaldes de Vitacura, Santiago, Providencia, Las Condes,
Recoleta, La Granja y a las demás autoridades de las Comunas del territorio
metropolitano del gran Santiago, quienes en conjunto y mostrando la
vitalidad asociativa renovada en este país, no perdieron ninguna oportunidad
de expresarnos afecto, de ser gentiles y hospitalarios, de brindarnos
comodidades y seguridad, para cumplir nuestro compromiso en este querido
y ejemplar País.

RESALTAR que, en este ambiente propicio, del VI Congreso Latinoamericano
de Ciudades y Autoridades Locales, ExperienciAmérica, se desarrollaron
paneles y conferencias magistrales, con muchos actos relevantes que
permitieron la realización de varias actividades de deliberación sobre temas
relacionados con el estado de avance de los gobiernos locales en la región,
los aspectos políticos, financieros y legales que afectan su fortalecimiento en
un mundo globalizado, una revisión de buenas prácticas que advierten sobre
el potencial que hoy ofrece la consolidación institucional de municipios,
comunas, intendencias y otras expresiones del gobierno local, temas
relacionados con la participación equitativa de mujeres y grupos minoritarios
en el gobierno local, consideraciones sobre la gestión territorial en sus
vertientes técnica, administrativa y política, la situación ambiental, el
desarrollo económico local, la gestión de los riesgos de origen natural y
efectos de cuestiones antópicas y la seguridad pública, el estado del
asociativismo municipal en los países, la región y el mundo, la cuestión de la
democracia, la descentralización y la autonomía municipal, la participación
de los concejales, el gobierno electrónico, la gestión de calidad y la
innovación de modelos de gestión y tecnologías, las nuevas demandas
ciudadanas y la utilización de redes sociales, la gestión legislativa nacional
relacionada con gobierno local y el futuro de la integración y el
municipalismo.

Todos los temas fueron tratados con rigurosidad, buscando las experiencias y
orientaciones de valor específico y general, útiles en la región, propiciando el
intercambio de experiencias, la cooperación horizontal y la cooperación
internacional.

Estas conclusiones y recomendaciones, ciertamente, representan un gran
esfuerzo y contribuyen, a todas luces, a definir ese camino que el gobierno
local en la región debe transitar en procura de alcanzar todas y cada una de
las metas que se ha propuesto.

Quisiéramos en consecuencia, y dada la magnitud, profundidad y alcance de
esas reflexiones, conclusiones y propuestas, que serán inmediatamente
colocadas en la web institucional y enviadas a los Correos electrónicos de
todos los participantes de este conclave, sintetizarlas en un documento que
me permitiré dar lectura, denominado DECLARACIÓN de SANTIAGO DE CHILE, mismo que dice....

Tras muchos años de centralismo político-administrativo en América Latina,
producto de su impronta colonial, desarrollo dependiente y de un
crecimiento inorgánico, de enclaves económicos de comercio desigual y
mandatos extraterritoriales, de concentración de poblaciones en mega
ciudades, de olvidos de áreas postergadas sobre todo rurales y peri urbanas,
de secular persistencia de inequidades, descuido irresponsable del ambiente
y de los derechos de minorías y futuras generaciones, de desarmonía
territorial y desintegración nacional, de desconocimiento de la iniciativa
social y de desprecio del potencial benéfico del empuje local y la vecindad, de
escamoteo a la democracia efectiva y a la vigencia de los derechos básicos de
los ciudadanos y ciudadanas, alentados por las buenas prácticas y la amplia
generación de resultados de la gestión de los gobiernos locales en las
diferentes latitudes de la región latinoamericana y caribeña...

Los participantes en este, el VI Congreso de la FEDERACION
LATINOAMERICANA DE CIUDADES, MUNICIPIOS Y ASOCIACIONES DE
GOBIERNOS LOCALES denominado Cumbre Hemisférica de Autoridades
Locales ExperienciAmerica, convenimos en declarar lo siguiente:

1.- Ratificar nuestra profunda convicción de que el Municipio es el
representante del Estado en la base de nuestras sociedades y quien recoge
los sueños, potencialidades y dificultades de sus habitantes, siendo el
receptor y actor privilegiado de las aspiraciones y exigencias de los
ciudadanos.En esta línea, enfatizar que el municipio es la institución que tiene la misión de dar respuesta a todos los ciudadanos que aspiran a mejores condiciones
de vida con una mayor igualdad de oportunidades para acceder a los bienes
públicos.

2.- El Municipio ha venido asumiendo cada vez más responsabilidades y
competencias delegadas desde los gobiernos centrales. Entre estas,
podemos mencionar la seguridad pública, el medio ambiente, la educación, la
salud, la cultura, el deporte, la protección social, solo por nombrar algunas de
las más relevantes. Sin embargo, a este esfuerzo por servir a los ciudadanos no ha correspondido una transferencia equivalente de atribuciones y recursos de parte del Estado y Gobierno Central, generando consecuentes inequidades, ineficiencias y
limitaciones en la gestión pública local.

3.- Somos firmes partidarios de modernizar nuestros Estados, pero este
desafío incluye la tarea de trasladar el poder, la autonomía y los recursos
necesarios a los gobiernos locales con todas las funciones y programas que
se ejecutan en el espacio comunal y que hoy sigue siendo gestionada en gran
parte por una burocracia central que frena el desarrollo de nuestros
territorios, de sus pobladores, de su participación y del cuidado de nuestros
bienes y valores patrimoniales.

Reconocemos los avances descentralizadores que se han producido en
nuestra región, pero apelamos a mayores niveles de descentralización en los
que el municipio y también los gobiernos intermedios tengan una mayor
participación e incidencia. El bajo porcentaje de participación de los gobiernos locales en el presupuesto publico de los países, participación a la que tenemos derecho como entidades de servicio y gobierno y en razón de que aquellos ingresos
proceden de la explotación de nuestros recursos patrimoniales y naturales
nacionales y de las contribuciones de todos los pobladores de la Nación, que
al mismo tiempo son ciudadanos y vecinos municipales, atenta contra la
capacidad de los gobiernos locales para servir a sus conciudadanos.
No estamos en disposición, ni somos partidarios de confrontarnos con los
gobiernos centrales, pero si de exigir un trato justo y equitativo, acorde con
el papel que jugamos en la sociedad y del aporte efectivo de los gobiernos
locales a la profundización de la democracia y la vigencia de los derechos
básicos de las personas.

4.- Los municipios de América Latina representamos la diversidad de nuestros
territorios. Su geografía, economías, climas y poblaciones, son el crisol de
una región llena de potencialidades pero aún, con amplias brechas de
desigualdad. Descentralizar el Estado es avanzar en reformas contributivas locales que consideren principalmente las características de cada comuna o espacio
territorial, de modo que estos procesos no solo traspasen competencias y
recursos sino que además respeten y promuevan las identidades regionales y
locales, en los términos que se expresan en la Agenda Municipalista y de los
Gobiernos Locales promovida por nuestra Federación Latinoamericana, cuyos
contenidos, objetivos y metas los reiteramos, adherimos y nos
comprometemos observar y vigilar.

5.- Especial mención realiza este Congreso respecto del papel que cumplen
los municipios rurales y los de zonas extremas de frontera y aisladas, puesto
que ellos requieren que el gobierno central, por razones de soberanía y bien
común, compense armónicamente la contribución que se realiza en estas
zonas para generar mejores condiciones de vida, de trabajo, de integración y
de vigencia de los derechos.
Sabemos que allí el gobierno local realiza una labor fundamental y en
muchas ocasiones, es para el ciudadano, la única expresión del estadonacional.

EN LO ANTERIOR:
• Llamamos a nuestras autoridades nacionales a perder el recelo y deponer
las mezquindades que impiden una mejor organización del aparato de
gestión pública, propiciando que la ejecución de la inversión en el desarrollo
sea más eficiente, oportuna, suficiente y adecuada a las particulares
condiciones de los diferentes espacios locales.

Para este efecto, deben apoyar el desarrollo de las capacidades financieras,
técnicas y gerenciales, fortalecer el liderazgo, respaldar las asociaciones de
gobiernos locales, desarrollar el marco jurídico en cada país, propiciar la
rendición de cuentas y las aperturas a la efectiva participación social,
profundizar el concepto de democracia efectiva, de corresponsabilidad de los
diferentes niveles de gobierno en la vigencia de los derechos ciudadanos,
fortalecer la planificación territorial y estratégica y desarrollar las
potencialidades de los gobiernos locales, que se enriquecen de su condición
de proximidad, apropiación de la cotidianidad de sus ciudadanos, expresión
de sus específicas diferencias y potencialidades, en fin y en una sola
expresión, les convocamos a impulsar seriamente los procesos de
descentralización, evitando que las crisis los amenacen y reconociendo su
papel fundamental de fomentar un sector publico eficaz, que luche contra la
pobreza y la asignación excluyente de recursos, que llegue eficientemente a
la necesidad de los ciudadanos y a hacerles partícipes del aprovechamiento
de oportunidades. Para ello, es indispensable impulsar en cada uno de los países la
transferencia de atribuciones y recursos que permitan a los gobiernos locales
administrar no menos del 30% de los presupuestos nacionales, al promediar
el año 2020.

• Los participantes en el Congreso reconocemos la existencia de alcaldesas y
concejalas como mujeres autoridades electas a gobiernos locales en América
Latina y El Caribe y nos comprometemos a:
I.- Promover el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a la participación
política en las democracias locales, tanto en el acceso como en el ejercicio de
sus cargos;
II.- Promover legislación constitucional y electoral que garantice el acceso de
las mujeres a los poderes locales, reconociendo los avances ya obtenidos
gracias a las normas electorales
III.- Promover una cultura de respeto a las mujeres como autoridades electas
a un cargo público; y,
IVA.- Respaldar la decisión del Buró Ejecutivo de FLACMA de reinstalar la
Comisión de Igualdad de Género como un espacio para la inclusión de esta
perspectiva en la Región y para promover la formulación e implementación
de políticas públicas municipales con enfoque de género y de
empoderamiento de las mujeres.

• Respaldar la posición de defensa de los principios de proceder pacíficos,
evitando toda forma de violencia y en particular, cualquier forma de
armamentismo, que amenace a las personas, a la soberanía de los estados, a
la integridad del ambiente natural, a las formas de comercio, a las formas de
explotación sostenible de los recursos y al libre tránsito, en cualquier
conflicto en la Región y en particular al que afecta a las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios circundantes, como se expresa
y concreta en la carta aprobada por los miembros del Buró Ejecutivo de
FLACMA a propuesta de COSUDAM, recomendando que se reinicien las
negociaciones entre los estados en conflicto.

Finalmente hacer conocer que la instancia de dirección de la
FLACMA resolvió notificar y convocar desde ya a la realización del
próximo congreso de la Federación Latinoamericana de Ciudades,
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, a la VII Cumbre
Latinoamericana de Autoridades Locales, ExperieciAmerica, que tendrá
lugar en la Ciudad Misiones, Republica Argentina en el año 2013.
Dado en Santiago de Chile, a 23 marzo de 2012.
Julio César Pereyra Raúl Torrealba del Pedregal
PRESIDENTE FLACMA. PRESIDENTE AChM.
Guillermo Tapia Nicola
SECRETARIO EJECUTIVO DE FLACMA