Entre 36 y 50 desarrollos urbanísticos mantendrán centros de votación el 14 A

Misión Vivienda / Raúl Romero

Pese a críticas de la oposición, la distribución de electores del CNE por centro para las presidenciales es similar a la del 7-O

CELINA CARQUEZ 27 de marzo 2013 - 12:18 am

El Consejo Nacional Electoral mantuvo los cuestionados centros de votación en desarrollos urbanísticos de la Misión Vivienda, de acuerdo con la distribución de electores por centro –Tabla-Mesa– para las presidenciales del 14 A, aprobada por el organismo. En esa contienda habrá entre 36 y 50 edificios de la Misión Vivienda convertidos en sitios de votación.
Algunos están identificados como desarrollos urbanísticos, pero otros –que también lo son– tienen nombres que dificultan la ubicación, porque son edificios adjudicados, informaron fuentes del CNE. Por eso se calcula que podrían llegar a 50, aunque en el Tabla-Mesa sólo pueden encontrarse 36 con facilidad. Para el 7-O se habilitaron por primera vez 40 centros en esos complejos.
Distrito Capital es la entidad federal con más edificios de la Misión Vivienda como lugares de sufragio. Sólo en el municipio Libertador hay 24 desarrollos urbanísticos (5.163 votantes); en Vargas, 5 (727 electores); en Miranda, 4 (376 votantes) y en Portuguesa, 3 (1.678 votantes). En total hay 7.944 inscritos para sufragar en las edificaciones de esa misión.

Tiene razón, pero va preso. La Mesa de la Unidad Democrática y el equipo de expertos que analizaron la plataforma tecnológica y las condiciones para los comicios cuestionaron en su momento la ubicación de centros de votación en desarrollos urbanísticos.
Después de las presidenciales de octubre las cifras demostraron el porqué de la protesta: en 40 de esos desarrollos y centros móviles –como el de la Cancillería– el candidato Henrique Capriles Radonski obtuvo entre cero y diez votos. Los testigos opositores que estuvieron en esos desarrollos reportaron que los electores fueron coaccionados antes del acto: el sufragio valdría la adjudicación de un apartamento.
La coordinadora de Defensa del Voto, María de Oteyza, informó en su oportunidad que en la mayoría de esos desarrollos el abanderado opositor no logró ni un sufragio, lo que se tradujo en 3.128 votos a favor del presidente Hugo Chávez. Pese a todo, en el centro móvil de la Cancillería, Capriles tuvo 5 votos y en el desarrollo de Fuerte Tiuna alcanzó 2 sufragios.
La oposición tuvo testigos en todos esos centros. Algunos sufragaron en lugares distintos y luego se trasladaron a los desarrollos urbanísticos, mientras otros lo hicieron en esos complejos. Sin embargo, la conclusión de todos los defensores del voto fue la misma: coerción e intimidación al elector.

Hay fuego en el 23
 Otro asunto polémico en los procesos electorales es la instalación de centros de votación en consejos comunales. El CNE parece no haber acusado recibo de pruebas presentadas por la oposición sobre intimidación a votantes, negación de acceso a testigos de ese sector al recinto y que se impida a electores identificados como opositores entrar en el centro.
El 14 A habrá 8 sitios de votación en consejos comunales del 23 de Enero, con 1.421 ciudadanos inscritos para sufragar. Asimismo, en consejos comunales de Coche, El Valle, Antímano, Macarao y Santa Rosalía, los cuales reúnen a 3.615 electores.
Quizá es una coincidencia que de los 21 consejos comunales que aparecen en el Tabla-Mesa 20 estén ubicados en el municipio Libertador (5.021 electores en el padrón), cuyo alcalde es Jorge Rodríguez, además jefe del comando de campaña del presidente (e) y candidato Nicolás Maduro.
Sólo hay un consejo comunal en Nueva Esparta, en el municipio Mariño, con 182 ciudadanos inscritos en el RE.
Los votantes inscritos en todos los consejos comunales ascienden a 5.203 electores.

El Nacional: el Estado no sabe cómo invierten los consejos comunales los recursos públicos

Publicado el 25 de mar de 2013 6:26 am |

  

Foto: Jessica Martínez / Noticias24 / Archivo

 

(Caracas, 25 de marzo. Noticias24) – El Nacional señaló en su edición de este lunes que la Contraloría General de República en su informe de gestión 2012 “admite que en ocasiones los consejos comunales no presentan soportes justificativos de gastos de 100% del dinero que reciben del Estado“.
Asimismo, reseñó que “en el documento se indica, incluso, que con parte del dinero público entregado a las comunidades organizadas fue adquirida una camioneta Chevrolet a nombre de una de las voceras de la unidad administrativa y financiera comunitaria de un consejo comunal, en lugar de figurar como un bien de propiedad social”.
Igualmente, expresó que “la Contraloría concluyó que el Estado venezolano aprueba y entrega recursos a los consejos comunales y luego no cuenta con mecanismos eficientes para saber con exactitud cómo y en qué se invierte dicho dinero”.
A continuación el texto publicado por el medio:

“Se determinó que a los consejos comunales objeto de examen, el Estado les otorgó recursos para el desarrollo de diversos proyectos. No obstante, existen debilidades de control interno en lo que respecta a los mecanismos de seguimiento, vigilancia, supervisión y control por parte de los órganos del Estado, así como de los representantes de los consejos comunales”. Esta advertencia está contenida en el Informe de Gestión 2012 de la Contraloría General de la República, documento al que se puede acceder en la página web del organismo.
La Contraloría admite en el documento que en ocasiones los consejos comunales no presentan soportes justificativos de gastos de 100% del dinero que reciben del Estado, consignan facturas ilegibles, hacen compras que no están vinculadas con los proyectos aprobados por las asambleas de ciudadanos y no dejan constancia de haber recibido los materiales supuestamente adquiridos, entre otras irregularidades.
En el documento se indica, incluso, que con parte del dinero público entregado a las comunidades organizadas fue adquirida una camioneta Chevrolet a nombre de una de las voceras de la unidad administrativa y financiera comunitaria de un consejo comunal, en lugar de figurar como un bien de propiedad social.
La Contraloría concluyó que el Estado venezolano aprueba y entrega recursos a los consejos comunales y luego no cuenta con mecanismos eficientes para saber con exactitud cómo y en qué se invierte dicho dinero.
El órgano encargado de velar por el uso transparente del erario público llegó a este hallazgo luego de evaluar los procesos administrativos y financieros de cuatro consejos comunales, y de auditar la operación de cinco bancos comunales a los que les otorgaron recursos.
La muestra de cuatro consejos comunales tomada para el estudio constituye el 0,009% del total de organizaciones comunitarias que existen en Venezuela, y que, según cifras aportadas en febrero por la ministra de Comunas, Isis Ochoa, suman 43.600. Esto quiere decir que hay 43.596 consejos comunales que no fueron auditados por la Contraloría.
Tarjetas telefónicas y taxis. La organización comunitaria Jesucristo Mi Buen Compañero, del estado Carabobo, recibió 2,01 millones de bolívares en junio de 2008 para la construcción de 30 viviendas bajo la modalidad de autogestión.
“De la revisión efectuada se constató que 74 facturas, por un total de 48.384,38 bolívares, son ilegibles; hay 7.672,84 bolívares en gastos no vinculados con el desarrollo del proyecto por concepto de alimentos y bebidas, tarjetas telefónicas, consultas médicas y medicinas, y 5.002,50 bolívares por concepto de traslados en taxi que no indican el nombre y cédula de identidad del beneficiario, así como el destino y actividades a realizar”, indica la Contraloría en cuanto a la auditoría de gastos de esa organización comunal.
En cuanto a los 120.000 bolívares otorgados al consejo comunal Eucaliptos Palo Alto, del estado Miranda, para la construcción de 300 metros de torrenteras con sus respectivas tuberías de aguas servidas, se advierte que fueron presentados soportes de gastos de 96,36% de los recursos entregados, que la síntesis del proyecto no cuenta con la firma de la asamblea de ciudadanos ni con el sello de la organización comunal.
Otro proyecto que no fue aprobado por la asamblea de ciudadanos fue el de impermeabilización de las azoteas de la zona F del 23 de Enero, para el cual se celebraron 10 contratos pero se tomaron 3, por 2.638.665,36 bolívares, para la auditoría.
Con respecto a lo ocurrido en el Centro Comunal Socialista Textileros y Afines, en el que se verificó la compra de una camioneta Cheyenne, marca Chevrolet, a nombre de una de las integrantes de dicha organización y no del consejo comunal, la Contraloría fue contundente: “Se deduce la falta de transparencia, rendición de cuentas, honestidad, eficiencia, responsabilidad social en lo que respecta a la transacción realizada para la adquisición del mencionado vehículo por parte del consejo comunal”.

Capacitación. Ante la imposibilidad de constatar si las comunidades organizadas han hecho uso transparente de los recursos públicos que se les entregan, la Contraloría advirtió la necesidad de capacitar a los ciudadanos en materia de rendición de cuentas. En total, 30.391 voceros de consejos comunales fueron capacitados en 2012 en esta materia.
Para tratar de ayudar a solucionar el problema del manejo ineficiente del dinero público por parte de las comunidades, el Tribunal Supremo de Justicia efectuará hoy una jornada, en la que, además de vender electrodomésticos del programa Mi Casa Bien Equipada, se formará a los integrantes de los consejos comunales para que sepan elaborar y llevar a cabo proyectos comunitarios.

Bancos comunales no recuperan los recursos

Entre 2007 y 2008 el Fondo de Desarrollo Microfinanciero otorgó a 5 bancos comunales 1,5 millones de bolívares clasificados como recursos retornables, de los cuales había recuperado hasta noviembre de 2011 un total de 36.740 bolívares, es decir, 2,45% de los recursos prestados, indica la Contraloría General de la República en su Informe de Gestión 2012.
“Queda un monto pendiente por recuperar de 1,46 millones de bolívares (97,55%), lo cual afecta la capacidad del sistema microfinanciero para atender la economía popular y alternativa a objeto de procurar su incorporación a la dinámica del desarrollo económico y social del país, debido a que los controles internos implementados por el fondo son débiles y no garantizan la recuperación de los recursos”, se indica en el documento.
El informe señala que estos bancos otorgaron 193 créditos, de los cuales 81 fueron para atender proyectos comunitarios. “Sin embargo, los expedientes carecen de suficiente información que permita establecer el uso y destino de los recursos”, se indica.

El dato

104 de los 112 créditos personales que fueron otorgados por 5 bancos comunales fueron otorgados sin que quedara constancia del destino que se les daría a dichos recursos. Así se precisa en el Informe de Actuaciones anexo al Informe de Gestión 2012 de la Contraloría.

Por Diana Lozano Perafán

Guerra: “El gobierno de Maduro hipoteca el futuro de Venezuela”

El economista José Guerra, integrante del Comando Simón Bolívar, afirmó que el candidato del gobierno engaña a los venezolanos sobre la situación económica, y su oferta electoral no es nada alentadora, pues pretende hipotecar aun más el futuro de los venezolanos.

“Entre 1999 y 2012 la deuda pública nacional consolidada aumentó de US$ 32.809 millones a US$ 305.330 millones. En términos del PIB la deuda total saltó de 37% del PIB a 54,1% del PIB en esos años. Este aumento vertiginoso de 526% ocurrió en el contexto de un aumento sin precedentes de los precios del petróleo, los cuales pasaron de US$ 10 por barril en 1999 a US$ 105 por barril en 2012. El gobierno no solamente gastó todo el ingreso petrolero y no petrolero sino también se endeudó masivamente”, denunció.

Puntualizó que se trata de una deuda irresponsablemente contraída porque no se utilizó para aumentar las capacidades productivas, sino para financiar un gasto dispendioso, al tiempo que explicó,  que actualmente las capacidades productivas para elaborar alimentos han disminuido y el potencial para producir insumos tales como acero, cemento y aluminio ha mermado sensiblemente.

“PDVSA, que era una empresa solvente, se ha endeudado peligrosamente. La deuda total de esta empresa pasó de US$ 5.000 en 1998 a US$ 78.506 millones, al incluir la deuda con el BCV y con contratistas y proveedores. Mientras PDVSA se endeudaba de esta manera, en ese lapso la producción petrolera declinó 20%”, denunció.

En este sentido, y tomando cifras oficiales que pareciera que Maduro desconoce, Guerra informó que toca pagar la deuda y en el presupuesto de 2013, el pago de la deuda absorbe el 20% del gasto en tanto que la educación recibe el 12% y la salud 8%. De esta manera ahora los venezolanos deben pagar con sacrificios,  por un endeudamiento irresponsable y que no tiene justificación.

“El Gobierno de Unidad Nacional, que liderará Henrique Capriles, será para trabajar por una  economía sostenible y para la gente. Se implementarán políticas que contribuyan al impulso de nuestro aparato productivo. Se eliminará la regaladera de nuestros ingresos a otros países. La eficiencia y transparencia será la norma.  El Gobierno de Unidad Nacional quiere rescatar el futuro de los venezolanos”, finalizó el economista.

Unidad: “El actual gobierno confunde economía social con buhonería”

Unidad Venezuela.-  El Coordinador de Economía Social y Cooperativas de la Unidad. Oscar Bastidas presentó este martes un balance del desastre en el que se encuentran las cooperativas por parte de las malas políticas del gobierno nacional, las cuales amenazan la economía y, en consecuencia, el poder adquisitivo de los venezolanos.

Bastidas recordó los grandes aportes que el cooperativismo logró al participar en la Constituyente, los cuales fueron repudiados por este gobierno, “actualmente lo que existe es un cementerio de más de 300mil cooperativas y un contingente de 5 millones de ciudadanos frustrados. En el país, actualmente funcionan poco más de 20.000 cooperativas, teniendo dudas sobre la existencia de las últimas 8.000 constituidas, ya que algunas son falsas y otras de maletín”, dijo.

Para el representante de la Unidad las fallas de la constitución de las cooperativas radican en “la incomprensión de la dimensión empresarial cooperativa en el contexto de ausencia de definiciones sobre la economía popular, al extremo de confundir Economía Social con buhonería”. La subestimación de los potenciales cooperativistas y reducir los procesos formativos  a los talleres del INCES a simples cartillas sobre modos de producción, poder popular, socialismo y otras  generalidades, sin aterrizaje en lo económico, lo administrativo, y lo contable”.

Asimismo denunció la politización e incapacidad de la Sunaccop para concluir un censo de cooperativas y de publicar  cifras desde el 2009, “se convirtió en un sistema de financiamiento a fondo perdido y sin estadísticas con fines políticos y comisiones bajo mesa” que para justificarse acusó a las cooperativas, en conjunto con el gobierno, de ser capitalistas.

El Coordinador de Economía Social, señaló que aún con este panorama, las cooperativas son salvables, particularmente aquellas con potencial económico y comunitario. “La propuesta del gobierno de Unidad Nacional es impulsar las cooperativas como salidas colectivas al emprendimiento individual, constituir la Universidad Experimental de la Economía Social, fortalecer el andamiaje legal de éstas con la promulgación de la Ley Orgánica de la Economía Social (LOES) y la creación de la Superintendencia Nacional de Economía Social (SUNES), impulsar alianzas con OESs exitosas extranjeras, entre otras.

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Más información en: www.unidadvenezuela.org

UNIDAD:"El PNUD confirma que Venezuela está en los primeros lugares de violencia"

UNIDAD VENEZUELA.-El coordinador de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Unidad, Luis Izquiel informó que el último  informe  de Desarrollo Humano del PNUD ratifica que, producto de las políticas erradas que se han aplicado en los últimos años, Venezuela se encuentra hoy entre los deshonrosos primeros lugares de violencia del mundo; conclusión que el dirigente de la Unidad calificó como una muestra de que el Gobierno se muestra incapaz de garantizar la vida y los bienes de los venezolanos.

"La tasa de 45,1 homicidios por cada 100.000 habitantes nos ubica como el quinto país del mundo en asesinatos, solo detrás de Honduras y El Salvador, Jamaica y Costa de Marfil. Lo más preocupante es que el estudio del PNUD se hizo con data del 2011. Si consideramos el índice de 56 homicidios/100.000 habitantes, reconocido por Nicolás Maduro el pasado 28 de febrero ante la Asamblea Nacional, tenemos que Venezuela es hoy la segunda nación con mayor criminalidad en el orbe. Sin mencionar que ONG's como el Observatorio Venezolano de Violencia han indicado que, tomando en consideración los 21.600 homicidios ocurridos en 2012, tendríamos una tasa de 73 asesinatos/ 100.000 habitantes", indicó.

Asimismo, Izquiel puntualizó que el  informe del PNUD confirma que el grueso de la población venezolana se muestra temerosa en relación a la criminalidad que reina en el país."El 69% de los ciudadanos señala una alta percepción de inseguridad. Nuestro pueblo vive bajo un toque de queda decretado por la delincuencia, ante la incapacidad del Gobierno. Los ciudadanos ha tenido que cambiar sus rutinas diarias, tratando de no salir de noche y absteniéndose de visitar algunos sitios de la ciudad o localidad donde residen. Esto se traduce en una clara disminución de la calidad de vida de los venezolanos", dijo.


Apuntó también,  que el citado estudio refleja algunas de las consecuencias que sufre un país por tener tasas de delincuencia tan altas, como el  debilitamiento de la confianza de los ciudadanos en el futuro, reducción de la competitividad de las industrias, daño en el clima de inversiones, fuga de cerebros y desviación de recursos para la inversión social, indicativos que, a su juicio, demuestran que la inseguridad ciudadana que padece Venezuela está disminuyendo la posibilidad de desarrollo del país.

"Nicolás Maduro ha demostrado durante su Gobierno interino que no tiene la capacidad para solucionar el grave problema de inseguridad que sufre el país. En las manos de los ciudadanos está la posibilidad de que Venezuela realice un giro de 180 grados en esta materia. Los venezolanos no podemos seguir viviendo con miedo. El Gobierno de Unidad Nacional que presidirá Capriles pondrá en práctica las políticas que requiere Venezuela para acabar con la violencia", finalizó Izquiel. 

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Más información en: www.unidadvenezuela.org

EL COMIENZO DE LA VENEZUELA POST-CHÁVEZ

No cabe duda que, la gestión de gobierno del Presidente Hugo Chávez (1954-2013) dejará una huella trascendente y, por lo tanto, histórica para el país. Líder político carismático logró establecer vínculos emocionales con toda la población; bien fuera a su favor o en su contra. Durante los últimos 14 años, Venezuela como nación, como sociedad policlasista y aún plural, giró en torno a su liderazgo; ahora su ausencia en la escena política nacional se dimensionará notablemente. A su partida, Chávez nos deja un proyecto de país: el Socialismo del Siglo XXI”  y también deja a una población dividida y polarizada entre “escuálidos y oficialistas”. Paz a sus restos.

Desde su llegada al gobierno en el año 1999, el Presidente Chávez se propuso impulsar un cambio estructural en el país: con una nueva Constitución asentó las bases de una “democracia participativa y protagónica” que luego derivaría hacia el socialismo, con la atención a los sectores en situación de vulnerabilidad mediante programas asistenciales denominados misiones, con la promoción de la organización popular bajo la figura de los consejos comunales y otros mecanismos de participación, con el aumento de la presencia de la actividad estatal en el área económica y, por último, con un redimensionamiento de la política internacional venezolana.

Los resultados de la gestión de gobierno de Chávez en cada uno de sus propósitos fueron variables y discutibles. Al respecto, cabe destacar que su administración gubernamental se desarrolló bajo una bonanza fiscal producto de los altos ingresos petroleros; pero también fue afectada tanto por su baja capacidad operativa y por diversos eventos políticos internos de los cuales merecen destacarse –en mi opinión- cuatro: su breve separación del poder ejecutivo en el año 2002, en unos confusos sucesos calificados por los sectores oficialistas de golpe de estado, su victoria en el referendo revocatorio del año 2004, su derrota de la reforma constitucional en 2007 dirigida a convertir a Venezuela en un estado socialista y la victoria alcanzada en la enmienda constitucional en el año 2009, que permitía la reelección indefinida.

La vida sigue y, ahora mucho más que acaba de producirse un cambio fundamental: el liderazgo de la revolución bolivariana ha cambiado de manos y eso, es una realidad inobjetable. Maduro no es Chávez, ni puede pretender serlo. Que asuma “el testigo” y continúe la carrera es otra cosa. Por lo tanto, los acentos, los énfasis y las prioridades en el proyecto del “Socialismo del Siglo XXI” cambiarán en su debido momento, de eso tampoco caben dudas. Entre otras cosas, Nicolás Maduro no es un militar sino un civil que por el contrario proviene del movimiento sindical, de la actividad parlamentaria y de la cancillería. Habrá diferencias.

Por otra parte, las condiciones objetivas han cambiado en Venezuela. La economía se encuentra maltrecha con un índice anualizado para esta fecha de un 22%; y una devaluación monetaria de un 46% que sin lugar a dudas golpea la calidad de vida de los venezolanos y, en especial de aquellos sectores más vulnerables. A lo anterior se le suman problemas de escasez en la distribución de alimentos y artículos de primera necesidad. La inseguridad ciudadana sigue imperando en la calles de las ciudades y poblados del país. La calidad de los servicios públicos sigue siendo deficitaria y una creciente ola de protestas sociales comienza a hacerse sentir en todo el país.

En Venezuela, la correlación de fuerzas político-electoral sigue siendo muy pareja. En realidad, lo más inteligente sería que los principales líderes del gobierno y de la oposición democrática se sentarán a dialogar, no para abandonar sus principios ideológicos; pero sí para establecer ciertos acuerdos que viabilicen de “manera tranquila” el desarrollo del próximo proceso electoral presidencial, a realizarse muy pronto.

Para el nuevo gobierno en ciernes –sea cual sea su signo ideológico- la agenda de los problemas a resolver es considerable y, requeriría de un pacto de gobernabilidad incluyente y corresponsable. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en una crisis de largo alcance. Venezuela necesita impulsar un proceso de reunificación. Nos encontramos en una nación profundamente dividida; cuyas partes se miran con recelo y ese legado en la nueva era post-Chávez que recién comienza, se debe superar.

miguelgmarregot@gmail.com

La nueva geometría del poder quedó inconclusa

Hasta diciembre de 2013 el Ejecutivo había registrado 511 comunas en construcción | Foto: Francesca Commissari

Los cambios de la organización político territorial que habían sido rechazados mediante referéndum fueron impuestos por el Presidente a través de decretos leyes

EDGAR LÓPEZ 6 de marzo 2013 - 01:00 am

La primera tarea encomendada por el presidente Hugo Chávez 13 días después de su tercera reelección fue la consolidación del Estado Comunal. En el consejo de ministros realizado el 20 de octubre de 2012, el jefe del Estado se quejó por la demora en la instauración de un nuevo régimen basado en un concepto de descentralización que debilita las gobernaciones y alcaldías y privilegia la transferencia de competencias y recursos a las organizaciones del Poder Popular.
“Las comunas no se ven por ningún lado, ni el espíritu de la comuna, que es mucho más importante en este momento que la misma comuna, la cultura comunal. ¿Será que yo seguiré clamando en el desierto por cosas como esta? Todos aquí tenemos que ver con esto, todos; aquí en torno a Miraflores debería existir ya una comuna; es parte del alma de este proyecto”, expresó el Presidente con dramatismo.
Para el momento del reclamo presidencial, el Ejecutivo registraba 511 comunas en construcción. Al presentar su programa de gobierno para el período 2013-2019, Chávez había fijado una ambiciosa meta: un crecimiento interanual de 450 comunas para que al final del sexenio existan 3.000 y allí vivan 21.060.000 venezolanos, es decir, 68% de la población.
Los consejos comunales aparecieron en el ordenamiento jurídico venezolano en 2002, en la Ley Especial de los Consejos Locales de Planificación Pública. Inicialmente se les concebía como espacios de la sociedad civil, vinculados con la gestión municipal. Sin embargo, mediante la Ley de los Consejos Comunales aprobada en 2006, dejaron de ser mecanismos para la incidencia ciudadana en la formulación de políticas públicas y quedaron sujetos a las decisiones de una Comisión Presidencial de Poder Popular.
La nueva geometría del poder, como la denominó el oficialismo, se consolidaría a través de un sistema de agregación comunal. Los consejos comunales y demás organizaciones del Poder Popular se agrupan en comunas, y la suma de ellas, integran la ciudad comunal. La articulación de varias ciudades comunales en el ámbito de un distrito motor de desarrollo da origen a la federación comunal. Los distritos motores y los ejes territoriales son definidos por el Ejecutivo y pueden abarcar espacios de varios estados o municipios. Hasta el presente sólo existen comunas en construcción, por lo cual la nueva geometría del poder está en una fase incipiente.
 Rechazada en referéndum. En 2006, después de ser reelecto por segunda vez, Chávez proclamó la “explosión” del Poder Popular como uno de los motores para acelerar el tránsito a una sociedad socialista.
El Presidente propuso la reforma de la Constitución para darle mayor fuerza jurídica a ese poder, que no figuraba expresamente en la carta magna. “Las comunas serán las células sociales del territorio y estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia”, rezaba el artículo 16 del proyecto de reforma.
La reorganización del territorio que se quería incorporar al texto fundamental le permitía al Presidente decidir la creación, modificación o supresión de regiones marítimas, territorios federales, Distrito Federal, municipios federales, distritos insulares, provincias federales, ciudades federales y distritos funcionales. Además, el jefe del Estado se reservaba la facultad de designar y remover con absoluta discrecionalidad a las autoridades de las nuevas entidades.
La reforma fue rechazada mediante el referéndum realizado el 2 de diciembre de 2007, con los votos de 4.504.354 electores (50,7%). Sin embargo, Chávez no desistió y a través de una nueva habilitación legislativa que le concedió la Asamblea Nacional dictó decretos para imponer los cambios.
El 21 de diciembre de 2010, a 13 días del vencimiento de la legislatura 2006-2011, fueron publicadas y entraron en vigencia las leyes orgánicas del Poder Popular, de Planificación Pública Popular, de las Comunas, de Contraloría Social y del Sistema Económico Comunal. Con ello estaban echadas las bases jurídicas del nuevo Estado comunal.
Pero, como explica el abogado José Gregorio Delgado, asesor de la Asamblea Nacional durante la reforma de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la cultura comunal exigida por Chávez presupone el aprendizaje de nuevas relaciones de convivencia, a partir del sentido de pertenencia a un territorio y de las necesidades particulares de cada comunidad. “No bastan decretos ni leyes”, advierte.
La versión oficial. Desde la academia se ha advertido que el Estado comunal no tiene fundamento constitucional y que, en la práctica, pretende revertir la descentralización, mediante el despojo de competencias y recursos a las gobernaciones y alcaldías.
Lo más controversial, en opinión de la investigadora Margarita López Maya, es que los consejos comunales obedecen a una planificación no participativa sino fuertemente centralizada en el Ejecutivo, el cual establece las políticas estratégicas, planes y programas que estos gestionarán. El tutelaje estatal anula la autonomía de la participación ciudadana en la gestión pública, opina López Maya.
El ex diputado Ulises Daal, uno de los artífices de las leyes del Poder Popular, refuta las críticas: “No estamos haciendo otra cosa sino reivindicar los nuevos sujetos de descentralización, en el ámbito de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades, como se señala textualmente en el numeral 6 del artículo 184 de la Constitución. Y, por encima de todo, estamos cumpliendo la voluntad del pueblo soberano, expresada en los dos últimos procesos electorales”.
En octubre de 2010, el dirigente oficialista Aristóbulo Istúriz dijo: “Es el momento de desbaratar las gobernaciones y alcaldías”. El 17 de octubre, un día después de ser electo gobernador de Anzoátegui, aseguró que convertiría al estado oriental en un estado comunal.
Hegemonía comunicacional, un objetivo estratégico

Desde el cargo de ministro de Información, Andrés Izarra expuso públicamente el concepto de hegemonía comunicacional como objetivo estratégico del Gobierno. El 8 de enero de 2007 declaró a El Nacional: “Tenemos que hacer que el pensamiento y los valores socialistas de lo colectivo, lo solidario y lo social predominen sobre los del capitalismo. Nosotros hacemos una propuesta de que sean una serie de medidas en varios ámbitos para construir la hegemonía comunicacional e informativa que permita la batalla ideológica y cultural para impulsar el socialismo”.
Marcelino Bisbal y Andrés Cañizales, investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, precisaron el resultado de las medidas referidas por Izarra: 1) se aumentó de uno a seis el número de televisoras administradas por el Estado: VTV, TVES, Telesur, Vive, ANTV y Ávila; 2) se repotenciaron Radio Nacional y YVKE Mundial; 3) se crearon más de 300 radioemisoras y 40 televisoras comunitarias afectas al oficialismo; 4) se promulgó la Ley Resorte y se reformó para incluir televisión por cable y medios electrónicos, así como para incrementar sanciones administrativas; 5) se reformó el Código Penal para incluir el delito de terrorismo mediático; 6) se dictaron sentencias que relajaron el derecho a rectificación e intensificaron los delitos de desacato, en beneficio de los altos funcionarios; 7) además de revocar las concesiones a RCTV y 34 radioemisoras, más de 200 estaciones de radio quedaron en una especie de limbo y operan sin permiso; 8) la publicidad oficial sólo benefició a los medios complacientes con el Gobierno.
Los ataques a medios y reporteros, la restricción del derecho a la información pública y la censura previa judicial fueron dificultades sistemáticas durante el gobierno de Hugo Chávez.
La organización no gubernamental Espacio Público registró 2.011 denuncias de violaciones de la libertad de expresión entre 2002 y 2011. “La tendencia vinculada con las agresiones mantuvo una línea creciente y sostenida. La ausencia de justicia en los casos de agresiones y ataques legitima de hecho la violencia contra los periodistas y medios”, alertó.

MUD: En materia eléctrica, los hechos nos dan la razón

UNIDAD VENEZUELA.- Ante el gran apagón que dejo a oscuras 12 estados del país el día de ayer, 27 de febrero, el coordinador de la Comisión de Electricidad de la Mesa de la Unidad, Manuel Guevara enfatizó que si se continúa con la política gubernamental que se viene ejecutando, lamentablemente, estas situaciones se harán más frecuentes durante 2013.

El técnico de la Unidad recordó que apenas el martes 26 de este mes, en una rueda de prensa, la comisión técnica de la MUD realizó un balance de la situación eléctrica nacional durante 2012 con miras a 2013,  determinando que por falta de inversión planificada, los problemas en esta materia continuarían y se agravarían con el paso de los días.

“Los hechos nos han dado la razón,  y 12 estados del país sufrieron ayer un gran apagón, el más grande del 2013, causado según Corpoelec por un incendio en una línea de transmisión de 400 Kv proveniente de Guri, que implicaron que Planta Centro, en Carabobo, Planta Tacoa (Vargas), y otras importantes plantas de generación quedaran fuera de  servicio, dejando sin energía a millones de venezolanos en Aragua, Anzoátegui, Monagas, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Mérida, Trujillo, Falcón, entre otros”, dijo. 

 Insistió en que una de las áreas más vulnerables del sistema eléctrico es la transmisión y la distribución. Allí ocurren la mayoría de las interrupciones del servicio, sencillamente por  la falta de mantenimiento, la saturación de las redes, su obsolescencia y la insuficiente inversión que ha recibido durante los últimos años por parte del gobierno nacional, a través de Corpoelec.  

“No se han realizado las inversiones en la red de transmisión interconectada requeridas para su modernización y ampliación, para utilizar  plenamente la capacidad de generación que existe en Guayana, y eso mismo ocurre en distribución que es la parte del sistema eléctrico que lleva la energía a los hogares, a los negocios, oficinas y fábricas”, explicó Guevara.

 En este sentido, sentenció que mientras el Gobierno no le dé  prioridad al  mantenimiento de las redes, los problemas en ellas y en el sistema de distribución se multiplicarán.  “El mantenimiento es una actividad que debe ser planificada y ejecutada de manera regular, y dejar atrás la gerencia por crisis. Los operativos solo permiten corregir las fallas, y no preverlas o evitarlas ¡Ya basta de la falta de planificación!”, exigió.

Por todo esto, y en nombre de la Unidad, dijo que  la situación del sector eléctrico nacional durante 2013, puede ser difícil y verse agravada por las complicaciones financieras que enfrentará el gobierno, como consecuencia de la reciente devaluación del bolívar que encarecerá la adquisición de los equipos y materiales eléctricos, imprescindibles para la ampliación y modernización del sistema eléctrico nacional.

Para concluir, Guevara sentenció que ante esta crisis, la gran Caracas se verá afectada por los problemas eléctricos que vienen teniendo lugar en el interior del país.

O como autocolocarse un cepo: Consejos comunales de clase media aspiran a constituirse en comunas

En Montalbán III y el norte de Caracas celebran reuniones para impulsar la forma de organización

EMILY AVENDAÑO 1 de marzo 2013 - 12:01 am

El intento de invasión de un terreno de 22 hectáreas en Montalbán, en julio del año pasado, activó las alarmas en la comunidad y les hizo ver que tenían que organizarse. Desde entonces, en Montalbán III han surgido nuevos liderazgos y se preparan para constituir por primera vez consejos comunales en la zona.
En total esperan formar siete agrupaciones. Allí reunirán a alrededor de 6.000 personas, que habitan en las 46 residencias de la urbanización. Filippo Maniscalco, subcoordinador de la asociación civil Lucha Montalbán, explicó que este fin de semana en asamblea pública de ciudadanos definirán los equipos promotores para cada uno de esos consejos. “La meta es que a futuro podamos constituirnos en comuna. Mediante la autogestión hemos visto que podemos lograr pequeñas cosas. Constituirnos como consejo comunal y luego en comunas es un medio para lograr el apoyo formal y fuerte de los entes gubernamentales”, precisó.
Cada manzana creará su propio consejo. El sábado habrá tres asambleas y el domingo otras dos. El fin de semana siguiente realizarán las reuniones restantes. Podrán participar todos los vecinos mayores de 15 años de edad, sean propietarios, inquilinos o trabajadores residenciales, con más de 6 meses de residencia en su manzana.
La posibilidad de constituir una comuna también es considerada en otras urbanizaciones. Los voceros del Consejo Comunal Carlos Raúl Villanueva, en La Florida, han estado enviando este mensaje a través de las redes sociales: “Próximamente, los consejos comunales de las urbanizaciones del norte de Caracas nos constituiremos en comuna... ¡En la unión está la fuerza!”.
Anoche, miembros de los consejos comunales de Las Palmas, Los Jabillos, Los Caobos norte, San Rafael de La Florida, Los Samanes y Las Colinas celebraron una mesa de trabajo para empezar a desarrollar lineamientos, definir el nombre de la comuna y organizar ideas antes de llamar a asamblea. Desean agilizar la solución de los problemas del sector, pero sin vincularse a una posición político-partidista.
“Queremos ocupar ese espacio. Hacer saber a Fundacomunal quiénes somos y que aquí estamos. Nuestra finalidad es emprender proyectos que puedan beneficiar a la comunidad, considerando que es más lo que podemos lograr si estamos unidos, especialmente para atender la situación de inseguridad que vivimos en la zona”, explicó Vicente Guarino, vocero del Consejo Comunal de Las Palmas.

Mesas de trabajo. Lucha Montalbán ha realizado 14 conversatorios desde enero para informar a la comunidad de su propuesta. Maniscalco confía en que en cada equipo promotor habrá por lo menos un representante de cada edificio: “A continuación viene un trabajo fuerte, que es definir el ámbito geográfico y realizar el censo socioeconómico de cada consejo comunal; luego correspondería llamar a elecciones para definir a los primeros miembros”. Calculan que en el primer semestre del año habrán logrado formar el primer consejo y en el lapso de un año habrán avanzado hacia la constitución de la comuna.
Thamara Nieves, de La Florida, explica que poco a poco han ido ganando adeptos a la idea: “Nuestro objetivo es trabajar junto con los sectores populares”.

Reconocimiento
Para Rosa Amelia González, directora Académica y de Investigaciones del IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración, la organización de consejos comunales en comunas tiene un componente ideológico y político asociado del que es muy difícil desligarse. “Es compresible que estas comunidades busquen unirse como una forma de obtener reconocimiento, asumiendo el modo de organización al que el Gobierno le da legitimidad. Ahora, la pregunta que surge es qué tan eficientes pueden ser, cuando nos encontramos con casos de consejos comunales que han seguido todos los procedimientos de ley, pero no consiguen recursos”.
De acuerdo con la Ley Orgánica de las Comunas, para constituirse como tal es necesaria una carta fundacional, aprobada en referendo popular, que indique la declaración de principios, el censo poblacional, diagnóstico de problemas y necesidades y el inventario de las potencialidades.