Hasta diciembre de 2013 el Ejecutivo había registrado 511 comunas en construcción | Foto: Francesca Commissari
Los cambios de la organización político
territorial que habían sido rechazados mediante referéndum fueron
impuestos por el Presidente a través de decretos leyes
6 de marzo 2013 - 01:00 am
La primera tarea encomendada por el presidente Hugo Chávez 13
días después de su tercera reelección fue la consolidación del Estado
Comunal. En el consejo de ministros realizado el 20 de octubre de 2012,
el jefe del Estado se quejó por la demora en la instauración de un nuevo
régimen basado en un concepto de descentralización que debilita las
gobernaciones y alcaldías y privilegia la transferencia de competencias y
recursos a las organizaciones del Poder Popular.
“Las comunas no se ven por ningún lado, ni el espíritu de la comuna, que es mucho más importante en este momento que la misma comuna, la cultura comunal. ¿Será que yo seguiré clamando en el desierto por cosas como esta? Todos aquí tenemos que ver con esto, todos; aquí en torno a Miraflores debería existir ya una comuna; es parte del alma de este proyecto”, expresó el Presidente con dramatismo.
Para el momento del reclamo presidencial, el Ejecutivo registraba 511 comunas en construcción. Al presentar su programa de gobierno para el período 2013-2019, Chávez había fijado una ambiciosa meta: un crecimiento interanual de 450 comunas para que al final del sexenio existan 3.000 y allí vivan 21.060.000 venezolanos, es decir, 68% de la población.
Los consejos comunales aparecieron en el ordenamiento jurídico venezolano en 2002, en la Ley Especial de los Consejos Locales de Planificación Pública. Inicialmente se les concebía como espacios de la sociedad civil, vinculados con la gestión municipal. Sin embargo, mediante la Ley de los Consejos Comunales aprobada en 2006, dejaron de ser mecanismos para la incidencia ciudadana en la formulación de políticas públicas y quedaron sujetos a las decisiones de una Comisión Presidencial de Poder Popular.
La nueva geometría del poder, como la denominó el oficialismo, se consolidaría a través de un sistema de agregación comunal. Los consejos comunales y demás organizaciones del Poder Popular se agrupan en comunas, y la suma de ellas, integran la ciudad comunal. La articulación de varias ciudades comunales en el ámbito de un distrito motor de desarrollo da origen a la federación comunal. Los distritos motores y los ejes territoriales son definidos por el Ejecutivo y pueden abarcar espacios de varios estados o municipios. Hasta el presente sólo existen comunas en construcción, por lo cual la nueva geometría del poder está en una fase incipiente.
Rechazada en referéndum. En 2006, después de ser reelecto por segunda vez, Chávez proclamó la “explosión” del Poder Popular como uno de los motores para acelerar el tránsito a una sociedad socialista.
El Presidente propuso la reforma de la Constitución para darle mayor fuerza jurídica a ese poder, que no figuraba expresamente en la carta magna. “Las comunas serán las células sociales del territorio y estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia”, rezaba el artículo 16 del proyecto de reforma.
La reorganización del territorio que se quería incorporar al texto fundamental le permitía al Presidente decidir la creación, modificación o supresión de regiones marítimas, territorios federales, Distrito Federal, municipios federales, distritos insulares, provincias federales, ciudades federales y distritos funcionales. Además, el jefe del Estado se reservaba la facultad de designar y remover con absoluta discrecionalidad a las autoridades de las nuevas entidades.
La reforma fue rechazada mediante el referéndum realizado el 2 de diciembre de 2007, con los votos de 4.504.354 electores (50,7%). Sin embargo, Chávez no desistió y a través de una nueva habilitación legislativa que le concedió la Asamblea Nacional dictó decretos para imponer los cambios.
El 21 de diciembre de 2010, a 13 días del vencimiento de la legislatura 2006-2011, fueron publicadas y entraron en vigencia las leyes orgánicas del Poder Popular, de Planificación Pública Popular, de las Comunas, de Contraloría Social y del Sistema Económico Comunal. Con ello estaban echadas las bases jurídicas del nuevo Estado comunal.
Pero, como explica el abogado José Gregorio Delgado, asesor de la Asamblea Nacional durante la reforma de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la cultura comunal exigida por Chávez presupone el aprendizaje de nuevas relaciones de convivencia, a partir del sentido de pertenencia a un territorio y de las necesidades particulares de cada comunidad. “No bastan decretos ni leyes”, advierte.
La versión oficial. Desde la academia se ha advertido que el Estado comunal no tiene fundamento constitucional y que, en la práctica, pretende revertir la descentralización, mediante el despojo de competencias y recursos a las gobernaciones y alcaldías.
Lo más controversial, en opinión de la investigadora Margarita López Maya, es que los consejos comunales obedecen a una planificación no participativa sino fuertemente centralizada en el Ejecutivo, el cual establece las políticas estratégicas, planes y programas que estos gestionarán. El tutelaje estatal anula la autonomía de la participación ciudadana en la gestión pública, opina López Maya.
El ex diputado Ulises Daal, uno de los artífices de las leyes del Poder Popular, refuta las críticas: “No estamos haciendo otra cosa sino reivindicar los nuevos sujetos de descentralización, en el ámbito de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades, como se señala textualmente en el numeral 6 del artículo 184 de la Constitución. Y, por encima de todo, estamos cumpliendo la voluntad del pueblo soberano, expresada en los dos últimos procesos electorales”.
En octubre de 2010, el dirigente oficialista Aristóbulo Istúriz dijo: “Es el momento de desbaratar las gobernaciones y alcaldías”. El 17 de octubre, un día después de ser electo gobernador de Anzoátegui, aseguró que convertiría al estado oriental en un estado comunal.
Hegemonía comunicacional, un objetivo estratégico
Desde el cargo de ministro de Información, Andrés Izarra expuso públicamente el concepto de hegemonía comunicacional como objetivo estratégico del Gobierno. El 8 de enero de 2007 declaró a El Nacional: “Tenemos que hacer que el pensamiento y los valores socialistas de lo colectivo, lo solidario y lo social predominen sobre los del capitalismo. Nosotros hacemos una propuesta de que sean una serie de medidas en varios ámbitos para construir la hegemonía comunicacional e informativa que permita la batalla ideológica y cultural para impulsar el socialismo”.
Marcelino Bisbal y Andrés Cañizales, investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, precisaron el resultado de las medidas referidas por Izarra: 1) se aumentó de uno a seis el número de televisoras administradas por el Estado: VTV, TVES, Telesur, Vive, ANTV y Ávila; 2) se repotenciaron Radio Nacional y YVKE Mundial; 3) se crearon más de 300 radioemisoras y 40 televisoras comunitarias afectas al oficialismo; 4) se promulgó la Ley Resorte y se reformó para incluir televisión por cable y medios electrónicos, así como para incrementar sanciones administrativas; 5) se reformó el Código Penal para incluir el delito de terrorismo mediático; 6) se dictaron sentencias que relajaron el derecho a rectificación e intensificaron los delitos de desacato, en beneficio de los altos funcionarios; 7) además de revocar las concesiones a RCTV y 34 radioemisoras, más de 200 estaciones de radio quedaron en una especie de limbo y operan sin permiso; 8) la publicidad oficial sólo benefició a los medios complacientes con el Gobierno.
Los ataques a medios y reporteros, la restricción del derecho a la información pública y la censura previa judicial fueron dificultades sistemáticas durante el gobierno de Hugo Chávez.
La organización no gubernamental Espacio Público registró 2.011 denuncias de violaciones de la libertad de expresión entre 2002 y 2011. “La tendencia vinculada con las agresiones mantuvo una línea creciente y sostenida. La ausencia de justicia en los casos de agresiones y ataques legitima de hecho la violencia contra los periodistas y medios”, alertó.
“Las comunas no se ven por ningún lado, ni el espíritu de la comuna, que es mucho más importante en este momento que la misma comuna, la cultura comunal. ¿Será que yo seguiré clamando en el desierto por cosas como esta? Todos aquí tenemos que ver con esto, todos; aquí en torno a Miraflores debería existir ya una comuna; es parte del alma de este proyecto”, expresó el Presidente con dramatismo.
Para el momento del reclamo presidencial, el Ejecutivo registraba 511 comunas en construcción. Al presentar su programa de gobierno para el período 2013-2019, Chávez había fijado una ambiciosa meta: un crecimiento interanual de 450 comunas para que al final del sexenio existan 3.000 y allí vivan 21.060.000 venezolanos, es decir, 68% de la población.
Los consejos comunales aparecieron en el ordenamiento jurídico venezolano en 2002, en la Ley Especial de los Consejos Locales de Planificación Pública. Inicialmente se les concebía como espacios de la sociedad civil, vinculados con la gestión municipal. Sin embargo, mediante la Ley de los Consejos Comunales aprobada en 2006, dejaron de ser mecanismos para la incidencia ciudadana en la formulación de políticas públicas y quedaron sujetos a las decisiones de una Comisión Presidencial de Poder Popular.
La nueva geometría del poder, como la denominó el oficialismo, se consolidaría a través de un sistema de agregación comunal. Los consejos comunales y demás organizaciones del Poder Popular se agrupan en comunas, y la suma de ellas, integran la ciudad comunal. La articulación de varias ciudades comunales en el ámbito de un distrito motor de desarrollo da origen a la federación comunal. Los distritos motores y los ejes territoriales son definidos por el Ejecutivo y pueden abarcar espacios de varios estados o municipios. Hasta el presente sólo existen comunas en construcción, por lo cual la nueva geometría del poder está en una fase incipiente.
Rechazada en referéndum. En 2006, después de ser reelecto por segunda vez, Chávez proclamó la “explosión” del Poder Popular como uno de los motores para acelerar el tránsito a una sociedad socialista.
El Presidente propuso la reforma de la Constitución para darle mayor fuerza jurídica a ese poder, que no figuraba expresamente en la carta magna. “Las comunas serán las células sociales del territorio y estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo territorial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia”, rezaba el artículo 16 del proyecto de reforma.
La reorganización del territorio que se quería incorporar al texto fundamental le permitía al Presidente decidir la creación, modificación o supresión de regiones marítimas, territorios federales, Distrito Federal, municipios federales, distritos insulares, provincias federales, ciudades federales y distritos funcionales. Además, el jefe del Estado se reservaba la facultad de designar y remover con absoluta discrecionalidad a las autoridades de las nuevas entidades.
La reforma fue rechazada mediante el referéndum realizado el 2 de diciembre de 2007, con los votos de 4.504.354 electores (50,7%). Sin embargo, Chávez no desistió y a través de una nueva habilitación legislativa que le concedió la Asamblea Nacional dictó decretos para imponer los cambios.
El 21 de diciembre de 2010, a 13 días del vencimiento de la legislatura 2006-2011, fueron publicadas y entraron en vigencia las leyes orgánicas del Poder Popular, de Planificación Pública Popular, de las Comunas, de Contraloría Social y del Sistema Económico Comunal. Con ello estaban echadas las bases jurídicas del nuevo Estado comunal.
Pero, como explica el abogado José Gregorio Delgado, asesor de la Asamblea Nacional durante la reforma de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la cultura comunal exigida por Chávez presupone el aprendizaje de nuevas relaciones de convivencia, a partir del sentido de pertenencia a un territorio y de las necesidades particulares de cada comunidad. “No bastan decretos ni leyes”, advierte.
La versión oficial. Desde la academia se ha advertido que el Estado comunal no tiene fundamento constitucional y que, en la práctica, pretende revertir la descentralización, mediante el despojo de competencias y recursos a las gobernaciones y alcaldías.
Lo más controversial, en opinión de la investigadora Margarita López Maya, es que los consejos comunales obedecen a una planificación no participativa sino fuertemente centralizada en el Ejecutivo, el cual establece las políticas estratégicas, planes y programas que estos gestionarán. El tutelaje estatal anula la autonomía de la participación ciudadana en la gestión pública, opina López Maya.
El ex diputado Ulises Daal, uno de los artífices de las leyes del Poder Popular, refuta las críticas: “No estamos haciendo otra cosa sino reivindicar los nuevos sujetos de descentralización, en el ámbito de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades, como se señala textualmente en el numeral 6 del artículo 184 de la Constitución. Y, por encima de todo, estamos cumpliendo la voluntad del pueblo soberano, expresada en los dos últimos procesos electorales”.
En octubre de 2010, el dirigente oficialista Aristóbulo Istúriz dijo: “Es el momento de desbaratar las gobernaciones y alcaldías”. El 17 de octubre, un día después de ser electo gobernador de Anzoátegui, aseguró que convertiría al estado oriental en un estado comunal.
Hegemonía comunicacional, un objetivo estratégico
Desde el cargo de ministro de Información, Andrés Izarra expuso públicamente el concepto de hegemonía comunicacional como objetivo estratégico del Gobierno. El 8 de enero de 2007 declaró a El Nacional: “Tenemos que hacer que el pensamiento y los valores socialistas de lo colectivo, lo solidario y lo social predominen sobre los del capitalismo. Nosotros hacemos una propuesta de que sean una serie de medidas en varios ámbitos para construir la hegemonía comunicacional e informativa que permita la batalla ideológica y cultural para impulsar el socialismo”.
Marcelino Bisbal y Andrés Cañizales, investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, precisaron el resultado de las medidas referidas por Izarra: 1) se aumentó de uno a seis el número de televisoras administradas por el Estado: VTV, TVES, Telesur, Vive, ANTV y Ávila; 2) se repotenciaron Radio Nacional y YVKE Mundial; 3) se crearon más de 300 radioemisoras y 40 televisoras comunitarias afectas al oficialismo; 4) se promulgó la Ley Resorte y se reformó para incluir televisión por cable y medios electrónicos, así como para incrementar sanciones administrativas; 5) se reformó el Código Penal para incluir el delito de terrorismo mediático; 6) se dictaron sentencias que relajaron el derecho a rectificación e intensificaron los delitos de desacato, en beneficio de los altos funcionarios; 7) además de revocar las concesiones a RCTV y 34 radioemisoras, más de 200 estaciones de radio quedaron en una especie de limbo y operan sin permiso; 8) la publicidad oficial sólo benefició a los medios complacientes con el Gobierno.
Los ataques a medios y reporteros, la restricción del derecho a la información pública y la censura previa judicial fueron dificultades sistemáticas durante el gobierno de Hugo Chávez.
La organización no gubernamental Espacio Público registró 2.011 denuncias de violaciones de la libertad de expresión entre 2002 y 2011. “La tendencia vinculada con las agresiones mantuvo una línea creciente y sostenida. La ausencia de justicia en los casos de agresiones y ataques legitima de hecho la violencia contra los periodistas y medios”, alertó.
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