La crisis en Venezuela se agrava por
el creciente desabastecimiento de alimentos y medicinas que padece la población;
y por la decisión gubernamental de reprimir cualquier manifestación de
descontento popular que ocurra en el país. Mientras, la mediación internacional
se inició con tropiezos; por lo que no parece una opción cercana, por ahora. Al
país, sólo le queda la realización del referendo revocatorio como un camino
para salir de la crisis; si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y sus aliados
sociales logran sortear los obstáculos institucionales que ha colocado el
Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los niveles de desabastecimiento
en alimentos y medicinas que sufre la población venezolana alcanzan niveles de
crisis humanitaria. En los centros poblados (grandes y pequeños) de todo el
país, los ciudadanos deben hacer largas filas para tratar de adquirir el
conjunto de productos regulados; por ser considerados de primera necesidad. Sin
embargo, transcurridos ya meses, la crisis de acceso a los productos de la dieta
diaria se ha agudizado; provocando protestas populares que a diario reclaman su
derecho al acceso de bienes y servicios de calidad.
A la escasez de productos en el
mercado se suma la creciente inflación (180% al cierre del pasado año 2015) y,
el debilitamiento sostenido de los canales regulares de distribución de
alimentos. Esto ha propiciado el surgimiento de un “mercado ilegal” de
mercancías. Una reciente medida del presidente Maduro creó los denominados
consejos locales de administración y producción (CLAP) con el propósito de entregar
una bolsa de productos regulados por casa, cada 28 días. Los CLAP constituyen
un mecanismo “clientelar” y burocrático con el cual se pretende racionalizar y
direccionar el consumo popular de alimentos y de artículos de aseo personal.
Los CLAP requieren para su
creación de representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por
medio de sus frentes sociales; a saber: i) de las “Unidades de Batalla
Bolívar-Chávez” (UBCH); ii) del Frente Francisco de Miranda (FFM), organización
política socialista (fundada en La Habana, Cuba en el año 2003); iii) de la
Unión Nacional de Mujeres (UNAMUJER); y iv) de los consejos comunales cooptados
por el régimen. Con la puesta en marcha de estas instancias se coloca una nueva
traba; ahora de naturaleza ideológica, para el acceso y consumo de productos.
En la Organización de Estados Americanos
(OEA) quedó pospuesta para el día 23 de junio la reunión para el análisis y
discusión del informe preparado por Luis Almagro, que considera la aplicación
de la Carta Democrática a Venezuela. Sin embargo, en su sesión extraordinaria,
de fecha 1° de junio, el Consejo Permanente de la entidad aprobó por consenso,
una declaración dirigida a: i) la identificación de mecanismos que coadyuven a un diálogo
abierto; ii) el respaldo a la iniciativa de diálogo del grupo de ex presidentes
(a través de la Unasur) y, iii) la promoción del entendimiento de todas las
partes involucradas en la situación del país.
Pese al apoyo conseguido por la
OEA, la iniciativa emprendida por la Unión de Naciones Suramericana (UNASUR) presenta
serias dificultades. En fecha 27-05-2016, se realizó una primera reunión
exploratoria (y por separado) en la República Dominicana con representantes de
la MUD y del gobierno venezolano. El encuentro fue conducido por los
ex-presidentes Leonel Fernández, Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero.
A los pocos días y, luego que el ex-presidente Rodríguez Zapatero visitara al
líder democrático Leopoldo López en la prisión militar de “Ramo Verde”, la
iniciativa de diálogo propuesta por UNASUR sufrió un serio revés, al trascender
a la opinión pública que el ex-presidente español habría propuesto a los
líderes democráticos la posposición del referendo revocatorio a cambio de la
liberación de los presos políticos. En tal sentido, con la OEA obstaculizada en
su proceso de toma de decisiones y UNASUR con baja credibilidad, las acciones
de mediación quedan en una posición vulnerable.
Además, se erigen como trabas
importantes a la realización de cualquier iniciativa de diálogo: i) los
continuos retrasos implementados por el propio Consejo Nacional Electoral (CNE)
para impedir el desarrollo del referendo revocatorio y ii) las más recientes
agresiones; por parte de colectivos paramilitares afectos al PSUV, contra
diputados de la plataforma democrática como Julio Borges.
La solicitud de un referendo revocatorio
corresponde al ejercicio de un derecho constitucional. Como se sabe, la MUD
logró que más de 2 millones de ciudadanos venezolanos firmaran la solicitud correspondiente.
En una segunda fase, se consignaron ante el CNE cerca de 2 millones firmas de
las cuales el organismo electoral excluyó 600 mil firmas; sin un criterio
claro. Firmas como la Henrique Capriles fueron desechadas. Toca ahora, validar
un total de 1.3 millones de firmas; por parte de los electores (no excluidos)
en el lapso comprendido entre 20-24 de junio. Para ese proceso, el CNE dispuso
tan sólo de 24 oficinas en todo el país (a razón de 1 oficina por entidad
federal). Para la MUD esto significa un reto crucial; tanto de orden político
como organizativo.
La delicada situación venezolana
requiere de una observación internacional adecuada basada en la democracia y en
la defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, esa mediación internacional debe
ser imparcial, responsable, incluyente y también eficaz. La solución a la crisis
humanitaria en Venezuela pasa por la realización
de un referendo revocatorio que permita sentar las bases del cambio necesario
sobre la voluntad del pueblo, como auténtico protagonista de su destino.
@migonzalezm
