LA PARTICIPACIÓN ES CERO PARA LA RESOLUCIÓN 28

Recientemente una resolución del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, suspendió la realización de elecciones por parte de consejos comunales, comunas y empresas comunales para renovar sus vocerías. En efecto, la Resolución N° 28, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.950 de fecha 22 de julio de 2016, establece esa medida porque el mencionado ministerio debe “adecuar su burocracia” y por lo tanto, decidió que en los próximos 180 días hábiles no registrará las elecciones realizadas por las entidades comunitarias. De esta manera, quedan en suspenso los comicios  de estas entidades también denominadas: ”poder popular”.

Ahora bien, esta decisión pública (Resolución N° 28) presenta varias dificultades. Veamos.

1.- Constituye una clara intromisión de un ente estatal en perjuicio de la autonomía de las comunidades y vecindades a las que se les impide realizar la elección y renovación de sus representantes en forma independiente y democrática.

2.- Con la medida el Ministerio de las Comunas se atribuye competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que tenga potestad para ello.

3.- La decisión del Ministerio antepone su interés particular como burocracia (que se reestructura así misma), por encima de la dinámica social diaria que se sucede en su ámbito de actuación. Así la atención a las comunidades y al público queda relegada a un segundo plano.  

4.- Y algo más grave aún, es que la resolución N° 28, otorga un tratamiento de dependencias subalternas a las llamadas instancias del “poder popular” al indicarles cuando serán reconocidos o no, sus procesos electorales internos.

En síntesis, la decisión del Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales constituye una clara obstaculización del ejercicio de los derechos a la libre asociación y participación de los ciudadanos.

 Por otra parte, sectores sociales señalan que la resolución obedecería a razones clientelares vinculadas a la distribución de alimentos por medio de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP). Cabe agregar, que a diario se vienen produciendo denuncias de exclusión en la distribución de alimentos de los CLAP, lo cual además de constituir una violación a los derechos humanos también supone un tratamiento poco ético de bienes y servicios que se financian con dinero de todos los venezolanos. Otra cosa, es que la decisión del Ministerio de las Comunas deja entrever también el temor político del “bloque oficialista” de perder esos procesos electorales comunitarios y por lo tanto, el control hegemónico que viene ejerciendo sobre esas organizaciones vecinales.

La Resolución N° 28, como decisión pública, coloca al desnudo el inadecuado tratamiento ético y programático del Estado con la sociedad civil en Venezuela. Sin lugar a dudas, hoy en día en nuestro país la relación del Estado con el conjunto de organizaciones vecinales, sociales y populares está muy lejos de fundamentarse sobre una visión democrática, incluyente y respetuosa de los derechos humanos. 

@migonzalezm

LA MARCHA HACIA EL REFERENDO REVOCATORIO

La realización exitosa de la marcha y la triple concentración popular del pasado 1 de Septiembre en Caracas, fue indiscutible. Con ella, se demostraron tres puntos: i) la reafirmación del incremento de las capacidades de organización y movilización política y social de la oposición democrática venezolana, ii) el indetenible desgaste popular del bloque oficialista y el deterioro de su liderazgo político para afrontar los retos políticos que debe enfrentar y, iii) la definitiva fusión del descontento social (por la escasez, la carestía y la inseguridad) con la necesidad de un cambio de gobierno en el país; mediante el referendum revocatorio.

La manifestación democrática del 1-S no fue un acto de magia; fue producto del trabajo político-organizativo de una dirección política que, siendo coherente con sus propósitos ha logrado interpretar las necesidades y aspiraciones de cambio sustancial que requiere el país y que reclama el pueblo venezolano. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha tenido una tarea fácil; pues la conformación de la alianza opositora se caracteriza por su amplia diversidad de actores políticos y sociales que en ocasiones contraponen sus visiones e intereses. 

No todo está hecho en la MUD, si bien los objetivos previstos en el corto y mediano plazo están definidos (recolección del 20% de las firmas, realizar y ganar el referendo revocatorio y la exigencia de la realización de las elecciones regionales este mismo año); aún existen temas políticos y organizativos por resolver. Son parte de esa agenda el fortalecimiento de su oferta programática, la relación con los movimientos sociales y organizaciones comunitarias, su fortalecimiento organizativo más allá de la coyuntura electoral y, sobre todo, el mantenimiento de su acción unitaria: “dentro de la unidad todo, fuera de la unidad nada”. Lo contrario, es complicar las cosas; aún más. 

La respuesta gubernamental ante la movilización de la alianza democrática; aunque previsible fue exagerada y casi histérica: amenazas y despidos de empleados públicos, bloqueos y obstaculización de carreteras y autopistas, expulsión de periodistas y corresponsales extranjeros, censura y manipulación informativa, suspensión parcial del servicio de transporte público y como remate la persecución y detención de activistas, dirigentes y alcaldes democráticos. Es decir, todo un expediente de conducta política antidemocrática, que simplemente reiteró ante el país y el mundo, su muy débil situación interna y su baja capacidad de respuesta. 

La realización de un referendum revocatorio en Venezuela, luce cercano. Según la Constitución Bolivariana todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables (CRBV, artículo 72) y el cargo de Presidente de la República no escapa a la aplicación de ese derecho constitucional (CRBV, 233), que es justo lo que la oposición democrática exige, como medio de superar la crisis que padece el país. Frente a ello, y como única estrategia (de sobrevivencia), el presidente Maduro y el PSUV vienen tratando de posponer o entorpecer su realización; ejerciendo presión e influencia sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE) complaciente. De nuevo, el bloque oficial demuestra su debilidad política.

La apuesta gubernamental busca retrasar el referendum revocatorio hasta el año 2017 con el fin de desanimar; tanto al movimiento popular como a la MUD y/o restar la eficacia política del revocatorio. El cálculo (o más bien, la esperanza) del gobierno y del PSUV apunta a que en el año 2017 su situación política cambie favorablemente, y logre neutralizar el referendum y mantenerse gobernando hasta el 2019. Sin embargo, dentro de los cuadros del oficialismo no hay unanimidad sobre continuar apoyando la gestión de Maduro. En efecto, hay sectores que de manera pública, notoria y comunicacional han expresado la necesidad de emprender el proceso revocatorio. Esta situación nos indica que la supervivencia del gobierno se reduce un poco más. ¿Volver la mirada hacia una opción militar para mantenerse en el poder? Eso significaría una verdadera tragedia política y social. 

Venezuela atraviesa la peor crisis económico-social en su historia con un muy bajo precio del barril de petróleo que apenas ronda los 39 dólares, una inflación anualizada que ya supera el 600%, una preocupante escasez de productos de la dieta básica y de medicinas (considerada como una crisis humanitaria, por algunos expertos). Y esa crisis, la padece el pueblo venezolano día a día, castigando a todas las familias sin discriminación política ni partidista; salvo por la intervención del gobierno que ha pretendido usar la necesidad como un mecanismo de cooptación y sometimiento. De esta forma, la amplia mayoría del pueblo venezolano ha tomado conciencia de la urgencia de un cambio de gobierno, como solución a este estado de depauperación que viene sufriendo. 

Así, el referendum revocatorio se ha convertido en la esperanza de cambio de un pueblo que aspira de manera legítima vivir mejor, en paz y en libertad. Las condiciones políticas están ahora presentes, se trata entonces de actuar con responsabilidad para no defraudar la nueva esperanza popular.

@migonzalezm

  

*COMPROMISO DEMOCRÁTICO DEL PUEBLO SOBERANO*

Somos el pueblo, EL PUEBLO SOBERANO, reunido en masiva, pacífica y épica
movilización, tanto los que logramos llegar a Caracas como los que fuimos
detenidos en ilegales bloqueos de carreteras, y aun los que sólo pudimos
protestar desde el frente de nuestras casas y desde las ventanas de
nuestros apartamentos.

Somos la ciudadanía movilizada, somos la Nación puesta en pie para decir
¡YA BASTA!  ¡HAY QUE RESCATAR AL PAÍS! Rescatarlo de la escasez de
alimentos y del exceso de balas, rescatarlo de la falta de medicinas y del
exceso de angustia.  Rescatarlo sobre todo de un presidente, un régimen y
un sistema que sólo han puesto dictadura donde debe haber democracia, han
puesto pobreza donde debe haber prosperidad y han puesto inseguridad donde
debe haber confianza.

EN UNA VENEZUELA EN LA QUE SÓLO ABUNDA LA VIOLENCIA Y LA MUERTE, ES NUESTRO DEBER RESCATAR LA CONVIVENCIA Y LA ESPERANZA.

Y esa es tarea de todo un pueblo. Por eso exigimos nuestro derecho a expresarnos, y que sea la voz
del pueblo la que señale el camino para vencer la crisis y transformarla en
oportunidad. Para que la Nación pueda decir su palabra es preciso convocar
una consulta electoral adelantada, y tal consulta tiene nombre y apellido
en nuestra Constitución: Su nombre es REFERENDO y su apellido es
REVOCATORIO.  Eso es lo que estamos exigiendo.

Al régimen le decimos:  Cada vez que -para aferrarse al poder- se opone a
que el pueblo sea consultado, está reconociendo y agravando su ausencia de
respaldo popular, SU FALTA DE LEGITIMIDAD; Cada vez que reprime al pueblo y
pone presos a dirigentes democráticos sólo demuestra que no tienen ni ideas
ni votos con que enfrentarnos; Cada vez que amenaza a humildes ciudadanos
con botarlos de su trabajo o con no venderles una bolsa de comida por
pensar distinto, solo revela que no conoce a un pueblo que no puede ser
reducido ni por hambre ni por miedo.

A la Fuerza Armada Nacional le reiteramos: Luchamos por una Venezuela en
que la FAN, apegada a su misión constitucional y a su condición de
institución sin militancia partidista, sea respetada y querida por TODO el
país, y no sólo por una facción o grupo.

A la comunidad internacional le expresamos: La Venezuela que quiere cambio
es inmensamente mayoritaria, y tiene con qué liderar una transición
pacífica a la democracia y un proceso de reconstrucción nacional solidario
e inclusivo.  Que eso se logre  EN PAZ Y POR LA PAZ depende en buena medida
de que recibamos hoy la solidaridad que la Venezuela democrática y
civilista siempre supo dar a otras naciones, cuando atravesaron horas
oscuras como las que hoy la patria de Bolívar quiere superar.

Hoy es el inicio de la etapa definitiva de esta lucha, y todos los
venezolanos movilizados juramos ejercer nuestro derecho constitucional a la
protesta pacífica hasta lograr el cambio constitucional, electoral,
pacífico y democrático.