Sobre la Marcha del Silencio y un par de cosas más

Con éxito se realizó a nivel nacional la "Marcha del Silencio" como un homenaje a los venezolanos caídos recientemente en el país.
El evento, por supuesto, me deja varias impresiones, que comparto:
1. Las fuerzas democráticas de oposición demostraron de nuevo una alta cohesión en torno a la cooperación y la consecución de la meta propuesta: llegar hasta la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, ubicada por cierto, en un municipio gobernado por un alcalde del PSUV, muy vinculado al alto gobierno de Maduro.
2. El aparato represivo del régimen se vio obligado a "disminuir" en algunas zonas, sus acciones represivas contra la manifestación ciudadana; tanto por la presión internacional (el desprestigio en el exterior del gobierno es casi irreparable), como por la presión interna y quizás la conveniente reflexión del bloque oficialista sobre la catastróficas consecuencias políticas que hubiera traído la represión de esa marcha en el emblemático municipio Bolivariano Libertador.
3. Pero lo más importante -y lo repito- es la firme cohesión alrededor de la movilización democrática que vienen demostrando los sectores más avanzados de la ciudadanía, en todo el país y en demostraciones grandes o pequeñas. El reto es traducir esas manifestaciones y protestas en músculo político-organizativo para los eventos que vienen, pues la lucha será larga.
4. Se comenta mucho sobre la incorporación de los sectores populares a la lucha; cuando en realidad siempre han estado allí; ahora de manera más visible porque la oposición ha venido creciendo en ellos. Pero quedarse con una visión clasista del descontento nacional es muy simplista, tan simplista que le hace el juego al discurso del PSUV. Superemos esa polarización!
5. Hay que ampliar un poco más el horizonte de análisis, el país no es solo Caracas, ni solo la autopista Francisco Fajardo. Existen cientos de protestas sociales y gremiales que al menos deben ser difundidas.
6. Creo que es el momento de la conducción política asertiva, con liderazgos éticos y donde la acción política sea un acto pedagógico en lo posible. Nuestras organizaciones partidistas vienen recuperándose al lado de la gente como debe ser. Pero aún quedan asuntos pendientes por atender.
7. Y consolidar una narrativa clara y constructiva es uno de esos asuntos pendientes. Y debe irse construyendo ya: la gente debe saber con claridad y sin dudas, el rumbo que lleva la alianza democrática que encarna la MUD.
8. Se vienen momentos duros de decisiones difíciles que habrá que tomar. Esas decisiones tendrán que ser explicadas a la población, que estoy seguro entenderá, pues no somos tan pendejos como creen algunos.
9. Un comentario adicional merece el uso adecuado de la redes sociales, mucho más ante el bloqueo informativo impuesto por el régimen de Maduro-PSUV a los medios de comunicación social. Las redes sociales han ayudado un montón a la lucha democrática, así que hay que abstenerse de propagar por ellas cadenas irrelevantes y confusas.
PD. Se viene un plantón, que no es guarimba. Ojo!!!
Un buen abrazo para todos.
@migonzalezm

Agenda MUD para los próximos dias

Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anuncia la agenda de lucha para los próximos días:

Viernes 21 de Abril: Se convoca al pueblo venezolano a organizar en su comunidad protestas pacíficas de lucha no violenta y de resistencia.

Sábado 22 de Abril: Marcha Silente en todos los Estados del País a las Principales sedes de la Conferencia Episcopal de Caracas, en Caracas será a la sede de la CEV en Montalbán al lado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Lunes 24 de Abril: Se convoca al gran plantón nacional en todas las arterias y principales vías de comunicación del país, durante todo el día.

Jornada del 19 de Abril, breves reflexiones

La jornada de protesta ciudadana de hoy 19A, me deja varias impresiones:
1) su alcance nacional, pues se realizó en todo en país;
2) la nueva demostración de que la población quiere un cambio de gobierno;
3) la naturaleza militarista y represiva del régimen de Maduro-PSUV;
4) la necesidad de articular la protesta de calle con la propuesta político-electoral;
5) la ratificación de la defensa de los DDHH y la denuncia de los crímenes de lesa humanidad que vienen cometiendo los organismos de seguridad del Estado venezolano; y,
6) la importancia de hablar claro a la población para consolidar la alianza política y social que nos permitirá emprender la recuperación del país.
Seguimos en la lucha.
Un buen abrazo para todos.

Elecciones Generales en Venezuela

La propuesta de realizar unas elecciones generales viene caminando desde hace algún tiempo. La escuché por primera vez de boca de José Luis Rodríguez Zapatero, en el contexto de la mesa de finiquitada mesa de diálogo. Luego algunos dirigentes de la MUD también la asomaron, como medio para remontar la crisis y cambiar de gobierno.
Ahora, el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA la coloca de nuevo sobre la mesa.
En realidad, la crisis venezolana reclama una solución cada día más urgente y con verdadera eficacia política. Una salida constitucional, política, civil, pacifica y electoral es sin duda la recomendable y que la posibilitaría cierto grado de gobernabilidad para iniciar el largo período de reconstrucción que reclama nuestro país. La realización de unas elecciones generales anticipadas requiere como han señalado muchos analistas, expertos y ciudadanos de una negociación y por lo tanto, de un nuevo diálogo entre la oposición democrática y el bloque oficialista.
Cabe agregar, la Constitución Bolivariana no contempla esa posibilidad de realizar elecciones anticipadas.
La MUD ha sido clara y firme en sus cuatro exigencias clave, a saber:
- Cronograma electoral
- Respeto y reconocimiento pleno a la Asamblea Nacional
- Cese a la persecución política y libertad para todos los presos políticos, y
- Apertura de un canal humanitario
Es decir, la propuesta del secretario general de la OEA, Luis Almagro coincide con las exigencias democráticas de la MUD. Muy recientemente, el presidente Maduro agobiado, sin lugar a dudas, por la protesta de calle pacífica, democrática y popular, declaraba en forma pública y notoria que solicitaría al Consejo Nacional Electoral (CNE), la convocatoria a elecciones regionales y municipales.
Algunos incautos, corrieron a afirmar (y están en su derecho) que se trataba de un "caramelito" del régimen, desconociendo de hecho la agenda democrática de lucha que se avanza en el país, y lo que es más grave aún desconociendo que las elecciones son derecho constitucional de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades del Estado venezolano.
El establecimiento del cronograma luce como una opción viable para todos los sectores sociales y políticos involucrados en la mayor crisis que ha padecido nuestro país. Así, el gobierno llegaría a su fin con alguna dignidad y el resto del país tendría la oportunidad de cambio que merece.
En mi opinión, el cronograma electoral debería contener la realización de las elecciones de gobernadores y legisladores estaduales; la realización de elecciones de alcaldes concejales y juntas parroquiales; y la elección de un nuevo presidente de la república. No estoy de acuerdo con adelantar unos comicios del poder legislativo, pues la Asamblea Nacional fue recién electa para el período 2015-2021.
En tal sentido, considero acertada la posible concertación de un cronograma electoral, pero que no incluya la Asamblea Nacional (pues esta vigente). Por lo demás, hay que seguir con la protesta popular, democrática y pacífica en cada rincón del país. Un buen abrazo a todos.

Agenda de la MUD para los próximos días

1. Mañana todos a los templos, abarrotemos las Iglesias para rezar por la democracia.
2. !El LUNES A LA CALLE!, todos a plaza Brión de Chacaíto a las 10am. La ruta la revelaremos en las próximas horas.
3. Martes sesión fundamental en la AN, con decisiones claras para esta lucha.
4. Martes y Miércoles recogeremos firmas en distintas plazas del país para activar el art. 32 y obligar al Defensor a acompañar la destitución de los magistrados.
5. El 19 de Abril la gran Movilización por la Libertad. Tengamos esta fecha en mente.

Declaración de la Asociación Venezolana de Concejales

DECLARACION DE LA ASOCIACION VENEZOLANA DE CONCEJALES
1 ABRIL 2017
La Asociación Venezolana de Concejales se dirige al pueblo venezolano para fijar posición sobre los graves y delicados acontecimientos que ocurren en nuestro país.
Como es del conocimiento de la opinión pública, esta semana el Tribunal Supremo de Justicia dictó dos sentencias que han constituido un golpe de estado al parlamento venezolano, el cual está compuesto por 167 diputados electos por el voto popular, siendo la más cabal expresión de la voluntad libérrima de los venezolanos.
En sus disposiciones, las sentencias atropellan el estado de derecho, violentan la Constitución Nacional, vulneran la autonomía de los poderes que conforman el estado, ignoran las limitaciones que el propio poder judicial tiene al inmiscuirse en asuntos propios del poder legislativo, usurpan funciones legislativas y de control a la gestión del poder ejecutivo que están consagradas constitucionalmente y de manera exclusiva a la Asamblea Nacional, se extralimitan en sus competencias al otorgar poderes especiales y supraconstitucionales al Presidente para legislar y abusan de esa competencia que es exclusiva del poder legislativo, al aplicarla para que legisle en materias que solamente puede hacer el propio poder legislativo.
Con estas decisiones, el Tribunal Supremo de Justicia ha consumado un vulgar golpe de Estado al Parlamento y ha erosionado de manera indudable la institucionalidad democrática del país. Con la ruptura del hilo constitucional, tal como se ha afirmado desde la Fiscalía General de la República, se reitera una práctica sostenida desde hace años por el régimen autoritario que nos gobierna, con la metodología reiterada que aplican para sustituir autoridades electas por otras designadas a su conveniencia. Es oportuno recordar que en 2009 propiciaron el asalto a las instalaciones de la Alcaldía Metropolitana de Caracas por parte de colectivos violentos, que desalojaron al Alcalde Mayor de sus instalaciones y por medio de una ley arbitraria e inconstitucional, dieron un golpe de estado al gobierno metropolitano cuando eliminaron la figura del Distrito Metropolitano de Caracas, concebida y creada por la Asamblea Nacional Constituyente bajo el amparo de la propia Constitución Nacional y la sustituyeron creando la figura de Gobierno del Distrito Capital, arrebatándole así las competencias y recursos financieros al Alcalde Antonio Ledezma y asignándoselos a la entonces Jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Farías. De igual manera lo han hecho cuando forzaron juicios y detenciones a alcaldes en pleno ejercicio de sus funciones para apartarlos del cargo para el cual el pueblo los eligió, como son los casos de los alcaldes Delson Guarate del Municipio Mario Briceño Iragorri, Maracay, Estado Aragua, Warner Jiménez del Municipio Maturín, Estado Monagas, Enzo Scarano del Municipio San Diego, Estado Carabobo y Daniel Ceballos del Municipio San Cristóbal, Estado Táchira. Igualmente ejecutaron otro golpe de estado al Gobernador Henrique Capriles cuando inventaron la figura de Protector del Estado Miranda, figura que no existe en la administración pública, y le quitaron competencias, instituciones y presupuesto al gobernador mirandino para entregárselos a esa figura ilegal concebida por el gobierno nacional.
Hay que recordar igualmente que en 2007 el pueblo derrotó al gobierno cuando negó la reforma constitucional que entre otras cosas, procuraba la creación de las comunas como nivel de gobierno local en sustitución del gobierno municipal y su consiguiente organización por parroquias y la conformación de las organizaciones vecinales en cada ámbito territorial de cada sector, sea en barrios o en urbanizaciones. Sin embargo el gobierno hizo caso omiso de ello y violentando nuevamente la constitución, que establece el poder público municipal como el nivel de gobierno básico y fundamental en la organización del estado, dieron un golpe de estado al poder público municipal,  poder concebido en la  constitución, y crearon ilegal e inconstitucionalmente la figura de las comunas y los consejos comunales que no son formas de organización del estado, a las cuales le otorgan los recursos que les niegan a los gobiernos municipales.
Despues de la aplastante derrota sufrida en las elecciones parlamentarios en Diciembre de 2015 y antes de finalizar el año, en medio de oscuras diligencias tribunalicias, procedieron a iniciar una serie de acciones que se han constituido en un golpe de estado continuado al parlamento venezolano, cuando de manera concatenada han venido emitiendo una serie de sentencias para restarle competencias al poder legislativo. El primer paso fue elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de manera ilegal e ilegítima por parte de los diputados salientes que ya no gozaban del mandato popular, por cuanto los recién electos diputados ya habían recibido sus credenciales como diputados electos, gozando estos últimos de todas las prerrogativas de su cargo incluso la inmunidad parlamentaria.
Y a horas de instalarse el nuevo parlamento venezolano se emitió la primera de una serie de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, desconociendo la condición de diputados a cuatro de los recién electos, provenientes del Estado Amazonas, tres de ellos electos en las planchas de la Mesa de la Unidad Democrática opositora y un cuarto diputado en las planchas del partido de gobierno PSUV. Esa arbitraria sentencia ha servido para desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional y de sus decisiones; para desconocer todas las leyes sancionadas, las cuales no han sido publicadas en la Gaceta Oficial como lo ordena la Ley y además para desconocer al poder legislativo en el resto de sus competencias, entre las cuales esta revisar sus propios actos, con lo cual le niegan que pueda revisar la designación de los magistrados, evitando con ello que puedan ser removidos de sus cargos; o el de resolver otros asuntos de la conformación del estado como lo es la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral, conocer y aprobar el presupuesto de la nación, los créditos adicionales, la adquisición de deuda pública mediante empréstitos o emisión de bonos públicos y el control de la gestión del poder ejecutivo, entre sus muchas funciones y competencias.
La última de las arremetidas que integran el golpe de estado continuado en contra del poder legislativo fue cometida esta semana cuando magistrados del Tribunal Supremo de Justicia inhabilitaron a la Asamblea por medio de dos sentencias inconstitucionales y se transfirieron a sí mismos las competencias del poder legislativo, resignándolas en última instancia en manos del presidente de la República, con el agravante de que vulneraron los preceptos establecidos en la carta magna y le confirieron una habilitación especial para legislar en todo tipo de materias, bajo el amparo de la emergencia económica que el propio gobierno invento y se habilitó, a pesar de ser negada reiteradamente por el legislativo nacional. Todo ello conforma un nuevo régimen unipersonal y autoritario, contrario a lo establecido en nuestra legislación y muy especialmente en nuestra Constitución Nacional
Las malhadadas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia no han sido derogadas ni suprimidas  y es por lo que se mantiene el golpe de estado consumado en contra el poder legislativo, a pesar de las aclaratorias y supresiones anunciadas por el TSJ de manera extraordinaria, lo cual, de paso, contradice lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil que señala que los jueces no pueden revocar o modificar sus propias decisiones. Esta situación revela patéticamente el estado de anomia de las principales instituciones del país, que han perdido su legitimidad de origen, por lo que urge la búsqueda de salidas concertadas para poder atender la grave crisis institucional que vive el país.
Mientras todos estos abusos y violaciones a la constitución se mantienen, el poder ejecutivo, que pretende asumir funciones y competencias ajenas, ha renunciado a sus propias funciones y competencias, lo que se evidencia en el aumento del hambre y la miseria en nuestra población; las carencias y falta de atención médica en hospitales y ambulatorios públicos; la delincuencia desatada que controla, a través de bandas organizadas, territorios en nuestras ciudades, pueblos y campos, donde dictan un auténtico toque de queda contra la población desguarnecida de atención policial; el deterioro de los servicios públicos en general, la quiebra de las empresas del estado, la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, el crecimiento imparable de los índices de inflación, la pérdida de la soberanía nacional en la frontera y en muchas instituciones públicas, incluyendo la fuerza armada nacional, por la injerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos internos de Venezuela.
Desde esta tribuna, la Asociación Venezolana de Concejales alza la voz de la representación genuina de nuestro pueblo para exigir de todos los órganos del poder público nacional, que cumplan con sus deberes constitucionales. Por todo lo antes expuesto, la Asociación de Concejales acuerda lo siguiente:
1- Denunciamos el golpe de estado continuado por parte del Tribunal Supremo de Justicia y la consumación del delito de conspiración contra la forma republicana de la Nación, tipificado en el artículo 132 del Código Penal y exigimos en nombre del pueblo venezolano la restitución de todas las competencias al poder legislativo nacional .
2- Exigimos que se reincorporen los cuatro diputados provenientes del Estado Amazonas, legítimamente electos, para que se ejerza plenamente la voluntad del pueblo venezolano, expresada en Diciembre de 2015.
3- Pedimos que cese el acoso al que ha sido sometido el poder legislativo por parte del gobierno nacional y que se cumpla con los aportes financieros derivados de la ejecución presupuestaria legalmente aprobada por la Asamblea Nacional.
4- Hacemos llegar nuestro saludo a la comunidad internacional, tan preocupada por los eventos que se suceden en nuestro país y también les hacemos un llamado para que sigan dando sus aportes y su apoyo al pueblo venezolano, hasta garantizar una salida democrática, pacífica, electoral y constitucional a la grave crisis que atravesamos.
5- Exigimos que el Consejo Nacional Electoral apruebe y publique el cronograma electoral para las elecciones regionales, cuyos mandatos de gobernadores y diputados venció el pasado año; y para las elecciones municipales, cuyo mandato para alcaldes y concejales vence el próximo mes de diciembre, todo de conformidad con los compromisos adquiridos el año pasado en las mesas de dialogo entre el gobierno y la oposición democrática.
Hacemos votos porque unidos, el pueblo de Venezuela se fortalezca y entre todos saquemos adelante al país. El futuro nos espera, caminemos hacia él sin miedos.
En Caracas, 1ro de Abril de 2017.-
Por la Asociación Venezolana de Concejales:
Gustavo Ruiz Adrián
Presidente

Edinson Ferrer Arteaga
Vicepresidente

Omar Villalba
Secretario Ejecutivo

Reinaldo Díaz
Secretario Ejecutivo

Asociación de Alcaldes por Venezuela

ANTE LA RUPTURA CONTINUADA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL VENEZOLANO

La Asociación de Alcaldes por Venezuela expresa su más profundo rechazo a las continuas actuaciones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia mediante las cuales ha violado sistemáticamente el estado de derecho y el orden constitucional en desconocimiento continuado de la soberanía popular.

Con la utilización de la deformada reinterpretada figura jurídica del “Desacato” la Sala Constitucional ha privado a la Asamblea Nacional del ejercicio pleno de sus competencias en más de cincuenta sentencias en las que ha venido usurpando sus funciones e interpretando el texto constitucional vigente en contra de su espíritu, propósito y razón, produciendo modificaciones al mismo para lo cual no tiene ninguna facultad. El único que puede modificar la Constitución Nacional es el pueblo venezolano mediante los mecanismos en ella previstos.

A los Alcaldes no nos es extraña la utilización de la figura del “Desacato” para violentar la voluntad popular. Los precedentes del inconstitucional desacato declarado reiteradamente en contra de la Asamblea Nacional lo constituyen los casos de los alcaldes Enzo Scarano (Alcalde destituido por inexistente desacato del Municipio San Diego del Estado Carabobo) y  Daniel Ceballos (Alcalde destituido por inexistente desacato del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira).

Pero no sólo la figura del desacato se ha utilizado por el poder judicial para desconocer la soberanía popular. Violando la presunción de inocencia y el debido proceso, se han dictado órdenes de detención al inicio de procesos judiciales penales sin que medie sentencia alguna, para impedirles el ejercicio de los cargos para los cuales fueron electos a los alcaldes en ejercicio: Antonio Ledezma (Alcalde Metropolitano de la ciudad de Caracas) quien se encuentra ya hace más de dos años privado de su libertad, Delson Guarate (alcalde del municipio Mario Briceño Iragorri del Estado Aragua) quien también esta privado de su libertad y, Warner Jimenez (alcalde del Municipio Maturín del Estado Monagas) quien para evitar su inconstitucional detención tuvo que salir al exilio.

Las sentencias 155 y 156 recientemente dictadas por la Sala Constitucional, tal como lo expresara la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, así como el Presidente de la Asamblea Nacional Julio Borges, la mayoría de la dirigencia política nacional y el foro jurídico venezolano, unido al rechazo de gobiernos y parlamentos de todas partes del mundo democrático, constituyeron la más grotesca usurpación de funciones del parlamento nacional y la ruptura definitiva del orden constitucional.

Sus sentencias aclaratorias numeradas 157 y 158 de cuyos textos hasta este momento sólo se conocen los escuetos enunciados publicados en la página web del TSJ, son dos parches que pretenden sin lograrlo, eliminar el desconocimiento de la inmunidad parlamentaria y la grotesca usurpación de funciones cometida por la Sala Constitucional en contra de nuestros diputados y en contra de la Asamblea Nacional como poder legislativo nacional.

La usurpación de funciones continúa intacta por cuanto no fueron eliminados de los textos de las sentencias 155 y 156 la habilitación inconstitucional que la Sala Constitucional le otorgó al Presidente de la República para legislar (incluso en materia penal) ni tampoco la potestad que se auto otorgó la Sala Constitucional para aprobar contratos de interés nacional en materia de hidrocarburos, competencia exclusiva y excluyente de la Asamblea Nacional.

Resulta además para los miembros de esta Asociación de Alcaldes completamente fatuas y falsas las expresiones del Presidente de la República conforme a las cuales no estaba en conocimiento del contenido de las sentencias 155 y 156 que produjeron la ruptura del orden constitucional. Toda la comunidad internacional y nacional se enteraron de la publicación de ambas decisiones, expresaron su rechazo y llamaron al restablecimiento del orden constitucional y sólo el Presidente Maduro no estaba enterado de un hecho tan grave que constituye delito.

Lo cierto es que La Sala Constitucional y el Presidente Maduro han venido actuando de manera conjunta para desarticular progresivamente el estado de derecho constitucional desconociendo con sus sentencias la primera y con sus acciones el segundo - siempre ambos de manera coordinada- el régimen de competencias de todo aquel poder público que no esté plegado a su voluntad, ya sea este nacional (Asamblea Nacional), Estadal (Gobernaciones no afectas) y municipales (Alcaldías), lo que constituye un continuado accionar usurpador de funciones que ha tenido en las sentencias 155 y 156 (y en sus parches 157 y 158) la demostración más clara del autoritarismo violador de la soberanía del pueblo venezolano que cada vez que se expresa con votos por opciones distintas a las que representa Maduro, le es desconocida esa expresión.

La Constitución Nacional define, mediante el régimen de competencias establecido, la forma republicana que nos hemos dado los venezolanos con poderes separados en un complejo equilibrio de pesos y contrapesos en beneficio del pueblo, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

El accionar de los magistrados que suscribieron de manera conjunta las sentencias 155 y 156 constituyó la comisión de los delitos tipificados en los artículos 132 y 143 numeral 2 del Código Penal que establecen: 

Artículo 132.-Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años.

Artículo 143.-Serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años:
2.- Los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado la Nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Instamos a la Fiscal General de la República a actuar en el ejercicio de sus competencias y proceder a abrir los procesos penales correspondientes contra quienes han venido usurpando de manera continuada las facultades de otros poderes públicos. No basta con la declaración pública realizada en la cual señaló la ruptura del orden constitucional. Es su obligación constitucional enjuiciar a quienes la produjeron.

Los alcaldes y el pueblo venezolano tenemos la obligación constitucional de colaborar para el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución Nacional.

Artículo 333.- Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por un acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano o ciudadana, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

Ante la gravedad de los hechos sucedidos los miembros de la Asociación de Alcaldes por Venezuela, todos alcaldes municipales pertenecientes al Poder Público Municipal, declaramos que nos unimos a todos los diputados demócratas de nuestro parlamento nacional y al pueblo noble de Venezuela para conquistar el reestablemiento pleno de la vigencia del orden constitucional y en consecuencia convocamos a todos los demócratas del país a las manifestaciones pacíficas de protesta que ser requieran, en especial, a acompañar a nuestros diputados el próximo martes en la ciudad de Caracas.

En ochenta (80) Municipios de todos los Estados de Venezuela a los tres (03) días del mes de abril de 2017.