La crisis
en Venezuela ha explotado en forma definitiva. Millones de venezolanos deambulan
en ciudades, pueblos y caseríos tratando de acceder a alimentos, medicinas y
servicios conexos esenciales en medio de un ambiente de escasez, especulación e
ineficacia gubernamental. Mientras otros miles de compatriotas han salido o
tratan de salir del país, huyendo de una crisis consolidada y que desbordó;
tanto al gobierno como a los principales actores políticos opositores. Venezuela,
se encuentra en medio de un caos y sin avizorar una propuesta de cambio que logre
aglutinar a las grandes mayorías.
Pese al
cerco de la comunidad internacional Nicolás Maduro aún intenta; obtener la
reelección presidencial (para el período 2019-2025), con o sin la participación
de los partidos democráticos del país. Con su reelección Maduro impondría su
proyecto de “estado comunal” que se basa en la centralización absoluta del
gobierno, la estatización y colectivización de la economía y el control
hegemónico de la sociedad. Después de la derrota político-electoral de 2015, el
bloque oficialista se ha preparado con la adopción de estrategias; tanto para
debilitar a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como para fortalecer sus
propias capacidades electorales.
Contra la MUD
se realizó una cacería implacable: la persecución, detección o inhabilitación
de sus principales líderes (Leopoldo López, Henrique Capriles; entre otros
muchos), la ilegalización de sus tarjetas electorales (ocurrió con la tarjeta
de la MUD) y también de sus organizaciones partidistas (casos de los partidos
Voluntad Popular y Primero Justicia). Pero además, el bloque gubernamental logró
la división interna del sector democrático; logrando insertar una guerra
intestina entre quienes valoran la participación electoral y, otros que
argumentan a favor de la abstención y, últimamente valoran una intervención
extranjera.
El bloque
oficialista sigue utilizando de manera inescrupulosa y en su beneficio, las
instituciones gubernamentales incentivando además su red de organización y de control
popular (consejos comunales y comunas), ahora fortalecida con el “carnet de la
patria”, los comités locales de alimentación y producción (CLAP), la
distribución de subsidios directos (a sectores vulnerables y empobrecidos) y,
más recientemente mediante los comités constituyentes estadales y las asambleas
de base constituyentes (ABC). Es otras palabras, el régimen se preparó
internamente para afrontar el reto de su permanencia sin importar la secuela de
atropellos, clientelismo y corrupción.
La eventual
reelección de Maduro; mediante unas “elecciones trucadas” no sería un proceso
fácil. En principio carecería del reconocimiento político de la comunidad
internacional; quien ya ha anunciado sus claras exigencias por la realización
de elecciones libres y con plenas garantías en Venezuela. Pero ojo y, esto es
verdaderamente trascendente, una reelección de Maduro tampoco contaría con el
reconocimiento interno de vastos
sectores de la población venezolana y sobre todos de la legítima Asamblea
Nacional. Visto así, el régimen, la legitimidad del gobierno madurista y su
viabilidad estaría muy comprometida.
No cabe duda
que, la solución más limpia y adecuada para la crisis venezolana es la
electoral, de acuerdo a los mandatos constitucionales. Sin embargo, esa solución
democrática tiene un gran obstáculo: la dispersión y la debilidad político-organizativa
del sector democrático. La MUD se ha debilitado; tanto por sus propios errores
como por la ofensiva sistemática desatada por el gobierno contra ella. La MUD
no se muestra ahora como aquella otrora opción de cambio unitario, popular y
democrático que alcanzó una victoria contundente en las elecciones
parlamentarias del año 2015. El cambio en Venezuela requiere de una oposición unida,
coherente y organizada. Mientras esas condiciones no se cumplan la restitución
de la democracia se relentizará aún más.
Del ámbito
internacional existen logros importantes contra las tropelías del régimen. Las
sanciones a altos funcionarios; por parte de los gobiernos de Canadá, los
Estados Unidos y la Unión Europea (UE), los señalamientos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e investigación iniciada por la Corte
Penal Internacional (CPI) son pruebas de ello. Sin embargo, aún persisten
algunas dificultades; por ejemplo: la Organización de Estados Americanos (OEA) desistió
de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) y las Mesas de
Diálogo, con supervisión internacional no fueron eficaces para alcanzar los
objetivos humanitarios y constitucionales planteados por la representación de
la Asamblea Nacional.
Más allá de
la institucionalidad internacional hay también posiciones variadas. Por
ejemplo, el grupo de Lima ha sido muy firme en la defensa de la democracia
venezolana. Pero de igual manera, se manifiestan otros enfoques de naturaleza “guerrerista”
o “supremacista” y que denotan visiones pocas asertivas y simplistas sobre la
crisis venezolana: para Ricardo Hausmann (catedrático de Harvard) se necesita
una intervención militar extranjera, para Marcos Rubio (senador por el estado
de Florida) lo requerido es un golpe de estado dado por militares, para Diego
Arria (exdiplomático venezolano) habría que desconocer a la MUD y hasta la
propia Asamblea Nacional. En realidad, sobre estas últimas opciones no dudo que
sean vitoreadas en el lado oficialista.
La
situación económica, política y social que padece nuestro país pareciera que se
agravará más en el corto y mediano plazo. Lo único que detendría sus
devastadoras consecuencias sería una alternativa de cambio democrático que
fuera socialmente incluyente y políticamente responsable y eficaz. El cambio de
régimen que necesita Venezuela debe ser sostenible y con plena conciencia de
los retos que supone desplazar un régimen basado en el clientelismo y la
corrupción, por otro distinto y fundamentado en valores éticos y democráticos. Necesitamos
reconstruir el tejido social y construir ciudadanía para hacer viable el cambio
que aspiramos. De lo contrario, habremos perdido tiempo, recursos y la oportunidad
de rescatar el país.
